Ayuso, amigos y familia S.A.
Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid la polémica ha salpicado a familiares y amigos de la dirigente del PP por contratos públicos de la administración que gestiona
— La empresa para la que trabaja el exnovio de Ayuso multiplica su facturación con la Comunidad: de 3.000 euros a medio millón
La llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019 ya estuvo marcada por la polémica del préstamo que Avalmadrid concedió a su padre en 2011 cuando ella ya estaba en el PP y en la política madrileña. 400.000 euros que nunca fueron devueltos y que costaron a las arcas públicas 102.000 euros, que tuvo que devolver la Comunidad de Madrid ante el impago de los beneficiarios del crédito entre los que estaba su padre. Para librarse del importe que le correspondía, Lorenzo Díaz donó en vida sus propiedades a sus dos hijos, Isabel y Tomás Díaz Ayuso. Todos las acciones judiciales que se han intentado interponer contra la dirigente regional por este asunto han sido archivadas en los tribunales pero nadie ha desmentido que su familia realizase esa operación que le permitió salvar las propiedades y no devolver el dinero público a las arcas de la Comunidad. También está probado que la propia Ayuso medió para que se concediese ese crédito, como ella misma reconoció. Aquel fue el primer escándalo que afectaba a los manejos de la familia de la presidenta antes de que llegara a la Puerta del Sol. Pero detrás han venido otros, directamente relacionados con su gestión al frente de la administración regional.
La última polémica está protagonizada por Jairo Alonso, exnovio de la presidenta madrileña. Tras toda una vida dedicada a la profesión de peluquero, Alonso ha encontrado un nuevo camino, y un nuevo sueldo en un sector donde no se le conoce experiencia anterior. Desde el pasado noviembre trabaja en Asseco: una empresa del sector de la tecnología que está especializada en el ámbito de la salud. Así aparece en su propio perfil de Linkedin, tal y como desveló esta semana El Plural.
La empresa en la que ejerce como director de operaciones ha pasado de facturar de la administración regional algo más de 3.000 euros, en los ejercicios anteriores al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a más de medio millón desde la llegada de la presidenta madrileña a la Puerta del Sol hace dos años. La mayoría de las adjudicaciones a esta empresa en las últimas dos anualidades han sido a través de contratos menores: licitaciones inferiores a 18.000 euros que la administración regional puede adjudicar a dedo sin necesidad de publicitarlo ni de concurso público. Desde que Ayuso es presidenta, hay casi 40 por este procedimiento para Asseco con cantidades que varían desde los 1.800 euros a los 18.000, IVA incluido. Antes de que Ayuso llegara a este cargo, en agosto de 2019, apenas fueron tres.
Entre estas nuevas adjudicaciones para la empresa donde ejerce de directivo el exnovio de Ayuso destacan otros dos contratos de mayor tamaño adjudicados a esta compañía en el último año: uno en noviembre de 2020 del hospital público 12 de octubre por valor de 103.588,04 euros, un concurso al que se presentaron tres ofertas, la de Asseco incluida, para la adquisición de dispositivos "All in one táctiles para el Hospital 12 De octubre". Y otro gran contrato de la Consejería de Cultura y Turismo que dirige la exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz por valor de 189.944,48 euros. Esta adjudicación, que también fue tramitada por concurso público a la que se presentaron cinco ofertas, recayó en Asseco y la UTE Alcandora publicidad S.L. el 13 de enero de 2021 y su objeto era la gestión de marketing digital para la promoción turística de la Comunidad de Madrid, algo para lo que Asseco no dispone de experiencia previa. La contratación de Jairo Alonso llegó unos meses después: "Es una persona que ha estado llevando operaciones y tiene muchos contactos", justificó su incorporación a la compañía el joven CEO de Asseco, José Carlos Pinilla, en declaraciones a El Plural.
1,5 millones de euros en mascarillas para un amigo de la presidenta
El nombre de Jairo Alonso es uno más de una lista de personas cercanas a la presidenta madrileña que encuentran acomodo en empresas que facturan a la administración regional. elDiario.es desveló en noviembre que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta madrileña. 1,5 millones de euros –IVA incluido– para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Priviet Sportive S.L, una empresa dedicada al negocio textil y ganadero cuyo principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas, como ratificaron varios testigos a esta redacción, por ser ambos vecinos de Sotillo de la Adrada, un municipio al sur de la provincia de Ávila, el pueblo de la presidenta madrileña del que nunca duda en presumir. La adjudicación se hizo en plena primera ola, en abril de 2020, por el procedimiento de emergencia por lo que no hubo concurso público.
El Gobierno regional recurrió a esta empresa propiedad del empresario de Sotillo de la Adrada pese a que no tenía ninguna vinculación hasta el momento con el sector de la sanidad ni había relación previa como proveedor de la Comunidad de Madrid. Según figura todavía en el registro mercantil, Priviet Sportive S.L. tiene como objeto social la "confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora". También se dedica a la "explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas". No hay nada en la documentación del Registro Mercantil ni en las últimas cuentas presentadas por la empresa –las de 2019– que apunte al negocio de material sanitario. La relación contractual entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportive además nace y muere con este contrato. Nadie en el Gobierno regional respondió por qué se recurrió a esta empresa. Tampoco el empresario quiso responder a las preguntas de elDiario.es.
Desde el equipo de la presidenta no negaron la relación personal que Isabel Díaz Ayuso mantiene con el empresario Daniel Alcázar, pero desvincularon a la dirigente de la adjudicación y atribuyeron la decisión a a la Consejería de Sanidad, dirigida entonces y ahora por Enrique Ruiz Escudero. También aseguraron que el dueño de la firma Daniel Alcázar no se puso en contacto con Ayuso ni con el Gobierno regional para ofrecer las mascarillas, así que de nuevo planea la incógnita de cómo llegó el Gobierno regional hasta esa empresa.
El hermano de la presidenta
Pero si hay un familiar de la presidenta que ha sido citado repetidamente en la Asamblea de Madrid esta legislatura ese es Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente regional. Un tema que irrita especialmente a Isabel Díaz Ayuso, quien ha dado órdenes expresas a la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, de cortar cualquier mención de la oposición a su familiar durante las sesiones de control en el Parlamento regional. La mayor polémica se produjo el pasado mes de noviembre cuando una diputada socialista fue expulsada por hacerlo.
Aquel jueves de noviembre en que Carballedo acabó provocando el plante de toda la oposición, que abandonó el hemiciclo en protesta por lo que consideran censura a los diputados, no fue la primera vez que en la institución sobrevolaba el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Las alusiones al hermano de la presidenta son constantes desde desde que elDiario.es destapase su vinculación con una empresa a la que el Gobierno regional adjudicó varios contratos, todos ellos a dedo. La Comunidad de Madrid adjudicó por la vía directa, sin concurso ni concurrencia de otras firmas, 70.500 euros a una empresa para la que trabaja el hermano de la presidenta madrileña. Diez contratos que se adjudicaron desde septiembre de 2019 –con la llegada de Ayuso a la presidencia– hasta marzo de 2020. Esta redacción también detalló que el primer contrato a esa misma compañía se produjo años antes coincidiendo con el primer cargo público de la presidenta, en 2017, cuando fue nombrada viceconsejera de Justicia en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ya durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso también compró mascarillas durante la pandemia por valor de 150.000 euros a otra empresa vinculada con la sociedad para la que trabaja el hermano de Ayuso, como desveló de nuevo este diario.
Desde entonces, la oposición no ha dejado de mencionar el asunto. Desde Más Madrid registraron una petición para que Tomás Díaz Ayuso compareciera en la Comisión de Sanidad para explicar estos contratos. El control del PP en la Mesa de la Asamblea ha dejado en un cajón la petición. También quedaba en papel mojado la solicitud del PSOE para que se tramite una comisión de investigación por la contratación después de que Vox se posicionase en contra.
"Los ciudadanos vienen a Madrid a materializar aspiraciones, a arriesgar, a vivir con pasión y no a esperar que nadie les regale nada", asegura en cada mitin, presentación pública y rueda de prensa Isabel Díaz Ayuso. Una versión castiza del sueño americano, esa región española donde todo aquel que "arriesga" logra mejorar por sus propios méritos y talento. También lo han hecho en el entorno más cercano de la presidenta madrileña, todos vinculados al sector de la sanidad pública.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-am ... 1.amp.html
...tiene muchos contactos, de eso va la cosa como siempre en esta vida.
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Partido populachero
La vida al margen del deporte (la hay)
El abogado es que tiene que argumentar lo que haga falta:
El abogado del PP tacha de "execrable" la trama de Gürtel en Boadilla y niega haberse beneficiado
El partido trata de evitar su tercera condena como partícipe lucrativo marcando distancias y negando que necesitara fondos para las campañas.
El abogado Jesús Santos, defensor del PP en el juicio sobre la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), ha negado que el partido se lucrara por la celebración de actos electorales presuntamente pagados por la red delictiva, ya que "ni conoció ni consintió" esos eventos. De existir, ha dicho, "serían actos o servicios realizados a escondidas o al margen del partido" y que sólo habrían beneficiado a los cargos municipales que se sientan en el banquillo, no a la formación política.
..."No es sólo que fueran desconocidos por completo por el PP", ha añadido. "Es que, además, son actos que, si se celebraron, se llevaron a cabo en contra de la voluntad del PP. El PP no quería hacerlos porque, de lo contrario, los hubiera planificado en las campañas"...
https://www.google.com/amp/s/www.elespa ... 0.amp.html
Ni a un niño se le ocurre excusarse así.
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El abogado del PP tacha de "execrable" la trama de Gürtel en Boadilla y niega haberse beneficiado
El partido trata de evitar su tercera condena como partícipe lucrativo marcando distancias y negando que necesitara fondos para las campañas.
El abogado Jesús Santos, defensor del PP en el juicio sobre la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), ha negado que el partido se lucrara por la celebración de actos electorales presuntamente pagados por la red delictiva, ya que "ni conoció ni consintió" esos eventos. De existir, ha dicho, "serían actos o servicios realizados a escondidas o al margen del partido" y que sólo habrían beneficiado a los cargos municipales que se sientan en el banquillo, no a la formación política.
..."No es sólo que fueran desconocidos por completo por el PP", ha añadido. "Es que, además, son actos que, si se celebraron, se llevaron a cabo en contra de la voluntad del PP. El PP no quería hacerlos porque, de lo contrario, los hubiera planificado en las campañas"...
https://www.google.com/amp/s/www.elespa ... 0.amp.html
Ni a un niño se le ocurre excusarse así.
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Ayuso, amigos y familia S.A, otro fascículo;
Un Ayuso hizo negocio con la pandemia
El hermano de Isabel Díaz Ayuso se lucró con la adquisición de mascarillas en China para una empresa sin experiencia que contrató la Comunidad de Madrid por 1,5 millones
Diez días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma en España, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciaba al Ejecutivo socialista por bloquear la llegada de material sanitario que intentaban comprar las autonomías en China. Nunca hubo bloqueo por parte del Ejecutivo contra las comunidades, pero en los días más trágicos de la pandemia, Ayuso atizaba el fuego contra el presidente Pedro Sánchez. El Gobierno central decretó la centralización de las compras de un material sanitario que escaseaba, pero sin impedir por ello que las autonomías compraran por su cuenta lo necesario, cosa que hicieron muchas de ellas, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE.
El mismo 24 de marzo de 2020 que Ayuso acusaba al Ejecutivo central de bloquear la llegada de mascarillas, respiradores o equipos de protección para los sanitarios, su hermano Tomás, con 20 años de experiencia en el sector, conseguía un negocio rápido y bien pagado con la Comunidad de Madrid a través de la empresa Priviet Sportive, propiedad de su amigo Daniel Alcázar, para traer mascarillas al pabellón 10 del recinto ferial de IFEMA desde China. Lo que sigue trata de resumir la esencia de ese contrato y explicar las dudas que sobre el mismo ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado.
Adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria. La Comunidad de Madrid formalizó en marzo y abril de 2020 decenas de contratos con empresas sin experiencia para la adquisición de material sanitario bajo un régimen excepcional que la ley prevé para “actuaciones inmediatas a causa de acontecimientos catastróficos de situaciones que supongan grave peligro”. Con el fin de “garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población”, el Servicio Madrileño de Salud tramitó de emergencia el contrato para la compra de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive por 1.512.500 euros, a razón de 5 euros por unidad (más IVA). Si Priviet Sportive hubiera tenido que competir con otras empresas en un concurso público tramitado por la vía ordinaria, habría fracasado por nula experiencia.
El hermano, único conseguidor de las mascarillas. La viceconsejera de Salud de la Comunidad de Madrid encargó el 24 de marzo a Priviet Sportive la adquisición de 250.000 mascarillas y su traslado desde China al Pabellón 10 del Ifema antes del 10 de abril de 2020. Nadie sabía entonces, según contaron los responsables del Gobierno regional, que las gestiones para adquirir ese material y trasladarlo a Madrid las hizo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Nadie, salvo que su hermana hablara con él aquellos días, cuando la pandemia ocupaba todas las conversaciones y la falta de mascarillas era una de las principales preocupaciones del momento. Ayuso ha sostenido hasta ahora que no supo en aquel momento que su hermano estaba haciendo negocio con el contrato de la Comunidad de Madrid. Y cuando lo supo, porque se lo contó el presidente del PP, Pablo Casado, en septiembre de 2021, y ella preguntó a su hermano, se guardó la información durante otros cuatro meses hasta que la hizo pública el pasado viernes, antes de facilitársela al órgano de su partido que se la estaba reclamando desde octubre.
La adjudicataria como tapadera de Tomás Díaz Ayuso. La empresa que cobró 1,5 millones de euros por traer a Madrid 250.000 mascarillas FPP2 desde China no hizo nada importante para prestar ese servicio. Isabel Díaz Ayuso aclaró en una nota pública que fue su hermano quien consiguió las mascarillas y quien gestionó su traslado de China a Madrid. Ese hecho hace que la dirección nacional del PP sospeche que la empresa Priviet tan solo puso su nombre para lograr el contrato y de esa manera consiguió que no se supiera que quien estaba detrás era el hermano de la presidenta Ayuso.
El polémico lucro: 55.800 euros más IVA o 286.000 euros. La empresa que suministró mascarillas a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones de euros había pagado a Tomás Díaz Ayuso 55.800 euros más IVA por conseguir la mercancía y trasladarla a Madrid, lo que constituía todo el objeto del contrato. El hermano de la presidenta giró ese año otras tres facturas a la empresa Priviet Sportive de su amigo Daniel Alcázar. La dirigente regional asegura que esas tres facturas no están relacionadas con el contrato de la Comunidad de Madrid. El PP nacional sospecha que corresponden al mismo servicio y que en total suman los 286.000 euros que, según Pablo Casado, cobró el hermano por este contrato y que sería el beneficio comercial de la operación.
De 2,59 a 10,80 euros por la misma mascarilla. El servicio madrileño de Salud compró el 24 de marzo de 2020 mascarillas a 2,90 euros a Air Global Media, especializada en el “comercio de aparatos radioeléctricos”, y adquirió mascarillas a 5 euros a Priviet Sportive, especializada en “la confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido de caballero y señora”… Otras empresas, con poca experiencia en estas operaciones, consiguieron mascarillas a precios muy dispares. A finales de abril, el servicio madrileño de Salud validaba compras de mascarillas FPP2 por 2,59 euros a Lost Simetry y por 10,80 euros a Atos Worlwide IT Partner. El 15 de abril, la empresa Tower TBA suministraba 50.000 mascarillas FPP2 por 2,95 euros.
https://elpais.com/espana/2022-02-20/un ... demia.html
Un negocio que viene de familia
Los padres y el hermano mayor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han desarrollado su actividad económica alrededor de la sanidad pública
La sanidad es la partida presupuestaria número uno para cualquier presidente autonómico. Lo que hace peculiar el caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es que sus padres, Leonardo y Mabel, y su hermano mayor, Tomás, han vivido desde hace décadas de la hucha sanitaria pública —que en 2022 cuenta con 8.783 millones de euros (el 38% del presupuesto madrileño)— como empresarios dedicados a la comercialización de artículos médicos. Este potencial conflicto de interés era un riesgo para la presidenta madrileña, que ha acabado provocando una crisis originada por el enriquecimiento de su hermano Tomás con un contrato financiado por los madrileños.
Los hermanos Tomás e Isabel tomaron en un principio rumbos profesionales muy distintos. Mientras que la hermana menor estudió periodismo y entró en política, el primogénito de los Díaz Ayuso se graduó en 1995 de la Cámara de Comercio de Madrid con una diplomatura en gestión comercial y marketing e inició una carrera en el mundo de las ventas sanitarias, que era el negocio de la familia. Sus padres se dedicaban a la importación de aparatos de electromedicina, una de las áreas de los hospitales donde más dinero hay en juego. El comercial de empresas sanitarias es una presencia común en los hospitales españoles, públicos y privados. Como los agentes de telefonía, luz o inmobiliarias, su éxito depende de la persuasión, el encanto y los contactos. Tomás Díaz Ayuso tenía un porfolio de productos de las empresas a las que representaba y una agenda de contactos en los hospitales de Madrid, jefes de área, responsables de ventas y directores gerentes.
