Partido populachero
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RED RONIN
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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 23 Mar 2022, 19:42

mamm77 escribió:
RED RONIN escribió:
mamm77 escribió:Veo que Lo País no paga tan bien cuando tienes que traer cositas de PreEscolar!!!!!!
Acuérdate de lo que te escribí acerca de las mentiras, mi pequeño Goebbles de andar por casa.

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Pero estoy en lo cierto, no?? Quién paga mejor???

Pd: Háztelo mirar con lo de los nazis, que mira Putin la que está liando en Ucrania.
Cada vez que insistas te volveré a llamar mentiroso.

Y el que debería mirarse a si mismo eres tú para conseguir comportarse como un adulto de una vez cuando discute con otros y no como un niño enrabietado que solo sabe contestar repitiendo de lo que le han acusado, y no yo por cierto.

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 26 Mar 2022, 07:57

La Cámara de Cuentas alerta del pelotazo en las carreteras con peaje en la sombra de Gallardón
Las concesionarias obtienen un beneficio “muy superior” al previsto con un sistema en el que la Administración paga por cada vehículo que circula

El modelo del peaje en la sombra, por el que la Administración paga anualmente y en función del tráfico a las constructoras de las carreteras M-45 y M-501, ha supuesto un pelotazo para las concesionarias, según la Cámara de Cuentas. El informe del ente fiscalizador advierte de que las empresas que gestionan esas vías obtuvieron solo entre 2016 y 2018 una rentabilidad por su inversión “muy superior” a la prevista: 122 millones de euros después de impuestos. Subraya que para cuando venzan esos acuerdos, y el de la M-407, entre 2024 y 2035, se pueden haber superado los 2.200 millones en pagos directos, incrementando los importes fijados en los contratos originales en un 71% para el primer tramo de la M-45, en un 36% para el segundo, o en un 22% para el tercero, además de en un 7% para la M-501 y un 5% para la M-407. Y afea a la Administración que haya apostado por el impulso privado para estas carreteras sin que esté claro que sea más barato que el público.

“Teniendo en cuenta que las (decisiones de las) Administraciones públicas tienen implicaciones a largo plazo para generaciones futuras, su selección precisa de una justificación y análisis especialmente sólidos de cara a garantizar que es la mejor opción de contratación de entre todas las disponibles y la que ofrece una mejor relación calidad-precio de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y economía que debe regir la gestión del gasto público, por lo que sería recomendable que, de cara a posibles nuevas contrataciones, se efectúen los análisis precisos, al menos que exista un estudio comparativo de lo que costaría a la Administración asumir la construcción de la infraestructura con sus propios medios”, alerta el ente fiscalizador sobre los problemas del modelo.

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No es una apreciación cualquiera. La apuesta por la colaboración público privada para este tipo de obras públicas no queda restringida a las carreteras de la época de Alberto Ruiz-Gallardón, o a los hospitales de la de Esperanza Aguirre. Isabel Díaz Ayuso quiere levantar así una de las grandes obras de Europa, la Ciudad de la Justicia: la constructora gastará más de 500 millones en hacer realidad los edificios, y luego gestionará y explotará sus servicios durante 40 años para obtener unos beneficios calculados en más de 200 millones.

En el caso de las carreteras, la Cámara de Cuentas construye frase a frase los argumentos de un escándalo que afecta a los sucesivos gobiernos de Gallardón, Aguirre, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Díaz Ayuso.

Las concesionarias, dice el ente fiscalizador, no corrieron el riesgo derivado de la construcción al que obliga la ley porque una cláusula en los acuerdos les eximió de afrontar el grueso de los sobrecostes derivados de un error en el cálculo del coste de las expropiaciones necesarias para construir las vías: por ese concepto la Administración había pagado más de 140 millones en 2018, cifra que actualmente está en el entorno de los 200 millones.

La Comunidad, además, no dedicó personal propio a fiscalizar el número de vehículos que circulaba por la carretera, ni el estado de los firmes, o el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, permitiendo un claro conflicto de intereses: que las concesionaras contrataran una asistencia técnica para hacerlo, fijando así los datos que establecen cuánto le paga cada año el gobierno regional.

Finalmente, la Administración, subraya el ente fiscalizador, no aplicó tampoco el sistema de incentivos y penalizaciones previsto para el desvío en los índices de accidentalidad. Y no comprobó que se ejecutaran los gastos obligatorios para la conservación de las carreteras.

Todo empieza en 1996, con la M-45. Impulsada por el Gobierno de Gallardón para unir la M-40, a la altura de Carabanchel, con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, conectando cuatro carreteras nacionales (A-2, A-3, A-4 y A-42), el primer concurso quedó desierto. Y para que saliera adelante, la infraestructura se dividió en tres partes.

El primer tramo debía costar un máximo de 336 millones en pagos directos a la adjudicataria a lo largo de la concesión (lo que se conoce como canon). Casi 20 años después, su coste puede superar los 700 millones cuando acabe el acuerdo, en 2032, según la Cámara de Cuentas. Así, los tres tramos de la M-45 iban a salir por un total de más de 920 millones, según calculó en su día la Administración, y pueden acabar suponiendo más de 1.710, según el ente fiscalizador.

La M-501, que también opera bajo la modalidad de peaje en la sombra entre su enlace con la M-40 y el kilómetro 22, pasaría de 197 millones a 274.

Y la M-407, inaugurada ya por Aguirre, se dispararía de 235 a 246 millones, siempre según los datos de la Cámara de Cuentas.

Así, en todas las concesiones ha tenido lugar la modificación de la inversión inicialmente prevista, lo que ha motivado procesos de reequilibrio económico financiero por un total de 204.117.898 euros. Además, los pagos realizados por la Comunidad a las empresas concesionarias (incluyendo la de la M-404) desde el inicio de las concesiones hasta 31 de diciembre de 2018 se elevan a 1.733.564.373 euros. Y como remate, el coste final es imposible de calcular aún, según se advierte en el informe.

¿La razón? Primero, que las sociedades concesionarias han solicitado a la Comunidad que les compense con un total de más de ocho millones de euros por la pérdida de negocio que supusieron los confinamientos decididos para combatir el coronavirus, y que redundaron en una abrupta bajada del volumen de circulación. Además, la concesionaria del tramo I de la M-45 ha pedido otro reequilibrio por la pérdida del tráfico como consecuencia de la unión de la M-45 con la M-50. Hay litigios judiciales pendientes entre las partes. Y, en paralelo, la Administración reclama 155 millones a una de las adjudicatarias al entender que recibió pagos excesivos entre 2006 y 2017 (consecuencia de que la medición del tráfico dependiera del fiscalizado y no del fiscalizador).

“Los hechos descritos generan una incertidumbre sobre el coste total de estas concesiones para la Comunidad de Madrid hasta tanto no se resuelvan”, especifica el informe de la Cámara de Cuentas, donde también se afea a la Comunidad que haya apurado todas las instancias en litigios que ya sabía perdidos, y que haya tardado en pagar las sentencias en contra consecuentes, generando una factura millonaria por intereses de demora.

“El hecho de no asumir el pago de las obligaciones derivadas del sobrecoste de las expropiaciones, que por contrato le corresponde, y esperar a la resolución judicial en última instancia de los procesos iniciados por las concesionarias, genera unos gastos adicionales en concepto de intereses, contrarios a los principios de economía y eficiencia que deben regir la gestión de los fondos públicos, hecho que se agrava en aquellos casos en los que el pago se demora más allá del momento en que se dicta la sentencia”, se lee en el documento. “En aras a una eficiente gestión de los recursos públicos, la Administración deberá proceder al pago de sus obligaciones en el plazo establecido, evitando acudir a la vía judicial cuando dichas obligaciones estén fijadas en los contratos o se haya fijado jurisprudencia por el máximo órgano judicial”. Un resumen de un negocio carísimo para la Administración y muy jugoso para los concesionarios.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... ardon.html

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 03 Abr 2022, 05:54

Los dos contratos del Ayuntamiento de Madrid investigados son las compras municipales más caras de la pandemia

La Fiscalía Anticorrupción examina las posibles comisiones de dos empresarios madrileños en unas compras públicas de mascarillas y tests de anticuerpos a una cadena de bazares malayos

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción a los contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid conocida este jueves afecta a dos compras en una cadena de bazares malayos de productos de belleza y hogar hechas en marzo de 2020 supuestamente por dos empresarios que cobraron comisiones millonarias. Fueron las adquisiciones municipales más caras de toda la pandemia (6,2 euros por cada unidad de FFP2 y 16 euros por cada test de anticuerpos), según un examen de compras sanitarias municipales publicado en octubre del año pasado por el Tribunal de Cuentas.

