Ni con Sánchez, ni con el Papa, ni con Casado: la diplomacia de Díaz Ayuso
La líder conservadora compite con la convención del PP con su viaje por EE UU, pero vuelve sin nuevas inversiones para Madrid, y tras chocar con el presidente de España, el de México y el Sumo Pontífice
Isabel Díaz Ayuso con Isabel La Católica. La foto, tomada en Washington, es algo más que un retrato de la presidenta de Madrid con la estatua de la reina. Hecha a las puertas de la Organización de Estados Americanos, donde se entrevista con su secretario general, Luis Almagro, resume que el viaje por EE UU de la líder popular tensiona algunas convenciones políticas y diplomáticas. Díaz Ayuso, una presidenta autonómica, se reúne con representantes de organismos internacionales. Choca en la distancia con el presidente de España, Pedro Sánchez. Critica al de México. Y afea al Papa Francisco sus disculpas por la conquista americana. Para cuando llega el jueves, y solo un puñado de congresistas va a la reunión con la que acaba la gira, ya se sabe por qué Díaz Ayuso ha mantenido un viaje coincidente con la convención del PP de Pablo Casado. De polémica en polémica, encuentra un gran escaparate.
“Sin conocer todos los detalles del viaje, puede deducirse que algunas de sus declaraciones desbordan claramente los márgenes de actuación para los que le habilita la ley, además de incurrir en extravagancias que rozan lo grotesco”, apunta Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja, que recuerda los límites establecidos en la ley de Acción y Servicio Exterior para la actividad internacional de las Comunidades Autónomas. Y continúa: “Algo, por otro lado, coherente con la forma de acción política que experimenta [Díaz Ayuso] también en el ámbito interno, por lo que no debe causar extrañeza alguna”.
“El artículo 3 de la ley habla de la necesaria lealtad entre administraciones en temas de acción exterior, y el artículo 11 alude a que las Comunidades han de someterse a los instrumentos de planificación que diseñe el Estado en su acción exterior”, recuerda Joan David Janer, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de las Islas Baleares. “No parece muy oportuno y que tenga sentido lo dicho en relación al Papa en un viaje en EE UU”, sigue. “Pero la crítica que se ha hecho al Papa forma parte igualmente de la crítica política gratuita, para consumo interno de sus votantes”, remata, insistiendo en que, a su juicio, hay que interpretar las declaraciones de Díaz Ayuso en el marco “de la estrategia política de confrontación PP-PSOE”.
El posible conflicto, en todo caso, no pasa inadvertido para la presidenta, cuyo equipo informó al Ministerio de Exteriores antes de iniciarlo. Tras reunirse con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Díaz Ayuso plantea un proyecto de colaboración a impulsar, recalca, “siempre con respeto al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias directas en la relación con el Banco”. Nadie dice nada de por qué, entonces, Díaz Ayuso ha acudido a la cita.
Hay, también, reuniones con fondos de inversión. O con el equipo editorial del diario The Wall Street Journal. O con el caucus hispano en el Capitolio, donde solo se presenta cinco de los 38 representantes previstos, y uno, el congresista californiano de origen mexicano, Raúl Ruiz, expresa su desacuerdo con algunos de los comentarios que hizo la presidenta madrileña sobre los indígenas durante la gira. En todas esas citas, un total de 13, vende Díaz Ayuso su proyecto para Madrid y de todas ellas sale con buenas palabras y sin concretar nuevas inversiones para la región.
¿Cuánto tiene el viaje de tour mediático y propagandístico para reforzar la imagen de Díaz Ayuso como política de moda en la derecha? ¿Y cuánto de intento de hacer lobby para atraer inversiones, empresas y negocios para Madrid?
El séquito presidencial da pistas para responder a esas preguntas. Hasta Estados Unidos no se desplaza el consejero de Economía, Javier Fernández Lasquetty. Tampoco el director de la Oficina del Español, Toni Cantó, encargado de buscar oportunidades de negocio a través del idioma. Sí viajan la directora general de medios de la Comunidad, el jefe de prensa de la presidenta, o su poderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
En consecuencia, toda la imagen del viaje se cuida al detalle. Poder. Liderazgo. Independencia. Esos son los conceptos que intentan transmitir las fotografías y vídeos que distribuye el equipo de la presidencia. Telemadrid, que el PP y Vox controlan gracias a un cambio legal aprobado en la Asamblea, da una extensa cobertura al periplo de Díaz Ayuso por EE UU, lo que incluye una entrevista con un fondo nada casual: la Casa Blanca. De su cita con representantes de la Hispanic Society en Nueva York, donde ataca al indigenismo y advierte contra la leyenda negra, como si hubiera leído Imperiofobia, queda una fotografía con una colosal serie de sorollas a sus espaldas. Y ahí están las imágenes que la retratan cruzando las calles de Nueva York como si fuera un personaje de Sexo en Nueva York. Siempre, perseguida por los micrófonos y las grabadoras de los medios españoles.
“Lo único que ha cambiado con respecto al pasado de los viajes de otros presidentes autonómicos es la atención mediática”, opina un experto en relaciones internacionales que pide no ser identificado. “Esa atención mediática es básicamente española, por eso es normal que allí siga haciendo política doméstica, porque es sobre lo que le preguntan los medios que la siguen, por lo que dudosamente está haciendo política internacional, o diplomacia, y quebrando algún código de estas”, añade. Y recalca: “Yo no me escandalizaría de que haga política doméstica en sus viajes, ya que nunca ha pretendido hacer otra cosa, y su búsqueda de inversiones, que hacen otros presidentes autonómicos, lo han convertido los medios en política doméstica”.
Hay un precedente en la apuesta de Díaz Ayuso por usar cuestiones internacionales para hacer política nacional. En enero de 2020, la presidenta de Madrid vio cómo Sánchez no recibía en La Moncloa a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Inmediatamente le organizó un acto de alfombra roja y baño de masas en la Real Casa de Correos madrileña, y le cedió una mansión del Canal de Isabel II para que pernoctara. Fue la confirmación de que el PP pretendía usar Madrid, donde gobierna la Comunidad y la capital, como ariete de su oposición el Gobierno de PSOE y Podemos.
Más de año y medio después, Díaz Ayuso replica esa estrategia en Estados Unidos. Allí, por ejemplo, se ve con Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Washington, que se presenta como embajador de Venezuela en el país.
“El estar en reuniones de calado político es muy importante, porque quieren entender cuál es el sentido de nuestra Administración”, defiende la presidenta de Madrid tras reunirse en Washington con el think tank Global Americans, que es quien le presta ese balcón con vistas a la Casa Blanca para una entrevista. “Hacía falta este impulso. Cada vez lo tengo más claro. Va a ser un revulsivo”, añade. “El propósito de este viaje ha sido dar a conocer a la Comunidad de Madrid como un lugar para invertir, así como seguir fomentando la cultura española y la Hispanidad”, resume en su despedida. Y diagnostica: “Los impuestos y el exceso de burocracia son un lastre para la inversión para España, nos perjudica abiertamente, así como la gestión de visados para el inversor”.
Unas horas después, Díaz Ayuso vuela a España para estar este sábado en la convención nacional del PP. Allí le esperan Casado, el conflicto abierto por su intención de presidir el PP de Madrid, y la inquietud de un sector del partido que teme que esté tomando posiciones para un eventual asalto al liderazgo nacional. Ella lo niega. Su viaje por Estados Unidos, en todo caso, refuerza su imagen como principal icono de la formación: de Nueva York a Washington, Díaz Ayuso ha opacado la convención itinerante del PP.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... ayuso.html
Partido populachero
La vida al margen del deporte (la hay)
-
Cypresshill
- Mensajes: 11627
- Registrado: 06 Dic 2015, 11:36
Estos son los patriotas que abundan por nuestro país. Los que se llenan de banderas pero después solo piensan en sus propios intereses y les importan un carajo las consecuencias que para su país tengan sus actitudes.
Hacienda descubre sobrecostes en un contrato de la T-4 de Barajas bajo sospecha por la caja b del PP
Un informe habla de actuación “ilegal”, precios “contradictorios” e indemnizaciones “no justificadas” en las obras, en 2002, de uno de los estacionamientos de aeronaves del aeropuerto madrileño
El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera vez que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
https://elpais.com/espana/2021-10-01/ha ... el-pp.html
Un informe habla de actuación “ilegal”, precios “contradictorios” e indemnizaciones “no justificadas” en las obras, en 2002, de uno de los estacionamientos de aeronaves del aeropuerto madrileño
El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera vez que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
https://elpais.com/espana/2021-10-01/ha ... el-pp.html
-
Hay_sinla
- Mensajes: 66436
- Registrado: 05 May 2007, 16:30
- Ubicación: Hétenos aquí, entrando juntos a un bar
821 millones
Ya va tomando el camino su arambol.
Somos Gary Cooper y Sara Montiel
Somos Gary Cooper y Sara Montiel
Los mundos de Yupi.
500 y pico años hablando de conquistadores y según Toni Canto habría que haberlos llamado Libertadores;
Cantó entra de lleno en el debate sobre el indigenismo: "España liberó al continente"
El director de la Oficina del Español ha hecho estas declaraciones en una comisión destinada a explicar los objetivos de dicha entidad.
Para introducir dicha afirmación, el valenciano ha indicado que quería finalizar el turno de intervención reivindicando con “orgullo nuestro legado histórico”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.
Un poder “brutal”, “salvaje” y “caníbal”
En este sentido, Cantó ha esgrimido que no pudo tratarse de una conquista, puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”. Para él es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.
No obstante, Cantó no ha hecho mención a la superior capacidad armamentística de las tropas españolas frente a los nativos americanos. Acto seguido, el diputado de Podemos Serigne Mbayé le ha replicado que “si hablamos del 1492 hubo una destrucción de cultura que tenemos que mencionar”, recordándole la matanza de indígenas que se cometió durante la colonización española al otro lado del Atlántico.
https://m.huffingtonpost.es/entry/toni- ... V0otYVMycw..
Y se la va un poco la pinza con las cifras;
Toni Cantó asegura que España no conquistó el continente americano, sino que les libero de un poder "caníbal" que mataba a "70.000 personas en una sola ceremonia".
https://amp.lasexta.com/noticias/nacion ... f360a.html
La verdad que se hace un poco cansina tanta impostura.
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
500 y pico años hablando de conquistadores y según Toni Canto habría que haberlos llamado Libertadores;
Cantó entra de lleno en el debate sobre el indigenismo: "España liberó al continente"
El director de la Oficina del Español ha hecho estas declaraciones en una comisión destinada a explicar los objetivos de dicha entidad.
Para introducir dicha afirmación, el valenciano ha indicado que quería finalizar el turno de intervención reivindicando con “orgullo nuestro legado histórico”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.
Un poder “brutal”, “salvaje” y “caníbal”
En este sentido, Cantó ha esgrimido que no pudo tratarse de una conquista, puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”. Para él es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.
No obstante, Cantó no ha hecho mención a la superior capacidad armamentística de las tropas españolas frente a los nativos americanos. Acto seguido, el diputado de Podemos Serigne Mbayé le ha replicado que “si hablamos del 1492 hubo una destrucción de cultura que tenemos que mencionar”, recordándole la matanza de indígenas que se cometió durante la colonización española al otro lado del Atlántico.
https://m.huffingtonpost.es/entry/toni- ... V0otYVMycw..