Un exdirector gerente de un hospital público madrileño recuerda haber tratado con él hace unos cinco años. “Me acuerdo de él porque nos llamó mucho la atención que en su catálogo tenía unas papeleras que se activaban automáticamente al pasar la mano por encima y esto nos gustó porque las que teníamos se abrían con el pie y se rompían mucho”, dice esta fuente sanitaria, que pide anonimato porque considera que hablar del personaje es delicado.
Los negocios de la familia con hospitales están en el origen del caso Avalmadrid, el primer dolor de cabeza de la presidenta Ayuso. La empresa de los padres con otros socios, MC Infortécnica SL, intentó conseguir un contrato con el Servicio de Salud Vasco para suministrarles 120 máquinas para quirófano que la empresa iba a comprar en Estados Unidos. Por aquel tiempo los hospitales estaban retirando las placas de rayos X y las estaban sustituyendo por ordenadores para observar las pruebas en pantallas de alta definición. Para hacer la compra en EE UU, pidieron un crédito de 400.000 euros a la entidad financiera semipública Avalmadrid. No pudieron devolverlos y las donaciones posteriores de sus propiedades a los hermanos Tomás e Isabel acabarían siendo investigadas años más tarde como un posible caso de alzamiento de bienes.
Fruto de esos apuros familiares es la donación a los hijos en 2012 de la empresa Sismédica SL, en la que la presidenta es accionista al 50% con su hermano. Después de que InfoLibre desvelara el año pasado que Ayuso ocultaba esta sociedad en su declaración de bienes, la presidenta se vio obligada a incluirla. La empresa ingresó 18.000 euros por ventas en 2013, el último año para el que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.
Cercanía con los políticos
Su hermano Tomás no solo se ha dedicado a la venta de productos sanitarios. En 2016 pasó a combinar esa labor con la de gerente en el grupo Europichen del empresario chino, Chen Shengli. Chen tiene una fábrica de productos de iluminación en Seseña (Toledo) y su negocio ha crecido muy rápidamente, en parte gracias a que se convirtió en suministrador de bombillas LED de Administraciones públicas. Según dos personas que conocen los negocios de Chen, el empresario chino ha buscado siempre la cercanía con políticos. Hoy, Chen rehúye las llamadas de los periodistas, pero hubo un período previo a la pandemia en que solía aparecer en medios de comunicación, gracias a que en 2018 fue elegido presidente de una patronal de empresarios chinos. En 2019, el grupo Europichen facturó casi 10 millones de euros y había crecido sostenidamente un 25% anual durante una década, según la empresa.
Las empresas de Chen han sido beneficiarias de varios contratos públicos entre 2017 y 2020 y casi todos esos negocios tienen una conexión sanitaria. Artesolar Iluminación SL vendió luces a hospitales públicos madrileños y a la empresa autonómica de aguas por 114.000 euros en 19 contratos. Arteconfort Hotel SL suministró mascarillas por 150.000 euros al Hospital de La Paz durante la primera ola de la pandemia. Chen también participó en la operación de Ayuso para traer 24 aviones de material sanitario desde China en la primavera de 2020, según reconoció él mismo a este periódico y confirman otras fuentes consultadas conocedoras de su papel. Sin embargo, tras aparecer su nombre en prensa negó su participación. Tampoco hay rastro suyo en la documentación colgada en el portal de transparencia autonómico.
Esos contratos eran conocidos desde hace tiempo, al igual que la venta de mascarillas del amigo de Tomás, Daniel Alcázar. Pero las nubes negras solo se han posado sobre la presidenta esta semana cuando se ha sabido que su hermano se está lucrando directamente. Ahora los negocios médicos de su familia están bajo lupa: el diario Público ha revelado este sábado que una empresa del socio de la madre se ha beneficiado de un contrato de 925.000 euros para suministrar 25 respiradores al Servicio Madrileño de Salud.
Tomás Díaz Ayuso no ha hecho declaraciones y pocos han visto más que las fotos de él en las que aparece con la presidenta en Instagram, subidas allá por 2013, cuando ella era una diputada autonómica desconocida. La presidenta cree que su hermano tiene derecho a continuar con su trabajo de toda la vida: “Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano, porque nunca he interferido en ella”, dijo en su comunicado de este viernes, como si nada hubiera cambiado el 14 de agosto de 2019, cuando ella asumió el poder madrileño y los intereses de ambos entraron en colisión.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... milia.html
Un Ayuso hizo negocio con la pandemia
El hermano de Isabel Díaz Ayuso se lucró con la adquisición de mascarillas en China para una empresa sin experiencia que contrató la Comunidad de Madrid por 1,5 millones
Diez días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma en España, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciaba al Ejecutivo socialista por bloquear la llegada de material sanitario que intentaban comprar las autonomías en China. Nunca hubo bloqueo por parte del Ejecutivo contra las comunidades, pero en los días más trágicos de la pandemia, Ayuso atizaba el fuego contra el presidente Pedro Sánchez. El Gobierno central decretó la centralización de las compras de un material sanitario que escaseaba, pero sin impedir por ello que las autonomías compraran por su cuenta lo necesario, cosa que hicieron muchas de ellas, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE.
El mismo 24 de marzo de 2020 que Ayuso acusaba al Ejecutivo central de bloquear la llegada de mascarillas, respiradores o equipos de protección para los sanitarios, su hermano Tomás, con 20 años de experiencia en el sector, conseguía un negocio rápido y bien pagado con la Comunidad de Madrid a través de la empresa Priviet Sportive, propiedad de su amigo Daniel Alcázar, para traer mascarillas al pabellón 10 del recinto ferial de IFEMA desde China. Lo que sigue trata de resumir la esencia de ese contrato y explicar las dudas que sobre el mismo ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado.
Adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria. La Comunidad de Madrid formalizó en marzo y abril de 2020 decenas de contratos con empresas sin experiencia para la adquisición de material sanitario bajo un régimen excepcional que la ley prevé para “actuaciones inmediatas a causa de acontecimientos catastróficos de situaciones que supongan grave peligro”. Con el fin de “garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población”, el Servicio Madrileño de Salud tramitó de emergencia el contrato para la compra de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive por 1.512.500 euros, a razón de 5 euros por unidad (más IVA). Si Priviet Sportive hubiera tenido que competir con otras empresas en un concurso público tramitado por la vía ordinaria, habría fracasado por nula experiencia.
El hermano, único conseguidor de las mascarillas. La viceconsejera de Salud de la Comunidad de Madrid encargó el 24 de marzo a Priviet Sportive la adquisición de 250.000 mascarillas y su traslado desde China al Pabellón 10 del Ifema antes del 10 de abril de 2020. Nadie sabía entonces, según contaron los responsables del Gobierno regional, que las gestiones para adquirir ese material y trasladarlo a Madrid las hizo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Nadie, salvo que su hermana hablara con él aquellos días, cuando la pandemia ocupaba todas las conversaciones y la falta de mascarillas era una de las principales preocupaciones del momento. Ayuso ha sostenido hasta ahora que no supo en aquel momento que su hermano estaba haciendo negocio con el contrato de la Comunidad de Madrid. Y cuando lo supo, porque se lo contó el presidente del PP, Pablo Casado, en septiembre de 2021, y ella preguntó a su hermano, se guardó la información durante otros cuatro meses hasta que la hizo pública el pasado viernes, antes de facilitársela al órgano de su partido que se la estaba reclamando desde octubre.
La adjudicataria como tapadera de Tomás Díaz Ayuso. La empresa que cobró 1,5 millones de euros por traer a Madrid 250.000 mascarillas FPP2 desde China no hizo nada importante para prestar ese servicio. Isabel Díaz Ayuso aclaró en una nota pública que fue su hermano quien consiguió las mascarillas y quien gestionó su traslado de China a Madrid. Ese hecho hace que la dirección nacional del PP sospeche que la empresa Priviet tan solo puso su nombre para lograr el contrato y de esa manera consiguió que no se supiera que quien estaba detrás era el hermano de la presidenta Ayuso.
El polémico lucro: 55.800 euros más IVA o 286.000 euros. La empresa que suministró mascarillas a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones de euros había pagado a Tomás Díaz Ayuso 55.800 euros más IVA por conseguir la mercancía y trasladarla a Madrid, lo que constituía todo el objeto del contrato. El hermano de la presidenta giró ese año otras tres facturas a la empresa Priviet Sportive de su amigo Daniel Alcázar. La dirigente regional asegura que esas tres facturas no están relacionadas con el contrato de la Comunidad de Madrid. El PP nacional sospecha que corresponden al mismo servicio y que en total suman los 286.000 euros que, según Pablo Casado, cobró el hermano por este contrato y que sería el beneficio comercial de la operación.
De 2,59 a 10,80 euros por la misma mascarilla. El servicio madrileño de Salud compró el 24 de marzo de 2020 mascarillas a 2,90 euros a Air Global Media, especializada en el “comercio de aparatos radioeléctricos”, y adquirió mascarillas a 5 euros a Priviet Sportive, especializada en “la confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido de caballero y señora”… Otras empresas, con poca experiencia en estas operaciones, consiguieron mascarillas a precios muy dispares. A finales de abril, el servicio madrileño de Salud validaba compras de mascarillas FPP2 por 2,59 euros a Lost Simetry y por 10,80 euros a Atos Worlwide IT Partner. El 15 de abril, la empresa Tower TBA suministraba 50.000 mascarillas FPP2 por 2,95 euros.
https://elpais.com/espana/2022-02-20/un ... demia.html
Un negocio que viene de familia
Los padres y el hermano mayor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han desarrollado su actividad económica alrededor de la sanidad pública
La sanidad es la partida presupuestaria número uno para cualquier presidente autonómico. Lo que hace peculiar el caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es que sus padres, Leonardo y Mabel, y su hermano mayor, Tomás, han vivido desde hace décadas de la hucha sanitaria pública —que en 2022 cuenta con 8.783 millones de euros (el 38% del presupuesto madrileño)— como empresarios dedicados a la comercialización de artículos médicos. Este potencial conflicto de interés era un riesgo para la presidenta madrileña, que ha acabado provocando una crisis originada por el enriquecimiento de su hermano Tomás con un contrato financiado por los madrileños.
Los hermanos Tomás e Isabel tomaron en un principio rumbos profesionales muy distintos. Mientras que la hermana menor estudió periodismo y entró en política, el primogénito de los Díaz Ayuso se graduó en 1995 de la Cámara de Comercio de Madrid con una diplomatura en gestión comercial y marketing e inició una carrera en el mundo de las ventas sanitarias, que era el negocio de la familia. Sus padres se dedicaban a la importación de aparatos de electromedicina, una de las áreas de los hospitales donde más dinero hay en juego. El comercial de empresas sanitarias es una presencia común en los hospitales españoles, públicos y privados. Como los agentes de telefonía, luz o inmobiliarias, su éxito depende de la persuasión, el encanto y los contactos. Tomás Díaz Ayuso tenía un porfolio de productos de las empresas a las que representaba y una agenda de contactos en los hospitales de Madrid, jefes de área, responsables de ventas y directores gerentes.
Un exdirector gerente de un hospital público madrileño recuerda haber tratado con él hace unos cinco años. “Me acuerdo de él porque nos llamó mucho la atención que en su catálogo tenía unas papeleras que se activaban automáticamente al pasar la mano por encima y esto nos gustó porque las que teníamos se abrían con el pie y se rompían mucho”, dice esta fuente sanitaria, que pide anonimato porque considera que hablar del personaje es delicado.
Los negocios de la familia con hospitales están en el origen del caso Avalmadrid, el primer dolor de cabeza de la presidenta Ayuso. La empresa de los padres con otros socios, MC Infortécnica SL, intentó conseguir un contrato con el Servicio de Salud Vasco para suministrarles 120 máquinas para quirófano que la empresa iba a comprar en Estados Unidos. Por aquel tiempo los hospitales estaban retirando las placas de rayos X y las estaban sustituyendo por ordenadores para observar las pruebas en pantallas de alta definición. Para hacer la compra en EE UU, pidieron un crédito de 400.000 euros a la entidad financiera semipública Avalmadrid. No pudieron devolverlos y las donaciones posteriores de sus propiedades a los hermanos Tomás e Isabel acabarían siendo investigadas años más tarde como un posible caso de alzamiento de bienes.
Fruto de esos apuros familiares es la donación a los hijos en 2012 de la empresa Sismédica SL, en la que la presidenta es accionista al 50% con su hermano. Después de que InfoLibre desvelara el año pasado que Ayuso ocultaba esta sociedad en su declaración de bienes, la presidenta se vio obligada a incluirla. La empresa ingresó 18.000 euros por ventas en 2013, el último año para el que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.
Cercanía con los políticos
Su hermano Tomás no solo se ha dedicado a la venta de productos sanitarios. En 2016 pasó a combinar esa labor con la de gerente en el grupo Europichen del empresario chino, Chen Shengli. Chen tiene una fábrica de productos de iluminación en Seseña (Toledo) y su negocio ha crecido muy rápidamente, en parte gracias a que se convirtió en suministrador de bombillas LED de Administraciones públicas. Según dos personas que conocen los negocios de Chen, el empresario chino ha buscado siempre la cercanía con políticos. Hoy, Chen rehúye las llamadas de los periodistas, pero hubo un período previo a la pandemia en que solía aparecer en medios de comunicación, gracias a que en 2018 fue elegido presidente de una patronal de empresarios chinos. En 2019, el grupo Europichen facturó casi 10 millones de euros y había crecido sostenidamente un 25% anual durante una década, según la empresa.
Las empresas de Chen han sido beneficiarias de varios contratos públicos entre 2017 y 2020 y casi todos esos negocios tienen una conexión sanitaria. Artesolar Iluminación SL vendió luces a hospitales públicos madrileños y a la empresa autonómica de aguas por 114.000 euros en 19 contratos. Arteconfort Hotel SL suministró mascarillas por 150.000 euros al Hospital de La Paz durante la primera ola de la pandemia. Chen también participó en la operación de Ayuso para traer 24 aviones de material sanitario desde China en la primavera de 2020, según reconoció él mismo a este periódico y confirman otras fuentes consultadas conocedoras de su papel. Sin embargo, tras aparecer su nombre en prensa negó su participación. Tampoco hay rastro suyo en la documentación colgada en el portal de transparencia autonómico.
Esos contratos eran conocidos desde hace tiempo, al igual que la venta de mascarillas del amigo de Tomás, Daniel Alcázar. Pero las nubes negras solo se han posado sobre la presidenta esta semana cuando se ha sabido que su hermano se está lucrando directamente. Ahora los negocios médicos de su familia están bajo lupa: el diario Público ha revelado este sábado que una empresa del socio de la madre se ha beneficiado de un contrato de 925.000 euros para suministrar 25 respiradores al Servicio Madrileño de Salud.
Tomás Díaz Ayuso no ha hecho declaraciones y pocos han visto más que las fotos de él en las que aparece con la presidenta en Instagram, subidas allá por 2013, cuando ella era una diputada autonómica desconocida. La presidenta cree que su hermano tiene derecho a continuar con su trabajo de toda la vida: “Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano, porque nunca he interferido en ella”, dijo en su comunicado de este viernes, como si nada hubiera cambiado el 14 de agosto de 2019, cuando ella asumió el poder madrileño y los intereses de ambos entraron en colisión.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... milia.html
Herrera y su lenguaje no verbal ante lo que dice ayuso respecto a lo que dijo casado un día antes...
https://youtu.be/GvpcUpodZyg
Y el verbal... alguien se tendrá que ir
https://youtu.be/rq09DlewUas
Ojo al final con la sugerencia "del diablo" a sanchez... "Pedro... Y si convocas elecciones ahora y les pillas a todos con bragas y calzoncillos bajados"?
No lo hará
o si?
https://youtu.be/GvpcUpodZyg
Y el verbal... alguien se tendrá que ir
https://youtu.be/rq09DlewUas
Ojo al final con la sugerencia "del diablo" a sanchez... "Pedro... Y si convocas elecciones ahora y les pillas a todos con bragas y calzoncillos bajados"?
No lo hará
o si?-
ChatoMillera
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No lo hará. Chanchez tiene algo que ansia el. PP : los fondos venidos de Uropacorretger escribió:Herrera y su lenguaje no verbal ante lo que dice ayuso respecto a lo que dijo casado un día antes...
https://youtu.be/GvpcUpodZyg
Y el verbal... alguien se tendrá que ir
https://youtu.be/rq09DlewUas
Ojo al final con la sugerencia "del diablo" a sanchez... "Pedro... Y si convocas elecciones ahora y les pillas a todos con bragas y calzoncillos bajados"?
No lo hará
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Ahí falta lo de "Teo, Pablo, si nos queréis, irsen".RED RONIN escribió:
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arturo_papito
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Ayuso pide que se expulse del PP a todo el que haya participado en esta campaña de difamación contra ella y aún así Casado le ha dado dos besos con mascarilla, cualquiera diría que busca carguito a la sombra de los que le han apuñalado.
Feijoo hubiese sido un estupendo candidato para la época pre-vox (descontando lanchas), ahora vamos a ver que hace con la niña de los peines cuando se ponga farruca. Habrá que ver como le van yendo las elecciones al hombre.
Feijoo hubiese sido un estupendo candidato para la época pre-vox (descontando lanchas), ahora vamos a ver que hace con la niña de los peines cuando se ponga farruca. Habrá que ver como le van yendo las elecciones al hombre.
[img]http://i27.tinypic.com/212b8me.jpg[/img]
Esta vez no más vale tarde...