Dos años después, el Ayuntamiento aún no ha publicado los dos contratos públicos para que cualquier ciudadano los consulte, pero EL PAÍS ha tenido acceso a los documentos. El alcalde, José Luis Martínez Almeida se ha defendido diciendo que la oposición dio el visto bueno a estas compras, pero los contratos con el empresario malayo que vieron en su momento los representantes de otros partidos no especificaban ningún pago a terceros.

El Ayuntamiento adquirió un millón de mascarillas KN95 (equivalentes a FFP2) por 6,6 millones de euros y 250.000 tests de anticuerpos por 4,2 millones de euros. Lo hizo a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, entidad que centralizó las compras municipales porque tiene capacidad para pagar por adelantado, como exigían los vendedores asiáticos en los primeros meses de la pandemia, cuando los países desarrollados pujaban desesperados por el material de protección. Los productos de los dos contratos fueron hechos en China, pero los comercializaba una empresa malaya de tipo bazar, Leno, que en su página de Facebook ha estado promocionando casi a diario “grandes ofertas” de guantes quirúrgicos que “se acababan rápido”. La empresa no ha contestado a las solicitudes hechas por este periódico.
Según la información adelantada por Eldiario.es, los dos empresarios investigados son Luis Medina Abascal ―hijo de la modelo de alta costura Naty Abascal y el ya fallecido duque de Feria, Rafael Medina― y Alberto Luceño Cerón, también empresario y amigo de este. Presuntamente, tenían contacto con un cargo del Ayuntamiento que se dedicó a buscar proveedores y habrían cobrado seis millones de euros de comisión. Las posibles ilicitudes de los contratos de emergencia son dos años después objeto de creciente atención. Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, abierta hace año y medio pero conocida ahora, se suma a la reciente apertura de diligencias sobre el contrato que benefició al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las indagaciones de ese otro caso se ha sumado la Fiscalía Europea. Al igual que Almeida, Ayuso ha alegado que el expediente del contrato ligado a su hermano es impecable. Pero la clave de estas investigaciones reside en conocer si tras la fachada de legalidad se esconden comisiones indebidas a terceros.

Almeida ha dicho este viernes en Sevilla, donde asiste al congreso nacional del PP, que los contratos tenían un precio según “la oferta y la demanda del momento”. Y aunque es cierto que las dos compras investigadas fueron hechas en el pico de demanda de final de marzo, el precio es extremadamente elevado si se compara con otras compras municipales de aquella época. Por ejemplo, mientras que Madrid pagó 6,2 euros por cada mascarilla el 24 de marzo, Zaragoza las compró a 1,6 euros la unidad el 23 de marzo y Barcelona a 2,5 euros la unidad el 26 de marzo. En cuanto a los tests de anticuerpo, Madrid pagó 16 euros por unidad el 25 de marzo, mientras que por ejemplo Barcelona los adquirió ese mismo día a 7, 36 euros.


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https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... utType=amp

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 03 Abr 2022, 08:26

Como respuesta a la frase de IDA en el Congreso de su partido;

https://twitter.com/ElHuffPost/status/1 ... 4de9c282f7

Algunos hitos del partido que dice ser del pueblo, de la clase media:

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 03 Abr 2022, 10:22

Esos pobres que no se sabe donde están según Ossorio:

Madrid rico Madrid pobre: una región partida en dos por la desigualdad
La creciente distancia entre las clases desfavorecidas y las adineradas de la Comunidad de Madrid no afecta solo a la renta; también a la sanidad, la educación y el urbanismo

Sucede todos los días laborables a eso de las nueve de la mañana en la vía de circunvalación M-30. Una riada de coches sube desde el sur hacia el norte en medio de un atasco. A las seis de la tarde, la misma riada comienza a desplazarse, en sentido contrario, desde el norte hacia el sur. Este movimiento pendular indica muchas cosas, pero una de ellas es que la región está partida en dos: un norte rico donde se acumulan los puestos de trabajo y un sur más pobre donde es más barato vivir. O, mejor dicho: donde una parte de la población tiene que vivir.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde 1995, se ha convertido en una región pujante, con una maquinaria económica que funciona cada vez más aprisa y que bombea cada año más riqueza. Lleva décadas creciendo más que la media española y arrebató hace años a Cataluña el título de región más poderosa de España. En 1980 generaba el 15,6% del PIB español. En 2017 alcanzó el 18,9% y este año ya acapara el 19,3%.

Su población aumenta como ninguna otra en el país. En 2000, la región albergaba a 5.200.000 habitantes. Hoy ya son 6.750.000. Funciona como una suerte de agujero negro que absorbe todo lo que se flota a su alrededor. Su fuerza centrípeta es una de las causas de la España vacía o vaciada. Solo hace falta viajar a Segovia uno de esos días laborables de atasco en la M-30 para ver que en el aparcamiento de la estación del AVE de esta ciudad se encuentra repleto de coches de segovianos que van a Madrid a trabajar en el día y vuelven.

La cara B de todo este dinamismo económico madrileño se muestra, además de los atascos diarios de ida y vuelta, en los estudios sobre desigualdad. Por ejemplo: en el informe periódico Exclusión Social y Pobreza, que la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, presenta cada cierto tiempo. En el último, hecho público el pasado 15 de marzo, los datos sobre desigualdad de renta eran peores que el precedente, de 2018, a su vez peor que los anteriores. Desde 2003 a 2017, según Foessa, la renta del 20% de los habitantes más ricos de la Comunidad creció un 3% y la del 20% más pobres encogió un 29%. Más que la media española. Esta tendencia ha seguido marcándose durante la pandemia: desde 2018 a 2021 los más ricos madrileños han vuelto a ser más ricos: un 18%. Y los más pobres a ser más pobres: un 21%.

En los últimos años, si dividimos la población madrileña en cinco franjas, por orden de riqueza, las tres primeras crecen, la cuarta renquea y la quinta, la más pobre, se descuelga. Según uno de los redactores del informe, Daniel Rodríguez, ése es el verdadero peligro: “Que los integrantes de esa última franja ya no sean capaces de vivir como su vecino. Saben que no van a ser Florentino Pérez, pero quieren seguir siendo como el de al lado”.

En este furgón de cola viaja ya Luis Arturo Velasco. Tiene 44 años, vive en Navalcarnero, ha trabajado de peón de albañil, de jardinero o de mozo de carga. Ahora está en el paro después de que le echaran de una fábrica que elaboraba vendas. Cobra 400 euros de subsidio. Su pareja, 300 por un empleo parcial en el Carrefour. Tienen dos hijos y una casa a punto de perder por impago de la hipoteca. Cada lunes acuden a Cáritas a por una bolsa de comida. Ahora acaban de pagar uno de los cuatro recibos de electricidad que deben, para contentar a la compañía y así tratar de evitar el corte. La angustia de no pagar, de no poder, de no llegar y de que le echen de la casa cualquier día le ha causado a Luis Arturo Velasco una hipertensión galopante que conjura a base de pastillas. En una frase resume lo que significa acabar en esa última franja del informe: “Ves que no sales, que te hundes”.

La Consejería de Economía y Hacienda se defiende: “Muchos estudios reflejan que la pobreza está directamente relacionada con el empleo y que hasta el 80% de la pobreza se explica por la falta de empleo”. Y añade que, “entre 2003 y 2022, la afiliación en la región madrileña ha crecido un 22,9%, esto es, un 13,5% más que en el resto de España”. También objeta que, según datos del INE, la desigualdad en Madrid descendió en 2017 y 2018.

Uno de los redactores del informe de Cáritas, Daniel Rodríguez, lo admite: “Es cierto, pero son datos de antes de la pandemia. Cuando el INE recoja los de después, como hemos hecho nosotros, la desigualdad volverá a subir. Han cogido el periodo que les interesa. La tendencia general es que la desigualdad en la renta crece”.

Los expertos alertan de que esta brecha no es sólo económica. Afecta, entre otras cosas, al urbanismo, a la sanidad, a la educación, al paisaje y a la esperanza de vida. Incluso a la obesidad. O al consumo de fruta. La frontera es palpable. Casi se puede ver: trace una diagonal que vaya desde la A-2, que atraviese Madrid dejando los distritos del sur y del este por abajo y que enlace con la A-5. De un lado y de otro de esa frontera se van conformando dos mundos distintos, cada vez más diferenciados, cada vez más segregados.