Y se la va un poco la pinza con las cifras;
Toni Cantó asegura que España no conquistó el continente americano, sino que les libero de un poder "caníbal" que mataba a "70.000 personas en una sola ceremonia".
https://amp.lasexta.com/noticias/nacion ... f360a.html
La verdad que se hace un poco cansina tanta impostura.
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Ahora el canciller austríaco cae por corrupción.
“Gracias por su apoyo al canciller de Austria, Sebastian Kurz, y por reconocerme ser una voz fuerte en Europa." Casado Dixit.
Vamos que nos vamos, 3/3.
“Gracias por su apoyo al canciller de Austria, Sebastian Kurz, y por reconocerme ser una voz fuerte en Europa." Casado Dixit.
Vamos que nos vamos, 3/3.
-
Cypresshill
- Mensajes: 11627
- Registrado: 06 Dic 2015, 11:36
O sea, que no ha sabido explicar el chiringuito que le han montado.RED RONIN escribió:Los mundos de Yupi.
500 y pico años hablando de conquistadores y según Toni Canto habría que haberlos llamado Libertadores;
Cantó entra de lleno en el debate sobre el indigenismo: "España liberó al continente"
El director de la Oficina del Español ha hecho estas declaraciones en una comisión destinada a explicar los objetivos de dicha entidad.
Para introducir dicha afirmación, el valenciano ha indicado que quería finalizar el turno de intervención reivindicando con “orgullo nuestro legado histórico”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.
Un poder “brutal”, “salvaje” y “caníbal”
En este sentido, Cantó ha esgrimido que no pudo tratarse de una conquista, puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”. Para él es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.
No obstante, Cantó no ha hecho mención a la superior capacidad armamentística de las tropas españolas frente a los nativos americanos. Acto seguido, el diputado de Podemos Serigne Mbayé le ha replicado que “si hablamos del 1492 hubo una destrucción de cultura que tenemos que mencionar”, recordándole la matanza de indígenas que se cometió durante la colonización española al otro lado del Atlántico.
https://m.huffingtonpost.es/entry/toni- ... V0otYVMycw..
Y se la va un poco la pinza con las cifras;
Toni Cantó asegura que España no conquistó el continente americano, sino que les libero de un poder "caníbal" que mataba a "70.000 personas en una sola ceremonia".
https://amp.lasexta.com/noticias/nacion ... f360a.html
La verdad que se hace un poco cansina tanta impostura.
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Es la nueva tendencia del liberalismo extremadamente centrado español. Ya no se trata de desmontar solo la "Leyenda negra" del Imperio español como si este hubiera sido una excepción de barbarie en esa época o antes y después, algo con lo que estoy de acuerdo, ahora además se pretende blanquear esa supuesta herencia haciendola pasar como un movimiento principalmente benefactor hacia los pueblos americanos, en otra nueva ciscada sobre los hechos históricos.Cypresshill escribió:O sea, que no ha sabido explicar el chiringuito que le han montado.RED RONIN escribió:Los mundos de Yupi.
500 y pico años hablando de conquistadores y según Toni Canto habría que haberlos llamado Libertadores;
Cantó entra de lleno en el debate sobre el indigenismo: "España liberó al continente"
El director de la Oficina del Español ha hecho estas declaraciones en una comisión destinada a explicar los objetivos de dicha entidad.
Para introducir dicha afirmación, el valenciano ha indicado que quería finalizar el turno de intervención reivindicando con “orgullo nuestro legado histórico”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.
Un poder “brutal”, “salvaje” y “caníbal”
En este sentido, Cantó ha esgrimido que no pudo tratarse de una conquista, puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”. Para él es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.
No obstante, Cantó no ha hecho mención a la superior capacidad armamentística de las tropas españolas frente a los nativos americanos. Acto seguido, el diputado de Podemos Serigne Mbayé le ha replicado que “si hablamos del 1492 hubo una destrucción de cultura que tenemos que mencionar”, recordándole la matanza de indígenas que se cometió durante la colonización española al otro lado del Atlántico.
https://m.huffingtonpost.es/entry/toni- ... V0otYVMycw..
Y se la va un poco la pinza con las cifras;
Toni Cantó asegura que España no conquistó el continente americano, sino que les libero de un poder "caníbal" que mataba a "70.000 personas en una sola ceremonia".
https://amp.lasexta.com/noticias/nacion ... f360a.html
La verdad que se hace un poco cansina tanta impostura.
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Si contraataca con algo así como "y encima les evangelizamos", tenemos el pack completo.RED RONIN escribió:Es la nueva tendencia del liberalismo extremadamente centrado español. Ya no se trata de desmontar solo la "Leyenda negra" del Imperio español como si este hubiera sido una excepción de barbarie en esa época o antes y después, algo con lo que estoy de acuerdo, ahora además se pretende blanquear esa supuesta herencia haciendola pasar como un movimiento principalmente benefactor hacia los pueblos americanos, en otra nueva ciscada sobre los hechos históricos.Cypresshill escribió:O sea, que no ha sabido explicar el chiringuito que le han montado.RED RONIN escribió:Los mundos de Yupi.
500 y pico años hablando de conquistadores y según Toni Canto habría que haberlos llamado Libertadores;
Cantó entra de lleno en el debate sobre el indigenismo: "España liberó al continente"
El director de la Oficina del Español ha hecho estas declaraciones en una comisión destinada a explicar los objetivos de dicha entidad.
Para introducir dicha afirmación, el valenciano ha indicado que quería finalizar el turno de intervención reivindicando con “orgullo nuestro legado histórico”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.
Un poder “brutal”, “salvaje” y “caníbal”
En este sentido, Cantó ha esgrimido que no pudo tratarse de una conquista, puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”. Para él es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.
No obstante, Cantó no ha hecho mención a la superior capacidad armamentística de las tropas españolas frente a los nativos americanos. Acto seguido, el diputado de Podemos Serigne Mbayé le ha replicado que “si hablamos del 1492 hubo una destrucción de cultura que tenemos que mencionar”, recordándole la matanza de indígenas que se cometió durante la colonización española al otro lado del Atlántico.
https://m.huffingtonpost.es/entry/toni- ... V0otYVMycw..
Y se la va un poco la pinza con las cifras;
Toni Cantó asegura que España no conquistó el continente americano, sino que les libero de un poder "caníbal" que mataba a "70.000 personas en una sola ceremonia".
https://amp.lasexta.com/noticias/nacion ... f360a.html
La verdad que se hace un poco cansina tanta impostura.
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Enviado desde mi LG-M320 mediante Tapatalk
Ejemplo de gestión:
La Comunidad de Madrid gasta millones de euros en intereses por no pagar o indemnizar a tiempo
El Gobierno regional ha abonado 29 millones desde 2015 por ambos conceptos aunque no detalla cuánto le cuesta a las arcas públicas su tardanza en cumplir sentencias y cuánto los retrasos en las facturas con proveedores
El último castigo a la Comunidad de Madrid por no ejecutar en tiempo y forma una decisión judicial se materializa en septiembre: pagar 379.154,04 euros por llegar hasta abril de 2021 sin efectuar una indemnización decidida en enero de 2020. Aunque el Ejecutivo se niega a cuantificar el gasto total por su dilación en la ejecución de sentencias judiciales, la oposición ofrece ejemplos de que este no es un caso aislado. Tampoco es el único tipo de retraso costoso para las arcas públicas. La Administración afronta cada año penalizaciones millonarias por tardar en satisfacer facturas o recurrir fallos en su contra: entre 2015 y 2020, la partida presupuestaria de intereses de demora ascendió a 29 millones, aunque la oposición afirma que la cifra real es mucho mayor.
Mayo de 2017. Un informe jurídico llega hasta los despachos del Gobierno de Cristina Cifuentes. Alerta de que la Comunidad sigue sin pagar lo dispuesto en una sentencia firme de hace meses. Y subraya que la penalización mensual por ese retraso es muy gravosa.
“Los 94 millones de euros correspondientes a la (carretera) M-45 aún no se han abonado”, se lee en un documento oficial sobre las deudas contabilizadas en el ejercicio de 2016. “Nótese que el importe del interés es del 10,05% anual y por tanto urge tramitar dicho pago”, subraya. “A fecha de 30 de abril de 2017, los intereses se han incrementado en otros 2,2 millones de euros”.
No es la primera ni la última vez que las arcas públicas adelgazan por la lentitud de la Administración a la hora de afrontar sus obligaciones en el cumplimiento de sentencias, o en el pago a proveedores y empresas concesionarias.
15 de octubre de 2020. Sol Sánchez, diputada de IU integrada en el grupo de Podemos en la Asamblea, toma la palabra en el pleno del Parlamento regional.
“Se pregunta cuál es la explicación para que una sentencia firme del 24 de febrero, que condena a la Comunidad al abono de 47.425.000 euros más 8,31% de intereses anuales, no fuera comunicada a la consejería afectada hasta el 24 de junio″, dice. “Los cuatro meses que ha estado, o bien perdida por los pasillos, o durmiendo en algún cajón de la Consejería de Hacienda, tienen como resultado 1,3 millones más de intereses”.
Es evidente la incomodidad que provoca la pregunta, que en ese momento afecta a dos consejerías encabezadas por políticos de partidos distintos, ya que el PP (Hacienda) y Cs (Transportes) están gobernando en coalición.
“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no remitió el testimonio de la sentencia -que, como sabe, es un requisito indispensable para poder llevarla a efecto- hasta el 16 de junio”, le contesta, en su defensa, el entonces consejero de Transportes, Ángel Garrido, que apunta al estado de alarma decretado para combatir el coronavirus como causa del retraso. “Es al Tribunal Superior de Justicia a quienes ustedes deberían hacer las preguntas”.
¿Cuántas veces se han dado casos similares? ¿Cuánto ha costado a las arcas públicas? El Ejecutivo no lo aclara.
“Las bases de datos de la Abogacía General no permiten obtener esta información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, por lo que sería preciso buscar y sistematizar una información puntual dentro de un gran volumen de asuntos judiciales”, contesta la Abogacía Autonómica tras una petición de información cursada por EL PAÍS a través del portal de Transparencia.
En paralelo, la Administración regional, que en 2020 tardó una media de 28 días en pagar a sus proveedores, afronta cada año una factura millonaria por sus retrasos en el pago de facturas, o por discrepancias en la ejecución de contratos, y los litigios consecuentes. Al sostener el criterio de que apurar todos los recursos judiciales es defender el interés general, la Comunidad se arriesga a aumentar el coste de la indemnización. Y eso se mide en euros.
15 de marzo de 2018. Habla Mónica García, de Más Madrid, en el pleno. “¿Cuál es la cantidad de dinero público que ustedes consideran que una Administración Pública está legitimada a despilfarrar? ¿9 millones?, ¿20 millones?, ¿48 millones?, ¿83 millones? ¿Cuál es el límite que ustedes consideran que es aceptable que se pueda ir por el desagüe de la mala gestión y del despilfarro?”, lanza una ristra de preguntas. “En los últimos cinco años su Consejería (Sanidad) se ha gastado 83 millones en intereses de demora; intereses de demora que derivan de haber pagado tarde y mal a los proveedores”, se escandaliza. “Con ese dinero se podía haber hecho el doble de la lista de espera; con ese dinero se podía haber contratado a más de 500 profesionales al año; con ese dinero se podría haber evitado el deterioro sistemático de nuestras infraestructuras”.
