Cifuentes mira hacia los municipios
Emilio Delgado
En primer lugar el problema fundamental de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid hoy en día tiene que ver con el ambiguo lugar en el que se encuentran, atascados en lo que a competencias y financiación se refiere.
Así se puso de manifiesto por ejemplo en la reciente Cumbre sobre Europa: “Los refugiados son nuestros hermanos”, auspiciada por el papa Francisco en el Vaticano y coorganizada por el Ayuntamiento de Madrid, a la que asistieron cerca de 80 alcaldes europeos.
En la misma, los representantes de las ciudades pidieron de forma contundente poder ampliar sus competencias y reformar los marcos municipales para poder por ejemplo, atender con diligencia cuestiones actuales como la de los refugiados a los que hoy, a pesar de estar en condiciones materiales de hacerlo, no pueden dar respuesta por falta de competencias.
Lo mismo ocurre en otras cuestiones como la pobreza energética, la gestión de tierras destinadas a la actividad agraria o las políticas de empleo.
Estas limitaciones vienen derivadas en parte por el aplazamiento sine die del debate sobre la segunda descentralización en nuestro país, aquella que iba a trasladar recursos y competencias de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos. En parte también, porque la Ley 27/2013 conocida como “Ley Montoro”, ha empujado a los entes locales en el sentido inverso al que les abocaría esa segunda descentralización siempre postergada, restándoles autonomía y suficiencia financiera.
Pero, además, cabe preguntarse qué ha pasado en Madrid con la tan cacareada en su momento “Ley de Pacto Local”, una ley del año 2003 que de la mano de Gallardón prometía regular los procedimientos de transferencia y delegación de competencias de la Comunidad de Madrid a favor de las Entidades Locales.
El PP de Cifuentes, no sólo se ha desentendido de cumplir con esta ley elaborada por otro gobierno de los populares, también ha bloqueado (Con la colaboración de Ciudadanos) varias iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, que planteaban la creación de mesas de trabajo en las que acordar el procedimiento y los contenidos de un nuevo modelo de pacto local en el que establecer con claridad las competencias y la financiación municipales.
Las líneas de financiación regional a los municipios hasta la fecha, se han apoyado en dos grandes pilares en los que conviene detenerse: El plan Regional de infraestructuras y servicios (PRISMA), ahora reconvertido en PIR (Plan de Inversión Regional) y los convenios que mantienen las distintas consejerías con las corporaciones locales.
El último Plan PRISMA estaba previsto para los años 2008 a 2011. Sin embargo, fue prorrogado sin financiación adicional hasta 2016, por lo que los 700 millones de dotación inicial previstos para los 4 primeros años, se estiraron durante otros cuatro más.
Muchas actuaciones de ese plan están pendientes de terminar hoy en día y otras infraestructuras que costaron millones de euros, se terminaron y nunca han podido abrirse al público por defectos de obra. Por ejemplo, el archivo municipal de Móstoles, el Centro Cultural de Bustarviejo, El Centro de Día de Velilla de San Antonio, y otros casos en Alcorcón, Tres Cantos, etc…Millones de euros tirados a la basura. No hay responsables, no hay explicaciones.
Finalmente, el presidente de la empresa pública que ejecutaba las obras del Plan PRISMA (Nuevo Arpegio) está en prisión desde octubre del 2014 por presuntamente aceptar sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos, era Secretario General del PP de Madrid y se llama Francisco Granados.
Quien por aquel entonces era Director General de Cooperación Local, Jaime González Taboada, fue designado por Granados como uno de los miembros de la mesa de contratación de la Empresa Arpegio y ha sido señalado por el propio Granados, así como por el presunto cabecilla de la Púnica, David Marjaliza, como presunto responsable de repartirse comisiones a cambio de adjudicar obras del plan PRISMA. También miembros de su partido y algún concejal del PP le sitúan intercediendo a favor de empresas vinculadas a la Púnica como Cofely.
Pues bien, Jaime González Taboada es hoy coordinador general del Partido Popular, Consejero de Medioambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y número tres de Cristina Cifuentes. Con ustedes, el nuevo PP.
http://www.infolibre.es/noticias/opinio ... _2003.html