Esperanza de vida por distritos
El epidemiólogo Manuel Franco, de la Comunidad de Madrid ya alertó en un estudio de que había más posibilidades de contraer la covid-19 si uno vivía en Leganés, en la parte de sur de la frontera que en el distrito de Chamartín. Y recuerda que, según un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid en 2018 hay “significativas” diferencias de esperanza de vida entre los distritos del norte y del sur. En Barajas, por ejemplo, los hombres viven 84,6 años y las mujeres 88,3. En Puente de Vallecas, 79,6 años y 86, respectivamente.

La economista especialista en desigualdad Olga Cantó explica que, más allá de las diferencias de ingresos, en la Comunidad de Madrid impera otro tipo de segregación más dañina debido a que se proyecta en el futuro: “La persistencia de la desigualdad perjudica a la igualdad de oportunidades. Y a este respecto hay que señalar que Madrid es la región donde existe más segregación en el colegio”. Es decir: la región es campeona en separar a los escolares ricos de los escolares pobres y al revés. Según el informe Necesidades sociales en España, de la Fundación La Caixa, de julio de 2020, la Comunidad de Madrid presenta una tasa de segregación escolar del 27,1%. Esto significa que debería de cambiar de colegio o de instituto un 27% de alumnos para que las aulas madrileñas hubiera una homogeneización económica perfecta. La tasa de Cataluña, la segunda en segregación del país, es de 24%. La que menos presenta es Baleares, con un 15%.

El sociólogo Daniel Sorando incide en que, además de la segregación económica y educativa, existe en Madrid una meramente urbanística y espacial: “La falta de vivienda social, que en Madrid es muy alta, ha hecho que vivamos separados: los ricos en un sitio y los pobres en otro. No hay mezcla, como ocurre en otros países. Las chabolas de Alcobendas y Boadilla desaparecieron. Las de Cañada Real, no. Todo lo bueno, las grandes empresas, el trabajo, las universidades privadas, va al norte. Al sur van las depuradoras o la incineradora”. Y recuerda que una comunidad desigual, además de generar la pobreza a la larga y a la corta, arrastra múltiples y variadas heridas sociales, que van desde la delincuencia a la depresión.

Alberto Reyero, de Ciudadanos, fue consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hasta que, en octubre de 2020, en plena pandemia, dimitió por discrepancias con la presidenta respecto a la lucha contra el virus. Sostiene que el PP “piensa que todo se solucione con el empleo, y sí, pero no lo es todo”. Critica que se hayan perdido oportunidades para tratar de rebajar, por ejemplo, el precio de la vivienda. Como con la sanidad. Si la sanidad no está bien dotada, repercute sobre todo en los que no se pueden pagar un seguro privado.” Y concluye: “Aquí se han padecido dos crisis muy gordas y algo hay que hacer”.

El informe de Cáritas alerta de que, en la actualidad, hay cerca de un millón y medio de madrileños dentro de la categoría de excluidos sociales, un 24% más que en 2018. Entrar en la lista significa que se es víctima de varias circunstancias: desempleo, pobreza, dificultades con la vivienda, educación, aislamiento o conflictos sociales, entre otras. José Castro, trabajador social del Ayuntamiento de Navalcarnero (30.000 habitantes) es testigo de esta avalancha de personas con necesidad. “Ahora mismo atendemos a 3.000 familias. Y calculo que el 70% tienen un empleo con el que no les alcanza. Las clases medias se están perdiendo. Cuando hablan contigo lo primero que ves es que tienen miedo. Un miedo atroz al futuro”.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... aldad.html

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 05 Abr 2022, 07:42

La empresa del amigo de Tomás Díaz Ayuso cobró por cada mascarilla hasta el triple que otros proveedores de la Comunidad de Madrid
Más Madrid ha pedido a la Fiscalía Europea que ponga la lupa sobre el precio de la compra hecha por el hermano de la presidenta

El elevado precio que pagó la Comunidad de Madrid por las mascarillas compradas en China por el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso es una cuestión de interés después de que la Fiscalía Europea anunciara la semana pasada su investigación por posible malversación de fondos. Cada mascarilla KN95 (el equivalente chino de la FFP2 europea) adquirida por Tomás Díaz Ayuso costó 5 euros, uno de los precios más elevados pagados por cualquier administración pública en España. Esa cuantía ha hecho sospechar a los grupos de la oposición madrileña que el dinero público se usó indebidamente en ese contrato de 250.000 mascarillas que costó 1,5 millones de euros.

Tras conocer la indagación de la Fiscalía Europea, Más Madrid trasladó el viernes a esa instancia una denuncia de posibles delitos en el manejo de fondos públicos que incluía su propio análisis de otros precios pagados por la Comunidad de Madrid en las fechas cercanas al 1 de abril, cuando fue adjudicado el contrato investigado. Según su examen de una selección de cinco contratos madrileños, el precio de las mascarillas KN95 y FFP2 osciló entre los 1,63 euros la unidad y los 2,29 euros. Es decir, las mascarillas compradas por Tomás Díaz Ayuso costaron algo más del triple que las más baratas que adquirió la Comunidad.

Otros análisis independientes hechos durante la pandemia muestran que cinco euros era un precio muy alto: la organización de transparencia Civio publicó en marzo del año pasado un análisis exhaustivo de decenas de miles de contratos (de ayuntamientos, comunidades y el Estado) y encontró que el rango de las FFP2 iba de los 0,25 euros a los 8 euros y el de las KN95 de los 0,87 euros a los 11,25 euros.

El Tribunal de Cuentas publicó en octubre pasado su fiscalización de los contratos de ayuntamientos de grandes ciudades y averiguó que el precio más alto de las FFP2/KN95 lo había pagado el Ayuntamiento de Madrid el 25 de marzo de 2020: 6,24 euros por unidad, en un contrato que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas comisiones millonarias que se habrían llevado dos empresarios madrileños. Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió mascarillas FFP2 por 1,6 euros la unidad. Solo los Ayuntamientos de Madrid y Sevilla adquirieron mascarillas de esa calidad a un precio superior a 5 euros/unidad.

Caos en el mercado chino
La semana pasada, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dividió en dos la investigación del caso después de que la Fiscalía Europea reclamara su competencia porque la Comunidad usó fondos europeos para comprar las mascarillas. El órgano comunitario manifestó su desacuerdo con la solución, que considera “un desafío a la supremacía” del derecho de la Unión Europea. El caso estalló en febrero cuando la anterior dirección nacional del PP acusó a la presidenta Ayuso de haber favorecido a su hermano en el contrato de 250.000 mascarillas FFP2 por 1,5 millones de euros otorgado a la empresa de un amigo de ambos, Priviet Sportive SL. El hermano de la líder madrileña hizo las gestiones para adquirir la mercancía y trasladarla a España, según ha revelado ella, que asegura que por ello solo facturó 55.000 euros más IVA. Tomás Díaz Ayuso cobró de esa empresa al menos 283.000 euros en 2020, pero aún no ha quedado claro por qué concepto.

En un aparente ejercicio de transparencia la Comunidad ha facilitado a los medios el expediente del contrato, pero nada se dice en esos papeles sobre Tomás Díaz Ayuso, cuyo rol quedó oculto. Tampoco aparece en ese expediente la factura pagada al proveedor chino, Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., una empresa de Zhejiang, en el este de China. Esta omisión ha impedido que los medios conozcan cuánto dinero ganaron con la operación Tomás Díaz Ayuso y su amigo, Daniel Alcázar, el dueño de Priviet Sportive SL.

El mercado chino fue un caos durante la primavera de 2020 cuando compradores internacionales regateaban precios e incluso se hacían con mercancía ya vendida, ofreciendo en los aeropuertos un precio más alto. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan que por muy altos que fueran los beneficios conseguidos por los intermediarios, es imposible imputarles ningún delito porque los contratos de emergencia, permitidos por ley en situaciones de crisis, eliminan controles habituales en los contratos públicos.

La oposición, sin embargo, piensa que es posible determinar que hubo un mal uso de dinero público. Una duda que plantea el delito de malversación es si el pago de un sobreprecio puede ser perseguible o si debe limitarse a contratos celebrados sin contraprestación (el pago de dinero público por servicios nunca realizados). El propio Partido Popular ha interpretado que así es. Tras la reforma del Código Penal en 2015, quedó ampliado el ámbito de aplicación del delito para incluir pagos excesivos, según ha dicho el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid en su denuncia a la Fiscalía de 12 contratos de la pandemia que supuestamente benefician a personas cercanas al Gobierno central. La Fiscalía aún no ha anunciado si admitirá a trámite esa denuncia que anunció el mes pasado la presidenta.