Nadie niega la cifra de los 83 millones, entre otras cosas porque García ha llegado hasta ella usando datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo. Aunque la Consejería de Hacienda detalla a este diario que el gasto asociado al subconcepto “intereses de demora” de los Presupuestos ha ascendido a 28.941.270,2 millones entre 2015 y 2020, la oposición asegura que en realidad es mucho mayor, y que se ha subsumido en otras áreas de las cuentas públicas, o en partidas de gasto en las que no se diferencian conceptos.
De la documentación pública se deduce que el gasto en la última década ha sido multimillonario. Solo en 2019, los hospitales madrileños pagaron más de 10 millones de euros por intereses de demora. En compensar los retrasos en los pagos del canon a las concesionarias de la M-45, o por los errores de cálculo sobre el valor de las expropiaciones, se han ido más de 35 millones. Y en las últimas legislaturas ha habido cientos de penalizaciones que van desde las decenas a los millones de euros.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... iempo.html
La Comunidad de Madrid gasta millones de euros en intereses por no pagar o indemnizar a tiempo
El Gobierno regional ha abonado 29 millones desde 2015 por ambos conceptos aunque no detalla cuánto le cuesta a las arcas públicas su tardanza en cumplir sentencias y cuánto los retrasos en las facturas con proveedores
El último castigo a la Comunidad de Madrid por no ejecutar en tiempo y forma una decisión judicial se materializa en septiembre: pagar 379.154,04 euros por llegar hasta abril de 2021 sin efectuar una indemnización decidida en enero de 2020. Aunque el Ejecutivo se niega a cuantificar el gasto total por su dilación en la ejecución de sentencias judiciales, la oposición ofrece ejemplos de que este no es un caso aislado. Tampoco es el único tipo de retraso costoso para las arcas públicas. La Administración afronta cada año penalizaciones millonarias por tardar en satisfacer facturas o recurrir fallos en su contra: entre 2015 y 2020, la partida presupuestaria de intereses de demora ascendió a 29 millones, aunque la oposición afirma que la cifra real es mucho mayor.
Mayo de 2017. Un informe jurídico llega hasta los despachos del Gobierno de Cristina Cifuentes. Alerta de que la Comunidad sigue sin pagar lo dispuesto en una sentencia firme de hace meses. Y subraya que la penalización mensual por ese retraso es muy gravosa.
“Los 94 millones de euros correspondientes a la (carretera) M-45 aún no se han abonado”, se lee en un documento oficial sobre las deudas contabilizadas en el ejercicio de 2016. “Nótese que el importe del interés es del 10,05% anual y por tanto urge tramitar dicho pago”, subraya. “A fecha de 30 de abril de 2017, los intereses se han incrementado en otros 2,2 millones de euros”.
No es la primera ni la última vez que las arcas públicas adelgazan por la lentitud de la Administración a la hora de afrontar sus obligaciones en el cumplimiento de sentencias, o en el pago a proveedores y empresas concesionarias.
15 de octubre de 2020. Sol Sánchez, diputada de IU integrada en el grupo de Podemos en la Asamblea, toma la palabra en el pleno del Parlamento regional.
“Se pregunta cuál es la explicación para que una sentencia firme del 24 de febrero, que condena a la Comunidad al abono de 47.425.000 euros más 8,31% de intereses anuales, no fuera comunicada a la consejería afectada hasta el 24 de junio″, dice. “Los cuatro meses que ha estado, o bien perdida por los pasillos, o durmiendo en algún cajón de la Consejería de Hacienda, tienen como resultado 1,3 millones más de intereses”.
Es evidente la incomodidad que provoca la pregunta, que en ese momento afecta a dos consejerías encabezadas por políticos de partidos distintos, ya que el PP (Hacienda) y Cs (Transportes) están gobernando en coalición.
“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no remitió el testimonio de la sentencia -que, como sabe, es un requisito indispensable para poder llevarla a efecto- hasta el 16 de junio”, le contesta, en su defensa, el entonces consejero de Transportes, Ángel Garrido, que apunta al estado de alarma decretado para combatir el coronavirus como causa del retraso. “Es al Tribunal Superior de Justicia a quienes ustedes deberían hacer las preguntas”.
¿Cuántas veces se han dado casos similares? ¿Cuánto ha costado a las arcas públicas? El Ejecutivo no lo aclara.
“Las bases de datos de la Abogacía General no permiten obtener esta información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, por lo que sería preciso buscar y sistematizar una información puntual dentro de un gran volumen de asuntos judiciales”, contesta la Abogacía Autonómica tras una petición de información cursada por EL PAÍS a través del portal de Transparencia.
En paralelo, la Administración regional, que en 2020 tardó una media de 28 días en pagar a sus proveedores, afronta cada año una factura millonaria por sus retrasos en el pago de facturas, o por discrepancias en la ejecución de contratos, y los litigios consecuentes. Al sostener el criterio de que apurar todos los recursos judiciales es defender el interés general, la Comunidad se arriesga a aumentar el coste de la indemnización. Y eso se mide en euros.
15 de marzo de 2018. Habla Mónica García, de Más Madrid, en el pleno. “¿Cuál es la cantidad de dinero público que ustedes consideran que una Administración Pública está legitimada a despilfarrar? ¿9 millones?, ¿20 millones?, ¿48 millones?, ¿83 millones? ¿Cuál es el límite que ustedes consideran que es aceptable que se pueda ir por el desagüe de la mala gestión y del despilfarro?”, lanza una ristra de preguntas. “En los últimos cinco años su Consejería (Sanidad) se ha gastado 83 millones en intereses de demora; intereses de demora que derivan de haber pagado tarde y mal a los proveedores”, se escandaliza. “Con ese dinero se podía haber hecho el doble de la lista de espera; con ese dinero se podía haber contratado a más de 500 profesionales al año; con ese dinero se podría haber evitado el deterioro sistemático de nuestras infraestructuras”.
Nadie niega la cifra de los 83 millones, entre otras cosas porque García ha llegado hasta ella usando datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo. Aunque la Consejería de Hacienda detalla a este diario que el gasto asociado al subconcepto “intereses de demora” de los Presupuestos ha ascendido a 28.941.270,2 millones entre 2015 y 2020, la oposición asegura que en realidad es mucho mayor, y que se ha subsumido en otras áreas de las cuentas públicas, o en partidas de gasto en las que no se diferencian conceptos.
De la documentación pública se deduce que el gasto en la última década ha sido multimillonario. Solo en 2019, los hospitales madrileños pagaron más de 10 millones de euros por intereses de demora. En compensar los retrasos en los pagos del canon a las concesionarias de la M-45, o por los errores de cálculo sobre el valor de las expropiaciones, se han ido más de 35 millones. Y en las últimas legislaturas ha habido cientos de penalizaciones que van desde las decenas a los millones de euros.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... iempo.html
-
Hay_sinla
- Mensajes: 66436
- Registrado: 05 May 2007, 16:30
- Ubicación: Hétenos aquí, entrando juntos a un bar
La Comunidad de Madrid autoriza la caza de pájaros cantores por la que Europa expedientó a España.
Bruselas paralizó en 2019 el proceso sancionador después de que el Gobierno central pudiera asegurar que ninguna región emitía permisos de captura.
Bruselas paralizó en 2019 el proceso sancionador después de que el Gobierno central pudiera asegurar que ninguna región emitía permisos de captura.
Ya va tomando el camino su arambol.
Somos Gary Cooper y Sara Montiel
Somos Gary Cooper y Sara Montiel
Seguimos con la excelencia en la gestión aliñada con negación de la evidencia;
La UE obliga a Madrid a aflorar más de 900 millones de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales privados
“El gasto sanitario no liquidado” de la Comunidad “ha afectado negativamente” al déficit de España, explican fuentes de la Comisión
La Comisión Europea y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar más de 900 millones de euros de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales públicos de gestión privada de la región, según los documentos e informaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
Esta deuda, sobre la que hasta ahora se ha negado a informar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), corresponde a los gastos de la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los llamados hospitales concertados hasta el 31 de diciembre de 2019. En su gran mayoría, cerca del 90% del total, estas obligaciones de pago son con cuatro hospitales del grupo Quirónsalud —Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y General de Villalba—, aunque hay una pequeña parte que corresponde al Hospital de Torrejón (del Grupo Ribera Salud).
Fue la Cámara de Cuentas de Madrid la que destapó por primera vez una deuda que la Comunidad había mantenido oculta hasta entonces y de la que se ha negado a ofrecer más detalles. Lo hizo en diciembre de 2019 en un informe correspondiente al ejercicio 2018 en el que alertaba de que la Consejería de Sanidad no había aflorado 722,3 millones de euros que debía a estos cinco hospitales.
El informe sorprendió a la IGAE, el máximo órgano de control del gasto público y el déficit a nivel nacional, que forzó a los responsables de la sanidad madrileña a aflorar las obligaciones de pago pendientes. La IGAE también elevó una consulta a las autoridades europeas sobre si esta deuda, que transcurrido un año ya superaba los 900 millones de euros, debía ser imputada en su totalidad al ejercicio 2020 o lo correcto era hacerlo en los años anteriores en los que se hubiera realizado la asistencia médica a pagar. La respuesta de Eurostat —la oficina que valida y certifica las cuentas de los Estados miembros— fue que todos los importes debían incluirse en el ejercicio de 2020.
El resultado de estos movimientos puede verse en el último informe trimestral de las administraciones públicas de 2020, que publica la IGAE. En el documento, por un error, figuran dos cantidades ligeramente distintas atribuidas a los hospitales concertados de Madrid, en todo caso superiores a los 900 millones de euros. La primera hace referencia a “944 millones por liquidaciones de hospitales de Madrid (903) y Valencia (41) de ejercicios anteriores”, mientras que en el epígrafe de la Comunidad de Madrid recoge “944 millones [que] corresponden a liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de concesiones sanitarias”.
“El asunto del gasto sanitario no liquidado en la Comunidad de Madrid se discutió con las autoridades españolas en el contexto de las notificaciones del procedimiento de déficit excesivo” el año pasado, confirma una fuente oficial de Eurostat. Las notificaciones se realizan dos veces al año (en abril y octubre) y los datos definitivos son cruciales para la aplicación del Pacto de Estabilidad, el marco disciplinario de la UE que puede traducirse en sanciones para los países que superan el límite del déficit (3%), el de deuda (60%) o que manipulan las estadísticas.
“Las cantidades en cuestión se contabilizaron como gasto principalmente en 2020, lo que ha afectado negativamente” al déficit público español, señalan desde Eurostat. Los casi mil millones de la deuda aflorada por Madrid supone apenas el 0,8% del déficit total del país, que en el peor año de la pandemia ascendió a 122.900 millones euros. Pero adquiere mucha mayor relevancia si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas cerraron el ejercicio con un déficit de 2.427 millones, por lo que la deuda de Ayuso con los hospitales supone el 36% (o el 39%, según el dato del informe de la IGAE que se tenga en cuenta) del total atribuible a las autonomías.
Aún más: la Comunidad de Madrid cerró 2020 con un déficit de 117 millones de euros, según los datos de la IGAE, por lo que la administración de Ayuso podría haber logrado un superávit de más de 800 millones de euros sin esta deuda con los hospitales concertados.
