Parlamentos de mentirijilla
La resolución de los “conflictos” planteados por el Gobierno ante el TC será fundamental, pues marcará si el Congreso –y las cámaras autonómicas– son meras comparsas institucionales
FRANCISCO JURADO
Era domingo por la noche y me disponía a ver la segunda parte del programa de Jordi Évole con Nicolás Maduro. En la introducción, aparecía Felipe González razonando por qué Venezuela es hoy una dictadura y, en uno de sus argumentos, mencionó que el Ejecutivo venezolano ha bloqueado ya una veintena de leyes procedentes del Parlamento, donde Maduro no tiene la mayoría. Automáticamente pensé en España, donde esa práctica es tan habitual como desconocida para la mayoría de la población.
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El Gobierno tiene la prerrogativa de poder vetar proposiciones o enmiendas parlamentarias que supongan una alteración del presupuesto aprobado (aumento de gastos o disminución de ingresos) entendiendo que se estaría afectando el presupuesto en vigor y alterando una planificación político-económica ya aprobada. Para que los parlamentos no queden bloqueados por esta prerrogativa, existe una táctica consistente en presentar una Proposición de Ley y, aunque modifique el presupuesto, aplazar la entrada en vigor al ejercicio presupuestario siguiente, de manera que no condicione la ejecución del presupuesto en vigor y que, en consecuencia, no pueda ser vetada.
El problema ante el que nos encontramos es que, si bien la Constitución hace referencia al ejercicio presupuestario vigente en un momento determinado (que suele abarcar, normalmente, un año), algunos Reglamentos parlamentarios, como el del Congreso de los Diputados, no especifican a qué ejercicio presupuestario puede aplicarse este veto. Esta laguna legal está siendo aprovechada por el Gobierno para vetar decenas de leyes (cerca de 50 ya)
Es importante saber –además– que, cuando el Gobierno veta la tramitación de una Proposición de Ley por estos motivos, no tiene que demostrar fehacientemente que existe un gasto. Simplemente tiene que manifestarlo en su escrito de informe sobre la Proposición de Ley presentada. De este modo, recae en la Mesa del parlamento de turno calificar positiva o negativamente la tramitación. Así, es el partido que “sostiene” al Gobierno en minoría el que se convierte en árbitro, son los representantes de Cs los que tienen la última palabra. Esto ha dado lugar a que sólo dos de las Proposiciones de Ley presentadas –y vetadas– en la presente legislatura hayan pasado el trámite de calificación en la Mesa, lo que ha motivado que el Gobierno haya presentado sendos “conflictos” ante el Tribunal Constitucional, alegando la sustracción de sus competencias en materia presupuestaria, para que esas leyes no puedan tramitarse.
La resolución de estos “conflictos” será fundamental, pues marcará, de aquí en adelante, si el Congreso –y los parlamentos autonómicos– son meras comparsas institucionales, sin capacidad legislativa real y sometidos a la voluntad del Gobierno –aún estando en minoría– para poder presentar y aprobar Proposiciones de Ley. De prosperar las tesis del PP, podremos dar por muerta definitivamente la separación de poderes en España y empezar a hablar, con toda la razón, de un Estado ni democrático ni de Derecho.
http://ctxt.es/es/20171115/Firmas/16243 ... Jurado.htm