La propuesta de Unidos Podemos de subir a 5 años los contratos de alquiler y controlar precios abusivos supera su primer obstáculo
El Gobierno anuncia al grupo parlamentario que ha decidido no vetar la proposición de ley de reforma de la LAU, que aún debe admitirse a trámite
La proposición sugiere que municipios y CCAA pudieran establecer controles de precios en áreas de mercado especialmente calientes
DOCUMENTO: Texto íntegro de la proposición de ley
El Gobierno ha decidido no vetar la tramitación de la proposición de ley de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El grupo parlamentario pretende volver a los contratos de cinco años (frente a los tres en la actualidad). En el caso de los propietarios personas jurídicas, la obligación sería de otros cinco años de prórroga, siempre que los inquilinos hayan cumplido sus obligaciones de pago.
La portavoz de Vivienda de En Comú Podem, Lucía Martín, decidió reducir la propuesta a la mínima expresión para evitar la negativa gubernamental por motivos presupuestarios, tal y como ocurriera con la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue vetada el pasado marzo. Esa ley incluía las llamadas "cinco de la PAH": evitar desahucios; regular el precio del alquiler; dación en pago reatroactiva; realojo temporal a familias en emergencia en pisos vacíos y combatir la pobreza energética. El Gobierno alegó motivos presupuestarios para evitar su mero debate parlamentario. Muy distinta había sido la suerte de otra iniciativa sobre vivienda que se ha tramitado este año en el Congreso, la de " desahucios exprés" del PDeCAT. Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda. La medida contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV.
Límites a las fianzas, regulación de precios
La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pretende la reforma de la LAU (una ley de 2013 que ha sido recurrentemente señalada como uno de los principales orígenes de las subidas de precio excesivas de las viviendas para arrendar, junto al boom de las plataformas de alquiler turístico).
Para mejorar las garantías de las personas que arriendan, además de aumentar la duración del alquiler para dotar a los inquilinos de mayor estabilidad, otra de sus reivindicaciones es que los servicios de intermediación los pague quien contrata y poner un límite a la cantidad que se pone como fianza.
En cuanto a la regulación de precios, inspirados en otras partes de Europa como París y Berlín, Unidos Podemos sugiere que municipio y CCAA puedan establecer controles de precios en áreas de mercado especialmente calientes. Se trataría de establecer unos máximos que eviten alquileres abusivos, según características de la vivienda, accesibilidad, ubicación, o rentas familiares de la zona).
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