PP y Ciudadanos intentan bloquear al Ejecutivo y al Legislativo
Controlada por la derecha, la Mesa del Congreso ni permite al Gobierno gobernar ni al Congreso legislar
Los datos son contundentes. Resultados de las elecciones generales de 2016, en las que se basa la actual legislatura. Con el 33,03% del voto popular, el PP logra 137 escaños, el 39,1% del total del Congreso. Seis puntos porcentuales por encima en diputados que en votos. El PSOE, con el 22,66% de los votos, obtiene 85 escaños, el 24,2% del total. Más de un punto y medio por encima. Unidos Podemos, con el 21,1% de los votos, 71 escaños, el 20,2%, casi un punto porcentual por debajo. Ciudadanos, con el 13,05% de los votos, 32 escaños, el 9,1% de los asientos, casi cuatro puntos menos. El partido de Albert Rivera es aquí el principal perjudicado, y se queja con razón.
Pero las desviaciones son aún peores en la Mesa del Congreso que se elige tras el pacto entre PP y Ciudadanos para que gobierne Mariano Rajoy. De sus nueve componentes, el PP tiene tres (el 33,33%, casi como en sus votos populares), el PSOE dos (el 22,2% del total, también porcentaje similar al de sus votos en las urnas), Unidos Podemos otros dos (el 22,2%, un poco más de su porcentaje de votos) y Ciudadanos, atención, otros dos: el 22,2% de la Mesa del Congreso pese a que en las elecciones sólo logró el 13,05% de los votos. Aquí, el partido naranja es el gran beneficiado, y ahora calla.
La enorme desviación de la proporcionalidad sería poco más que anecdótica si la Mesa del Congreso de los Diputados se dedicara a resolver cuestiones técnicas o institucionales, como por lo general venía haciendo hasta ahora. Pero se convierte en sustancial cuando -como ocurrió la semana pasada- esa mayoría desproporcionada se utiliza para bloquear tanto al Ejecutivo como al Legislativo, pues al primero se le impide que gobierne y al segundo que legisle y ejerza su labor en un asunto fundamental: los Presupuestos. Dos partidos -PP y Ciudadanos- que sumaron el 46,3% de los votos populares en las elecciones de junio de 2016 y que en el Congreso suman 169 diputados impiden ahora que un presidente que llegó a la Moncloa hace cuatro meses con el apoyo de 180 diputados -la mitad más cinco del total- pueda ni siquiera someter a debate en la Cámara Baja la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria -para quitarle al Senado un poder que no está en la Constitución y que no tenía hasta que se lo dio Rajoy en 2012- o tramitar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Presupuestos, por cierto, que permitirían disponer de 6.000 millones de euros más para dinamizar la economía y paliar la desigualdad con la que estamos saliendo de la crisis.
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