La intervención de la IGAE y la UE, cuyas instrucciones son de obligado cumplimiento, tumba las explicaciones dadas hasta la fecha por los responsables de la Comunidad de Madrid, que tras el informe de la Cámara de Cuentas aseguraron que “no puede hablarse de deuda cierta, sino de previsiones internas que realiza el Servicio Madrileño de Salud”. El pasado 14 de octubre, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en el argumento al afirmar que “las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda”.
Ruiz Escudero hizo estas declaraciones tras las preguntas de los partidos de la oposición, después de que EL PAÍS publicara que la multinacional Fresenius, propietaria de Quirónsalud, recogía en su informe anual del ejercicio 2020 que la Comunidad de Madrid le debía casi 1.250 millones por la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los ejercicios anteriores.
En respuesta a este diario, la Consejería de Sanidad reitera que los importes aflorados por la IAGE y Eurostat “no se tratan de deuda”, sino “una estimación pendiente de discusión y liquidación con el proveedor que no puede confirmarse hasta que toda la actividad esté auditada”. Sanidad también defiende que actúa con “transparencia, ya que la Cámara de Cuentas elabora sus informes con los datos aportados por la Comunidad”. La Consejería admite que tras las gestiones de la Intervención y la UE, estos “importes ya han sido computados como gasto en 2020 a efectos de déficit, pero es necesario finalizar las liquidaciones para efectuar los pagos”.
Toda la información disponible —informes de la Cámara de Cuentas, la IGAE, proveedores...— muestra que la deuda de la Consejería de Sanidad con los hospitales concertados está creciendo a un ritmo superior a 200 millones de euros anuales y apunta a que la Comunidad está teniendo dificultades para controlar y tramitar adecuadamente el gasto de estos centros sanitarios integrados en la red pública sanitaria.
“El problema se arrastra desde hace años y se ha visto agravado tras el cese del viceconsejero Juan González Armengol” el pasado mes de julio, explican fuentes de la Consejería de Sanidad, que piden el anonimato. “La tramitación de las liquidaciones se llevaba más o menos al día hasta 2015, cuando el PP perdió mucho poder en las elecciones autonómicas y las personas que lideraban estas gestiones fueron sustituidas por otras llegadas de otras comunidades. Hubo un parón muy importante y las últimas liquidaciones hechas se quedaron frenadas en las de 2013. Cuando llegó Armengol [octubre de 2020], dio un nuevo impulso y se actualizaron las liquidaciones pendientes hasta los ejercicios 2015 o 2016, pero con su marcha ha habido un nuevo frenazo. Además, ha habido jubilaciones y técnicos que se han ido, así que la estructura administrativa que debe auditar y controlar estos gastos está muy debilitada”, añaden estas fuentes.
Más Madrid y el PSOE, principales partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, han mostrado a este diario su sorpresa y malestar por los nuevos datos conocidos. “Sabemos que la tramitación administrativa de estas liquidaciones está siendo conflictiva y que acumula grandes retrasos, y es algo que estamos investigando, pero hemos preguntado repetidamente sobre ello al Gobierno de Ayuso sin que nos haya ofrecido ninguna respuesta. Desconocíamos que el caso hubiera llegado a la UE”, lamenta Javier Padilla, portavoz de Sanidad del grupo de Más Madrid.
Matilde Díaz Ojeda, del PSOE, denuncia la opacidad y falta de transparencia de la Consejería de Sanidad. “Llevamos tiempo denunciándolo y ahora ha quedado en evidencia. Por mucho que se empeñen en negarlo y le llamen como le llamen, lo que tienen con estos hospitales es una gigantesca deuda que no para de crecer. Y es realmente preocupante la falta de control que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre sus propios gastos con estos hospitales”, denuncia.
La Comunidad de Madrid reconoce que “las auditorías que se tienen que realizar son muy laboriosas” y asegura que ha puesto en marcha “un plan para reforzar los recursos humanos destinados a la finalización de las pendientes”, que asegura que se han visto “ralentizadas” por la pandemia y que espera “poder liquidar los pagos pendientes lo antes posible”.
Madrid ha sido la Comunidad española que más ha apostado por la privatización de la sanidad pública. Esperanza Aguirre impulsó a partir de 2003 con un modelo que le llevó a inaugurar nueve hospitales en su mandato, unos centros cuya financiación y gestión dejó en manos del sector privado con contratos a 30 años. Siete de ellos ensayaban un modelo mixto en el que el personal era público, pero el edificio y los equipamientos quedaban en manos de las compañías inversoras. A ellos, hay que sumar la Fundación Jiménez Díaz, inicialmente una entidad privada sin afán de lucro, que sufrió una grave crisis económica que Aguirre decidió solucionar poniendo el hospital bajo el control de una empresa privada que, tras varios cambios de titularidad, ha acabado integrada en Quirónsalud.
https://elpais.com/sociedad/2021-11-10/ ... vados.html
La UE obliga a Madrid a aflorar más de 900 millones de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales privados
“El gasto sanitario no liquidado” de la Comunidad “ha afectado negativamente” al déficit de España, explican fuentes de la Comisión
La Comisión Europea y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar más de 900 millones de euros de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales públicos de gestión privada de la región, según los documentos e informaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
Esta deuda, sobre la que hasta ahora se ha negado a informar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), corresponde a los gastos de la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los llamados hospitales concertados hasta el 31 de diciembre de 2019. En su gran mayoría, cerca del 90% del total, estas obligaciones de pago son con cuatro hospitales del grupo Quirónsalud —Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y General de Villalba—, aunque hay una pequeña parte que corresponde al Hospital de Torrejón (del Grupo Ribera Salud).
Fue la Cámara de Cuentas de Madrid la que destapó por primera vez una deuda que la Comunidad había mantenido oculta hasta entonces y de la que se ha negado a ofrecer más detalles. Lo hizo en diciembre de 2019 en un informe correspondiente al ejercicio 2018 en el que alertaba de que la Consejería de Sanidad no había aflorado 722,3 millones de euros que debía a estos cinco hospitales.
El informe sorprendió a la IGAE, el máximo órgano de control del gasto público y el déficit a nivel nacional, que forzó a los responsables de la sanidad madrileña a aflorar las obligaciones de pago pendientes. La IGAE también elevó una consulta a las autoridades europeas sobre si esta deuda, que transcurrido un año ya superaba los 900 millones de euros, debía ser imputada en su totalidad al ejercicio 2020 o lo correcto era hacerlo en los años anteriores en los que se hubiera realizado la asistencia médica a pagar. La respuesta de Eurostat —la oficina que valida y certifica las cuentas de los Estados miembros— fue que todos los importes debían incluirse en el ejercicio de 2020.
El resultado de estos movimientos puede verse en el último informe trimestral de las administraciones públicas de 2020, que publica la IGAE. En el documento, por un error, figuran dos cantidades ligeramente distintas atribuidas a los hospitales concertados de Madrid, en todo caso superiores a los 900 millones de euros. La primera hace referencia a “944 millones por liquidaciones de hospitales de Madrid (903) y Valencia (41) de ejercicios anteriores”, mientras que en el epígrafe de la Comunidad de Madrid recoge “944 millones [que] corresponden a liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de concesiones sanitarias”.
“El asunto del gasto sanitario no liquidado en la Comunidad de Madrid se discutió con las autoridades españolas en el contexto de las notificaciones del procedimiento de déficit excesivo” el año pasado, confirma una fuente oficial de Eurostat. Las notificaciones se realizan dos veces al año (en abril y octubre) y los datos definitivos son cruciales para la aplicación del Pacto de Estabilidad, el marco disciplinario de la UE que puede traducirse en sanciones para los países que superan el límite del déficit (3%), el de deuda (60%) o que manipulan las estadísticas.
“Las cantidades en cuestión se contabilizaron como gasto principalmente en 2020, lo que ha afectado negativamente” al déficit público español, señalan desde Eurostat. Los casi mil millones de la deuda aflorada por Madrid supone apenas el 0,8% del déficit total del país, que en el peor año de la pandemia ascendió a 122.900 millones euros. Pero adquiere mucha mayor relevancia si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas cerraron el ejercicio con un déficit de 2.427 millones, por lo que la deuda de Ayuso con los hospitales supone el 36% (o el 39%, según el dato del informe de la IGAE que se tenga en cuenta) del total atribuible a las autonomías.
Aún más: la Comunidad de Madrid cerró 2020 con un déficit de 117 millones de euros, según los datos de la IGAE, por lo que la administración de Ayuso podría haber logrado un superávit de más de 800 millones de euros sin esta deuda con los hospitales concertados.
La intervención de la IGAE y la UE, cuyas instrucciones son de obligado cumplimiento, tumba las explicaciones dadas hasta la fecha por los responsables de la Comunidad de Madrid, que tras el informe de la Cámara de Cuentas aseguraron que “no puede hablarse de deuda cierta, sino de previsiones internas que realiza el Servicio Madrileño de Salud”. El pasado 14 de octubre, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en el argumento al afirmar que “las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda”.
Ruiz Escudero hizo estas declaraciones tras las preguntas de los partidos de la oposición, después de que EL PAÍS publicara que la multinacional Fresenius, propietaria de Quirónsalud, recogía en su informe anual del ejercicio 2020 que la Comunidad de Madrid le debía casi 1.250 millones por la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los ejercicios anteriores.
En respuesta a este diario, la Consejería de Sanidad reitera que los importes aflorados por la IAGE y Eurostat “no se tratan de deuda”, sino “una estimación pendiente de discusión y liquidación con el proveedor que no puede confirmarse hasta que toda la actividad esté auditada”. Sanidad también defiende que actúa con “transparencia, ya que la Cámara de Cuentas elabora sus informes con los datos aportados por la Comunidad”. La Consejería admite que tras las gestiones de la Intervención y la UE, estos “importes ya han sido computados como gasto en 2020 a efectos de déficit, pero es necesario finalizar las liquidaciones para efectuar los pagos”.
Toda la información disponible —informes de la Cámara de Cuentas, la IGAE, proveedores...— muestra que la deuda de la Consejería de Sanidad con los hospitales concertados está creciendo a un ritmo superior a 200 millones de euros anuales y apunta a que la Comunidad está teniendo dificultades para controlar y tramitar adecuadamente el gasto de estos centros sanitarios integrados en la red pública sanitaria.
“El problema se arrastra desde hace años y se ha visto agravado tras el cese del viceconsejero Juan González Armengol” el pasado mes de julio, explican fuentes de la Consejería de Sanidad, que piden el anonimato. “La tramitación de las liquidaciones se llevaba más o menos al día hasta 2015, cuando el PP perdió mucho poder en las elecciones autonómicas y las personas que lideraban estas gestiones fueron sustituidas por otras llegadas de otras comunidades. Hubo un parón muy importante y las últimas liquidaciones hechas se quedaron frenadas en las de 2013. Cuando llegó Armengol [octubre de 2020], dio un nuevo impulso y se actualizaron las liquidaciones pendientes hasta los ejercicios 2015 o 2016, pero con su marcha ha habido un nuevo frenazo. Además, ha habido jubilaciones y técnicos que se han ido, así que la estructura administrativa que debe auditar y controlar estos gastos está muy debilitada”, añaden estas fuentes.
Más Madrid y el PSOE, principales partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, han mostrado a este diario su sorpresa y malestar por los nuevos datos conocidos. “Sabemos que la tramitación administrativa de estas liquidaciones está siendo conflictiva y que acumula grandes retrasos, y es algo que estamos investigando, pero hemos preguntado repetidamente sobre ello al Gobierno de Ayuso sin que nos haya ofrecido ninguna respuesta. Desconocíamos que el caso hubiera llegado a la UE”, lamenta Javier Padilla, portavoz de Sanidad del grupo de Más Madrid.