El Constitucional anula el acuerdo de PP, Vox y Cs que excluyó a Más Madrid de la Mesa de la Asamblea
El alto tribunal afirma que las Mesas de los Parlamentos tienen que respetar la proporcionalidad de las urnas
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a Más Madrid y ha anulado —sin efectos prácticos ya— el acuerdo político que en 2019 excluyó al partido de Íñigo Errejón y Mónica García de la Mesa de la Asamblea de Madrid en beneficio de Vox pese a que Más Madrid había obtenido un 15% de los votos y Vox un 8%. Los magistrados estiman, por unanimidad, que dicha decisión vulneró el derecho de los parlamentarios de Más Madrid a acceder a los cargos públicos en igualdad.
La sentencia, en el caso madrileño del que se ocupa, tiene meros efectos declarativos, al referirse a una legislatura ya concluida —la composición y órganos representativos de la Cámara regional cambiaron tras las elecciones del 4 de mayo de 2021—, pero establece límites que podrían condicionar futuros pactos entre partidos políticos en este u otros Parlamentos.
La resolución —de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer, del sector progresista— considera vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen el derecho a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. La marginación de Más Madrid, al impedírsele el acceso a la Mesa por un pacto que repartió los puestos entre el PP, Ciudadanos, PSOE y Vox, supuso no aplicar ese precepto.
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El Constitucional anula el acuerdo de PP, Vox y Cs que excluyó a Más Madrid de la Mesa de la Asamblea
El alto tribunal afirma que las Mesas de los Parlamentos tienen que respetar la proporcionalidad de las urnas
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a Más Madrid y ha anulado —sin efectos prácticos ya— el acuerdo político que en 2019 excluyó al partido de Íñigo Errejón y Mónica García de la Mesa de la Asamblea de Madrid en beneficio de Vox pese a que Más Madrid había obtenido un 15% de los votos y Vox un 8%. Los magistrados estiman, por unanimidad, que dicha decisión vulneró el derecho de los parlamentarios de Más Madrid a acceder a los cargos públicos en igualdad.
La sentencia, en el caso madrileño del que se ocupa, tiene meros efectos declarativos, al referirse a una legislatura ya concluida —la composición y órganos representativos de la Cámara regional cambiaron tras las elecciones del 4 de mayo de 2021—, pero establece límites que podrían condicionar futuros pactos entre partidos políticos en este u otros Parlamentos.
La resolución —de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer, del sector progresista— considera vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen el derecho a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. La marginación de Más Madrid, al impedírsele el acceso a la Mesa por un pacto que repartió los puestos entre el PP, Ciudadanos, PSOE y Vox, supuso no aplicar ese precepto.
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Ayuso paga 73 millones de euros por la autopista fantasma de Aguirre: no puede circular ni un coche
La Comunidad de Madrid indemniza a la constructora de la MP 203 y asegura que licitará este año las obras para terminar la carretera, que se empezó a construir en 2005
A la Asamblea de Madrid llegan el 1 de marzo 300 folios de documentación para argumentar lo que parece un escándalo: que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabe de pagar 73.388.672,44 euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en época de Esperanza Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado. La indemnización a Ferrovial, determinada por la justicia, compensa la parte ejecutada de la obra, como ya pasó en diciembre con los 162 millones pagados a OHLA por el tren de Móstoles a Navalcarnero, también de la época de Aguirre, y que tampoco se ha usado nunca. Y abre un nuevo escenario: la Comunidad quiere licitar este año las obras para completar el trazado, lo que exigirá resolver los problemas técnicos que dieron al traste con el proyecto.
“La Comunidad de Madrid, a través de la aprobación de Consejo de Gobierno, ha abonado a Ferrovial casi 73,4 millones de euros [68.062.634,52 euros corresponden al principal y 5.326.037,92 euros al interés legal del dinero por retraso en el pago] por las obras ya realizadas”, afirma un portavoz gubernamental. “Vamos a licitar la obra este año para terminarla”.
Sin embargo, era una apuesta de alto riesgo. Las obras comenzaron sin haber resuelto dos incógnitas clave. A un lado, cómo superar las líneas del AVE Madrid-Zaragoza, lo que más adelante se logró cambiando el trazado. Y al otro, cómo conectar con la R-3, a lo que se oponía la concesionaria de esa vía, alegando que perjudicaría al volumen de tráfico de su carretera, y por lo tanto a su negocio (lo que comunicó ya en 2001). El entonces Ministerio de Fomento no dio su autorización al engarce, atendiendo a esas razones, y Ferrovial desistió de la obra en 2007. Quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado. Tras comenzar la obra sin asegurar su viabilidad, la Comunidad se topaba con un muro infranqueable.
“No ha llegado a resolverse nunca el enlace con la R-3 debido a que la autorización del Ministerio de Fomento no se ha concedido pues dependía de la firma de un convenio entre el Ministerio y la Comunidad que no se ha suscrito”, se lee en el expediente del caso, al que accedió EL PAÍS, y en el que la adjudicataria de las obras argumenta su posición como perjudicada durante más de un decenio. “Lo cierto es que la Comunidad, a partir de abril de 2012, no ha realizado ninguna actuación tendente a la firma del convenio, inactividad que se mantiene, con lo cual, la puesta a disposición de los terrenos necesarios para ejecutar el enlace con la R-3 sigue sin producirse más de ocho años y medio después de la firma del contrato de concesión”.
Así, las dos partes defienden sus intereses en los juzgados. Y cuando la Comunidad dice encontrar defectos en la ejecución de la obra (en drenajes o firmes) que aminorarían la indemnización a la concesionaria, esta protesta: “El deterioro de las obras por el tiempo transcurrido desde su paralización es imputable única y exclusivamente a la Comunidad de Madrid por incumplimiento culpable del contrato”.
Pendiente de los Presupuestos
La MP-203 es empleada hoy por corredores y ciclistas para entrenarse. No hay ni rastro de los coches y camiones por cuyo paso iba a cobrar la concesionaria, que llegó a pactar con la Comunidad explotar la autopista durante 60 años para así compensar los retrasos. La obligación legal de compensarla por la parte ejecutada de la obra, y el proyecto de retomarla, se han visto retrasados por el terremoto constante en el que se ha convertido la política madrileña desde hace un lustro.
A la expresidenta Cristina Cifuentes, dispuesta a terminar la infraestructura, la devoró el caso máster. Y a Ángel Garrido, que como consejero de Transportes estaba preparado para ejecutar la indemnización, se lo llevó por delante el adelanto electoral decidido ahora hace un año por Díaz Ayuso. En medio, el problema para el pago ha sido siempre el mismo: en 2020 y 2021, Madrid no tuvo Presupuestos porque el Ejecutivo que preside la líder conservadora ni siquiera envió un proyecto de cuentas públicas a la Asamblea regional. En 2022, ya con unos Presupuestos actualizados gracias al pacto de PP y Vox, ha llegado la solución: un pago millonario para una infraestructura pública que nadie puede usar.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... coche.html
La Comunidad de Madrid indemniza a la constructora de la MP 203 y asegura que licitará este año las obras para terminar la carretera, que se empezó a construir en 2005
A la Asamblea de Madrid llegan el 1 de marzo 300 folios de documentación para argumentar lo que parece un escándalo: que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabe de pagar 73.388.672,44 euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en época de Esperanza Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado. La indemnización a Ferrovial, determinada por la justicia, compensa la parte ejecutada de la obra, como ya pasó en diciembre con los 162 millones pagados a OHLA por el tren de Móstoles a Navalcarnero, también de la época de Aguirre, y que tampoco se ha usado nunca. Y abre un nuevo escenario: la Comunidad quiere licitar este año las obras para completar el trazado, lo que exigirá resolver los problemas técnicos que dieron al traste con el proyecto.
“La Comunidad de Madrid, a través de la aprobación de Consejo de Gobierno, ha abonado a Ferrovial casi 73,4 millones de euros [68.062.634,52 euros corresponden al principal y 5.326.037,92 euros al interés legal del dinero por retraso en el pago] por las obras ya realizadas”, afirma un portavoz gubernamental. “Vamos a licitar la obra este año para terminarla”.
Sin embargo, era una apuesta de alto riesgo. Las obras comenzaron sin haber resuelto dos incógnitas clave. A un lado, cómo superar las líneas del AVE Madrid-Zaragoza, lo que más adelante se logró cambiando el trazado. Y al otro, cómo conectar con la R-3, a lo que se oponía la concesionaria de esa vía, alegando que perjudicaría al volumen de tráfico de su carretera, y por lo tanto a su negocio (lo que comunicó ya en 2001). El entonces Ministerio de Fomento no dio su autorización al engarce, atendiendo a esas razones, y Ferrovial desistió de la obra en 2007. Quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado. Tras comenzar la obra sin asegurar su viabilidad, la Comunidad se topaba con un muro infranqueable.
“No ha llegado a resolverse nunca el enlace con la R-3 debido a que la autorización del Ministerio de Fomento no se ha concedido pues dependía de la firma de un convenio entre el Ministerio y la Comunidad que no se ha suscrito”, se lee en el expediente del caso, al que accedió EL PAÍS, y en el que la adjudicataria de las obras argumenta su posición como perjudicada durante más de un decenio. “Lo cierto es que la Comunidad, a partir de abril de 2012, no ha realizado ninguna actuación tendente a la firma del convenio, inactividad que se mantiene, con lo cual, la puesta a disposición de los terrenos necesarios para ejecutar el enlace con la R-3 sigue sin producirse más de ocho años y medio después de la firma del contrato de concesión”.
Así, las dos partes defienden sus intereses en los juzgados. Y cuando la Comunidad dice encontrar defectos en la ejecución de la obra (en drenajes o firmes) que aminorarían la indemnización a la concesionaria, esta protesta: “El deterioro de las obras por el tiempo transcurrido desde su paralización es imputable única y exclusivamente a la Comunidad de Madrid por incumplimiento culpable del contrato”.
Pendiente de los Presupuestos
La MP-203 es empleada hoy por corredores y ciclistas para entrenarse. No hay ni rastro de los coches y camiones por cuyo paso iba a cobrar la concesionaria, que llegó a pactar con la Comunidad explotar la autopista durante 60 años para así compensar los retrasos. La obligación legal de compensarla por la parte ejecutada de la obra, y el proyecto de retomarla, se han visto retrasados por el terremoto constante en el que se ha convertido la política madrileña desde hace un lustro.
A la expresidenta Cristina Cifuentes, dispuesta a terminar la infraestructura, la devoró el caso máster. Y a Ángel Garrido, que como consejero de Transportes estaba preparado para ejecutar la indemnización, se lo llevó por delante el adelanto electoral decidido ahora hace un año por Díaz Ayuso. En medio, el problema para el pago ha sido siempre el mismo: en 2020 y 2021, Madrid no tuvo Presupuestos porque el Ejecutivo que preside la líder conservadora ni siquiera envió un proyecto de cuentas públicas a la Asamblea regional. En 2022, ya con unos Presupuestos actualizados gracias al pacto de PP y Vox, ha llegado la solución: un pago millonario para una infraestructura pública que nadie puede usar.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... coche.html
Así se desinfló la propuesta estrella de Ayuso: casi dos millones de madrileños no tuvieron su test de antígenos en Navidad
Hasta el 10 de enero se dispensaron en las farmacias 4,83 millones de las pruebas financiadas por el Ejecutivo regional, frente a los 6,8 millones de tarjetas sanitarias que podían hacerse con uno de los test gratuitos
"La mayor parte de las pruebas se entregaron cuando pasaron las fechas importantes de las fiestas de Navidad", señala Javier Padilla, diputado de Más Madrid
Primero de diciembre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a primera hora de la mañana al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. El centro cumple un año desde su apertura. Y, como joya de la corona de la política sanitaria regional, la presidenta lo convierte en el escenario desde el que anuncia su plan sanitario de cara a la Navidad. Con una variante ómicron disparada, la líder del Ejecutivo promete una prueba de antígenos gratuita para cada ciudadano. Pero pasan los días. Las semanas. Y entre inmensas colas a la puerta de las farmacias, la promesa de Ayuso va diluyéndose como un azucarillo. Tanto, que las fiestas se cierran con tres de cada diez ciudadanos de la comunidad autónoma sin el prometido test en sus manos, según los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. Más de 1,9 millones de personas.
"Lejos de volver a los cierres masivos de manera alarmante, lo que vamos a hacer es no generar confusión y actuar", se arranca Ayuso en la rueda de prensa. Entonces, la situación estaba, más o menos, bajo control. La región registraba aquel día una incidencia acumulada de 149 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas. La quinta más baja del país. Sin embargo, una nueva variante amenazaba con propiciar otra potente ola. Pocas horas antes de la comparecencia, el servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón confirmaba la presencia de ómicron en la región. Y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, y con ellas el más que previsible aumento de los contactos sociales, todas las comunidades se preparaban para un más que previsible auge de los contagios.
Madrid, a diferencia de otras regiones, descartó las restricciones. Y lo apostó todo a una suerte de política sanitaria de autodiagnóstico. "El Gobierno va a repartir un test de antígeno para cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura", se encarga de anunciar Díaz Ayuso desde el Zendal. Pero la realidad, sin embargo, terminó siendo otra. El 10 de enero, el número de pruebas financiadas por el Ejecutivo regional dispensadas en las farmacias fue de 4.833.620, frente a 6,8 millones de tarjetas sanitarias que en aquel momento tenía registrado el Gobierno madrileño. Es decir, que una vez superados los días grandes de las fiestas –Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes– un 30% de los ciudadanos no habían accedido a los test prometidos, según los datos facilitados por el Gobierno regional a Más Madrid a través de una petición de información.
Para Javier Padilla, autor de la petición de información, el plan diseñado por la Comunidad de Madrid para las fiestas ya tenía de inicio un "efecto limitado". "El valor de estos test está en la repetición. Si te haces uno, obtienes una fotografía fija. Y en aquella ola era muy normal que el positivo no saliera hasta horas después del inicio de los síntomas", explica el también médico de familia. A pesar de ello, el Ejecutivo regional apostó decididamente por esta fórmula. "Y ni así se terminó cubriendo a toda la población. La mayor parte de las pruebas se entregaron cuando pasaron las fechas importantes de las fiestas de Navidad", apunta el parlamentario en conversación con infoLibre
Por eso, se pregunta si el objetivo real del Ejecutivo regional con esta medida era proteger realmente la salud pública o "publicitar" un tipo de pruebas que comenzaron a venderse entonces como churros. De ahí que Más Madrid solicitase del mismo modo información sobre la distribución de todos los test de Ayuso por "zona básica de salud" o "unidad geográfica asimilable". "Queríamos saber si también aquí se había fomentado la existencia de desigualdades, si se habían suministrado más pruebas en unas zonas que en otras. Porque la capacidad que tienen para pagar un test en Alcobendas, por poner un ejemplo, no es la misma que en Vallecas", señala. Pero el Gobierno se ha negado a aportar esos datos.
El plan estrella del Ejecutivo regional se puso en marcha con una compra masiva de pruebas. Según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, antes de la Nochebuena el Gobierno había adjudicado al menos ocho licitaciones para la compra de más de siete millones de test. Sin embargo, tardaron en comenzar a ser distribuidos por las farmacias. La idea inicial es que estuvieran disponibles para los ciudadanos el 15 de diciembre. Pero no fue así. Los primeros repartos se retrasaron una semana respecto a la fecha prevista. ¿El motivo? Los "problemas de suministro" que habían tenido "por parte de los proveedores".
Y para cuando llegaron, la demanda superó con creces a la oferta. Conseguir uno de esos test gratuitos se convirtió en una auténtica odisea. Las colas en las farmacias fueron permanentes. Esperas que, en muchos casos, no servían para absolutamente nada. Las pocas unidades que de media se iban distribuyendo volaban. Y algunas boticas trataban de ahorrar tiempo a los clientes colgando carteles a sus puertas: "No hay test de la Comunidad de Madrid". A los ciudadanos no les quedaba otra que plantarse en la puerta del establecimiento a primerísima hora de la mañana si no querían terminar condenados a deambular de establecimiento en establecimiento a la espera de que la suerte les sonriese.
"En una semana hemos pasado de una demanda de menos de 20.000 test al día a superar las 250.000: doce veces más", explicaban entonces desde Cinfa, el laboratorio farmacéutico que se encargaba de distribuir una de las pruebas que regalaba el Gobierno regional. El reparto fue, por tanto, extremadamente lento. Hasta el 27 de diciembre, una vez superada Nochebuena y Navidad, solo se habían distribuido entre la población 1,2 millones de pruebas, una cantidad que únicamente cubría al 17,6% de los ciudadanos madrileños. Y para el día de Reyes, según los datos del Colegio de Farmacéuticos, el reparto solo había llegado al 36,8% –unos 2,5 millones de test–. El acelerón, por tanto, no se produjo hasta después de las fechas importantes. Justo las que se pretendían cubrir con esta estrategia de autodiagnóstico.