Como parte de su defensa la presidenta ha usado datos de precios falsos, como han resaltado verificaciones de prensa y Más Madrid en su denuncia a la Fiscalía Europea. El Gobierno de Ayuso publicó el 18 de febrero un comunicado en el que aseguraba que la Comunidad había comprado en abril de 2020 mascarillas a precios superiores a los 5 euros pagados en el contrato de Priviet Sportive SL. Se incluían los siguientes cinco ejemplos: Biogen FFP3: 10,5 euros; Palex FFP2: 6,5 euros; Lost Simetry FFP2: 6 euros; Helianthus FFP2: 5,95 euros; y Barna FFP2: 5,3 euros. Según estas verificaciones, en los casos de Biogen, Barna, Lost Simetry o Palex, Ayuso dio precios de mascarillas FFP3, lo que resulta engañoso ya que son de mayor calidad que las compradas por su hermano.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... nidad.html

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Iñigo
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Re: Partido populachero

por Iñigo » 05 Abr 2022, 09:21

Ni una foto de Tomás.

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 07 Abr 2022, 07:02

Anticorrupción se querella contra dos empresarios que cobraron una comisión de casi seis millones en una compra sanitaria en Madrid
Los empresarios vendieron material defectuoso al Ayuntamiento de la capital y se gastaron el dinero de las comisiones en coches de lujo, un yate y un piso en Pozuelo

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado este miércoles contra dos empresarios madrileños que en marzo de 2020 vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 15,8 millones de euros y cobraron una comisión de casi seis millones. La querella presentada ante los juzgados de instrucción de la capital pide penas por estafa, falsedad y blanqueo contra Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y contra un amigo suyo, Alberto Luceño. Los dos dijeron que actuaron movidos por el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de que, en realidad, su ánimo fue obtener un exagerado e injustificado beneficio económico. Con la comisión, compraron coches de lujo (desde un Ferrari hasta un Lamborghini), un yate y un piso en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital, valorado en más de un millón de euros, según la querella enviada a la prensa esta tarde por la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía comenzó en noviembre de 2020, pero no fue conocida hasta la semana pasada, una noticia que, junto con otros contratos que han despertado sospechas recientemente, ha puesto el foco en las compras de emergencia que han hecho las administraciones a lo largo de los dos años de pandemia. En febrero de este año, Anticorrupción anunció que estaba indagando la compra de mascarillas que hizo el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La querella de este miércoles no es necesariamente un mal augurio para otros empresarios contratistas que cobraron comisiones abultadas, según fuentes de Anticorrupción, que explican que la clave que ha posibilitado la querella ha sido el engaño a la administración. La Fiscalía no ha hallado encaje penal para imputar delitos por el enorme enriquecimiento.

La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid a finales de marzo de 2020 fue Luis Medina, quien aprovechó su condición de personaje conocido en la vida pública para contactar con el primo hermano del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se trata del abogado madrileño Carlos Martínez-Almeida Morales, quien le pasó a Medina el mismo correo que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario, un cauce que debían seguir todas las empresas, según fuentes del Ayuntamiento. Esa persona era una alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Elena Collado. Fuentes de la Fiscalía informan a EL PAÍS de que han descartado que el primo del alcalde cometiera tráfico de influencias.

Una vez hecho el contacto con la alto cargo municipal, Medina pasó a un segundo plano y fue su amigo Luceño quien se encargó de negociar. Gracias a documentos mercantiles falsos, Luceño se hizo pasar por agente exclusivo de la compañía vendedora, una cadena de bazares radicada en Malasia y llamada Leno, que disponía de material sanitario fabricado en China. Luceño también fijó precios de los tres productos que compró el Ayuntamiento: un millón de mascarillas por 6,6 millones de euros; 2,5 millones de guantes por 5 millones de euros y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de euros. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% en el de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir. El Ayuntamiento pagó a la empresa malaya a principios de abril a través de la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid, elegida para centralizar las compras municipales debido a su mayor agilidad a la hora de contratar. Más tarde, la empresa malaya reembolsó a los empresarios españoles las comisiones pactadas en secreto.

Pero los empresarios no pudieron comprar todo lo que pretendían, ya que la alto cargo del Ayuntamiento les reprochó que la calidad de los guantes era ínfima y que solo llegaban hasta la muñeca. Según la querella, Collado le envió a Luceño una fotografía tomada en un supermercado de la capital en la que se podía comprobar que guantes de la misma calidad y características que los guantes recibidos, por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado dos dólares, se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros. Luceño intentó calmar a Collado diciendo que el empresario malayo había acordado bajar el precio de los guantes, motivo por el cual devolvió casi cuatro millones de euros al Ayuntamiento en una transferencia bancaria.

Los guantes no eran los únicos productos defectuosos. Según la Fiscalía, de los 250.000 tests covid-19, una cuarta parte (60.000) son inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %).

Los engaños en este caso no acaban ahí. Según la querella, Luceño también engañó a su amigo Medina, ocultándole las verdaderas comisiones que había pactado con el empresario malayo, llamado San Chin Choon.

Compras de lujo
Con el dinero recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal, Alberto Luceño costeó el pago de una vivienda en Pozuelo por 1,1 millones de euros y productos y servicios de lujo, entre ellos 12 coches de alta gama (un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros, un Aston Martin DB11 de 160.000 euros, entre otros), una estancia de una semana en un hotel de lujo de Marbella por 60.000 euros y tres relojes Rolex. Por su parte, Luis Medina invirtió su comisión en bonos y en la compra de un yate modelo Eagle 44, llamado Feria, por cuya adquisición pagó 325.515 euros.

Tras conocer la querella, fuentes del Ayuntamiento han recalcado que el Consistorio no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador: “El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas”.

Luis Medina es un personaje muy conocido por sus apariciones en la prensa del corazón. Es el hijo de menor de la modelo Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, Rafael Medina. En comparación con Medina, Luceño es un empresario relativamente desconocido, pero ya había figurado en prensa anteriormente por su actividad en el sector de las escuelas de negocio. Fue socio y director de EUDE (Escuela Europea de Dirección y Empresa) y vicepresidente de AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocio).

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... adrid.html

¡Que buenos deseos, cuanta voluntad de servicio y que derroche de empatía!;

Así se gastaron los seis millones los empresarios comisionistas de mascarillas en Madrid: ‘ferraris’, ‘rolex’ y hoteles a 6.000 euros la noche
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... noche.html

Cypresshill
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Re: Partido populachero

por Cypresshill » 07 Abr 2022, 07:53

RED RONIN escribió:Anticorrupción se querella contra dos empresarios que cobraron una comisión de casi seis millones en una compra sanitaria en Madrid
Los empresarios vendieron material defectuoso al Ayuntamiento de la capital y se gastaron el dinero de las comisiones en coches de lujo, un yate y un piso en Pozuelo

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado este miércoles contra dos empresarios madrileños que en marzo de 2020 vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 15,8 millones de euros y cobraron una comisión de casi seis millones. La querella presentada ante los juzgados de instrucción de la capital pide penas por estafa, falsedad y blanqueo contra Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y contra un amigo suyo, Alberto Luceño. Los dos dijeron que actuaron movidos por el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de que, en realidad, su ánimo fue obtener un exagerado e injustificado beneficio económico. Con la comisión, compraron coches de lujo (desde un Ferrari hasta un Lamborghini), un yate y un piso en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital, valorado en más de un millón de euros, según la querella enviada a la prensa esta tarde por la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía comenzó en noviembre de 2020, pero no fue conocida hasta la semana pasada, una noticia que, junto con otros contratos que han despertado sospechas recientemente, ha puesto el foco en las compras de emergencia que han hecho las administraciones a lo largo de los dos años de pandemia. En febrero de este año, Anticorrupción anunció que estaba indagando la compra de mascarillas que hizo el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La querella de este miércoles no es necesariamente un mal augurio para otros empresarios contratistas que cobraron comisiones abultadas, según fuentes de Anticorrupción, que explican que la clave que ha posibilitado la querella ha sido el engaño a la administración. La Fiscalía no ha hallado encaje penal para imputar delitos por el enorme enriquecimiento.

La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid a finales de marzo de 2020 fue Luis Medina, quien aprovechó su condición de personaje conocido en la vida pública para contactar con el primo hermano del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se trata del abogado madrileño Carlos Martínez-Almeida Morales, quien le pasó a Medina el mismo correo que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario, un cauce que debían seguir todas las empresas, según fuentes del Ayuntamiento. Esa persona era una alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Elena Collado. Fuentes de la Fiscalía informan a EL PAÍS de que han descartado que el primo del alcalde cometiera tráfico de influencias.