Matilde Díaz Ojeda, del PSOE, denuncia la opacidad y falta de transparencia de la Consejería de Sanidad. “Llevamos tiempo denunciándolo y ahora ha quedado en evidencia. Por mucho que se empeñen en negarlo y le llamen como le llamen, lo que tienen con estos hospitales es una gigantesca deuda que no para de crecer. Y es realmente preocupante la falta de control que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre sus propios gastos con estos hospitales”, denuncia.
La Comunidad de Madrid reconoce que “las auditorías que se tienen que realizar son muy laboriosas” y asegura que ha puesto en marcha “un plan para reforzar los recursos humanos destinados a la finalización de las pendientes”, que asegura que se han visto “ralentizadas” por la pandemia y que espera “poder liquidar los pagos pendientes lo antes posible”.
Madrid ha sido la Comunidad española que más ha apostado por la privatización de la sanidad pública. Esperanza Aguirre impulsó a partir de 2003 con un modelo que le llevó a inaugurar nueve hospitales en su mandato, unos centros cuya financiación y gestión dejó en manos del sector privado con contratos a 30 años. Siete de ellos ensayaban un modelo mixto en el que el personal era público, pero el edificio y los equipamientos quedaban en manos de las compañías inversoras. A ellos, hay que sumar la Fundación Jiménez Díaz, inicialmente una entidad privada sin afán de lucro, que sufrió una grave crisis económica que Aguirre decidió solucionar poniendo el hospital bajo el control de una empresa privada que, tras varios cambios de titularidad, ha acabado integrada en Quirónsalud.
https://elpais.com/sociedad/2021-11-10/ ... vados.html
Madrid desecha más de 100.000 vacunas contra la covid que han caducado en las neveras
Sanidad tuvo que tirar 117.977 inmunizaciones entre diciembre del 2020 y octubre de 2021: 106.534 habían superado la fecha límite para su administración y el resto, sufrieron roturas o incidentes en la cadena de frío
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido que ha tenido que descartar 117.977 vacunas entre el 27 de diciembre del año pasado, cuando comenzó la campaña de inmunización masiva contra la covid-19, y el 29 de octubre de 2021. La mayoría de las dosis, 106.534 unidades, fueron desechadas “por haber superado la fecha límite para su administración”, según reconoce la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad en una petición de información a través del Portal de Transparencia. El resto se han desechado “por roturas o incidentes en la cadena de frío”, dice el documento que avanza la Cadena SER.
La Comunidad de Madrid ha tirado 47.450 unidades de Janssen por haber sobrepasado la fecha de aplicación, 41.270 de AstraZeneca, 17.070 de Moderna y 744 de Pfizer. Por el contrario, esta última es la que más descartes suma por problemas con la cadena de frío, 10.254 unidades. Hubo que tirar por este motivo otras 919 de AstraZeneca y 270 de Janssen. Con las dosis que ha descartado Madrid y siguiendo la pauta habitual ―un pinchazo de Janssen o el doble en el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca―, se podría haber inmunizado a casi 77.000 personas, es decir, a toda la población de una ciudad madrileña mediana, como Majadahonda o Valdemoro.
Es la primera vez que Madrid admite haber tenido que tirar vacunas y se produce a raíz de que Cataluña reconociera que tenía 69.000 dosis que habían caducado en sus almacenes a mediados de septiembre. La Consejería de Sanidad de Madrid eludió entonces dar las cifras de la comunidad. Incluso dio a entender que en la región no existía ese problema. “Desde hace dos semanas estamos llevando a primera línea de administración aquellas dosis que estuviesen más cerca de la caducidad, para que se usen antes que las demás”, aseguró un portavoz del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.
Ahora, un portavoz, a consultas de este diario, culpa al Ministerio de Sanidad de la situación por los cambios de criterio a la hora de administrar las vacunas de AstraZeneca y Janssen, decisión que afecta a todas las autonomías. “En la Comunidad de Madrid van a caducar vacunas porque Sanidad ha apostado por Pfizer y no ha permitido que continuaran las vacunaciones con AstraZeneca o Janssen, indicando segundas dosis con vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) a ciudadanos que recibieron AstraZeneca o Janssen. Por este motivo, en Madrid van a caducar en torno a 100.000 dosis, de las que el 90% son de Janssen o AstraZeneca”, sostiene un portavoz. “Madrid planteó a Sanidad devolverlas para su posible donación, algo que el ministerio descartó indicando su destrucción como ya hacían otras comunidades”, añade.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad recalca a la emisora que “con margen, ninguna vacuna debe tirarse” y citan el caso de las devoluciones efectuadas por la Comunidad Valenciana. “Madrid comunicó la intención de proceder a la devolución de dosis de Janssen el 27 de octubre de 2021 a las 11.03″, señalan fuentes del departamento de Carolina Darias. Es el único fabricante para el que no había un acuerdo tripartito de venta y/o donación entre España, el laboratorio y un Estado receptor. Esas mismas fuentes remarcan que las fechas de caducidad eran además “inmediatas” ―el 25 de noviembre en el mejor de los casos―.
El ministerio subraya la importancia de los plazos porque los países receptores no aceptan partidas con vencimiento menor a tres meses por la complejidad de los envíos, la distribución y la planificación de la vacunación. En estos casos, insisten las fuentes gubernamentales, el mecanismo para el envío de vacunas a países en desarrollo tampoco es una opción. Esta herramienta de cooperación, que gestiona la Organización Mundial de la Salud (OMS), “solo acepta dosis que vienen directamente del fabricante”. Los viales próximos a caducar no pueden donarse porque ya se enviaron a las autoridades nacionales españolas, y ellas a los gobiernos autonómicos.
Las vacunas desechadas por cualquier causa representan el 1,08% del total de dosis que Sanidad ha entregado a Madrid, calcula la SER. Si se tienen en cuenta solo las que han caducado, son el 0,98%. Estas 100.000 vacunas que van a la basura lo hacen en un contexto de meses de quejas reiteradas de Madrid ante el Ministerio de Sanidad por falta de dosis: “Vacuna que llega, vacuna que se pone”, repetía como un mantra Escudero hasta mayo. Por esas fechas comenzó el acelerón de entregas de los laboratorios y Madrid se quedó en los puestos de cola de ritmo de administración. La Comunidad de Madrid ha recibido en total 10.825.829 vacunas, de las que ha administrado 10.113.865.
Al País Vasco, otro de los territorios que ha reconocido pérdidas de vacunas por este motivo, le han caducado solo 36 unidades, un 0,00098% de las que le han enviado, según datos de su Departamento de Salud. En cuanto a otras comunidades, en Melilla admiten también a la SER que han tenido que descartar dosis, pero poco más de 2.000. “No nos ha caducado ninguna vacuna y tampoco tenemos próximas a caducar, puesto que ahora se piden a demanda y se ponen todas”, explica una fuente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha también niegan haber tirado dosis por esta causa. La Comunidad Valenciana se limita a responder que “las que están cerca de caducar se reenvían al Ministerio”. En total, “se han devuelto 240.000 dosis”, explica la Conselleria.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... veras.html
Sanidad tuvo que tirar 117.977 inmunizaciones entre diciembre del 2020 y octubre de 2021: 106.534 habían superado la fecha límite para su administración y el resto, sufrieron roturas o incidentes en la cadena de frío
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido que ha tenido que descartar 117.977 vacunas entre el 27 de diciembre del año pasado, cuando comenzó la campaña de inmunización masiva contra la covid-19, y el 29 de octubre de 2021. La mayoría de las dosis, 106.534 unidades, fueron desechadas “por haber superado la fecha límite para su administración”, según reconoce la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad en una petición de información a través del Portal de Transparencia. El resto se han desechado “por roturas o incidentes en la cadena de frío”, dice el documento que avanza la Cadena SER.
La Comunidad de Madrid ha tirado 47.450 unidades de Janssen por haber sobrepasado la fecha de aplicación, 41.270 de AstraZeneca, 17.070 de Moderna y 744 de Pfizer. Por el contrario, esta última es la que más descartes suma por problemas con la cadena de frío, 10.254 unidades. Hubo que tirar por este motivo otras 919 de AstraZeneca y 270 de Janssen. Con las dosis que ha descartado Madrid y siguiendo la pauta habitual ―un pinchazo de Janssen o el doble en el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca―, se podría haber inmunizado a casi 77.000 personas, es decir, a toda la población de una ciudad madrileña mediana, como Majadahonda o Valdemoro.
Es la primera vez que Madrid admite haber tenido que tirar vacunas y se produce a raíz de que Cataluña reconociera que tenía 69.000 dosis que habían caducado en sus almacenes a mediados de septiembre. La Consejería de Sanidad de Madrid eludió entonces dar las cifras de la comunidad. Incluso dio a entender que en la región no existía ese problema. “Desde hace dos semanas estamos llevando a primera línea de administración aquellas dosis que estuviesen más cerca de la caducidad, para que se usen antes que las demás”, aseguró un portavoz del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.
Ahora, un portavoz, a consultas de este diario, culpa al Ministerio de Sanidad de la situación por los cambios de criterio a la hora de administrar las vacunas de AstraZeneca y Janssen, decisión que afecta a todas las autonomías. “En la Comunidad de Madrid van a caducar vacunas porque Sanidad ha apostado por Pfizer y no ha permitido que continuaran las vacunaciones con AstraZeneca o Janssen, indicando segundas dosis con vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) a ciudadanos que recibieron AstraZeneca o Janssen. Por este motivo, en Madrid van a caducar en torno a 100.000 dosis, de las que el 90% son de Janssen o AstraZeneca”, sostiene un portavoz. “Madrid planteó a Sanidad devolverlas para su posible donación, algo que el ministerio descartó indicando su destrucción como ya hacían otras comunidades”, añade.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad recalca a la emisora que “con margen, ninguna vacuna debe tirarse” y citan el caso de las devoluciones efectuadas por la Comunidad Valenciana. “Madrid comunicó la intención de proceder a la devolución de dosis de Janssen el 27 de octubre de 2021 a las 11.03″, señalan fuentes del departamento de Carolina Darias. Es el único fabricante para el que no había un acuerdo tripartito de venta y/o donación entre España, el laboratorio y un Estado receptor. Esas mismas fuentes remarcan que las fechas de caducidad eran además “inmediatas” ―el 25 de noviembre en el mejor de los casos―.
El ministerio subraya la importancia de los plazos porque los países receptores no aceptan partidas con vencimiento menor a tres meses por la complejidad de los envíos, la distribución y la planificación de la vacunación. En estos casos, insisten las fuentes gubernamentales, el mecanismo para el envío de vacunas a países en desarrollo tampoco es una opción. Esta herramienta de cooperación, que gestiona la Organización Mundial de la Salud (OMS), “solo acepta dosis que vienen directamente del fabricante”. Los viales próximos a caducar no pueden donarse porque ya se enviaron a las autoridades nacionales españolas, y ellas a los gobiernos autonómicos.