Ante los problemas de acceso a las pruebas, muchos ciudadanos las pagaron de su bolsillo, con un precio que oscilaba entre los seis y los ocho euros. Las ventas de estos productos se dispararon. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Tanto en la semana de Nochebuena como en la de Año Nuevo, la región lideró el ranking autonómico con más de tres millones de test vendidos.
https://www.infolibre.es/politica/desin ... 1.amp.html
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Hasta el 10 de enero se dispensaron en las farmacias 4,83 millones de las pruebas financiadas por el Ejecutivo regional, frente a los 6,8 millones de tarjetas sanitarias que podían hacerse con uno de los test gratuitos
"La mayor parte de las pruebas se entregaron cuando pasaron las fechas importantes de las fiestas de Navidad", señala Javier Padilla, diputado de Más Madrid
Primero de diciembre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a primera hora de la mañana al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. El centro cumple un año desde su apertura. Y, como joya de la corona de la política sanitaria regional, la presidenta lo convierte en el escenario desde el que anuncia su plan sanitario de cara a la Navidad. Con una variante ómicron disparada, la líder del Ejecutivo promete una prueba de antígenos gratuita para cada ciudadano. Pero pasan los días. Las semanas. Y entre inmensas colas a la puerta de las farmacias, la promesa de Ayuso va diluyéndose como un azucarillo. Tanto, que las fiestas se cierran con tres de cada diez ciudadanos de la comunidad autónoma sin el prometido test en sus manos, según los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. Más de 1,9 millones de personas.
"Lejos de volver a los cierres masivos de manera alarmante, lo que vamos a hacer es no generar confusión y actuar", se arranca Ayuso en la rueda de prensa. Entonces, la situación estaba, más o menos, bajo control. La región registraba aquel día una incidencia acumulada de 149 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas. La quinta más baja del país. Sin embargo, una nueva variante amenazaba con propiciar otra potente ola. Pocas horas antes de la comparecencia, el servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón confirmaba la presencia de ómicron en la región. Y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, y con ellas el más que previsible aumento de los contactos sociales, todas las comunidades se preparaban para un más que previsible auge de los contagios.
Madrid, a diferencia de otras regiones, descartó las restricciones. Y lo apostó todo a una suerte de política sanitaria de autodiagnóstico. "El Gobierno va a repartir un test de antígeno para cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura", se encarga de anunciar Díaz Ayuso desde el Zendal. Pero la realidad, sin embargo, terminó siendo otra. El 10 de enero, el número de pruebas financiadas por el Ejecutivo regional dispensadas en las farmacias fue de 4.833.620, frente a 6,8 millones de tarjetas sanitarias que en aquel momento tenía registrado el Gobierno madrileño. Es decir, que una vez superados los días grandes de las fiestas –Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes– un 30% de los ciudadanos no habían accedido a los test prometidos, según los datos facilitados por el Gobierno regional a Más Madrid a través de una petición de información.
Para Javier Padilla, autor de la petición de información, el plan diseñado por la Comunidad de Madrid para las fiestas ya tenía de inicio un "efecto limitado". "El valor de estos test está en la repetición. Si te haces uno, obtienes una fotografía fija. Y en aquella ola era muy normal que el positivo no saliera hasta horas después del inicio de los síntomas", explica el también médico de familia. A pesar de ello, el Ejecutivo regional apostó decididamente por esta fórmula. "Y ni así se terminó cubriendo a toda la población. La mayor parte de las pruebas se entregaron cuando pasaron las fechas importantes de las fiestas de Navidad", apunta el parlamentario en conversación con infoLibre
Por eso, se pregunta si el objetivo real del Ejecutivo regional con esta medida era proteger realmente la salud pública o "publicitar" un tipo de pruebas que comenzaron a venderse entonces como churros. De ahí que Más Madrid solicitase del mismo modo información sobre la distribución de todos los test de Ayuso por "zona básica de salud" o "unidad geográfica asimilable". "Queríamos saber si también aquí se había fomentado la existencia de desigualdades, si se habían suministrado más pruebas en unas zonas que en otras. Porque la capacidad que tienen para pagar un test en Alcobendas, por poner un ejemplo, no es la misma que en Vallecas", señala. Pero el Gobierno se ha negado a aportar esos datos.
El plan estrella del Ejecutivo regional se puso en marcha con una compra masiva de pruebas. Según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, antes de la Nochebuena el Gobierno había adjudicado al menos ocho licitaciones para la compra de más de siete millones de test. Sin embargo, tardaron en comenzar a ser distribuidos por las farmacias. La idea inicial es que estuvieran disponibles para los ciudadanos el 15 de diciembre. Pero no fue así. Los primeros repartos se retrasaron una semana respecto a la fecha prevista. ¿El motivo? Los "problemas de suministro" que habían tenido "por parte de los proveedores".
Y para cuando llegaron, la demanda superó con creces a la oferta. Conseguir uno de esos test gratuitos se convirtió en una auténtica odisea. Las colas en las farmacias fueron permanentes. Esperas que, en muchos casos, no servían para absolutamente nada. Las pocas unidades que de media se iban distribuyendo volaban. Y algunas boticas trataban de ahorrar tiempo a los clientes colgando carteles a sus puertas: "No hay test de la Comunidad de Madrid". A los ciudadanos no les quedaba otra que plantarse en la puerta del establecimiento a primerísima hora de la mañana si no querían terminar condenados a deambular de establecimiento en establecimiento a la espera de que la suerte les sonriese.
"En una semana hemos pasado de una demanda de menos de 20.000 test al día a superar las 250.000: doce veces más", explicaban entonces desde Cinfa, el laboratorio farmacéutico que se encargaba de distribuir una de las pruebas que regalaba el Gobierno regional. El reparto fue, por tanto, extremadamente lento. Hasta el 27 de diciembre, una vez superada Nochebuena y Navidad, solo se habían distribuido entre la población 1,2 millones de pruebas, una cantidad que únicamente cubría al 17,6% de los ciudadanos madrileños. Y para el día de Reyes, según los datos del Colegio de Farmacéuticos, el reparto solo había llegado al 36,8% –unos 2,5 millones de test–. El acelerón, por tanto, no se produjo hasta después de las fechas importantes. Justo las que se pretendían cubrir con esta estrategia de autodiagnóstico.
Ante los problemas de acceso a las pruebas, muchos ciudadanos las pagaron de su bolsillo, con un precio que oscilaba entre los seis y los ocho euros. Las ventas de estos productos se dispararon. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Tanto en la semana de Nochebuena como en la de Año Nuevo, la región lideró el ranking autonómico con más de tres millones de test vendidos.
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Ayuso, amigos y familia S.A, nuevo fascículo;
Tres líneas de oferta para un contrato de 1,5 millones para mascarillas: así se cerró el acuerdo del hermano de Ayuso con Madrid
EL PAÍS revela la carta clave que permitió hacer negocio con la pandemia al hermano de la presidenta regional madrileña
La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás Díaz Ayuso, que no tenía experiencia conocida en comercio sanitario ni en la contratación con el Gobierno autonómico. Esa falta de explicaciones habría impedido la adjudicación del contrato, salvo que se hubiera producido una comunicación previa con un representante de la Comunidad de Madrid para detallar las características de la oferta. Ese contacto, si existió, permitiría determinar si hubo tráfico de influencias, como está investigando la Fiscalía Anticorrupción.
La clave de la investigación reside en conocer si Tomás Díaz Ayuso intervino en el origen del contrato público, según juristas consultados. “Todos los indicios apuntan a que Priviet Sportive actuó como su testaferro, pero no existe una prueba concluyente”, dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción. Esa fue la misma acusación que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, antes de su caída en desgracia.
Este periódico ha obtenido la oferta de venta gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, presentada con el fin de conocer el expediente completo con sus memorias e informes vinculados a la compra, así como el origen de las mascarillas. La respuesta de la Comunidad incluye documentos que no habían sido hecho públicos en el expediente del contrato con Priviet Sportive que el Gobierno madrileño envió a la prensa el mes pasado, en medio de la guerra de acusaciones en el PP por el contrato. En total el expediente al que ha tenido acceso este periódico consta de 72 páginas, mientras que el difundido por la Comunidad tiene solo 27 páginas.
Muy señores nuestros. Por medio de la presente, nos complace hacerles la siguiente oferta”, dice el escrito de Priviet Sportive, que pasa a describir el producto, precio, plazo, forma de pago y datos de facturación. La oferta incluye anexos una foto de las mascarillas, instrucciones de uso y pruebas de que las mascarillas objeto de la propuesta habían sido homologadas por un laboratorio chino de la empresa de certificaciones estadounidense, ACT Lab. Priviet Sportive también adjuntó pruebas de que las mascarillas habían sido certificadas por un ente privado de Italia y por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas inglesas).
Priviet Sportive ofertó 250.000 mascarillas FFP2, aunque luego la resolución de adjudicación del 1 de abril de la Comunidad de Madrid especificara que la compra se hacía por los modelos FFP2 y FFP3. En realidad, Priviet adquirió mascarillas del modelo KN95, un estándar chino ajeno a la clasificación europea que fue aceptado en marzo de 2020 por el Ministerio de Sanidad como equivalente al FFP2. Las mascarillas compradas por Priviet Sportive fueron adquiridas a una empresa de la provincia de Zhejiang, en el este, Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd. Esta empresa no ha respondido a los intentos de comunicación por parte de este periódico.
Sin destinatario
La carta de oferta de Priviet Sportive carece de la firma por parte de algún representante de la compañía. Tampoco aparece en ese escrito el destinatario dentro de la Comunidad de Madrid. La persona que se encargaba de gestionar las propuestas de compra era Manuel de la Puente, un alto cargo de la Comunidad de Madrid conocido por Tomás Díaz Ayuso porque años habían hecho negocios. La mano derecha de De la Puente era una excomercial de la empresa de la familia Díaz Ayuso, Teresa Requejo. Los dos han negado a este periódico haber hablado con Tomás Díaz Ayuso como acuerdo previo a la aceptación del contrato de Priviet Sportive. Esa intervención sería delictiva, según los expertos.
Sí se sabe que Tomás Díaz Ayuso participó en las gestiones para comprar las mascarillas y trasladarlas al aeropuerto de Barajas, una tarea que necesariamente debió de hacer desde España debido a las restricciones de entrada en China. A cambio de esa labor, recibió al menos 55.850 euros más IVA, según la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En todo 2020, Priviet Sportive le pagó 283.000 euros, pero la líder conservadora no ha aclarado bajo qué conceptos se produjeron los otros cobros. Tomás Díaz Ayuso sigue guardando silencio. Daniel Alcázar, su amigo y administrador de Priviet Sportive, tampoco ha hecho declaraciones.
Tomás Díaz Ayuso ha trabajado durante más de 20 años como comercial de empresas sanitarias que han suministrado productos a la sanidad pública madrileña. A Alcázar lo conoce desde la infancia ya que las familias de ambos son originarias de Sotillo de la Adrada, un pequeño pueblo de Ávila. Según un amigo de Tomás, este aseguraba al principio de la pandemia que debía ser “muy pulcro” y no podía involucrarse en las compras de la Comunidad de Madrid, debido a la relación familiar con la presidenta. A ojos de terceros, Tomás ya no se dedicaba al mundo sanitario. Su currículum de LinkedIn reflejaba que era director en una empresa de luces Led de Seseña, Toledo, llamada Artesolar. Pero esta empresa se ha desligado de él y ha dicho que solo trabajaba para ellos de forma puntual, tras lo cual el hermano de la presidenta borró su perfil en esa red social.
El contrato objeto de investigación fue adjudicado a dedo en virtud del procedimiento de emergencia, un recurso permitido por la ley debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Este procedimiento derriba todas las garantías habituales contra las corruptelas para favorecer una respuesta rápida de la administración.
Tres días después de la oferta de Priviet Sportive, el 1 de abril, De la Puente firmó una memoria justificando la necesidad de la compra, así como la conformidad con la propuesta. Esos dos documentos aparecen a continuación en el expediente del contrato. El siguiente escrito es la resolución de adjudicación, que tiene la firma de la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, el mismo 1 de abril. A continuación aparecen otros documentos con fecha de abril y mayo: la retención de crédito, la llegada de la mercancía (el 17 y 20 de abril), la fiscalización contable y el informe ante el Consejo de Gobierno. En todo el expediente, la empresa beneficiaria es Priviet Sportive y no hay ni rastro del nombre de Tomás Díaz Ayuso.
Desgaste de Ayuso
La Fiscalía Anticorrupción, que abrió la investigación tras las denuncias de la oposición a la presidenta Ayuso, ha descartado enviar el caso al Supremo, donde ella está aforada, ya que no encuentra indicios en su contra. La presidenta, muy cercana a su hermano, ha dicho que solo se enteró de la participación de este en la compra de mascarillas en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la llamó a la sede de Génova para pedirle explicaciones por el lucro que el hermano había obtenido a partir de un contrato público.
La participación del hermano solo se conoció a mitad de febrero cuando estalló una feroz batalla pública entre Casado y Ayuso. Casado acabó perdiendo esa disputa. Cuestionado por haber acusado a la presidenta madrileña sin una prueba contundente, acabó anunciando su salida tras perder el apoyo de su partido.
Pero la presidenta Ayuso también ha sufrido un desgaste político. Según una encuesta de esta semana de Simple Lógica para eldiario.es, uno de cada tres votantes que la apoyaron en la elección autonómica del año pasado, cree que la presidenta madrileña ha dado unas explicaciones poco creíbles. La mandataria pasó al contraataque al anunciar que iba a llevar a la Fiscalía 12 contratos del Gobierno central. Son acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Nadia Calviño. “Vamos a empezar a investigar a todos”, dijo la presidenta en la Asamblea madrileña, cuando hizo su anuncio.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... ayuso.html
Al respecto de lo cual:
Ayuso se basa en artículos de prensa para poner bajo sospecha 12 contratos del Gobierno similares al que benefició a su hermano
La presidenta de Madrid denuncia ante la Fiscalía acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Calviño
“Vamos a empezar a investigar a todos”. Esas siete palabras sirvieron este jueves a Isabel Díaz Ayuso para anunciar el registro de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por 12 contratos del Gobierno central (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (896.000 euros) presuntamente relacionados con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; del exministro de Sanidad, Salvador Illa, o del extitular de Transportes, José Luis Ábalos. Tras pasar el último mes asediada por la polémica que rodea al contrato de la empresa Priviet con la Comunidad, que reportó más de 55.000 euros a su hermano, la presidenta de Madrid contraatacó poniendo en la diana acuerdos de similares características.
Así, Priviet, la empresa que cobró 1,5 millones de la Comunidad por importar 250.000 mascarillas de China, y que pagó a Tomás Díaz Ayuso más de 55.000 euros por ello, no está especializada en material sanitario: se dedica a la confección, fabricación y venta de artículos para el vestido y tocado de caballero y señora. El acuerdo, firmado en la primavera de 2020, se concedió a dedo, y sin competencia entre empresas, aplicando el procedimiento de emergencia. Existía, además, un vinculo previo y personal entre la compañía y la Administración: Daniel Alcázar, el dueño de Priviet, es amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, y pagó una compensación al hermano de la presidenta por su participación en el negocio millonario.
Pese a las coincidencias con el caso de los Ayuso, el señalamiento de todas esas circunstancias homologables sustenta la mayor parte de la denuncia del grupo parlamentario del PP sobre los contratos firmados por el Gobierno central durante la pandemia, y que se basa íntegramente en artículos de prensa.
“La situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo”, se argumenta en el documento. “El Tribunal de Cuentas establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, así como la adecuación de su objeto social”, se añade. “Tras la publicación de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicación, hay una serie de contratos, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos de solvencia del contratista, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración”.
Además, el PP intenta poner el foco en avales, ayudas y subvenciones concedidas por el Estado. En este apartado se señala el caso de la empresa Playbol, “propiedad de los padres del presidente del Gobierno”, que entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 recibió 14 avales o reafianzamientos, por valor de 896.000 euros, por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Aunque la compañía fue vendida a un tercero en 2018, la denuncia, que se basa en un artículo de Okdiario, recalca que los empleados siguen siendo los mismos, y las naves en las que trabajan siguen siendo de la empresa previa, por lo que la actual le paga un alquiler. Por todo ello, el PP ve un posible caso de conflicto de interés en la concesión de las ayudas.
La Fiscalía, previsiblemente, abrirá diligencias de investigación, igual que ha hecho con las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos sobre los contratos entre la Comunidad y empresas vinculadas a la familia de Díaz Ayuso. Estos son los contratos estatales denunciados por el PP.
1. FCS Select Products. Cuatro contratos por 263.126.600. La compañía, señala el PP en su denuncia, está especializada en fabricar artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas, y su volumen de negocio en 2018 fue de menos de un millón de euros. “Es decir, recibió adjudicaciones [para importar mascarillas y guantes] por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros)”, destaca el texto. “La administradora fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada”, alerta. Y subraya: “[Hay] una relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, el Sr. Illa, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa, y de la que fue alcalde”.
2. Soluciones de gestión. Tres contratos por 40.179.355 euros. La actividad social de la empresa (actividades internacionales relacionadas con el agua, la energía o las infraestructuras agrícolas) y su ámbito preferente de trabajo (África) no convertían a esta compañía en un referente del suministro de mascarillas, según la denuncia del PP. Su cifra de negocios, recoge el documento, fue “de cero euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas” por la covid. Y acusa: “¿Cómo logró, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad y lograr tan importante contrato? (...) La explicación puede guardar relación por ser “de confianza del Sr. Ábalos”, entonces ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como ADIF [organismos que firmaron los contratos, junto a la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior]”.
3. Weihai Textile Group. Un contrato por 10.192.606 euros. La denuncia recalca que el precio pagado por cada bata desechable suministrada por este proveedor (18,50 dólares; unos 17 euros) era “entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado”. “Hay un sobrecoste incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones de euros (+625%) cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar”.