Una vez hecho el contacto con la alto cargo municipal, Medina pasó a un segundo plano y fue su amigo Luceño quien se encargó de negociar. Gracias a documentos mercantiles falsos, Luceño se hizo pasar por agente exclusivo de la compañía vendedora, una cadena de bazares radicada en Malasia y llamada Leno, que disponía de material sanitario fabricado en China. Luceño también fijó precios de los tres productos que compró el Ayuntamiento: un millón de mascarillas por 6,6 millones de euros; 2,5 millones de guantes por 5 millones de euros y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de euros. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% en el de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir. El Ayuntamiento pagó a la empresa malaya a principios de abril a través de la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid, elegida para centralizar las compras municipales debido a su mayor agilidad a la hora de contratar. Más tarde, la empresa malaya reembolsó a los empresarios españoles las comisiones pactadas en secreto.

Pero los empresarios no pudieron comprar todo lo que pretendían, ya que la alto cargo del Ayuntamiento les reprochó que la calidad de los guantes era ínfima y que solo llegaban hasta la muñeca. Según la querella, Collado le envió a Luceño una fotografía tomada en un supermercado de la capital en la que se podía comprobar que guantes de la misma calidad y características que los guantes recibidos, por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado dos dólares, se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros. Luceño intentó calmar a Collado diciendo que el empresario malayo había acordado bajar el precio de los guantes, motivo por el cual devolvió casi cuatro millones de euros al Ayuntamiento en una transferencia bancaria.

Los guantes no eran los únicos productos defectuosos. Según la Fiscalía, de los 250.000 tests covid-19, una cuarta parte (60.000) son inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %).

Los engaños en este caso no acaban ahí. Según la querella, Luceño también engañó a su amigo Medina, ocultándole las verdaderas comisiones que había pactado con el empresario malayo, llamado San Chin Choon.

Compras de lujo
Con el dinero recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal, Alberto Luceño costeó el pago de una vivienda en Pozuelo por 1,1 millones de euros y productos y servicios de lujo, entre ellos 12 coches de alta gama (un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros, un Aston Martin DB11 de 160.000 euros, entre otros), una estancia de una semana en un hotel de lujo de Marbella por 60.000 euros y tres relojes Rolex. Por su parte, Luis Medina invirtió su comisión en bonos y en la compra de un yate modelo Eagle 44, llamado Feria, por cuya adquisición pagó 325.515 euros.

Tras conocer la querella, fuentes del Ayuntamiento han recalcado que el Consistorio no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador: “El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas”.

Luis Medina es un personaje muy conocido por sus apariciones en la prensa del corazón. Es el hijo de menor de la modelo Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, Rafael Medina. En comparación con Medina, Luceño es un empresario relativamente desconocido, pero ya había figurado en prensa anteriormente por su actividad en el sector de las escuelas de negocio. Fue socio y director de EUDE (Escuela Europea de Dirección y Empresa) y vicepresidente de AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocio).

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Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”

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Re: Partido populachero

por Iñigo » 07 Abr 2022, 08:36

Cypresshill escribió:
RED RONIN escribió:Anticorrupción se querella contra dos empresarios que cobraron una comisión de casi seis millones en una compra sanitaria en Madrid
Los empresarios vendieron material defectuoso al Ayuntamiento de la capital y se gastaron el dinero de las comisiones en coches de lujo, un yate y un piso en Pozuelo

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado este miércoles contra dos empresarios madrileños que en marzo de 2020 vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 15,8 millones de euros y cobraron una comisión de casi seis millones. La querella presentada ante los juzgados de instrucción de la capital pide penas por estafa, falsedad y blanqueo contra Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y contra un amigo suyo, Alberto Luceño. Los dos dijeron que actuaron movidos por el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de que, en realidad, su ánimo fue obtener un exagerado e injustificado beneficio económico. Con la comisión, compraron coches de lujo (desde un Ferrari hasta un Lamborghini), un yate y un piso en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital, valorado en más de un millón de euros, según la querella enviada a la prensa esta tarde por la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía comenzó en noviembre de 2020, pero no fue conocida hasta la semana pasada, una noticia que, junto con otros contratos que han despertado sospechas recientemente, ha puesto el foco en las compras de emergencia que han hecho las administraciones a lo largo de los dos años de pandemia. En febrero de este año, Anticorrupción anunció que estaba indagando la compra de mascarillas que hizo el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La querella de este miércoles no es necesariamente un mal augurio para otros empresarios contratistas que cobraron comisiones abultadas, según fuentes de Anticorrupción, que explican que la clave que ha posibilitado la querella ha sido el engaño a la administración. La Fiscalía no ha hallado encaje penal para imputar delitos por el enorme enriquecimiento.

La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid a finales de marzo de 2020 fue Luis Medina, quien aprovechó su condición de personaje conocido en la vida pública para contactar con el primo hermano del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se trata del abogado madrileño Carlos Martínez-Almeida Morales, quien le pasó a Medina el mismo correo que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario, un cauce que debían seguir todas las empresas, según fuentes del Ayuntamiento. Esa persona era una alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Elena Collado. Fuentes de la Fiscalía informan a EL PAÍS de que han descartado que el primo del alcalde cometiera tráfico de influencias.

Una vez hecho el contacto con la alto cargo municipal, Medina pasó a un segundo plano y fue su amigo Luceño quien se encargó de negociar. Gracias a documentos mercantiles falsos, Luceño se hizo pasar por agente exclusivo de la compañía vendedora, una cadena de bazares radicada en Malasia y llamada Leno, que disponía de material sanitario fabricado en China. Luceño también fijó precios de los tres productos que compró el Ayuntamiento: un millón de mascarillas por 6,6 millones de euros; 2,5 millones de guantes por 5 millones de euros y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de euros. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% en el de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir. El Ayuntamiento pagó a la empresa malaya a principios de abril a través de la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid, elegida para centralizar las compras municipales debido a su mayor agilidad a la hora de contratar. Más tarde, la empresa malaya reembolsó a los empresarios españoles las comisiones pactadas en secreto.

Pero los empresarios no pudieron comprar todo lo que pretendían, ya que la alto cargo del Ayuntamiento les reprochó que la calidad de los guantes era ínfima y que solo llegaban hasta la muñeca. Según la querella, Collado le envió a Luceño una fotografía tomada en un supermercado de la capital en la que se podía comprobar que guantes de la misma calidad y características que los guantes recibidos, por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado dos dólares, se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros. Luceño intentó calmar a Collado diciendo que el empresario malayo había acordado bajar el precio de los guantes, motivo por el cual devolvió casi cuatro millones de euros al Ayuntamiento en una transferencia bancaria.

Los guantes no eran los únicos productos defectuosos. Según la Fiscalía, de los 250.000 tests covid-19, una cuarta parte (60.000) son inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %).

Los engaños en este caso no acaban ahí. Según la querella, Luceño también engañó a su amigo Medina, ocultándole las verdaderas comisiones que había pactado con el empresario malayo, llamado San Chin Choon.

Compras de lujo
Con el dinero recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal, Alberto Luceño costeó el pago de una vivienda en Pozuelo por 1,1 millones de euros y productos y servicios de lujo, entre ellos 12 coches de alta gama (un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros, un Aston Martin DB11 de 160.000 euros, entre otros), una estancia de una semana en un hotel de lujo de Marbella por 60.000 euros y tres relojes Rolex. Por su parte, Luis Medina invirtió su comisión en bonos y en la compra de un yate modelo Eagle 44, llamado Feria, por cuya adquisición pagó 325.515 euros.

Tras conocer la querella, fuentes del Ayuntamiento han recalcado que el Consistorio no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador: “El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas”.