Las vacunas desechadas por cualquier causa representan el 1,08% del total de dosis que Sanidad ha entregado a Madrid, calcula la SER. Si se tienen en cuenta solo las que han caducado, son el 0,98%. Estas 100.000 vacunas que van a la basura lo hacen en un contexto de meses de quejas reiteradas de Madrid ante el Ministerio de Sanidad por falta de dosis: “Vacuna que llega, vacuna que se pone”, repetía como un mantra Escudero hasta mayo. Por esas fechas comenzó el acelerón de entregas de los laboratorios y Madrid se quedó en los puestos de cola de ritmo de administración. La Comunidad de Madrid ha recibido en total 10.825.829 vacunas, de las que ha administrado 10.113.865.
Al País Vasco, otro de los territorios que ha reconocido pérdidas de vacunas por este motivo, le han caducado solo 36 unidades, un 0,00098% de las que le han enviado, según datos de su Departamento de Salud. En cuanto a otras comunidades, en Melilla admiten también a la SER que han tenido que descartar dosis, pero poco más de 2.000. “No nos ha caducado ninguna vacuna y tampoco tenemos próximas a caducar, puesto que ahora se piden a demanda y se ponen todas”, explica una fuente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha también niegan haber tirado dosis por esta causa. La Comunidad Valenciana se limita a responder que “las que están cerca de caducar se reenvían al Ministerio”. En total, “se han devuelto 240.000 dosis”, explica la Conselleria.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... veras.html
Los que suelen acusar de sectarismo a otros sin el menor atisbo de vergüenza por ello:
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Las 3.700 ideas para mejorar Madrid que rechazan Díaz Ayuso y Vox
La apuesta de los socios presupuestarios por vetar enmiendas de la izquierda sin leerlas deja fuera de la cuentas inversiones en institutos, centros de salud...
Es jueves 2 de diciembre, y Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, estalla. “Han puesto un cordón sanitario a las enmiendas (parciales) de los grupos que representamos a un millón y medio de madrileños”, se queja en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea, donde PP y Vox han acordado vetar todas las ideas de la izquierda para sus Presupuestos. Da igual que no haya terminado el plazo de registro. No importa que eso implique que los dos socios deciden sin haber leído el contenido de las propuestas del resto de partidos. PP y Vox explicitan el veto negro sobre blanco en su acuerdo para sacar adelante las cuentas. “Están ustedes enfermos de sectarismo”, recalca la líder de Más Madrid. “Rechazan, sin mirar, un centro de salud en Las Tablas, un instituto en Parla, o una fábrica de automoción en el Sur”, lamenta. Y estalla la bronca en la Cámara.
Así, de un plumazo, el PP y Vox descartan las 3.711 propuestas para mejorar las cuentas que registran Podemos (1.655), Más Madrid (1.581) y PSOE (475). No hay otra razón que su origen: con la izquierda, ni a por una herencia. Da igual su contenido, que las enmiendas tengan alguna carga ideológica, o que sean totalmente utilitaristas. Se rechazan de plano.
El PP justifica que lo mismo ha ocurrido en el Congreso con sus enmiendas parciales a los presupuestos generales del estado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aceptado solo una exigua minoría de las de sus socios parlamentarios: en el proyecto ha acabado incluida una de Ciudadanos.
En paralelo, Vox ha mantenido una posición radical, y hasta contradictoria, en los dos ámbitos de negociación. Primero, renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto estatal, con el argumento de que eso es hacerle el juego al gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, vetó que la izquierda presentara enmiendas parciales al regional, con el argumento de que así se impide que su influencia diluya el proyecto del gobierno de Díaz Ayuso.
Estos son los ejemplos de algunas de las 3.700 propuestas para mejorar Madrid que han rechazado los dos socios, resumiendo la polarización total de la política madrileña.
Más Madrid. Sin tasas en FP, luz en la Cañada Real. El partido de Mónica García propone eliminar las tasas de matriculación en los ciclos superiores de FP, construir un instituto en Arganda, San Fermín, Coslada, Rivas, Valdebebas o Valdemoro; centros de educación infantil y primaria en Tres Cantos; y múltiples infraestructuras para escuelas infantiles y de FP. Se plantea la construcción de residencias de mayores en Rivas, Móstoles o Madrid capital, y la de centros de salud en Fuenlabrada, Parla, Móstoles o Valdemoro; la creación de pisos de acogida para jóvenes LGTBI expulsados de su familia; o aumentar la partida que financia la renta mínima de inserción. Además, el partido que lidera la oposición apuesta por incrementar las estaciones de control de la calidad atmosférica para incluir a todos los municipios de más de 50.000 habitantes; hacer un inventario del amianto presente en la Comunidad; o mejorar la red eléctrica de la Cañada Real, donde no hay luz desde hace más de un año, por lo que también se pide comprar o ceder generadores eléctricos y paneles solares.
PSOE. Acabar con el drama de la línea 7B de Metro. El grupo de Juan Lobato ha presentado 476 propuestas con un valor total de 647 millones para cambiar las cuentas. De ese total, 141,5 millones se dedicaría a afrontar los problemas generados en el municipio de San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro (que ha afectado a los cimientos de 200 viviendas, según el Ayuntamiento, obligando al derribo de varios edificios y al desalojo de 24 familias), además de a unificar las tarifas de transporte o a mejorar carreteras. El PSOE también propone emplear 123 millones para reducir la lista de espera quirúrgica o cumplir con la ley de salud bucodental, que en teoría permite que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis. Finalmente, los diputados socialistas proponían dedicar 60 millones a la construcción de centros educativos de primaria, secundaria y de formación profesional, “para paliar la falta de plazas públicas en la región, con miles de personas teniendo que asistir a plazas privadas”.
Podemos. Reapertura de las urgencias de atención primaria, inspeccionar pisos turísticos. El partido de Carolina Alonso reclama la reapertura inmediata de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que llevan cerrados más de 600 días (desde el 30 de marzo de 2020); dotar de más personal al SUMMA 112 y construir centros de salud; destinar un millón de euros a que trabajen más inspectores de pisos turísticos; crear un carril Bus-VAO en la carretera M-607 e infraestructuras educativas por toda la región; ampliar la red pública para educación de 0 a 6 años; y multiplicar la renta mínima de inserción. También se plantea que las retribuciones del presidente, vicepresidente y consejeros de Madrid no puedan ser superiores a los de sus homólogos del gobierno de la nación (lo que por ejemplo implica reducir el sueldo de Díaz Ayuso en 18.000 euros). O dedicar los fondos previstos para la tauromaquia que iban a ser transferidos a los ayuntamientos (100.000 euros) a la construcción del Memorial de Víctimas del Terrorismo aprobado por la Asamblea de Madrid.
Ninguna de esas propuestas verá la luz. La mayoría de PP y Vox se impondrá en los trabajos de la comisión para que no alteren un proyecto valorado en 23.000 millones de euros, y con un sello indeleble: los presupuestos son solo de los dos partidos de derechas de la Cámara.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... y-vox.html
Siempre se está a tiempo de recuperar algunas, atribuyéndoselas como propias en exclusiva, mientras se acusa a la oposición de "no hacer nada".
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Las 3.700 ideas para mejorar Madrid que rechazan Díaz Ayuso y Vox
La apuesta de los socios presupuestarios por vetar enmiendas de la izquierda sin leerlas deja fuera de la cuentas inversiones en institutos, centros de salud...
Es jueves 2 de diciembre, y Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, estalla. “Han puesto un cordón sanitario a las enmiendas (parciales) de los grupos que representamos a un millón y medio de madrileños”, se queja en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea, donde PP y Vox han acordado vetar todas las ideas de la izquierda para sus Presupuestos. Da igual que no haya terminado el plazo de registro. No importa que eso implique que los dos socios deciden sin haber leído el contenido de las propuestas del resto de partidos. PP y Vox explicitan el veto negro sobre blanco en su acuerdo para sacar adelante las cuentas. “Están ustedes enfermos de sectarismo”, recalca la líder de Más Madrid. “Rechazan, sin mirar, un centro de salud en Las Tablas, un instituto en Parla, o una fábrica de automoción en el Sur”, lamenta. Y estalla la bronca en la Cámara.
Así, de un plumazo, el PP y Vox descartan las 3.711 propuestas para mejorar las cuentas que registran Podemos (1.655), Más Madrid (1.581) y PSOE (475). No hay otra razón que su origen: con la izquierda, ni a por una herencia. Da igual su contenido, que las enmiendas tengan alguna carga ideológica, o que sean totalmente utilitaristas. Se rechazan de plano.
El PP justifica que lo mismo ha ocurrido en el Congreso con sus enmiendas parciales a los presupuestos generales del estado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aceptado solo una exigua minoría de las de sus socios parlamentarios: en el proyecto ha acabado incluida una de Ciudadanos.
En paralelo, Vox ha mantenido una posición radical, y hasta contradictoria, en los dos ámbitos de negociación. Primero, renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto estatal, con el argumento de que eso es hacerle el juego al gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, vetó que la izquierda presentara enmiendas parciales al regional, con el argumento de que así se impide que su influencia diluya el proyecto del gobierno de Díaz Ayuso.
Estos son los ejemplos de algunas de las 3.700 propuestas para mejorar Madrid que han rechazado los dos socios, resumiendo la polarización total de la política madrileña.
Más Madrid. Sin tasas en FP, luz en la Cañada Real. El partido de Mónica García propone eliminar las tasas de matriculación en los ciclos superiores de FP, construir un instituto en Arganda, San Fermín, Coslada, Rivas, Valdebebas o Valdemoro; centros de educación infantil y primaria en Tres Cantos; y múltiples infraestructuras para escuelas infantiles y de FP. Se plantea la construcción de residencias de mayores en Rivas, Móstoles o Madrid capital, y la de centros de salud en Fuenlabrada, Parla, Móstoles o Valdemoro; la creación de pisos de acogida para jóvenes LGTBI expulsados de su familia; o aumentar la partida que financia la renta mínima de inserción. Además, el partido que lidera la oposición apuesta por incrementar las estaciones de control de la calidad atmosférica para incluir a todos los municipios de más de 50.000 habitantes; hacer un inventario del amianto presente en la Comunidad; o mejorar la red eléctrica de la Cañada Real, donde no hay luz desde hace más de un año, por lo que también se pide comprar o ceder generadores eléctricos y paneles solares.
PSOE. Acabar con el drama de la línea 7B de Metro. El grupo de Juan Lobato ha presentado 476 propuestas con un valor total de 647 millones para cambiar las cuentas. De ese total, 141,5 millones se dedicaría a afrontar los problemas generados en el municipio de San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro (que ha afectado a los cimientos de 200 viviendas, según el Ayuntamiento, obligando al derribo de varios edificios y al desalojo de 24 familias), además de a unificar las tarifas de transporte o a mejorar carreteras. El PSOE también propone emplear 123 millones para reducir la lista de espera quirúrgica o cumplir con la ley de salud bucodental, que en teoría permite que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis. Finalmente, los diputados socialistas proponían dedicar 60 millones a la construcción de centros educativos de primaria, secundaria y de formación profesional, “para paliar la falta de plazas públicas en la región, con miles de personas teniendo que asistir a plazas privadas”.