4. Members of the Tribe S.L.U. Dos contratos por 9.444.000 euros. Como en el resto de casos, se señala que la compañía no está especializada en la importación de material sanitario (su objeto social es la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios) y que la adjudicación “no tiene ninguna lógica económica”: supuso, denuncia el PP, comprar guantes de nitrilo a 0,10 euros, “un sobrecoste de entre el 25% y el 500%” frente a acuerdos homologables. Además, la formación conservadora señala que el incumplimiento del plazo de entrega llevó a resolver el primer contrato y a cancelar el segundo, pese a lo cual la Administración no habría recuperado el adelanto pagado de 1,6 millones.
5. Hyperin Grupo Empresarial. Un contrato por 3.310.000 euros. La adjudicataria tiene como especialidad la fabricación de yesos para la construcción y nunca proporcionó los respiradores acordados. El contrato se dio por extinguido, pero la Administración, según el PP, que cita un artículo de Okdiario, no ha recuperado el importe total del dinero adelantado para la compra: faltarían 1,8 millones.
“La situación resulta extravagante, incomprensible y enormemente perjudicial para los intereses públicos, tanto desde el punto de vista patrimonial como de la prestación de un adecuado funcionamiento del servicio sanitario”, critica la denuncia, que detalla: “El Gobierno ha tenido que iniciar 16 expedientes de reintegro por un valor de 100 millones de euros, de los que quedan pendientes de devolución prácticamente 10 millones”.
6. Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (BEEDIGITAL). Un contrato por 532.400 euros. “La empresa está vinculada con el marido de la vicepresidenta primera, y ministra de Economía, Nadia Calviño (...) Es director de marketing de la empresa, que con anterioridad nunca había obtenido un contrato público”, señala la denuncia, donde se critica que la adjudicación fue concedida mientras la compañía tenía una deuda de 421.000 euros con la Seguridad Social. El acuerdo, firmado para gestionar la imagen digital y la reputación en línea de la Seguridad Social, es de 2019, con lo que no está relacionado con la pandemia, y se cerró tras un concurso ordinario con publicidad.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... l#?rel=mas
Tres líneas de oferta para un contrato de 1,5 millones para mascarillas: así se cerró el acuerdo del hermano de Ayuso con Madrid
EL PAÍS revela la carta clave que permitió hacer negocio con la pandemia al hermano de la presidenta regional madrileña
La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás Díaz Ayuso, que no tenía experiencia conocida en comercio sanitario ni en la contratación con el Gobierno autonómico. Esa falta de explicaciones habría impedido la adjudicación del contrato, salvo que se hubiera producido una comunicación previa con un representante de la Comunidad de Madrid para detallar las características de la oferta. Ese contacto, si existió, permitiría determinar si hubo tráfico de influencias, como está investigando la Fiscalía Anticorrupción.
La clave de la investigación reside en conocer si Tomás Díaz Ayuso intervino en el origen del contrato público, según juristas consultados. “Todos los indicios apuntan a que Priviet Sportive actuó como su testaferro, pero no existe una prueba concluyente”, dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción. Esa fue la misma acusación que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, antes de su caída en desgracia.
Este periódico ha obtenido la oferta de venta gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, presentada con el fin de conocer el expediente completo con sus memorias e informes vinculados a la compra, así como el origen de las mascarillas. La respuesta de la Comunidad incluye documentos que no habían sido hecho públicos en el expediente del contrato con Priviet Sportive que el Gobierno madrileño envió a la prensa el mes pasado, en medio de la guerra de acusaciones en el PP por el contrato. En total el expediente al que ha tenido acceso este periódico consta de 72 páginas, mientras que el difundido por la Comunidad tiene solo 27 páginas.
Muy señores nuestros. Por medio de la presente, nos complace hacerles la siguiente oferta”, dice el escrito de Priviet Sportive, que pasa a describir el producto, precio, plazo, forma de pago y datos de facturación. La oferta incluye anexos una foto de las mascarillas, instrucciones de uso y pruebas de que las mascarillas objeto de la propuesta habían sido homologadas por un laboratorio chino de la empresa de certificaciones estadounidense, ACT Lab. Priviet Sportive también adjuntó pruebas de que las mascarillas habían sido certificadas por un ente privado de Italia y por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas inglesas).
Priviet Sportive ofertó 250.000 mascarillas FFP2, aunque luego la resolución de adjudicación del 1 de abril de la Comunidad de Madrid especificara que la compra se hacía por los modelos FFP2 y FFP3. En realidad, Priviet adquirió mascarillas del modelo KN95, un estándar chino ajeno a la clasificación europea que fue aceptado en marzo de 2020 por el Ministerio de Sanidad como equivalente al FFP2. Las mascarillas compradas por Priviet Sportive fueron adquiridas a una empresa de la provincia de Zhejiang, en el este, Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd. Esta empresa no ha respondido a los intentos de comunicación por parte de este periódico.
Sin destinatario
La carta de oferta de Priviet Sportive carece de la firma por parte de algún representante de la compañía. Tampoco aparece en ese escrito el destinatario dentro de la Comunidad de Madrid. La persona que se encargaba de gestionar las propuestas de compra era Manuel de la Puente, un alto cargo de la Comunidad de Madrid conocido por Tomás Díaz Ayuso porque años habían hecho negocios. La mano derecha de De la Puente era una excomercial de la empresa de la familia Díaz Ayuso, Teresa Requejo. Los dos han negado a este periódico haber hablado con Tomás Díaz Ayuso como acuerdo previo a la aceptación del contrato de Priviet Sportive. Esa intervención sería delictiva, según los expertos.
Sí se sabe que Tomás Díaz Ayuso participó en las gestiones para comprar las mascarillas y trasladarlas al aeropuerto de Barajas, una tarea que necesariamente debió de hacer desde España debido a las restricciones de entrada en China. A cambio de esa labor, recibió al menos 55.850 euros más IVA, según la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En todo 2020, Priviet Sportive le pagó 283.000 euros, pero la líder conservadora no ha aclarado bajo qué conceptos se produjeron los otros cobros. Tomás Díaz Ayuso sigue guardando silencio. Daniel Alcázar, su amigo y administrador de Priviet Sportive, tampoco ha hecho declaraciones.
Tomás Díaz Ayuso ha trabajado durante más de 20 años como comercial de empresas sanitarias que han suministrado productos a la sanidad pública madrileña. A Alcázar lo conoce desde la infancia ya que las familias de ambos son originarias de Sotillo de la Adrada, un pequeño pueblo de Ávila. Según un amigo de Tomás, este aseguraba al principio de la pandemia que debía ser “muy pulcro” y no podía involucrarse en las compras de la Comunidad de Madrid, debido a la relación familiar con la presidenta. A ojos de terceros, Tomás ya no se dedicaba al mundo sanitario. Su currículum de LinkedIn reflejaba que era director en una empresa de luces Led de Seseña, Toledo, llamada Artesolar. Pero esta empresa se ha desligado de él y ha dicho que solo trabajaba para ellos de forma puntual, tras lo cual el hermano de la presidenta borró su perfil en esa red social.
El contrato objeto de investigación fue adjudicado a dedo en virtud del procedimiento de emergencia, un recurso permitido por la ley debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Este procedimiento derriba todas las garantías habituales contra las corruptelas para favorecer una respuesta rápida de la administración.
Tres días después de la oferta de Priviet Sportive, el 1 de abril, De la Puente firmó una memoria justificando la necesidad de la compra, así como la conformidad con la propuesta. Esos dos documentos aparecen a continuación en el expediente del contrato. El siguiente escrito es la resolución de adjudicación, que tiene la firma de la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, el mismo 1 de abril. A continuación aparecen otros documentos con fecha de abril y mayo: la retención de crédito, la llegada de la mercancía (el 17 y 20 de abril), la fiscalización contable y el informe ante el Consejo de Gobierno. En todo el expediente, la empresa beneficiaria es Priviet Sportive y no hay ni rastro del nombre de Tomás Díaz Ayuso.
Desgaste de Ayuso
La Fiscalía Anticorrupción, que abrió la investigación tras las denuncias de la oposición a la presidenta Ayuso, ha descartado enviar el caso al Supremo, donde ella está aforada, ya que no encuentra indicios en su contra. La presidenta, muy cercana a su hermano, ha dicho que solo se enteró de la participación de este en la compra de mascarillas en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la llamó a la sede de Génova para pedirle explicaciones por el lucro que el hermano había obtenido a partir de un contrato público.
La participación del hermano solo se conoció a mitad de febrero cuando estalló una feroz batalla pública entre Casado y Ayuso. Casado acabó perdiendo esa disputa. Cuestionado por haber acusado a la presidenta madrileña sin una prueba contundente, acabó anunciando su salida tras perder el apoyo de su partido.
Pero la presidenta Ayuso también ha sufrido un desgaste político. Según una encuesta de esta semana de Simple Lógica para eldiario.es, uno de cada tres votantes que la apoyaron en la elección autonómica del año pasado, cree que la presidenta madrileña ha dado unas explicaciones poco creíbles. La mandataria pasó al contraataque al anunciar que iba a llevar a la Fiscalía 12 contratos del Gobierno central. Son acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Nadia Calviño. “Vamos a empezar a investigar a todos”, dijo la presidenta en la Asamblea madrileña, cuando hizo su anuncio.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... ayuso.html
Al respecto de lo cual:
Ayuso se basa en artículos de prensa para poner bajo sospecha 12 contratos del Gobierno similares al que benefició a su hermano
La presidenta de Madrid denuncia ante la Fiscalía acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Calviño
“Vamos a empezar a investigar a todos”. Esas siete palabras sirvieron este jueves a Isabel Díaz Ayuso para anunciar el registro de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por 12 contratos del Gobierno central (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (896.000 euros) presuntamente relacionados con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; del exministro de Sanidad, Salvador Illa, o del extitular de Transportes, José Luis Ábalos. Tras pasar el último mes asediada por la polémica que rodea al contrato de la empresa Priviet con la Comunidad, que reportó más de 55.000 euros a su hermano, la presidenta de Madrid contraatacó poniendo en la diana acuerdos de similares características.
Así, Priviet, la empresa que cobró 1,5 millones de la Comunidad por importar 250.000 mascarillas de China, y que pagó a Tomás Díaz Ayuso más de 55.000 euros por ello, no está especializada en material sanitario: se dedica a la confección, fabricación y venta de artículos para el vestido y tocado de caballero y señora. El acuerdo, firmado en la primavera de 2020, se concedió a dedo, y sin competencia entre empresas, aplicando el procedimiento de emergencia. Existía, además, un vinculo previo y personal entre la compañía y la Administración: Daniel Alcázar, el dueño de Priviet, es amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, y pagó una compensación al hermano de la presidenta por su participación en el negocio millonario.
Pese a las coincidencias con el caso de los Ayuso, el señalamiento de todas esas circunstancias homologables sustenta la mayor parte de la denuncia del grupo parlamentario del PP sobre los contratos firmados por el Gobierno central durante la pandemia, y que se basa íntegramente en artículos de prensa.
“La situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo”, se argumenta en el documento. “El Tribunal de Cuentas establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, así como la adecuación de su objeto social”, se añade. “Tras la publicación de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicación, hay una serie de contratos, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos de solvencia del contratista, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración”.
Además, el PP intenta poner el foco en avales, ayudas y subvenciones concedidas por el Estado. En este apartado se señala el caso de la empresa Playbol, “propiedad de los padres del presidente del Gobierno”, que entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 recibió 14 avales o reafianzamientos, por valor de 896.000 euros, por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Aunque la compañía fue vendida a un tercero en 2018, la denuncia, que se basa en un artículo de Okdiario, recalca que los empleados siguen siendo los mismos, y las naves en las que trabajan siguen siendo de la empresa previa, por lo que la actual le paga un alquiler. Por todo ello, el PP ve un posible caso de conflicto de interés en la concesión de las ayudas.
La Fiscalía, previsiblemente, abrirá diligencias de investigación, igual que ha hecho con las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos sobre los contratos entre la Comunidad y empresas vinculadas a la familia de Díaz Ayuso. Estos son los contratos estatales denunciados por el PP.
1. FCS Select Products. Cuatro contratos por 263.126.600. La compañía, señala el PP en su denuncia, está especializada en fabricar artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas, y su volumen de negocio en 2018 fue de menos de un millón de euros. “Es decir, recibió adjudicaciones [para importar mascarillas y guantes] por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros)”, destaca el texto. “La administradora fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada”, alerta. Y subraya: “[Hay] una relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, el Sr. Illa, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa, y de la que fue alcalde”.
2. Soluciones de gestión. Tres contratos por 40.179.355 euros. La actividad social de la empresa (actividades internacionales relacionadas con el agua, la energía o las infraestructuras agrícolas) y su ámbito preferente de trabajo (África) no convertían a esta compañía en un referente del suministro de mascarillas, según la denuncia del PP. Su cifra de negocios, recoge el documento, fue “de cero euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas” por la covid. Y acusa: “¿Cómo logró, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad y lograr tan importante contrato? (...) La explicación puede guardar relación por ser “de confianza del Sr. Ábalos”, entonces ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como ADIF [organismos que firmaron los contratos, junto a la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior]”.
3. Weihai Textile Group. Un contrato por 10.192.606 euros. La denuncia recalca que el precio pagado por cada bata desechable suministrada por este proveedor (18,50 dólares; unos 17 euros) era “entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado”. “Hay un sobrecoste incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones de euros (+625%) cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar”.
4. Members of the Tribe S.L.U. Dos contratos por 9.444.000 euros. Como en el resto de casos, se señala que la compañía no está especializada en la importación de material sanitario (su objeto social es la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios) y que la adjudicación “no tiene ninguna lógica económica”: supuso, denuncia el PP, comprar guantes de nitrilo a 0,10 euros, “un sobrecoste de entre el 25% y el 500%” frente a acuerdos homologables. Además, la formación conservadora señala que el incumplimiento del plazo de entrega llevó a resolver el primer contrato y a cancelar el segundo, pese a lo cual la Administración no habría recuperado el adelanto pagado de 1,6 millones.
5. Hyperin Grupo Empresarial. Un contrato por 3.310.000 euros. La adjudicataria tiene como especialidad la fabricación de yesos para la construcción y nunca proporcionó los respiradores acordados. El contrato se dio por extinguido, pero la Administración, según el PP, que cita un artículo de Okdiario, no ha recuperado el importe total del dinero adelantado para la compra: faltarían 1,8 millones.
“La situación resulta extravagante, incomprensible y enormemente perjudicial para los intereses públicos, tanto desde el punto de vista patrimonial como de la prestación de un adecuado funcionamiento del servicio sanitario”, critica la denuncia, que detalla: “El Gobierno ha tenido que iniciar 16 expedientes de reintegro por un valor de 100 millones de euros, de los que quedan pendientes de devolución prácticamente 10 millones”.
6. Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (BEEDIGITAL). Un contrato por 532.400 euros. “La empresa está vinculada con el marido de la vicepresidenta primera, y ministra de Economía, Nadia Calviño (...) Es director de marketing de la empresa, que con anterioridad nunca había obtenido un contrato público”, señala la denuncia, donde se critica que la adjudicación fue concedida mientras la compañía tenía una deuda de 421.000 euros con la Seguridad Social. El acuerdo, firmado para gestionar la imagen digital y la reputación en línea de la Seguridad Social, es de 2019, con lo que no está relacionado con la pandemia, y se cerró tras un concurso ordinario con publicidad.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... l#?rel=mas
Nueva muestra de sensibilidad:
Cáritas eleva la exclusión social en Madrid a niveles de 2008
El portavoz de la Comunidad de Madrid se mofa del informe y dice que él no ve pobres en la calle: “¿Por dónde estarán?”
Dos años después de que se decretara en España el primer estado de alarma, la covid ha dejado profundas heridas: un millón y medio de personas se encuentra en situación de exclusión social en la Comunidad de Madrid, un 24% más que antes de la pandemia. Un dato que no se había situado en estos niveles desde la crisis de 2008, niveles que no se habían alcanzado desde la crisis de 2008. “La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción de la covid”, explica Raúl Flores, coordinador del informe sobre Exclusión Social y Pobreza, que la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española, ha presentado este miércoles.
El informe, realizado tras una encuesta a 1.600 personas y 600 hogares en Madrid, analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. Si ninguno de estos factores se ve afectado, se está en “integración plena”. Si al menos cinco lo están, la exclusión social es severa, como pasa con el 53% del millón y medio de madrileños en situación de exclusión social. Para estas personas los problemas diarios hacen que sea imposible un proyecto vital estructurado, según este trabajo.
En los tres años que han pasado desde la publicación del último informe (2019), la crisis del coronavirus ha agravado una situación que ya era crítica. Los grandes damnificados de la covid han sido los más frágiles, y la desigualdad entre los más y menos pudientes se ha disparado. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas un 22%, las de los más ricos se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, precisa Flores.
Los datos de este informe llegaron a oídos del consejero de Educación y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, quien cuestionó sus conclusiones con cierta sorna, lo que causó polémica en las redes por lo que se entendió como una falta de sensibilidad. “Tienen que ser más objetivos”, dijo en rueda de prensa. “Si la población sale a la calle, y ve que la región de Madrid es rica, y que dicen que hay tres millones de pobres... ¿Por dónde estarán?”. A preguntas de este periódico, Cáritas omitió hacer comentarios sobre las palabras de Ossorio.