Luis Medina es un personaje muy conocido por sus apariciones en la prensa del corazón. Es el hijo de menor de la modelo Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, Rafael Medina. En comparación con Medina, Luceño es un empresario relativamente desconocido, pero ya había figurado en prensa anteriormente por su actividad en el sector de las escuelas de negocio. Fue socio y director de EUDE (Escuela Europea de Dirección y Empresa) y vicepresidente de AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocio).

https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... adrid.html

¡Que buenos deseos, cuanta voluntad de servicio y que derroche de empatía!;

Así se gastaron los seis millones los empresarios comisionistas de mascarillas en Madrid: ‘ferraris’, ‘rolex’ y hoteles a 6.000 euros la noche
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 17 Abr 2022, 07:05

Madrid abusó de los contratos a dedo y sufrió estafas por 13 millones
La capital es la gran ciudad de España que menos ofertas pidió para las compras de la pandemia y que pagó más caro el material, según el Tribunal de Cuentas

Dos policías de Nueva York acuden a las cinco de la tarde del 16 de noviembre de 2020 al número 8 de Catherine Street. El inmueble está en una zona comercial junto a locales donde venden té con burbujas o fideos chinos. Los agentes suben al cuarto piso, suite A, en busca de Philippe Solomon, dueño de la consultora Sinclair & Wilde que ocho meses antes, en lo peor de la pandemia, ha vendido al Ayuntamiento de Madrid 500.000 mascarillas FFP2 marca EKO por 2,5 millones de euros.

El material era tan defectuoso que Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos en la capital, intentó en agosto devolverlo sin éxito. El Ayuntamiento de Madrid había adelantado 1.250.000 euros y quería recuperar ese dinero. Pero Philippe Solomon se ha esfumado, no contesta a los correos electrónicos y está ilocalizable. Por eso, la Policía Municipal de Madrid ha pedido ayuda al departamento de Policía de Nueva York para encontrar al desaparecido.

Seguir las huellas de una estafa es, a veces, un trabajo frustrante abocado al fracaso.

Los dos agentes neoyorquinos solo encuentran en la suite 4A del número 8 de Catherine Street a Henry M. Fong, dueño de Fong Contabilidad, firma especializada en la preparación de declaraciones de renta. El hombre cuenta a la pareja de policías lo poco que sabe de Sinclair & Wilde y de su dueño, Philippe Solomon:

—“Sinclair & Wilde no ocupa ningún espacio aquí. Hice un favor a un cliente para que usara esta dirección como dirección postal de su empresa. Solo he hablado con Solomon por correo electrónico o videollamada. Nunca le conocí en persona. Creo que vive en algún lugar de Europa. Hace poco le informé que había recibido aquí varias cartas dirigidas a Sinclair de diferentes órganos judiciales, la más reciente del Tribunal del Distrito Sur de Florida. Si continuo recibiendo esos correos, cortaré mi relación con Solomon”.

La huella postal del presunto estafador es un agujero negro que conduce a ninguna parte.

El Ayuntamiento de Madrid ha perdido 1.250.000 euros en la compra de 500.000 mascarillas a Sinclair & Wilde. Esa operación fue autorizada en la madrugada del 25 de marzo de 2020 por el consejo de administración virtual de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. Ese mismo día se contrató otro millón de mascarillas KN-95 a Leno, una empresa de Malasia a la que el Ayuntamiento de Madrid había llegado a través de dos intermediarios: Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos comisionistas están imputados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Del material vendido por 11 millones de euros, los dos comisionistas se llevaron cinco millones.

Diez días después de que el Gobierno decretase el estado de alarma, el Ayuntamiento de Madrid consiguió de urgencia 1,5 millones de mascarillas a través de una consultora estadounidense, Sinclair&Wilde; y de una empresa malasia, Leno, con dos intermediarios españoles, Luis Medina y Alberto Luceño. Pero las dos operaciones cerradas en un momento de máxima necesidad por casi 13 millones de euros ocultan supuestamente sendas estafas.

El juez que instruye el caso de las mascarillas vendidas por Medina y Luceño ha escrito que el proceso abierto “tiene un interés general y una enorme repercusión pública al investigarse el manejo de los fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el peor momento de la pandemia de covid-19, con miles de fallecimientos diarios”.

El riesgo de sufrir fraude en aquellos días de marzo de 2020 era muy grande en el Ayuntamiento de Madrid. El recurso a la contratación de emergencia, sin controles ni concurrencia, incrementó el peligro de perder fondos multimillonarios en la adquisición de material a comisionistas sin escrúpulos.

De 59 contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, tan solo en cuatro (apenas un 7%) se solicitaron varias ofertas a más de una empresa para decidir la adjudicación. El resto de contratos (93%) se concedió a dedo, sin concurso. Todavía no hay explicación de por qué se contrató con esas firmas y no con otras que ofrecieron supuestamente los mismos servicios.

Madrid es la ciudad, entre las 12 más pobladas de España, que menos recurrió a solicitar ofertas a distintas empresas para adquirir material anticovid. Le siguen Bilbao con el 9%, Barcelona y Zaragoza con el 11%. Sevilla pidió ofertas en el 30% de los contratos, y Valencia en el 42%.

Desinformación
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción ha destapado un sistema de contratación en el Ayuntamiento de Madrid basado en la desinformación y la falta de controles. El consistorio tenía hasta 90 órganos distintos de contratación. Entre marzo y septiembre de 2020, gastó más de 100 millones de euros en material sanitario para combatir la pandemia. Hasta 16 empresas distintas suministraron productos sanitarios al Ayuntamiento de Madrid en aquellas fechas. Dos días antes de que los supuestos estafadores (Medina, Luceño, y Philippe Solomon) cierren la venta de mascarillas a entre cinco y 6,24 euros, la empresa farmacéutica portuguesa GLSMED entrega 100.000 mascarillas FFP2 al Ayuntamiento de Madrid por 2,5 euros. Otra firma, SUBICU, también vende en esas fechas otras 100.000 mascarillas a 2,75 euros.

La reconstrucción que ha hecho la Fiscalía de la supuesta estafa de los comisionistas Luceño y Medina aún mantiene preguntas sin respuesta.

Medina pone el precio
Luis Medina, hermano del Duque de Feria y vinculado al mundo de la moda, consiguió que altos cargos del Ayuntamiento de Madrid le abriesen las puertas. Ofrecía material sanitario anticovid y se lo compraron. La negociación con Medina transcurrió en términos muy sospechosos. El 20 de marzo, Elena Collado, la coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, se pone en contacto con Medina a través de un correo electrónico a las 18.24 donde le pregunta: “¿Qué pedido mínimo podríamos hacer? ¿Cuál es el precio unitario?”.

“Te lo digo mañana. China dormida”, contesta Medina.

El Ayuntamiento terminó pagando a Leno, la empresa para la que intermediaban Medina y Luceño, uno de los precios más caros por mascarillas FPP2 (6,24 euros); el más caro por test de autodiagnóstico (17 euros) y una tarifa desproporcionada por guantes de nitrilo (dos euros el par). Elena Collado denunció esta última estafa y le devolvieron cuatro de los cinco millones de dólares pagados por 2,5 millones de pares de guantes.

La coordinadora general de Presupuestos confesó al fiscal que nunca pensó que Medina y Luceño —con el que mantuvo nueve meses de conversaciones para gestionar los contratos— fueran comisionistas. Pensó que querían ayudar a Madrid en un momento de necesidad. El alcalde José Luis Martínez Almeida, cuyo primo facilitó el contacto municipal a los comisionistas, tampoco sospechó nada y llegó a agradecer personalmente a Medina que donase 183.000 mascarillas. Tampoco supo, según cuenta ahora al sentirse engañado, que Medina ganó un millón de euros a costa del Ayuntamiento de Madrid por algunas gestiones telefónicas.

La operación, que comenzó a gestarse el 20 de marzo, según los correos electrónicos conocidos ahora, se cerró de madrugada el 24 de marzo en un consejo de administración virtual donde los consejeros de la Empresa Funeraria votaron a favor ante la “premura de tiempo” y la situación de emergencia que vivía Madrid.

Aprobaron esa operación sin saber que los comisionistas Luceño y Medina iban a dar el sablazo de sus vidas al Ayuntamiento de Madrid. En las cuentas bancarias de Luceño, nunca se registraron ingresos tan altos, según el sumario del caso.

Mientras estos empresarios y comisionistas estafaban en marzo de 2020 al Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida censuraba al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los medios de comunicación: “Cuando el Gobierno descubrió que no tenía estructura para comprar material, nos mandó a buscarnos la vida. Algunos nos la hemos buscado mejor. Yo llevo aquí proveyendo de test absolutamente fiables a todo el personal del Ayuntamiento de Madrid, lo que demuestra que nosotros sí lo hemos podido conseguir”.

Mientras pronunciaba estas palabras, su coordinadora general de presupuestos se quejaba al comisionista Luceño porque los test de autodiagnóstico comprados a la empresa malasia Leno tenían escasa calidad y una fiabilidad inferior al 60%.

