El Ministerio se apropia de la espada de la Justicia.
ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ
A finales de octubre de 2015, en el último Consejo de Ministros, días antes del inicio de elecciones de diciembre de 2015, el Ministro de Justicia, Rafal Catalá Polo, y el actual Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey, sorprendían inaugurando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (“ORGA”)
El análisis del primer año de actividad de la ORGA, como se puede leer en el artículo al que me referido, no podía ser más cómico, básicamente se había dedicado a destruir vehículos que estaban en depósitos judiciales, nada de buscar bienes de corruptos en paraísos fiscales, ni nada remotamente parecido, ahora bien, ya entonces, concluía el articulo con la siguiente reflexión: “De los peligros, de que exista una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que en vez de depender del Poder Judicial, dependa del Poder Ejecutivo, en definitiva, del Gobierno de turno, hablamos otro día, pero no es difícil de intuir a quiénes van a buscar activos con mayor esmero y a quiénes no, si es que esta Oficina algún día hace algo más que destruir vehículos”.
El tiempo ha pasado y la ORGA ha ido creciendo, así como y su actividad, que aunque todavía minoritaria también ha aumentado, y lo peor, parece que ha venido para quedarse y lo que en mí ha hecho que sonaran todas las alarmas: el Ministerio de Justicia ha extendido su implantación a todo el territorio nacional, otorgándola rango de Dirección General (al mismo nivel que la Dirección General de los Registros y del Notariado) poniendo al frente de ella a toda una Directora General (por supuesto dependiente del Ministerio de Justicia), que tiene un sueldo de 89.399,75 euros (el del Ministro es de 74.975,55€), hecho que no solo es ya de por sí una pasada, sino que demuestra que esto va bastante en serio y que la ORGA es muy importante para el Ministerio.
La ORGA en sí misma no es una mala idea, se trata de que exista una Institución u Órgano especializado, que colabore y asista a los Juzgados, que no olvidemos son los que tienen que hace cumplir los fallos, en la ejecución y búsqueda de bienes de aquellos que hayan sido condenados en procedimientos penales, civiles o de otra índole, y posteriormente, facilite su embargo y subasta. Hoy en día, ciertamente, para buscar bienes en general, de una forma eficaz y todavía más en el extranjero o en paraísos fiscales, hacen falta importantes medios, personal especializado y sobre todo, muchos acuerdos de colaboración con entidades y terceros estados. El problema, como ocurre con LEXNET, el sistema de comunicaciones judiciales, es quién está al frente y quién decide dentro de esa Institución u Órgano especializado qué se busca.
La ORGA es necesaria, y de hecho por lo que he podido investigar, existe en otros muchos países de Europa, pero al frente de la misma, como ocurre con LEXNET, debería estar el Consejo General del Poder Judicial y jueces independientes, lo contrario es dejar en manos del Ministerio de Justicia, no olvidemos, Poder Político o Ejecutivo, "la espada" de la Justicia y que por lo tanto, sea el Gobierno, el que decida a quién investiga con más empeñó y quién no, y eso, es por un lado un arma política sin precedentes, a través del que se puede perseguir a ponentes políticos, y por otro, una liberación y válvula de escape para la corrupción que reina en este país y muy especialmente en el partido del Gobierno, pues si te han condenado, pero "controlas la espada", la sentencia puede quedarse en papel mojado, al menos en lo que respecta a las cuestiones económicas –para los años de prisión ya sabemos que están los indultos y además en corrupción a los 4 días están en la calle–.
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