Brecha de género
Por lo común, las familias en exclusión social son de nacionalidad española y viven dentro del área urbana. Sin embargo, ser mujer o inmigrante incrementa la probabilidad de encontrarse en dificultad. El estudio evidencia cómo en los hogares sustentados por mujeres la incidencia es del 23%, frente al 21% en el caso de los hombres —un porcentaje que sube hasta el 33% en los hogares monoparentales, sobre todo allí dónde las mujeres tienen menos de 45 años—. En los hogares donde el familiar que aporta más ingresos es de nacionalidad extranjera, la prevalencia de la exclusión social triplica la de los hogares encabezados por personas de nacionalidad española.
Isamar Naranjo (31 años) es madre soltera de dos niños de 5 y 6 años. En Madrid esto significa tener dos veces mayor posibilidad de sufrir la exclusión social. Antes de la pandemia tenía un trabajo estable en un bar como camarera, con un sueldo y un horario que le permitía cuidar de sus hijos. Con el confinamiento llegó el ERTE, y Naranjo se quedó sin recursos. “Mi familia tampoco me podía ayudar, todo el mundo estaba en la misma situación”, recuerda. En estos meses pudo seguir adelante solamente gracias a la Cáritas de Getafe, que le proporcionó comida y la ayudó a obtener ayudas sociales una vez que perdió el trabajo.
Según el informe Foessa, en Madrid el impacto que ha tenido la pandemia sobre el mercado laboral ha sido menor que el registrado en toda España. Generalmente en los últimos meses el empleo ha regresado a las cifras precovid y la recuperación parece encarrilada. Sigue preocupando, sin embargo, la inestabilidad laboral grave, que afecta a 169.000 familias madrileñas (el doble que antes de la pandemia). Salir y entrar constantemente del mercado laboral, cambiar de empleo cada pocos meses y no trabajar más de tres o cuatro horas al día, no permite a muchos madrileños obtener un salario suficiente. Una vez más, son sobre todo los jóvenes y los inmigrantes los colectivos más afectados por la precariedad.
Sin un empleo estable, es imposible para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión acceder a una vivienda digna. Uno de cada cuatro madrileños ha tenido algún tipo de problemas en este ámbito, cómplice también el incremento en el precio de la vivienda en Madrid, muy por encima de la media nacional. Esto, sumado al aumento sin precedentes de las facturas de luz y gas, hace que el 16% de los hogares en la región queden por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda.
“Sobrevivo gracias a las ayudas. Es una pesadilla, porque nunca tienes la certeza de cuánto va a durar”, comenta Naranjo desconsolada. A día de hoy, vive con menos de siete euros al día. Sin embargo, no pierde la sonrisa, ni la esperanza de conseguir un día una vida mejor. “En mi futuro me veo viviendo en una casa digna. Con un trabajo estable y sin la necesidad de depender de nadie. Un poco a poco estoy segura de que este momento va a llegar”.
Deterioro de las relaciones sociales
El aumento de la desigualdad no ha afectado solo a los ingresos económicos. Al periodo de recesión hay que añadir las secuelas emotivas de la pandemia, que han influido sobre todo en la calidad de las relaciones familiares y vecinales. Los problemas vinculados con el eje social son los que más han crecido en términos relativos, en parte a causa de las situaciones de aislamiento debidas al confinamiento. Si en 2018 afectaban al 5% de la población, ahora afectan al 14%.
También han aumentado en un 300% las situaciones de conflicto social relacionadas con malos tratos, malas relaciones dentro del hogar y embarazos adolescentes. Un crecimiento que es aún más pronunciado entres las personas en exclusión social.
El virus, además, ha puesto en evidencia la importancia de la digitalización. En el contexto de confinamientos y ausencia de viajes y visitas, no tener acceso a internet ha supuesto un factor más de exclusión. Esta carencia afecta a 240.000 familias madrileñas, por no disponer de aparatos necesarios o de conexión, aunque son sobre todo los hogares conformados únicamente por personas mayores de 65 años o por falta de estudios donde la brecha es mayor. “En una sociedad como la actual, la brecha digital puede llegar a ser un motor de exclusión que puede limitar de forma importante las oportunidades laborales y formativas”, explica Flores. De hecho, para el 34,16% de esta familias, esto supone estar en situación de exclusión social.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... ?ssm=TW_CM
Como se comenta en las redes sociales no deja de ser una paradoja que se crea a la iglesia cuando resta importancia a la cuestión de los abusos sexuales en su seno pero se le reste credibilidad cuando informa sobre los índices de pobreza.
Al parecer el angelito del portavoz, el tal Enrique Osorio, reconoce no haberse leído el informe, al menos en detalle, se aprieta un salario de casi 108.000 € anuales.
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Cáritas eleva la exclusión social en Madrid a niveles de 2008
El portavoz de la Comunidad de Madrid se mofa del informe y dice que él no ve pobres en la calle: “¿Por dónde estarán?”
Dos años después de que se decretara en España el primer estado de alarma, la covid ha dejado profundas heridas: un millón y medio de personas se encuentra en situación de exclusión social en la Comunidad de Madrid, un 24% más que antes de la pandemia. Un dato que no se había situado en estos niveles desde la crisis de 2008, niveles que no se habían alcanzado desde la crisis de 2008. “La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción de la covid”, explica Raúl Flores, coordinador del informe sobre Exclusión Social y Pobreza, que la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española, ha presentado este miércoles.
El informe, realizado tras una encuesta a 1.600 personas y 600 hogares en Madrid, analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. Si ninguno de estos factores se ve afectado, se está en “integración plena”. Si al menos cinco lo están, la exclusión social es severa, como pasa con el 53% del millón y medio de madrileños en situación de exclusión social. Para estas personas los problemas diarios hacen que sea imposible un proyecto vital estructurado, según este trabajo.
En los tres años que han pasado desde la publicación del último informe (2019), la crisis del coronavirus ha agravado una situación que ya era crítica. Los grandes damnificados de la covid han sido los más frágiles, y la desigualdad entre los más y menos pudientes se ha disparado. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas un 22%, las de los más ricos se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, precisa Flores.
Los datos de este informe llegaron a oídos del consejero de Educación y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, quien cuestionó sus conclusiones con cierta sorna, lo que causó polémica en las redes por lo que se entendió como una falta de sensibilidad. “Tienen que ser más objetivos”, dijo en rueda de prensa. “Si la población sale a la calle, y ve que la región de Madrid es rica, y que dicen que hay tres millones de pobres... ¿Por dónde estarán?”. A preguntas de este periódico, Cáritas omitió hacer comentarios sobre las palabras de Ossorio.
Brecha de género
Por lo común, las familias en exclusión social son de nacionalidad española y viven dentro del área urbana. Sin embargo, ser mujer o inmigrante incrementa la probabilidad de encontrarse en dificultad. El estudio evidencia cómo en los hogares sustentados por mujeres la incidencia es del 23%, frente al 21% en el caso de los hombres —un porcentaje que sube hasta el 33% en los hogares monoparentales, sobre todo allí dónde las mujeres tienen menos de 45 años—. En los hogares donde el familiar que aporta más ingresos es de nacionalidad extranjera, la prevalencia de la exclusión social triplica la de los hogares encabezados por personas de nacionalidad española.
Isamar Naranjo (31 años) es madre soltera de dos niños de 5 y 6 años. En Madrid esto significa tener dos veces mayor posibilidad de sufrir la exclusión social. Antes de la pandemia tenía un trabajo estable en un bar como camarera, con un sueldo y un horario que le permitía cuidar de sus hijos. Con el confinamiento llegó el ERTE, y Naranjo se quedó sin recursos. “Mi familia tampoco me podía ayudar, todo el mundo estaba en la misma situación”, recuerda. En estos meses pudo seguir adelante solamente gracias a la Cáritas de Getafe, que le proporcionó comida y la ayudó a obtener ayudas sociales una vez que perdió el trabajo.
Según el informe Foessa, en Madrid el impacto que ha tenido la pandemia sobre el mercado laboral ha sido menor que el registrado en toda España. Generalmente en los últimos meses el empleo ha regresado a las cifras precovid y la recuperación parece encarrilada. Sigue preocupando, sin embargo, la inestabilidad laboral grave, que afecta a 169.000 familias madrileñas (el doble que antes de la pandemia). Salir y entrar constantemente del mercado laboral, cambiar de empleo cada pocos meses y no trabajar más de tres o cuatro horas al día, no permite a muchos madrileños obtener un salario suficiente. Una vez más, son sobre todo los jóvenes y los inmigrantes los colectivos más afectados por la precariedad.
Sin un empleo estable, es imposible para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión acceder a una vivienda digna. Uno de cada cuatro madrileños ha tenido algún tipo de problemas en este ámbito, cómplice también el incremento en el precio de la vivienda en Madrid, muy por encima de la media nacional. Esto, sumado al aumento sin precedentes de las facturas de luz y gas, hace que el 16% de los hogares en la región queden por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda.
“Sobrevivo gracias a las ayudas. Es una pesadilla, porque nunca tienes la certeza de cuánto va a durar”, comenta Naranjo desconsolada. A día de hoy, vive con menos de siete euros al día. Sin embargo, no pierde la sonrisa, ni la esperanza de conseguir un día una vida mejor. “En mi futuro me veo viviendo en una casa digna. Con un trabajo estable y sin la necesidad de depender de nadie. Un poco a poco estoy segura de que este momento va a llegar”.
Deterioro de las relaciones sociales
El aumento de la desigualdad no ha afectado solo a los ingresos económicos. Al periodo de recesión hay que añadir las secuelas emotivas de la pandemia, que han influido sobre todo en la calidad de las relaciones familiares y vecinales. Los problemas vinculados con el eje social son los que más han crecido en términos relativos, en parte a causa de las situaciones de aislamiento debidas al confinamiento. Si en 2018 afectaban al 5% de la población, ahora afectan al 14%.
También han aumentado en un 300% las situaciones de conflicto social relacionadas con malos tratos, malas relaciones dentro del hogar y embarazos adolescentes. Un crecimiento que es aún más pronunciado entres las personas en exclusión social.
El virus, además, ha puesto en evidencia la importancia de la digitalización. En el contexto de confinamientos y ausencia de viajes y visitas, no tener acceso a internet ha supuesto un factor más de exclusión. Esta carencia afecta a 240.000 familias madrileñas, por no disponer de aparatos necesarios o de conexión, aunque son sobre todo los hogares conformados únicamente por personas mayores de 65 años o por falta de estudios donde la brecha es mayor. “En una sociedad como la actual, la brecha digital puede llegar a ser un motor de exclusión que puede limitar de forma importante las oportunidades laborales y formativas”, explica Flores. De hecho, para el 34,16% de esta familias, esto supone estar en situación de exclusión social.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... ?ssm=TW_CM
Como se comenta en las redes sociales no deja de ser una paradoja que se crea a la iglesia cuando resta importancia a la cuestión de los abusos sexuales en su seno pero se le reste credibilidad cuando informa sobre los índices de pobreza.
Al parecer el angelito del portavoz, el tal Enrique Osorio, reconoce no haberse leído el informe, al menos en detalle, se aprieta un salario de casi 108.000 € anuales.
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Ayuso se niega ahora a declarar en la comisión que investigará el supuesto espionaje que ella denunció
“Para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, ha asegurado el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, pese a que la presidenta regional siempre ha dado veracidad a que fue espiada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a prestar declaración a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje que habría sufrido por parte del PP a través de personas que trabajaban para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Así lo ha confirmado este miércoles el consejero y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa en la que ha defendido que “no tiene sentido” que Ayuso comparezca porque al ser la “espiada” la información de la que dispone es solo “de segunda mano”.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid acordaba este lunes los nombres de los seis primeros dirigentes políticos y cargos públicos que serán citados a declarar el próximo lunes, 28 de marzo. Para ese día estaban citados a la propia Díaz Ayuso; el aún presidente del PP, Pablo Casado; el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños; los exministros de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá, y al Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano. Ossorio ha descartado este miércoles que Ayuso vaya a acudir a la cita.
La presidenta madrileña ha dado hasta ahora toda la veracidad a las informaciones que aseguran que fue víctima de un espionaje, sin embargo, declina ahora acudir a la comisión de investigación por tener conocimiento directo de la información, según su consejero. Además, cabe recordar que la dirigente regional pidió el cese de todas aquellas personas del PP que hubieran participado en esta operación, de la que ahora se intenta desvincular argumentando falta de información. Este martes, en una entrevista en Telecinco volvió a insistir en que fue espiada.
“No tiene sentido que en una comisión de investigación se llame a personas que no tienen nada que aportar en relación a esa comisión de investigación porque la sensación que das es que estás llamándoles ahí para que te hagan un paseíllo y para digamos, de alguna manera, atacarles”, ha defendido Ossorio. “La presidenta era la persona a la que se quería espiar, por tanto, una comisión de investigación sobre qué actuaciones hubo en un determinado ayuntamiento para espiar a una persona, el que vaya la persona espiada sinceramente yo creo que no tiene ningún interés”, ha insistido.
El portavoz del Gobierno ha asegurado que la información que Ayuso pueda tener de ese asunto “en ningún caso es de primera mano”. “Será de segunda mano, entonces para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, ha indicado. “Por tanto, la posición es que la presidenta no acudirá a esa comisión que como saben no es obligatoria”.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido este miércoles en que la presidenta de la Comunidad “desde luego que tiene que comparecer” en la comisión de investigación y si no el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “habrá faltado a su palabra”. El regidor defendió este martes que Ayuso no debería acudir a la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje con fondos públicos a su persona pues “no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser la afectada”.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-ni ... 8.amp.html
Cabe suponer que una vez conseguidos los objetivos lo que no interesa es remover más la mierda.
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“Para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, ha asegurado el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, pese a que la presidenta regional siempre ha dado veracidad a que fue espiada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a prestar declaración a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje que habría sufrido por parte del PP a través de personas que trabajaban para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Así lo ha confirmado este miércoles el consejero y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa en la que ha defendido que “no tiene sentido” que Ayuso comparezca porque al ser la “espiada” la información de la que dispone es solo “de segunda mano”.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid acordaba este lunes los nombres de los seis primeros dirigentes políticos y cargos públicos que serán citados a declarar el próximo lunes, 28 de marzo. Para ese día estaban citados a la propia Díaz Ayuso; el aún presidente del PP, Pablo Casado; el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños; los exministros de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá, y al Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano. Ossorio ha descartado este miércoles que Ayuso vaya a acudir a la cita.
La presidenta madrileña ha dado hasta ahora toda la veracidad a las informaciones que aseguran que fue víctima de un espionaje, sin embargo, declina ahora acudir a la comisión de investigación por tener conocimiento directo de la información, según su consejero. Además, cabe recordar que la dirigente regional pidió el cese de todas aquellas personas del PP que hubieran participado en esta operación, de la que ahora se intenta desvincular argumentando falta de información. Este martes, en una entrevista en Telecinco volvió a insistir en que fue espiada.
“No tiene sentido que en una comisión de investigación se llame a personas que no tienen nada que aportar en relación a esa comisión de investigación porque la sensación que das es que estás llamándoles ahí para que te hagan un paseíllo y para digamos, de alguna manera, atacarles”, ha defendido Ossorio. “La presidenta era la persona a la que se quería espiar, por tanto, una comisión de investigación sobre qué actuaciones hubo en un determinado ayuntamiento para espiar a una persona, el que vaya la persona espiada sinceramente yo creo que no tiene ningún interés”, ha insistido.
El portavoz del Gobierno ha asegurado que la información que Ayuso pueda tener de ese asunto “en ningún caso es de primera mano”. “Será de segunda mano, entonces para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, ha indicado. “Por tanto, la posición es que la presidenta no acudirá a esa comisión que como saben no es obligatoria”.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido este miércoles en que la presidenta de la Comunidad “desde luego que tiene que comparecer” en la comisión de investigación y si no el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “habrá faltado a su palabra”. El regidor defendió este martes que Ayuso no debería acudir a la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje con fondos públicos a su persona pues “no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser la afectada”.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-ni ... 8.amp.html
Cabe suponer que una vez conseguidos los objetivos lo que no interesa es remover más la mierda.
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Los cinco datos (y cuatro informes) que desmienten la versión y las burlas del Gobierno de Ayuso sobre la pobreza: “Solo hay que salir a la calle”
Estos son los últimos informes de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos y del Instituto Nacional de Estadística, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus
Cáritas publicó este miércoles su último informe sobre la situación de pobreza que atraviesa la Comunidad de Madrid: los madrileños en situación de exclusión social están ya en los mismos niveles que en 2008, al inicio de la última gran crisis social y económica. Cáritas, que depende de la Iglesia católica, explicaba que este número se había disparado hasta el 22% en la región, cinco puntos más que hace cuatro años. Más datos. Una de cada seis familias madrileñas, alertaba también el documento, están prácticamente ahogadas tras pagar los gastos de la casa: la hipoteca, el alquiler, las facturas de la luz, el gas...