“No hay que exigir responsabilidades hasta que no acabe la pandemia porque cada minuto cuenta para salvar vidas”, insistía entonces Almeida, “pero una de las principales responsabilidades es cómo fue posible que el Gobierno de la nación no fuera capaz de comprar test fiables en número suficiente y que los tuviera que devolver gastándose el dinero de todos los españoles y que no tenga el coraje de decirle a los españoles: lo siento, nos hemos equivocado”. El alcalde de Madrid que ocultó durante más de un año las estafas que supuestamente sufrió el Ayuntamiento en la compra de distinto material sanitario, se siente ahora víctima de una cacería porque la oposición le pide cuentas por lo ocurrido.

https://elpais.com/espana/2022-04-17/ma ... lones.html

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Re: Partido populachero

por Iñigo » 19 Abr 2022, 13:31

José Luis Martínez-Almeida: “Mi llamada a Luis Medina se produce después de la formalización del contrato porque se me comunica que va a hacer una donación de 183.000 mascarillas, para quien tenga duda, entre el 12 y el 15 de abril”

Falso. La llamada telefónica del alcalde de Madrid a este aristócrata y comisionista se produjo semanas antes, cuando el contrato aún estaba por firmar. La prueba está en los mensajes telefónicos que intercambió el otro comisionista, Alberto Luceño, con Elena Collado, la alto cargo que cerró la adjudicación. “Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida”, escribió Luceño el 26 de marzo de 2020.

A partir de que se conocieran estos mensajes, el alcalde cambió su versión. Hoy dice que la llamada a Medina fue el 26 de marzo. Almeida también dice que los detalles que ha desvelado el sumario judicial “ratifican su versión”. Lo que simple y llanamente no es verdad.

José Luis Martínez-Almeida: “Mi primo se limita a darle (a Luis Medina) un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que se estaban haciendo todos aquellos días”

No es esa la versión que da Luis Medina, el aristócrata con 247 euros en la cuenta al que la Justicia acusa de estafa. Según declaró Medina ante la Fiscalía Anticorrupción, el primo de Almeida le proporcionó el teléfono móvil de Elena Collado, la alto cargo que centralizaba estas compras para el Ayuntamiento de Madrid.

Esta funcionaria, que también fue interrogada como testigo por Anticorrupción, corrobora esa versión: Medina le contactó “por whatsapp”.

José Luis Martínez-Almeida: “Todas las empresas debían seguir el mismo cauce” (...) “Tuvimos más de 1.000 ofrecimientos durante aquellos días”

Y entre las “más de mil” ofertas, ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid se decantó por la de Luis Medina y Alberto Luceño, que presentaron uno de los precios más caros de todos los que se pagaron en esas fechas?

José Luis Martínez-Almeida: “Me entero de que mi primo ha podido intervenir en el contrato a raíz de la información que publicó elDiario”

Falso. elDiario.es publicó la exclusiva de este nuevo caso de corrupción el 31 de marzo, hace ya casi tres semanas. Pero el alcalde de Madrid sabía de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde mucho antes.

Elena Collado, funcionaria y alto cargo del Ayuntamiento, había sido citada a declarar hace más de un año: el 16 de marzo de 2021. Y hace unos meses, cuando estalló el escándalo de la comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso, el alcalde transmitió a varios de sus colaboradores más cercanos su preocupación por esta investigación de Anticorrupción, y por el papel que había jugado su primo en esa adjudicación.

José Luis Martínez-Almeida: “¿Por qué no se pone una querella por estafa? Porque la calidad de los guantes no se ajustaba a lo que habíamos pedido y por eso conseguimos que nos devolvieran cuatro millones de euros, entonces parece complicado cuando nos devuelven esos cuatro millones de euros”.

“Nos han estafado, seguro”, decía Elena Collado el 8 de abril de 2020, cuando descubrió que los mismos guantes por los que el Ayuntamiento había pagado 2 dólares por unidad se vendían en los supermercados a 8 céntimos de euro. Y es cierto que, tras ese descubrimiento, Luceño devolvió cuatro millones.

Con esa rebaja, el precio de cada par de guantes pasó de dos dólares a 0,39. Una tarifa igualmente inflada, a pesar del descuento: Madrid finalmente pagó por cada guante cuatro veces más de lo que costaban en los súper en esas mismas fechas.

La ínfima calidad de los guantes no fue el único indicio de estafa de esta adjudicación. Los test COVID que vendieron estos mismos comisionistas no solo fueron los más caros entre todos los que compraron los ayuntamientos durante la pandemia, según el Tribunal de Cuentas: también fueron en su mayoría defectuosos. Luceño prometió que se enviarían nuevos reactivos para mejorar su efectividad, pero esa promesa no se cumplió.

Pese a todos los indicios, el Ayuntamiento nunca denunció. La Justicia se enteró de lo ocurrido porque los bancos denunciaron un presunto blanqueo de Luceño y Medina cuando ingresaron los seis millones que finalmente se llevaron “a la saca”.

José Luis Martínez-Almeida: “Estoy muy tranquilo. Porque después de 17 meses de investigación la Fiscalía ha dicho que no hay ninguna responsabilidad”.

Es cierto. Anticorrupción no ha encontrado por ahora ningún indicio de responsabilidad penal en el Ayuntamiento de Madrid ni tampoco en el primo de Almeida. Pero las responsabilidades políticas no consisten solo en no cometer delitos. En palabras del propio Almeida, que hace dos años pedía explicaciones al Gobierno central: “Lo peor es que no tienen el coraje de decir lo siento”.

José Luis Martínez-Almeida: “La pregunta a Sánchez es: ¿Sabes que tienes a tres imputados por 310 millones de euros? ¿Qué opinión tiene Sánchez sobre eso?”

En la estrategia del “y tú más”, Almeida hace una extrapolación peculiar. Esa imputación de la que habla nace de una batería de denuncias de Vox, que en mayo de 2020 presentó toda una serie de querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. La mayor parte de esas denuncias han sido archivadas ya. Y los “310 millones de euros” que afea Almeida es la cuenta de Vox, que suma absolutamente todos los contratos de emergencia para material sanitario del estado de alarma. No la conclusión de ningún juez o fiscal.

Tras casi dos años parada, un juzgado de Madrid ha empezado a investigar esta querella y, hace apenas dos semanas, ha llamado a declarar como imputados a tres altos cargos del Ministerio de Sanidad. Por ahora, no hay mucho más que la denuncia de Vox.

José Luis Martínez-Almeida: “Es una cacería de la izquierda” (...) “Detrás de toda esta cuestión está el PSOE y Sánchez”

Y la Gürtel fue una invención de Rubalcaba.
https://www.eldiario.es/escolar/mentira ... 22897.html

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 20 Abr 2022, 05:43

De cemento armado tiene el careto:

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https://twitter.com/ElHuffPost/status/1 ... rV3Ux-4KIw

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Iñigo
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Re: Partido populachero

por Iñigo » 20 Abr 2022, 09:31

RED RONIN escribió:De cemento armado tiene el careto:

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https://twitter.com/ElHuffPost/status/1 ... rV3Ux-4KIw

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Se sabía que la colega era cínica, pero ha elevado esta cualidad a categoría de arte.

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 19 May 2022, 10:29

Un ramillete judicial;

Los tribunales desmontan la ofensiva judicial de Aguirre y Almeida contra el gobierno de Carmena

La absolución de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer supone el último fracaso judicial de la oposición que ejerció el PP en la legislatura pasada, cuando optó por llevar a los tribunales su pelea política con Ahora Madrid

— La Justicia absuelve a Sánchez Mato y Mayer por el caso del Open de Tenis y condena al PP por “mala fe”

“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.

La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas.

Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal.
Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis.

La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo.
Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición.

Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.
Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso.
El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.

El caso Bicimad, archivado

Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado.

Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia.
El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.

La “red clientelar” de Carmena

En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“.

“No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.

Enaltecimiento del terrorismo

Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.

https://www.eldiario.es/madrid/tribunal ... 8.amp.html

¿El alcalde que este mismo mes de abril instaba a Rita Maestre a pedir perdón por los enjuiciamientos, dirá algo ahora al respecto o todo ya es pasado como los audios de Villarejo?