Podemos. Reapertura de las urgencias de atención primaria, inspeccionar pisos turísticos. El partido de Carolina Alonso reclama la reapertura inmediata de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que llevan cerrados más de 600 días (desde el 30 de marzo de 2020); dotar de más personal al SUMMA 112 y construir centros de salud; destinar un millón de euros a que trabajen más inspectores de pisos turísticos; crear un carril Bus-VAO en la carretera M-607 e infraestructuras educativas por toda la región; ampliar la red pública para educación de 0 a 6 años; y multiplicar la renta mínima de inserción. También se plantea que las retribuciones del presidente, vicepresidente y consejeros de Madrid no puedan ser superiores a los de sus homólogos del gobierno de la nación (lo que por ejemplo implica reducir el sueldo de Díaz Ayuso en 18.000 euros). O dedicar los fondos previstos para la tauromaquia que iban a ser transferidos a los ayuntamientos (100.000 euros) a la construcción del Memorial de Víctimas del Terrorismo aprobado por la Asamblea de Madrid.
Ninguna de esas propuestas verá la luz. La mayoría de PP y Vox se impondrá en los trabajos de la comisión para que no alteren un proyecto valorado en 23.000 millones de euros, y con un sello indeleble: los presupuestos son solo de los dos partidos de derechas de la Cámara.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... y-vox.html
Siempre se está a tiempo de recuperar algunas, atribuyéndoselas como propias en exclusiva, mientras se acusa a la oposición de "no hacer nada".
Donde esté una buena acusación conspiratoria que se quite cualquier atisbo de autocrítica;
Díaz Ayuso: “En algunos centros de salud no todos quieren trabajar y arrimar el hombro”
“No cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, dice
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este martes una investigación sobre los problemas que está teniendo la atención primaria regional para digerir el repunte de casos de coronavirus que está provocando la sexta ola de la pandemia. “En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, ha dicho la líder conservadora en una entrevista en Es Radio, donde ha especificado que no hay problemas en la atención sanitaria, aunque sí ha dado a entender que puede haberlos en algún caso en el terreno administrativo. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”.
MÁS INFORMACIÓN
La sexta ola ya desborda la atención primaria de Madrid
La sexta ola de la pandemia amenaza con sobrepasar las capacidades del sistema sanitario madrileño: el Colegio de Médicos ya ha advertido de la posibilidad del colapso de la atención primaria. En los últimos días se han hecho habituales las imágenes de ciudadanos haciendo largas colas a las puertas de estos centros. Llamar por teléfono no arregla nada, porque cuesta dar con alguien que conteste, según las quejas de los usuarios. Los sindicatos denuncian que el número de pacientes a los que tienen que atender los profesionales sobrepasa con mucho lo posible. Y todo apunta a que la situación solo va a empeorar: la tendencia que reflejan los datos oficiales señala que es posible alcanzar una incidencia de 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días antes del viernes.
“[La izquierda] quiere convertir los centros de salud en sedes electorales”, ha argumentado Díaz Ayuso. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quien trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual”, ha añadido. “Se mezcla la situación real con la que ellos provocan (…) Va a ser un campo de batalla”, ha subrayado. Y ha rematado: “Nos está pasando muy frecuentemente de ciudadanos a los que dependiendo del centro de salud al que acudan, la atención que están recibiendo, no la sanitaria, sino la atención al ciudadano como tal, es distinta (...). Queremos saber qué está sucediendo (...). Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud de Madrid. No en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas, y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar”.
La reflexión ha provocado un terremoto entre los sanitarios, agotados tras casi dos años de lucha en la primera línea contra un virus que puede ser mortal.
“La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo que pueden”, le ha contestado en Twitter Yolanda Fuentes, exdirectora general de Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que dimitió en mayo de 2020 en protesta por la apuesta de Madrid por pasar de fase en la desescalada cuando ella consideraba que la región no estaba lista. “Y de eso se han valido”, ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales. “La vocación de servicio público que ellos tienen en ustedes ni está ni se la espera”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... ombro.html
Díaz Ayuso: “En algunos centros de salud no todos quieren trabajar y arrimar el hombro”
“No cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, dice
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este martes una investigación sobre los problemas que está teniendo la atención primaria regional para digerir el repunte de casos de coronavirus que está provocando la sexta ola de la pandemia. “En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, ha dicho la líder conservadora en una entrevista en Es Radio, donde ha especificado que no hay problemas en la atención sanitaria, aunque sí ha dado a entender que puede haberlos en algún caso en el terreno administrativo. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”.
MÁS INFORMACIÓN
La sexta ola ya desborda la atención primaria de Madrid
La sexta ola de la pandemia amenaza con sobrepasar las capacidades del sistema sanitario madrileño: el Colegio de Médicos ya ha advertido de la posibilidad del colapso de la atención primaria. En los últimos días se han hecho habituales las imágenes de ciudadanos haciendo largas colas a las puertas de estos centros. Llamar por teléfono no arregla nada, porque cuesta dar con alguien que conteste, según las quejas de los usuarios. Los sindicatos denuncian que el número de pacientes a los que tienen que atender los profesionales sobrepasa con mucho lo posible. Y todo apunta a que la situación solo va a empeorar: la tendencia que reflejan los datos oficiales señala que es posible alcanzar una incidencia de 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días antes del viernes.
“[La izquierda] quiere convertir los centros de salud en sedes electorales”, ha argumentado Díaz Ayuso. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quien trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual”, ha añadido. “Se mezcla la situación real con la que ellos provocan (…) Va a ser un campo de batalla”, ha subrayado. Y ha rematado: “Nos está pasando muy frecuentemente de ciudadanos a los que dependiendo del centro de salud al que acudan, la atención que están recibiendo, no la sanitaria, sino la atención al ciudadano como tal, es distinta (...). Queremos saber qué está sucediendo (...). Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud de Madrid. No en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas, y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar”.
La reflexión ha provocado un terremoto entre los sanitarios, agotados tras casi dos años de lucha en la primera línea contra un virus que puede ser mortal.
“La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo que pueden”, le ha contestado en Twitter Yolanda Fuentes, exdirectora general de Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que dimitió en mayo de 2020 en protesta por la apuesta de Madrid por pasar de fase en la desescalada cuando ella consideraba que la región no estaba lista. “Y de eso se han valido”, ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales. “La vocación de servicio público que ellos tienen en ustedes ni está ni se la espera”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... ombro.html
Perfecto!!RED RONIN escribió:Donde esté una buena acusación conspiratoria que se quite cualquier atisbo de autocrítica;
Díaz Ayuso: “En algunos centros de salud no todos quieren trabajar y arrimar el hombro”
“No cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, dice
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este martes una investigación sobre los problemas que está teniendo la atención primaria regional para digerir el repunte de casos de coronavirus que está provocando la sexta ola de la pandemia. “En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, ha dicho la líder conservadora en una entrevista en Es Radio, donde ha especificado que no hay problemas en la atención sanitaria, aunque sí ha dado a entender que puede haberlos en algún caso en el terreno administrativo. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”.
MÁS INFORMACIÓN
La sexta ola ya desborda la atención primaria de Madrid
La sexta ola de la pandemia amenaza con sobrepasar las capacidades del sistema sanitario madrileño: el Colegio de Médicos ya ha advertido de la posibilidad del colapso de la atención primaria. En los últimos días se han hecho habituales las imágenes de ciudadanos haciendo largas colas a las puertas de estos centros. Llamar por teléfono no arregla nada, porque cuesta dar con alguien que conteste, según las quejas de los usuarios. Los sindicatos denuncian que el número de pacientes a los que tienen que atender los profesionales sobrepasa con mucho lo posible. Y todo apunta a que la situación solo va a empeorar: la tendencia que reflejan los datos oficiales señala que es posible alcanzar una incidencia de 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días antes del viernes.
“[La izquierda] quiere convertir los centros de salud en sedes electorales”, ha argumentado Díaz Ayuso. “Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quien trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual”, ha añadido. “Se mezcla la situación real con la que ellos provocan (…) Va a ser un campo de batalla”, ha subrayado. Y ha rematado: “Nos está pasando muy frecuentemente de ciudadanos a los que dependiendo del centro de salud al que acudan, la atención que están recibiendo, no la sanitaria, sino la atención al ciudadano como tal, es distinta (...). Queremos saber qué está sucediendo (...). Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud de Madrid. No en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas, y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar”.
La reflexión ha provocado un terremoto entre los sanitarios, agotados tras casi dos años de lucha en la primera línea contra un virus que puede ser mortal.
“La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo que pueden”, le ha contestado en Twitter Yolanda Fuentes, exdirectora general de Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que dimitió en mayo de 2020 en protesta por la apuesta de Madrid por pasar de fase en la desescalada cuando ella consideraba que la región no estaba lista. “Y de eso se han valido”, ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales. “La vocación de servicio público que ellos tienen en ustedes ni está ni se la espera”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-1 ... ombro.html
La gente de izquierdas pone el grito en el cielo.
Ergo la izquierda no quiere a Ayuso.
Yo no soy de izquierdas.
Viva Ayuso porque no les gusta a los izquierdas.
Y así funciona la capital, listo para sentencia.
Lo importante es soltar la trola:
Las cifras que desmienten a Almeida: Madrid no es la comunidad que "tira de España" en la caída del paro
El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular ha afirmado este martes que "los datos del paro son positivos porque Madrid sigue tirando de España". Sin embargo, esto no es así ni en términos absolutos ni en relativos
Este martes se han dado a conocer los últimos datos del paro de 2021 con una tendencia de creación de empleo al alza. En diciembre se han dado de alta 70.814 trabajadores en la Seguridad Social, lo que supone 776.478 nuevos empleos desde el comienzo del año. Con respecto a 2020, el paro ha bajado en casi 800.000 personas, un 20%, y estamos en niveles de paro mejores que los de antes de la pandemia.
Además, han sido los sectores más perjudicados por la pandemia los que han liderado las subidas. La afiliación en la hostelería ha crecido un 17,7%, mientras que lo ha hecho en un 16,2% en las llamadas “Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento”, es decir, cines, teatros, conciertos, etc.
Estos datos han generado reacciones positivas del Gobierno, de los empresarios, de los sindicatos, y hasta de la oposición, que ha reconocido que las cifras hechas públicas este martes son buenas. Hasta el PP, con algún matiz, ha llegado a asegurar que "no son datos malos", pero que son "cifras dopadas".
Sin embargo, no todas las interpretaciones está basadas en la realidad. Como por ejemplo, las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Los datos del paro son positivos porque Madrid sigue tirando de España", ha afirmado este martes el portavoz nacional del Partido Popular.
Esto no es así ni en términos absolutos ni en relativos. En Madrid el paro ha caído en 66.809 personas en el último año, mientras que en Cataluña esa cifra es de 128.453. Por lo tanto, se trata del doble en caída de paro y en creación de empleo.
En creación de empleo en términos relativos los datos tampoco se asemejan a lo que ha reflejado el alcalde Almeida. Madrid está por debajo de la media en creación de empleo. Ha caído el paro un 20% en todo el país, mientras que en Madrid solo ha bajado un 15%. Las cifras madrileñas quedan por lo tanto muy por debajo de las de comunidades como Aragón, donde la caída es del 25,86%, en Canarias, del 24,72%, en Baleares es del 33,63% de caída, el doble que en Madrid
https://cadenaser.com/ser/2022/01/04/ec ... 25156.html
Enviado desde mi SM-A127F mediante Tapatalk
Las cifras que desmienten a Almeida: Madrid no es la comunidad que "tira de España" en la caída del paro
El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular ha afirmado este martes que "los datos del paro son positivos porque Madrid sigue tirando de España". Sin embargo, esto no es así ni en términos absolutos ni en relativos
Este martes se han dado a conocer los últimos datos del paro de 2021 con una tendencia de creación de empleo al alza. En diciembre se han dado de alta 70.814 trabajadores en la Seguridad Social, lo que supone 776.478 nuevos empleos desde el comienzo del año. Con respecto a 2020, el paro ha bajado en casi 800.000 personas, un 20%, y estamos en niveles de paro mejores que los de antes de la pandemia.