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por estos datos en una rueda de prensa este miércoles, los puso en duda, con sorna: “Esto es un error”, dijo el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio. “Insisto, que me encantan que existan estos informes, pero que sean más objetivos […] Si uno sale a la calle y le dicen que hay tres millones de pobres… pues, ¿por dónde estarán?”. Ossorio dijo estas palabras a los periodistas mientras miraba hacia el suelo, desde su atril, a izquierda y a derecha, simulando una búsqueda de pobres por los rincones de la sala donde intervenía. El informe de Cáritas, sin embargo, no habla de tres millones de madrileños, como afirmaba el propio consejero, sino de 1,5 millones. Justo 24 horas después, nadie del Ejecutivo del PP ha pedido disculpas por estas palabras, que han sido respaldadas por Ayuso. “Es la gestión de la izquierda la que provoca pobreza”, ha dicho la presidenta este jueves durante el pleno de la Asamblea regional: “Empeñarse en dibujar a Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”. El Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, también del PP, sí se cree este informe de Cáritas. “Para nosotros tiene todas las garantías”, ha dicho la portavoz, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa.
Estos son los datos del último informe de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, del Instituto Nacional de Estadística y de la Unión Europea, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus:
Los datos de la encuesta de Cáritas: 813.000 madrileños en exclusión severa
Este informe es el resultado de una encuesta realizada a 1.600 madrileños y a 600 hogares en Madrid. Analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. El documento muestra una fotografía actual de la desigualdad. 2021 cierra con 813.000 madrileños en exclusión severa, frente a los 650.000 que había en 2018. Y explica: “Destaca, frente al resto de España, el muy notable incremento de la población afectada por situaciones carenciales, que en Madrid pasa del 4,7% al 14,3%; lo que supone un aumento de más del 200% en términos relativos, y que contrasta con un aumento del 62% en el conjunto del país”.
“La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción del coronavirus”, explica el coordinador del informe, Raúl Flores. En Madrid, alerta Cáritas, los problemas más frecuentes son cuatro y afectan ya al 10% de la población: los gastos excesivos de vivienda (21,3%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (15%); la pobreza severa (14,5%). Hasta 1.400.000 madrileños, dependiendo del indicador, están afectados por estas situaciones carenciales. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas, un 22%, las de los más ricos, se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, subraya Flores, autor del informe.
Los datos del Banco de Alimentos: 186.236 personas al día; 7.400 niños lactantes
Unas 190.000 personas de la región, una población similar a Santander, Pamplona o Almería, todavía depende de esta gran organización para sobrevivir en la Comunidad de Madrid. “La pobreza no tiene que verse en la calle, no es sinónimo de mendicidad”, cuenta por teléfono la portavoz del Banco de Alimentos de la región, Elena Doria. “Yo tengo un vecino de toda la vida que tenía un nivel de vida como yo antes de la pandemia y, ahora, ya no la tiene. La pobreza no solo es pedir limosna. Esas declaraciones no se ajustan a la realidad, solo hay que salir a la calle. A mí me encantaría que en Madrid no haya gente pidiendo, pero no es así. Nosotros trabajamos con 562 entidades benéficas. La gente, antes de pedir dinero, intenta hacer cualquier cosa”.
En estos primeros meses de 2022 la situación no ha variado. Los cuatro grandes almacenes del Banco de Alimentos siguen abiertos, a pleno rendimiento. En San Fernando, Alcalá de Henares, Mercamadrid y Alcorcón continúan las furgonetas y camiones, entregando 12 kilos de comida por persona al mes. El perfil, apuntan en el Banco de Alimentos, es de un 50% extranjero y un 50% español. A estos datos hay que sumar, además, las colas del hambre, que no cuentan con una cifra oficial, pero que todavía siguen en los barrios más vulnerables de Madrid, como Aluche o Puente de Vallecas.
Los datos de Cruz Roja: 101.550 madrileños atendidos en 2021 en extrema vulnerabilidad
Cruz Roja ha atendido en 2021 a más de 640.000 personas en la Comunidad de Madrid el pasado año, una cifra que supone un incremento del 50% respecto a 2020. De estos, 101.550 son madrileños en una situación de extrema vulnerabilidad, un 11,5% más que el año anterior. “El perfil es muy variado”, cuenta por teléfono la portavoz, Isabel Álvarez. “No hay un tipo. Son familias en situaciones complicadas: por falta de empleo, alimentos... No hay un cliché. Durante la pandemia sí que notamos un incremento de españoles”.
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Consulte la portada de EL PAÍS, Edición Nacional, del 18 de marzo
COMUNIDAD DE MADRID
Los cinco datos (y cuatro informes) que desmienten la versión y las burlas del Gobierno de Ayuso sobre la pobreza: “Solo hay que salir a la calle”
Estos son los últimos informes de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos y del Instituto Nacional de Estadística, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus
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MANUEL VIEJO
Madrid - 17 MAR 2022 - 13:50 CET
91
[https://imagenes]Colas del hambre en la parroquia Santa Maria Micaela y San Enrique de Madrid, en 2021.R. G.
Cáritas publicó este miércoles su último informe sobre la situación de pobreza que atraviesa la Comunidad de Madrid: los madrileños en situación de exclusión social están ya en los mismos niveles que en 2008, al inicio de la última gran crisis social y económica. Cáritas, que depende de la Iglesia católica, explicaba que este número se había disparado hasta el 22% en la región, cinco puntos más que hace cuatro años. Más datos. Una de cada seis familias madrileñas, alertaba también el documento, están prácticamente ahogadas tras pagar los gastos de la casa: la hipoteca, el alquiler, las facturas de la luz, el gas...
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por estos datos en una rueda de prensa este miércoles, los puso en duda, con sorna: “Esto es un error”, dijo el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio. “Insisto, que me encantan que existan estos informes, pero que sean más objetivos […] Si uno sale a la calle y le dicen que hay tres millones de pobres… pues, ¿por dónde estarán?”. Ossorio dijo estas palabras a los periodistas mientras miraba hacia el suelo, desde su atril, a izquierda y a derecha, simulando una búsqueda de pobres por los rincones de la sala donde intervenía. El informe de Cáritas, sin embargo, no habla de tres millones de madrileños, como afirmaba el propio consejero, sino de 1,5 millones. Justo 24 horas después, nadie del Ejecutivo del PP ha pedido disculpas por estas palabras, que han sido respaldadas por Ayuso. “Es la gestión de la izquierda la que provoca pobreza”, ha dicho la presidenta este jueves durante el pleno de la Asamblea regional: “Empeñarse en dibujar a Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”. El Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, también del PP, sí se cree este informe de Cáritas. “Para nosotros tiene todas las garantías”, ha dicho la portavoz, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa.
Estos son los datos del último informe de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, del Instituto Nacional de Estadística y de la Unión Europea, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus:
Los datos de la encuesta de Cáritas: 813.000 madrileños en exclusión severa
Este informe es el resultado de una encuesta realizada a 1.600 madrileños y a 600 hogares en Madrid. Analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. El documento muestra una fotografía actual de la desigualdad. 2021 cierra con 813.000 madrileños en exclusión severa, frente a los 650.000 que había en 2018. Y explica: “Destaca, frente al resto de España, el muy notable incremento de la población afectada por situaciones carenciales, que en Madrid pasa del 4,7% al 14,3%; lo que supone un aumento de más del 200% en términos relativos, y que contrasta con un aumento del 62% en el conjunto del país”.
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Ossorio: "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres. ¿Pues por dónde estarán?"
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“La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción del coronavirus”, explica el coordinador del informe, Raúl Flores. En Madrid, alerta Cáritas, los problemas más frecuentes son cuatro y afectan ya al 10% de la población: los gastos excesivos de vivienda (21,3%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (15%); la pobreza severa (14,5%). Hasta 1.400.000 madrileños, dependiendo del indicador, están afectados por estas situaciones carenciales. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas, un 22%, las de los más ricos, se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, subraya Flores, autor del informe.
Los datos del Banco de Alimentos: 186.236 personas al día; 7.400 niños lactantes
Unas 190.000 personas de la región, una población similar a Santander, Pamplona o Almería, todavía depende de esta gran organización para sobrevivir en la Comunidad de Madrid. “La pobreza no tiene que verse en la calle, no es sinónimo de mendicidad”, cuenta por teléfono la portavoz del Banco de Alimentos de la región, Elena Doria. “Yo tengo un vecino de toda la vida que tenía un nivel de vida como yo antes de la pandemia y, ahora, ya no la tiene. La pobreza no solo es pedir limosna. Esas declaraciones no se ajustan a la realidad, solo hay que salir a la calle. A mí me encantaría que en Madrid no haya gente pidiendo, pero no es así. Nosotros trabajamos con 562 entidades benéficas. La gente, antes de pedir dinero, intenta hacer cualquier cosa”.
En estos primeros meses de 2022 la situación no ha variado. Los cuatro grandes almacenes del Banco de Alimentos siguen abiertos, a pleno rendimiento. En San Fernando, Alcalá de Henares, Mercamadrid y Alcorcón continúan las furgonetas y camiones, entregando 12 kilos de comida por persona al mes. El perfil, apuntan en el Banco de Alimentos, es de un 50% extranjero y un 50% español. A estos datos hay que sumar, además, las colas del hambre, que no cuentan con una cifra oficial, pero que todavía siguen en los barrios más vulnerables de Madrid, como Aluche o Puente de Vallecas.
Los datos de Cruz Roja: 101.550 madrileños atendidos en 2021 en extrema vulnerabilidad
Cruz Roja ha atendido en 2021 a más de 640.000 personas en la Comunidad de Madrid el pasado año, una cifra que supone un incremento del 50% respecto a 2020. De estos, 101.550 son madrileños en una situación de extrema vulnerabilidad, un 11,5% más que el año anterior. “El perfil es muy variado”, cuenta por teléfono la portavoz, Isabel Álvarez. “No hay un tipo. Son familias en situaciones complicadas: por falta de empleo, alimentos... No hay un cliché. Durante la pandemia sí que notamos un incremento de españoles”.
Los datos del INE y del informe AROPE: el 20,9%, en exclusión social
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que el 38,3% de los hogares madrileños tenía dificultades para llegar a fin de mes en 2020. Que casi uno de cada tres, el 28,8%, sufría para afrontar gastos imprevistos en sus hogares. Que el 23,8%, casi uno de cada cinco, no podía irse de vacaciones una vez al año. Y que el 10,8%, además, no podía mantener sus viviendas a la temperatura adecuada: vivían sin poner la calefacción por temor al incremento de las facturas.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que trabaja y luchan contra la falta de recursos y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea, realiza todos los años el informe AROPE. En 2020, el último disponible, se explica que el 20,9 % de la población de Madrid, cifra que supone un total de 1,4 millones de personas, está ya en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La tasa ha aumentado un 1,9%, lo que implica un incremento del 10%, cifra dos veces y media más alta que el crecimiento medio nacional.
Otro dato. La privación material severa es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para estas familias. Se refiere la imposibilidad de consumir, al menos, cuatro de nueve ítems de consumo, que incluyen cuestiones tales como la incapacidad de alimentarse adecuadamente, de mantener una temperatura adecuada en la vivienda, de estar al día en pagos, de salir de vacaciones, de afrontar gastos imprevistos. Unos 466.000 madrileños viven diariamente esta situación, el 6,9% de la población.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... calle.html
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Estos son los últimos informes de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos y del Instituto Nacional de Estadística, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus
Cáritas publicó este miércoles su último informe sobre la situación de pobreza que atraviesa la Comunidad de Madrid: los madrileños en situación de exclusión social están ya en los mismos niveles que en 2008, al inicio de la última gran crisis social y económica. Cáritas, que depende de la Iglesia católica, explicaba que este número se había disparado hasta el 22% en la región, cinco puntos más que hace cuatro años. Más datos. Una de cada seis familias madrileñas, alertaba también el documento, están prácticamente ahogadas tras pagar los gastos de la casa: la hipoteca, el alquiler, las facturas de la luz, el gas...
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por estos datos en una rueda de prensa este miércoles, los puso en duda, con sorna: “Esto es un error”, dijo el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio. “Insisto, que me encantan que existan estos informes, pero que sean más objetivos […] Si uno sale a la calle y le dicen que hay tres millones de pobres… pues, ¿por dónde estarán?”. Ossorio dijo estas palabras a los periodistas mientras miraba hacia el suelo, desde su atril, a izquierda y a derecha, simulando una búsqueda de pobres por los rincones de la sala donde intervenía. El informe de Cáritas, sin embargo, no habla de tres millones de madrileños, como afirmaba el propio consejero, sino de 1,5 millones. Justo 24 horas después, nadie del Ejecutivo del PP ha pedido disculpas por estas palabras, que han sido respaldadas por Ayuso. “Es la gestión de la izquierda la que provoca pobreza”, ha dicho la presidenta este jueves durante el pleno de la Asamblea regional: “Empeñarse en dibujar a Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”. El Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, también del PP, sí se cree este informe de Cáritas. “Para nosotros tiene todas las garantías”, ha dicho la portavoz, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa.
Estos son los datos del último informe de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, del Instituto Nacional de Estadística y de la Unión Europea, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus:
Los datos de la encuesta de Cáritas: 813.000 madrileños en exclusión severa
Este informe es el resultado de una encuesta realizada a 1.600 madrileños y a 600 hogares en Madrid. Analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. El documento muestra una fotografía actual de la desigualdad. 2021 cierra con 813.000 madrileños en exclusión severa, frente a los 650.000 que había en 2018. Y explica: “Destaca, frente al resto de España, el muy notable incremento de la población afectada por situaciones carenciales, que en Madrid pasa del 4,7% al 14,3%; lo que supone un aumento de más del 200% en términos relativos, y que contrasta con un aumento del 62% en el conjunto del país”.
“La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción del coronavirus”, explica el coordinador del informe, Raúl Flores. En Madrid, alerta Cáritas, los problemas más frecuentes son cuatro y afectan ya al 10% de la población: los gastos excesivos de vivienda (21,3%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (15%); la pobreza severa (14,5%). Hasta 1.400.000 madrileños, dependiendo del indicador, están afectados por estas situaciones carenciales. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas, un 22%, las de los más ricos, se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, subraya Flores, autor del informe.
Los datos del Banco de Alimentos: 186.236 personas al día; 7.400 niños lactantes
Unas 190.000 personas de la región, una población similar a Santander, Pamplona o Almería, todavía depende de esta gran organización para sobrevivir en la Comunidad de Madrid. “La pobreza no tiene que verse en la calle, no es sinónimo de mendicidad”, cuenta por teléfono la portavoz del Banco de Alimentos de la región, Elena Doria. “Yo tengo un vecino de toda la vida que tenía un nivel de vida como yo antes de la pandemia y, ahora, ya no la tiene. La pobreza no solo es pedir limosna. Esas declaraciones no se ajustan a la realidad, solo hay que salir a la calle. A mí me encantaría que en Madrid no haya gente pidiendo, pero no es así. Nosotros trabajamos con 562 entidades benéficas. La gente, antes de pedir dinero, intenta hacer cualquier cosa”.
En estos primeros meses de 2022 la situación no ha variado. Los cuatro grandes almacenes del Banco de Alimentos siguen abiertos, a pleno rendimiento. En San Fernando, Alcalá de Henares, Mercamadrid y Alcorcón continúan las furgonetas y camiones, entregando 12 kilos de comida por persona al mes. El perfil, apuntan en el Banco de Alimentos, es de un 50% extranjero y un 50% español. A estos datos hay que sumar, además, las colas del hambre, que no cuentan con una cifra oficial, pero que todavía siguen en los barrios más vulnerables de Madrid, como Aluche o Puente de Vallecas.
Los datos de Cruz Roja: 101.550 madrileños atendidos en 2021 en extrema vulnerabilidad
Cruz Roja ha atendido en 2021 a más de 640.000 personas en la Comunidad de Madrid el pasado año, una cifra que supone un incremento del 50% respecto a 2020. De estos, 101.550 son madrileños en una situación de extrema vulnerabilidad, un 11,5% más que el año anterior. “El perfil es muy variado”, cuenta por teléfono la portavoz, Isabel Álvarez. “No hay un tipo. Son familias en situaciones complicadas: por falta de empleo, alimentos... No hay un cliché. Durante la pandemia sí que notamos un incremento de españoles”.
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COMUNIDAD DE MADRID
Los cinco datos (y cuatro informes) que desmienten la versión y las burlas del Gobierno de Ayuso sobre la pobreza: “Solo hay que salir a la calle”
Estos son los últimos informes de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos y del Instituto Nacional de Estadística, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus
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MANUEL VIEJO
Madrid - 17 MAR 2022 - 13:50 CET
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[https://imagenes]Colas del hambre en la parroquia Santa Maria Micaela y San Enrique de Madrid, en 2021.R. G.
Cáritas publicó este miércoles su último informe sobre la situación de pobreza que atraviesa la Comunidad de Madrid: los madrileños en situación de exclusión social están ya en los mismos niveles que en 2008, al inicio de la última gran crisis social y económica. Cáritas, que depende de la Iglesia católica, explicaba que este número se había disparado hasta el 22% en la región, cinco puntos más que hace cuatro años. Más datos. Una de cada seis familias madrileñas, alertaba también el documento, están prácticamente ahogadas tras pagar los gastos de la casa: la hipoteca, el alquiler, las facturas de la luz, el gas...