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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 19 May 2022, 10:43

No es que lo considere excesivamente importante pero a modo preventivo viene bien para cuando por cualquier motivo se empieze a piar por supuestos adoctrinamientos o instrumentalizaciones infantiles;

Un colegio religioso de Madrid saca de clase a sus alumnos para asistir a un acto de Almeida

La dirección del centro asegura que los menores tenían “autorización de los padres” para asistir a un “acontecimiento extraordinario”: la plaza que inauguró el alcalde lleva el mismo nombre que la congregación, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

Hubo selfies y aplausos y dispensa de la dirección para faltar a clase. A media mañana de este miércoles, decenas de alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Esclavas, ubicado en el el barrio de Chamberí, abandonaron las aulas para ser parte de un acto político. Sentados en el suelo, bajo un sol radiante y 30 grados de temperatura, aguardaban con impaciencia la llegada del alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, que tenía previsto inaugurar el espacio después de que el Ayuntamiento decidiera bautizarlo con el mismo nombre que la congregación de este centro educativo de religiosas: Plaza de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Junto al alcalde acudió el concejal-presidente del distrito de Chamberí, Javier Ramírez, de la facción más conservadora del partido.

Los escolares, ataviados con sus uniformes, recibieron al regidor madrileño con gritos de júbilo como si se tratara de una estrella de la música o un famoso de la tele. Según fuentes del Ayuntamiento, tanto Almeida como sus acompañantes desconocían que iban a contar con los pequeños como espectadores. En el protocolo y el programa del acto no se mencionaba nada. Solo que serían recibidos por la Superiora General de la congregación, y el director del Colegio. Ambos, además, fueron invitados a pronunciar unas palabras desde el atril colocado en la plaza, algo que hicieron después de la intervención del concejal Ramírez y antes que el regidor madrileño, quien cerró el acto. Previamente, descubrieron la placa con el nombre de la plaza.

Las mismas fuentes municipales aseguran que al llegar y ver a los niños allí, se interesaron por saber si tenían permiso para ser grabados por los medios de comunicación. Y la dirección del Colegio les aseguró que todos tenían “autorización de los padres”.
Esta redacción se ha puesto en contacto con el centro de Sagrado Corazón de las Esclavas de Jesús, un centro católico y concertado por la Consejería de Educación, que en la actualidad imparte enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El centro sostiene que se pidió permiso a las familias. “Se trataba de un acontecimiento importante y extraordinario”, señalaron a esta redacción fuentes del centro, y dada “la excepcionalidad” se les preguntó a los padres si los menores podrían participar y “ver cómo se bautizaba la plaza con el mismo nombre que el colegio, un hecho que no ocurre a diario”.

Posteriormente, el propio directo del centro, Alfonso Saz Pérez, insistía y ratificaba a elDiario.es que “todas las acciones que realiza el colegio con los alumnos, informa plenamente de ellas a todas las familias del centro”. “Para nosotros como colegio que pertenece a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, es todo un orgullo que el Ayuntamiento de Madrid ponga el nombre a una plaza como reconocimiento a la labor educativa que ha realizado y sigue realizando la congregación durante más de 100 años”.

https://www.eldiario.es/madrid/colegio- ... 8.amp.html

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Hay_sinla
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Re: Partido populachero

por Hay_sinla » 19 May 2022, 18:51

RED RONIN escribió:Un ramillete judicial;

Los tribunales desmontan la ofensiva judicial de Aguirre y Almeida contra el gobierno de Carmena

La absolución de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer supone el último fracaso judicial de la oposición que ejerció el PP en la legislatura pasada, cuando optó por llevar a los tribunales su pelea política con Ahora Madrid

— La Justicia absuelve a Sánchez Mato y Mayer por el caso del Open de Tenis y condena al PP por “mala fe”

“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.

La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas.

Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal.
Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis.

La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo.
Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición.

Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.
Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso.
El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.

El caso Bicimad, archivado

Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado.

Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia.
El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.

La “red clientelar” de Carmena

En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“.

“No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.

Enaltecimiento del terrorismo

Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.

https://www.eldiario.es/madrid/tribunal ... 8.amp.html

¿El alcalde que este mismo mes de abril instaba a Rita Maestre a pedir perdón por los enjuiciamientos, dirá algo ahora al respecto o todo ya es pasado como los audios de Villarejo?

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¿Fracaso judicial que tendrá algún coste electoral?
Ya va tomando el camino su arambol.
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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 20 May 2022, 10:21

Hay_sinla escribió:
RED RONIN escribió:Un ramillete judicial;

Los tribunales desmontan la ofensiva judicial de Aguirre y Almeida contra el gobierno de Carmena

La absolución de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer supone el último fracaso judicial de la oposición que ejerció el PP en la legislatura pasada, cuando optó por llevar a los tribunales su pelea política con Ahora Madrid

— La Justicia absuelve a Sánchez Mato y Mayer por el caso del Open de Tenis y condena al PP por “mala fe”

“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.

La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas.

Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal.
Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis.

La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo.
Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición.

Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.
Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso.
El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.

El caso Bicimad, archivado

Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado.

Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia.
El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.

La “red clientelar” de Carmena

En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“.

“No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.

Enaltecimiento del terrorismo

Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.

https://www.eldiario.es/madrid/tribunal ... 8.amp.html

¿El alcalde que este mismo mes de abril instaba a Rita Maestre a pedir perdón por los enjuiciamientos, dirá algo ahora al respecto o todo ya es pasado como los audios de Villarejo?

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¿Fracaso judicial que tendrá algún coste electoral?
No parece que haya demasiados votantes de ese partido a los que estas cuestiones les influyan demasiado.

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Iñigo
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Re: Partido populachero

por Iñigo » 20 May 2022, 10:27

RED RONIN escribió:
Hay_sinla escribió:
RED RONIN escribió:Un ramillete judicial;

Los tribunales desmontan la ofensiva judicial de Aguirre y Almeida contra el gobierno de Carmena

La absolución de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer supone el último fracaso judicial de la oposición que ejerció el PP en la legislatura pasada, cuando optó por llevar a los tribunales su pelea política con Ahora Madrid

— La Justicia absuelve a Sánchez Mato y Mayer por el caso del Open de Tenis y condena al PP por “mala fe”

“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.

La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas.

Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal.
Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis.

La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo.
Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición.

Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.
Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso.
El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.

El caso Bicimad, archivado

Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado.

Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia.
El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.

La “red clientelar” de Carmena

En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“.

“No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.

Enaltecimiento del terrorismo

Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.

https://www.eldiario.es/madrid/tribunal ... 8.amp.html

¿El alcalde que este mismo mes de abril instaba a Rita Maestre a pedir perdón por los enjuiciamientos, dirá algo ahora al respecto o todo ya es pasado como los audios de Villarejo?

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¿Fracaso judicial que tendrá algún coste electoral?
No parece que haya demasiados votantes de ese partido a los que estas cuestiones les influyan demasiado.

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De hecho, esas prácticas parecen atraer a quienes piensan que si se acercan al que manga, lo mismo me toca algo.

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RED RONIN
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Re: Partido populachero

por RED RONIN » 26 May 2022, 23:37

Cabe suponer que sus usuarios a priori no van a ser sus votantes más probables o seguros:

Ayuso niega que las urgencias de los centros de salud estén cerradas, pese a que no prestan servicio desde marzo de 2020

Las declaraciones de la presidenta en Telemadrid ignoran la advertencia en la página web de la Comunidad de Madrid que aclara que los ambulatorios no tienen actividad


La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estén cerrados, pese a que estos no prestan servicio desde marzo de 2020, cuando el personal fue enviado a reforzar la atención sanitaria ante la pandemia del coronavirus. Además, la web de la Comunidad de Madrid sigue avisando de ello: “Los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que abren por las noches y los fines de semana) se encuentran temporalmente fuera de servicio”. Durante una entrevista en directo a la presidenta en Telemadrid en la noche del miércoles, la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, Ángela Hernández, preguntó a la mandataria cuándo iban a ser reabiertos. Pero la presidenta le respondió que “prácticamente la inmensa de mayoría” de los centros están abiertos.

“Lo que pasa es que hubo unos cuantos que representaban en torno al 1% de la atención de urgencia y que ahora van a haberse abierto muchos de ellos, otros nuevos además, con un plan que estamos ultimando con la Consejería de Sanidad”, abundó Ayuso.

En la Comunidad de Madrid existen 37 servicios de urgencias ubicados en los centros de salud o de especialidades que atendían a los pacientes por las noches y los fines de semana. Llevan cerrados desde marzo de 2020 a causa de la pandemia, cuando el Gobierno regional decidió desviar los recursos de los SUAP hacia los hospitales durante la crisis sanitaria. Más de dos años después, aún se desconocen los planes de la Consejería de Sanidad para su reapertura. Mientras, los servicios de urgencias de los hospitales han visto crecer la demanda de usuarios que acuden con dolencias leves que no requieren ingresos hospitalarios.

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