Además, han sido los sectores más perjudicados por la pandemia los que han liderado las subidas. La afiliación en la hostelería ha crecido un 17,7%, mientras que lo ha hecho en un 16,2% en las llamadas “Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento”, es decir, cines, teatros, conciertos, etc.
Estos datos han generado reacciones positivas del Gobierno, de los empresarios, de los sindicatos, y hasta de la oposición, que ha reconocido que las cifras hechas públicas este martes son buenas. Hasta el PP, con algún matiz, ha llegado a asegurar que "no son datos malos", pero que son "cifras dopadas".
Sin embargo, no todas las interpretaciones está basadas en la realidad. Como por ejemplo, las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Los datos del paro son positivos porque Madrid sigue tirando de España", ha afirmado este martes el portavoz nacional del Partido Popular.
Esto no es así ni en términos absolutos ni en relativos. En Madrid el paro ha caído en 66.809 personas en el último año, mientras que en Cataluña esa cifra es de 128.453. Por lo tanto, se trata del doble en caída de paro y en creación de empleo.
En creación de empleo en términos relativos los datos tampoco se asemejan a lo que ha reflejado el alcalde Almeida. Madrid está por debajo de la media en creación de empleo. Ha caído el paro un 20% en todo el país, mientras que en Madrid solo ha bajado un 15%. Las cifras madrileñas quedan por lo tanto muy por debajo de las de comunidades como Aragón, donde la caída es del 25,86%, en Canarias, del 24,72%, en Baleares es del 33,63% de caída, el doble que en Madrid
https://cadenaser.com/ser/2022/01/04/ec ... 25156.html
Enviado desde mi SM-A127F mediante Tapatalk
Lo de las mentiras repetidas un millón de veces, en el paraíso de la libertad, está a la orden del día por lo que leo
Por aquí no somos ejemplo de nada, viendo que prohibimos a los niños que hablan castellano en clase, ir al lavabo..
Por aquí no somos ejemplo de nada, viendo que prohibimos a los niños que hablan castellano en clase, ir al lavabo..
La Justicia condena al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagar 30 millones por las 135 ‘camas fantasma’ de Esperanza Aguirre
La adjudicataria del hospital Puerta de Hierro cobrará por un servicio que no ha prestado desde la inauguración
A Esperanza Aguirre no le gustaban los arquitectos. “Habría que matarlos (...) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, dijo cuando era presidenta regional (2003-2012). “¿Pero cómo puedes autorizar esta **** mierda?”, criticó en otra ocasión un monolito. “Todo se puede delegar, menos la supervisión”, era una de sus frases favoritas para justificar el intenso placaje al que sometía a los técnicos de las obras y proyectos autonómicos. Cuando la expresidenta regional descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no le gustó: las estancias, en su opinión, debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Ocurre que la Comunidad siguió pagando más de un millón de euros al año por ellas durante casi una década. Que cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes, también del PP, llegó al poder dejó de hacerlo, y actuó para recuperar parte de ese dinero. Y que ahora la justicia ha dictaminado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del mismo partido, pague casi 30 millones de euros a la empresa adjudicataria, que cobró con Aguirre por unas camas que nunca se han usado y ahora volverá a hacerlo.
“Según la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto”, resume un portavoz del Ejecutivo autonómico, que aprobó el pago de esa cantidad a finales de diciembre. “De los 29 millones, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el año 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035″, añadió. “Ya se han abonado los 11.385.672,09 euros”, remató una explicación a la que se remitió el departamento de prensa del hospital cuando este diario requirió su versión.
El recuerdo de aquella decisión ha perseguido a Aguirre como un fantasma durante casi 15 años. En noviembre, la fiscalía anticorrupción pidió que la expresidenta fuera imputada por presunta prevaricación y malversación. Aunque la petición fue rechazada, los argumentos que la sustentaron sirvieron para iluminar los oscuros procesos de decisión de la Administración en la época en la que anidaron tramas corruptas como las que se investigan en los casos Púnica, Gürtel o Lezo.
“Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, se describía en el escrito de la Fiscalía, rechazado por la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla.
“Menoscabo del caudal público”
El texto continuaba: “Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”. Durante casi una década, la Comunidad había seguido pagando, a razón de más de un millón al año, por unas camas que no se habían utilizado jamás. “La Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”, puntualizaba.
Las conclusiones de la Fiscalía coinciden letra por letra con las que refleja un informe gubernamental de 2017, cuando ya Aguirre no estaba en el poder y el escándalo le explotó en la cara al Ejecutivo que entonces encabezaba Cristina Cifuentes.
“[Existe] un desequilibrio económico que debe ser corregido sobre la base de los menores costes que supone para la concesionaria la reducción de 135 camas”, se lee en un dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid. “Ello implica una reducción del canon anual a percibir por la concesionaria de -1.315.323,13 euros a partir del año 2017 y un importe de retroactividad de -5.998.178,49 euros por los últimos cuatro ejercicios no prescritos”, se detalla. Y se calcula: “En total (incluido el periodo al que se aplica la retroactividad) el reequilibrio supondrá una disminución del canon concesional de -29.065.793,08 euros, IVA incluido”.
Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno regional haya acabado pagando a la concesionaria, cuando esta da, en principio, menos servicio del previsto?
Porque la adjudicataria del hospital recurrió ante la justicia contra la resolución del viceconsejero de Sanidad de Cifuentes, que ponía en marcha el doble planteamiento de recuperar el dinero pagado y dejar de pagar por las 135 camas fantasma, alterando el coste económico de la concesión en favor de la Comunidad “con motivo de la supresión de 135 camas y la consiguiente minoración del coste de los servicios asociados de la sociedad concesionaria”.
Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid observó que la tramitación de ese expediente se había alargado “innecesariamente” con “sucesivas peticiones de informes no preceptivos” para “evitar el fin de la caducidad del mismo”. En un sentencia a la que accedió EL PAÍS, observó: “Estos trámites no pueden tener el alcance de suspender los plazos para dictar la resolución correspondiente, razón por la cual se ha de concluir que el procedimiento había caducado cuando se dictó la resolución correspondiente”. Y por ello condenó a la Administración a “la devolución de las cantidades percibidas derivadas de la resolución anulada”.
Es decir, las retraídas retroactivamente desde 2013, y las que se deberán pagar hasta el final de la concesión, en 2035. La bomba económica, avalada por una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha explotado ahora con Díaz Ayuso en el gobierno. Y así, más de 20 años después de que Aguirre dejara el poder, la Comunidad de Madrid seguirá pagando por una de sus polémicas decisiones.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... uirre.html
La adjudicataria del hospital Puerta de Hierro cobrará por un servicio que no ha prestado desde la inauguración
A Esperanza Aguirre no le gustaban los arquitectos. “Habría que matarlos (...) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, dijo cuando era presidenta regional (2003-2012). “¿Pero cómo puedes autorizar esta **** mierda?”, criticó en otra ocasión un monolito. “Todo se puede delegar, menos la supervisión”, era una de sus frases favoritas para justificar el intenso placaje al que sometía a los técnicos de las obras y proyectos autonómicos. Cuando la expresidenta regional descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no le gustó: las estancias, en su opinión, debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Ocurre que la Comunidad siguió pagando más de un millón de euros al año por ellas durante casi una década. Que cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes, también del PP, llegó al poder dejó de hacerlo, y actuó para recuperar parte de ese dinero. Y que ahora la justicia ha dictaminado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del mismo partido, pague casi 30 millones de euros a la empresa adjudicataria, que cobró con Aguirre por unas camas que nunca se han usado y ahora volverá a hacerlo.
“Según la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto”, resume un portavoz del Ejecutivo autonómico, que aprobó el pago de esa cantidad a finales de diciembre. “De los 29 millones, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el año 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035″, añadió. “Ya se han abonado los 11.385.672,09 euros”, remató una explicación a la que se remitió el departamento de prensa del hospital cuando este diario requirió su versión.
El recuerdo de aquella decisión ha perseguido a Aguirre como un fantasma durante casi 15 años. En noviembre, la fiscalía anticorrupción pidió que la expresidenta fuera imputada por presunta prevaricación y malversación. Aunque la petición fue rechazada, los argumentos que la sustentaron sirvieron para iluminar los oscuros procesos de decisión de la Administración en la época en la que anidaron tramas corruptas como las que se investigan en los casos Púnica, Gürtel o Lezo.
“Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, se describía en el escrito de la Fiscalía, rechazado por la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla.
“Menoscabo del caudal público”
El texto continuaba: “Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”. Durante casi una década, la Comunidad había seguido pagando, a razón de más de un millón al año, por unas camas que no se habían utilizado jamás. “La Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”, puntualizaba.
Las conclusiones de la Fiscalía coinciden letra por letra con las que refleja un informe gubernamental de 2017, cuando ya Aguirre no estaba en el poder y el escándalo le explotó en la cara al Ejecutivo que entonces encabezaba Cristina Cifuentes.
“[Existe] un desequilibrio económico que debe ser corregido sobre la base de los menores costes que supone para la concesionaria la reducción de 135 camas”, se lee en un dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid. “Ello implica una reducción del canon anual a percibir por la concesionaria de -1.315.323,13 euros a partir del año 2017 y un importe de retroactividad de -5.998.178,49 euros por los últimos cuatro ejercicios no prescritos”, se detalla. Y se calcula: “En total (incluido el periodo al que se aplica la retroactividad) el reequilibrio supondrá una disminución del canon concesional de -29.065.793,08 euros, IVA incluido”.
Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno regional haya acabado pagando a la concesionaria, cuando esta da, en principio, menos servicio del previsto?
Porque la adjudicataria del hospital recurrió ante la justicia contra la resolución del viceconsejero de Sanidad de Cifuentes, que ponía en marcha el doble planteamiento de recuperar el dinero pagado y dejar de pagar por las 135 camas fantasma, alterando el coste económico de la concesión en favor de la Comunidad “con motivo de la supresión de 135 camas y la consiguiente minoración del coste de los servicios asociados de la sociedad concesionaria”.
Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid observó que la tramitación de ese expediente se había alargado “innecesariamente” con “sucesivas peticiones de informes no preceptivos” para “evitar el fin de la caducidad del mismo”. En un sentencia a la que accedió EL PAÍS, observó: “Estos trámites no pueden tener el alcance de suspender los plazos para dictar la resolución correspondiente, razón por la cual se ha de concluir que el procedimiento había caducado cuando se dictó la resolución correspondiente”. Y por ello condenó a la Administración a “la devolución de las cantidades percibidas derivadas de la resolución anulada”.
Es decir, las retraídas retroactivamente desde 2013, y las que se deberán pagar hasta el final de la concesión, en 2035. La bomba económica, avalada por una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha explotado ahora con Díaz Ayuso en el gobierno. Y así, más de 20 años después de que Aguirre dejara el poder, la Comunidad de Madrid seguirá pagando por una de sus polémicas decisiones.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0 ... uirre.html
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Fecha actual 23 Abr 2024, 22:14