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por estos datos en una rueda de prensa este miércoles, los puso en duda, con sorna: “Esto es un error”, dijo el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio. “Insisto, que me encantan que existan estos informes, pero que sean más objetivos […] Si uno sale a la calle y le dicen que hay tres millones de pobres… pues, ¿por dónde estarán?”. Ossorio dijo estas palabras a los periodistas mientras miraba hacia el suelo, desde su atril, a izquierda y a derecha, simulando una búsqueda de pobres por los rincones de la sala donde intervenía. El informe de Cáritas, sin embargo, no habla de tres millones de madrileños, como afirmaba el propio consejero, sino de 1,5 millones. Justo 24 horas después, nadie del Ejecutivo del PP ha pedido disculpas por estas palabras, que han sido respaldadas por Ayuso. “Es la gestión de la izquierda la que provoca pobreza”, ha dicho la presidenta este jueves durante el pleno de la Asamblea regional: “Empeñarse en dibujar a Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”. El Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, también del PP, sí se cree este informe de Cáritas. “Para nosotros tiene todas las garantías”, ha dicho la portavoz, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa.
Estos son los datos del último informe de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, del Instituto Nacional de Estadística y de la Unión Europea, que demuestran una desigualdad cada vez más evidente en Madrid tras el azote del coronavirus:
Los datos de la encuesta de Cáritas: 813.000 madrileños en exclusión severa
Este informe es el resultado de una encuesta realizada a 1.600 madrileños y a 600 hogares en Madrid. Analiza la exclusión social desde diferentes ángulos, que van desde la vivienda hasta el empleo o el conflicto social. El documento muestra una fotografía actual de la desigualdad. 2021 cierra con 813.000 madrileños en exclusión severa, frente a los 650.000 que había en 2018. Y explica: “Destaca, frente al resto de España, el muy notable incremento de la población afectada por situaciones carenciales, que en Madrid pasa del 4,7% al 14,3%; lo que supone un aumento de más del 200% en términos relativos, y que contrasta con un aumento del 62% en el conjunto del país”.
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Ossorio: "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres. ¿Pues por dónde estarán?"
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“La cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un impacto sin precedentes a causa de la irrupción del coronavirus”, explica el coordinador del informe, Raúl Flores. En Madrid, alerta Cáritas, los problemas más frecuentes son cuatro y afectan ya al 10% de la población: los gastos excesivos de vivienda (21,3%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (15%); la pobreza severa (14,5%). Hasta 1.400.000 madrileños, dependiendo del indicador, están afectados por estas situaciones carenciales. Mientras los más pobres han visto reducidas sus rentas, un 22%, las de los más ricos, se han incrementado en un 18%. “Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, donde los más pobres ocupan la primera y los más ricos la última, la diferencia de renta entre una planta y la otra sería del 33%”, subraya Flores, autor del informe.
Los datos del Banco de Alimentos: 186.236 personas al día; 7.400 niños lactantes
Unas 190.000 personas de la región, una población similar a Santander, Pamplona o Almería, todavía depende de esta gran organización para sobrevivir en la Comunidad de Madrid. “La pobreza no tiene que verse en la calle, no es sinónimo de mendicidad”, cuenta por teléfono la portavoz del Banco de Alimentos de la región, Elena Doria. “Yo tengo un vecino de toda la vida que tenía un nivel de vida como yo antes de la pandemia y, ahora, ya no la tiene. La pobreza no solo es pedir limosna. Esas declaraciones no se ajustan a la realidad, solo hay que salir a la calle. A mí me encantaría que en Madrid no haya gente pidiendo, pero no es así. Nosotros trabajamos con 562 entidades benéficas. La gente, antes de pedir dinero, intenta hacer cualquier cosa”.
En estos primeros meses de 2022 la situación no ha variado. Los cuatro grandes almacenes del Banco de Alimentos siguen abiertos, a pleno rendimiento. En San Fernando, Alcalá de Henares, Mercamadrid y Alcorcón continúan las furgonetas y camiones, entregando 12 kilos de comida por persona al mes. El perfil, apuntan en el Banco de Alimentos, es de un 50% extranjero y un 50% español. A estos datos hay que sumar, además, las colas del hambre, que no cuentan con una cifra oficial, pero que todavía siguen en los barrios más vulnerables de Madrid, como Aluche o Puente de Vallecas.
Los datos de Cruz Roja: 101.550 madrileños atendidos en 2021 en extrema vulnerabilidad
Cruz Roja ha atendido en 2021 a más de 640.000 personas en la Comunidad de Madrid el pasado año, una cifra que supone un incremento del 50% respecto a 2020. De estos, 101.550 son madrileños en una situación de extrema vulnerabilidad, un 11,5% más que el año anterior. “El perfil es muy variado”, cuenta por teléfono la portavoz, Isabel Álvarez. “No hay un tipo. Son familias en situaciones complicadas: por falta de empleo, alimentos... No hay un cliché. Durante la pandemia sí que notamos un incremento de españoles”.
Los datos del INE y del informe AROPE: el 20,9%, en exclusión social
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que el 38,3% de los hogares madrileños tenía dificultades para llegar a fin de mes en 2020. Que casi uno de cada tres, el 28,8%, sufría para afrontar gastos imprevistos en sus hogares. Que el 23,8%, casi uno de cada cinco, no podía irse de vacaciones una vez al año. Y que el 10,8%, además, no podía mantener sus viviendas a la temperatura adecuada: vivían sin poner la calefacción por temor al incremento de las facturas.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que trabaja y luchan contra la falta de recursos y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea, realiza todos los años el informe AROPE. En 2020, el último disponible, se explica que el 20,9 % de la población de Madrid, cifra que supone un total de 1,4 millones de personas, está ya en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La tasa ha aumentado un 1,9%, lo que implica un incremento del 10%, cifra dos veces y media más alta que el crecimiento medio nacional.
Otro dato. La privación material severa es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para estas familias. Se refiere la imposibilidad de consumir, al menos, cuatro de nueve ítems de consumo, que incluyen cuestiones tales como la incapacidad de alimentarse adecuadamente, de mantener una temperatura adecuada en la vivienda, de estar al día en pagos, de salir de vacaciones, de afrontar gastos imprevistos. Unos 466.000 madrileños viven diariamente esta situación, el 6,9% de la población.
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La nueva Telemadrid de Díaz Ayuso apuesta por “ensalzar” a la Familia Real
La compañía coloca en el ‘prime time’ del domingo un programa que este domingo se quedó en el 1,2% de share y que compite con otro de RTVE
Es octubre de 2019, e Isabel Díaz Ayuso estalla. Acaba de saber que en un programa de Telemadrid (Aquí hay madroño) se han mofado de la Infanta Elena (“Llévate mucho cuidado, cariño, que estás al borde de la Tercera Edad. De aquí a bordar las iniciales en las braguitas de Victoria Federica hay una línea muy delgada”). La líder conservadora juzga esos comentarios “lamentables” e “incomprensibles”. Y envía una durísima carta de protesta a la dirección de la cadena. Casi tres años después, todo ha cambiado. Al frente de la televisión autonómica hay ahora una persona de la confianza de Díaz Ayuso, José Antonio Sánchez, votante confeso del PP. Y la televisión pública ha pasado de bromear sobre la Familia Real a dedicarle un programa semanal en el prime time nocturno, donde su última emisión, el domingo, se quedó en un 1,2% del share (lo que supone su peor diferencia frente a la media de la cadena, que fue del 4,2%).
“TVE también tiene un programa sobre la Casa Real, porque es la más alta institución del régimen constitucional español, la jefatura del Estado, y por lo tanto yo creo que al gran público le interesa saber sus actividades, como pasa en todos los países donde hay Monarquía”, defendió Sánchez en su última comparecencia en la Asamblea, del 8 de marzo, donde intentó establecer un paralelismo entre cadenas de carácter nacional, y vinculadas al Estado, con la suya, autonómica y por definición de carácter regional. “(...) A la gente eso le interesa mucho (...)”, aseguró sobre el programa, que empezó a emitirse a finales de enero. “Todo los que la televisiones públicas hagan por mantener y ensalzar la labor de la Corona, que es lo que nos une a todos los españoles, es una cosa que es servicio público y que yo me siento muy orgulloso”.
El programa sigue al detalle la actividad pública de los Reyes, sus viajes, la colección de coches de la Guardia Real, y sus caballos, o el trabajo de los profesionales de Patrimonio Nacional. También le ha dedicado tiempo, por ejemplo, a nociones de protocolo, explicando cómo se debe saludar y tratar a los miembros de la Familia Real. Un contenido que ha provocado la indignación de los diputados de la oposición, por mucho que Cámara Real haya tratado en profundidad el archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I, la carta en la que el Rey emérito anunciaba su renuncia a volver a residir en España de forma permanente en este momento, o la separación de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina.
“No sé qué aporta a la sociedad madrileña conocer las intimidades de la Familia Real”, se quejó en aquella comisión Vanesa Lillo, diputada de IU integrada en el grupo parlamentario de Unidas Podemos.
“Nos cuentan la propaganda de la Familia Real, que no le interesa a nadie”, le prolongó Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. “Es un programa cortesano, no de información, que no responde a una democracia parlamentaria, aunque sea monárquica”, lanzó. “La Casa Real genera mucha información muy jugosa que no aparece en el programa”, criticó. “España merece que podamos criticar también al Jefe del Estado, y eso es más lealtad que el servilismo de los que le han acompañado durante más de 40 años de corrupción”.
Una apreciación que provocó revuelo en la comisión: “Les rogaría que respeten a las instituciones, me gustaría que algunas de sus alusiones fueran retiradas”, le respondió Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del órgano (PP).
El programa Cámara Real empezó a emitirse el 30 de enero de 2022, coincidiendo con el cumpleaños de Felipe VI. Desde entonces, ha ocupado el prime time del domingo en la cadena autonómica para “acercar a los madrileños a sus Reyes”, según la web de Telemadrid. Su contenido es similar al que ya ofrece RTVE con el programa Audiencia Abierta.
El resultado probablemente no sea el apetecido: apenas obtuvo un 1,2% de share este último domingo, frente al 4,2% de la cadena, según datos de la consultora Geca. Sus ocho emisiones, además, apenas han promediado un 2,4%, muy por debajo de la media del canal. En consecuencia, solo unas decenas de miles de personas ven el programa, en consonancia con los problemas de audiencia que está teniendo Telemadrid desde que el PP y Vox lograron controlar la cadena gracias a un cambio de la ley logrado en la Asamblea regional.
Sin embargo, el contenido del programa sí está perfectamente alineado con el discurso de Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad basa gran parte de su planteamiento político en la idea de que la región concentra todo lo que significa el país en su conjunto (”Madrid es España”) y se ha convertido en una acérrima defensora de la Corona, llueva, truene o haga sol.
Así, pasada la polémica originada porque interpelara al Rey sobre si firmaría o no los indultos de los líderes independentistas catalanes, Díaz Ayuso incluso aprovechó su discurso institucional con motivo del día de la Constitución para reivindicar al rey emérito, Juan Carlos I, entonces investigado por supuestas irregularidades financieras que acabaron finalmente archivadas.
“Me he dejado a dos héroes, a los dos principales, a quienes les debemos el impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución: el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía”, arrancó entonces Díaz Ayuso, vestida al completo de verde, todo un guiño monárquico porque ese color es el acrónimo de la frase “viva el Rey de España”. “Desde aquí, mi agradecimiento a los Reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró”, siguió. “Viva el rey, y viva España”, cerró.
Una intervención previa al estreno de un programa externalizado a una productora, y por el que Telemadrid tiene que pagar, pese a que está presentado por una histórica periodista de la cadena.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... utType=amp
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La compañía coloca en el ‘prime time’ del domingo un programa que este domingo se quedó en el 1,2% de share y que compite con otro de RTVE
Es octubre de 2019, e Isabel Díaz Ayuso estalla. Acaba de saber que en un programa de Telemadrid (Aquí hay madroño) se han mofado de la Infanta Elena (“Llévate mucho cuidado, cariño, que estás al borde de la Tercera Edad. De aquí a bordar las iniciales en las braguitas de Victoria Federica hay una línea muy delgada”). La líder conservadora juzga esos comentarios “lamentables” e “incomprensibles”. Y envía una durísima carta de protesta a la dirección de la cadena. Casi tres años después, todo ha cambiado. Al frente de la televisión autonómica hay ahora una persona de la confianza de Díaz Ayuso, José Antonio Sánchez, votante confeso del PP. Y la televisión pública ha pasado de bromear sobre la Familia Real a dedicarle un programa semanal en el prime time nocturno, donde su última emisión, el domingo, se quedó en un 1,2% del share (lo que supone su peor diferencia frente a la media de la cadena, que fue del 4,2%).
“TVE también tiene un programa sobre la Casa Real, porque es la más alta institución del régimen constitucional español, la jefatura del Estado, y por lo tanto yo creo que al gran público le interesa saber sus actividades, como pasa en todos los países donde hay Monarquía”, defendió Sánchez en su última comparecencia en la Asamblea, del 8 de marzo, donde intentó establecer un paralelismo entre cadenas de carácter nacional, y vinculadas al Estado, con la suya, autonómica y por definición de carácter regional. “(...) A la gente eso le interesa mucho (...)”, aseguró sobre el programa, que empezó a emitirse a finales de enero. “Todo los que la televisiones públicas hagan por mantener y ensalzar la labor de la Corona, que es lo que nos une a todos los españoles, es una cosa que es servicio público y que yo me siento muy orgulloso”.
El programa sigue al detalle la actividad pública de los Reyes, sus viajes, la colección de coches de la Guardia Real, y sus caballos, o el trabajo de los profesionales de Patrimonio Nacional. También le ha dedicado tiempo, por ejemplo, a nociones de protocolo, explicando cómo se debe saludar y tratar a los miembros de la Familia Real. Un contenido que ha provocado la indignación de los diputados de la oposición, por mucho que Cámara Real haya tratado en profundidad el archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I, la carta en la que el Rey emérito anunciaba su renuncia a volver a residir en España de forma permanente en este momento, o la separación de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina.
“No sé qué aporta a la sociedad madrileña conocer las intimidades de la Familia Real”, se quejó en aquella comisión Vanesa Lillo, diputada de IU integrada en el grupo parlamentario de Unidas Podemos.
“Nos cuentan la propaganda de la Familia Real, que no le interesa a nadie”, le prolongó Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. “Es un programa cortesano, no de información, que no responde a una democracia parlamentaria, aunque sea monárquica”, lanzó. “La Casa Real genera mucha información muy jugosa que no aparece en el programa”, criticó. “España merece que podamos criticar también al Jefe del Estado, y eso es más lealtad que el servilismo de los que le han acompañado durante más de 40 años de corrupción”.
Una apreciación que provocó revuelo en la comisión: “Les rogaría que respeten a las instituciones, me gustaría que algunas de sus alusiones fueran retiradas”, le respondió Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del órgano (PP).
El programa Cámara Real empezó a emitirse el 30 de enero de 2022, coincidiendo con el cumpleaños de Felipe VI. Desde entonces, ha ocupado el prime time del domingo en la cadena autonómica para “acercar a los madrileños a sus Reyes”, según la web de Telemadrid. Su contenido es similar al que ya ofrece RTVE con el programa Audiencia Abierta.
El resultado probablemente no sea el apetecido: apenas obtuvo un 1,2% de share este último domingo, frente al 4,2% de la cadena, según datos de la consultora Geca. Sus ocho emisiones, además, apenas han promediado un 2,4%, muy por debajo de la media del canal. En consecuencia, solo unas decenas de miles de personas ven el programa, en consonancia con los problemas de audiencia que está teniendo Telemadrid desde que el PP y Vox lograron controlar la cadena gracias a un cambio de la ley logrado en la Asamblea regional.
Sin embargo, el contenido del programa sí está perfectamente alineado con el discurso de Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad basa gran parte de su planteamiento político en la idea de que la región concentra todo lo que significa el país en su conjunto (”Madrid es España”) y se ha convertido en una acérrima defensora de la Corona, llueva, truene o haga sol.
Así, pasada la polémica originada porque interpelara al Rey sobre si firmaría o no los indultos de los líderes independentistas catalanes, Díaz Ayuso incluso aprovechó su discurso institucional con motivo del día de la Constitución para reivindicar al rey emérito, Juan Carlos I, entonces investigado por supuestas irregularidades financieras que acabaron finalmente archivadas.
“Me he dejado a dos héroes, a los dos principales, a quienes les debemos el impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución: el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía”, arrancó entonces Díaz Ayuso, vestida al completo de verde, todo un guiño monárquico porque ese color es el acrónimo de la frase “viva el Rey de España”. “Desde aquí, mi agradecimiento a los Reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró”, siguió. “Viva el rey, y viva España”, cerró.
Una intervención previa al estreno de un programa externalizado a una productora, y por el que Telemadrid tiene que pagar, pese a que está presentado por una histórica periodista de la cadena.
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Veo que Lo País no paga tan bien cuando tienes que traer cositas de PreEscolar!!!!!!
Acuérdate de lo que te escribí acerca de las mentiras, mi pequeño Goebbles de andar por casa.mamm77 escribió:Veo que Lo País no paga tan bien cuando tienes que traer cositas de PreEscolar!!!!!!
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Pero estoy en lo cierto, no?? Quién paga mejor???RED RONIN escribió:Acuérdate de lo que te escribí acerca de las mentiras, mi pequeño Goebbles de andar por casa.mamm77 escribió:Veo que Lo País no paga tan bien cuando tienes que traer cositas de PreEscolar!!!!!!
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Pd: Háztelo mirar con lo de los nazis, que mira Putin la que está liando en Ucrania.
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