Bonito curriculum el de Fernando Presencia;
Conspiracionismo, venganza y togas: la larga caída de un juez prevaricador
Los tribunales intentan frenar a Fernando Presencia, investigado por la Audiencia por difundir bulos, expulsado de la carrera, condenado dos veces por favorecer a amigos y sentenciado a 34 meses de cárcel por denuncia falsa
Conspiracionismo, venganza, mentiras, togas y Ley. Todos estos factores se entremezclan en la historia de Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera por prevaricador, convertido ahora en agitador del sistema al que perteneció. Investigado y condenado por presentar denuncias falsas, los tribunales tratan de frenar a este antiguo magistrado mientras él explota los límites procesales y se lanza a acusar de corrupción, sin pruebas, a muchos de los que se cruzan en su camino: ya sea la secretaria del juzgado que tramita su desahucio en Talavera de la Reina (Toledo) o los magistrados del Tribunal Supremo que deben resolver sobre la pena de 34 meses de cárcel que pende sobre él.
—¿No es curioso que a cada persona que aparece a su paso le aparezcan cuentas en paraísos fiscales? —pregunta EL PAÍS a Presencia sobre las publicaciones que difunde en la web de la asociación que encabeza, a través de la cual pide donaciones.
—¿Pues no será que los asuntos que me conciernen se dan a personas que están corrompidas previamente? ¿No será que hay una trama de corrupción? —responde él.
Son poco más de las 10.30 del 7 de julio, cuando Presencia hace el símbolo de la victoria con los dedos a su salida de la Audiencia Nacional. Dentro del edificio, el antiguo juez se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha negado a responder a las preguntas del magistrado Joaquín Gadea, que lo mantiene imputado por delitos de injurias y calumnias, y contra las altas instituciones del Estado. Esta es la última parada de una larga caída que comenzó hace ya una década en Valencia y que ha dejado víctimas a su paso. El fiscal Ángel Demetrio de la Cruz, que lleva batallando contra él más de un lustro, es una de ellas: “Ahora sale la artillería. Pero, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no hicieron nada hasta que se ha metido con los magistrados del Supremo?”.
Capítulo 1: el destierro
Las irregularidades que persiguen a Presencia comienzan hace una década, cuando presumía de innovar con la dación en pago desde el juzgado de lo Mercantil que ocupaba en Valencia. Era época de vino y rosas: se fotografiaba con políticos y escribía tribunas en la prensa. Pero al abogado José Luis Mazón le llegó una “información” sospechosa, que puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Estaban haciendo cursos para administradores concursales y creando expectativas de que a los alumnos también se les iba a adjudicar concursos”, recuerda sobre una investigación que concluyó que Presencia intervenía sin permiso en un máster de la universidad, que “recibía un porcentaje económico en función del número de alumnos”, y que “27 de los 44 alumnos fueron o habían sido nombrados administradores” de su juzgado. “En uno o varios concursos”, determinaron las pesquisas.
Ese expediente le costó a Presencia el puesto, pero siguió en la carrera. El CGPJ lo desterró en 2012: le impuso el traslado forzoso a una plaza que estuviera, al menos, a 100 kilómetros de Valencia. Para entonces, ya llevaba dictando resoluciones casi dos décadas: le nombraron juez en 1996 y, antes de recalar en el cargo del que fue expulsado, pasó por juzgados de Azpeitia (Gipuzkoa), Lliria (Valencia) y Elche (Alicante), según el BOE. Su nuevo y último destino sería Talavera de la Reina: el principio del fin.
“Esa injustísima decisión se toma porque yo invento la dación en pago, que le venia entonces fatal al PP, que estaba tomando la decisión del rescate bancario”, se defiende Presencia: “[Fue] una represalia. Se inventaron la historia de que yo cobraba de los administradores concursales…”. Pero el Supremo confirmó el dictamen —sentencia que él infravalora, acusando sin pruebas al ponente del fallo, como a muchos otros, de “tener cuentas en paraísos fiscales”, pese a que la rubricaron otros cinco jueces—. Además, Presencia rechaza responder si, como concluyó el CGPJ, “27 de los 44 alumnos” del máster fueron designados por su juzgado como administradores concursales. En ese momento corta la conversación y “advierte” a EL PAÍS con querellarse.
Capítulo 2: el amiguismo
La caída definitiva del juez comienza en El Birrete, un amplio café con suelos y muebles de madera, dominado por una barra en forma de semicírculo desde donde despachan los camareros. Al aterrizar en Talavera tras su destierro, Presencia se convierte en un parroquiano más de este bar frecuentado por juristas, situado a solo unos pasos de los juzgados de la ciudad y de su casa. Aquí comía con frecuencia. También alternaba en ocasiones hasta la madrugada y forjó parte de las amistades que le costarían el cargo, detallan varias sentencias judiciales. “Resulta absolutamente racional y lógico que, recién llegado, solo, sin su familia, procurase relaciones sociales y que estas fueran entre profesionales del Derecho”, subraya uno de esos fallos.
En El Birrete se dejaba ver sin reparos con el abogado Carlos L. C. y con el empresario Juan Carlos V., cuyos destinos acabarían dependiendo de él. No solo compartían mesa y mantel de forma habitual, sino también viajes a Valencia o Marbella y corridas de toros, según declararon varios testigos. Pese a la “amistad” que tejieron, Presencia asumió dos causas abiertas contra ellos —el primero, imputado por atropellar a un peatón y darse a la fuga; el segundo, denunciado por estafa— y las envió a la basura. “Fue un descaro”, resume un abogado de la ciudad. Por esas decisiones, el Supremo lo condenaría dos veces y lo expulsaría de la carrera. Pero eso sería años después.
Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.
Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.
El abogado Jesús Camacho sufrió los “abusos” en sus carnes: “Hacía unas burradas brutales a nivel procesal”. Uno de sus clientes denunció en 2013 al empresario Juan Carlos V. y, según cuenta, Presencia trató de “amedrentarlos” para que se echaran atrás. El entonces juez llegó a acusarlos, incluso, de introducir un documento falsificado en la causa: “Durante una reunión en marzo de 2014, nos amenazó con que, si no desistíamos, iba a iniciar un procedimiento penal contra nosotros”. Cuatro años después, el Supremo dio absoluta veracidad a Camacho.
Capítulo 3: en guerra con el fiscal
Pese a que 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha y del Supremo consideraron probada la prevaricación, Presencia afirma que todo fue un montaje para acallarle por denunciar una supuesta trama de corrupción en Talavera. Un relato falso y sin base, según multitud de resoluciones judiciales y expedientes, que se centraban en el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, que había comenzado a cuestionar su actividad en el juzgado: “Empecé a recurrir sus resoluciones porque no las motivaba y la Audiencia Provincial no dejaba de revocarlas y anularlas”, detalla. Presencia lo colocó entonces en la diana e inició una campaña contra él.
El entonces magistrado, que ocupaba también el cargo de juez decano de la ciudad, presentó el 5 de julio de 2015 una denuncia contra De la Cruz en el propio decanato que encabezada. “Cuando lo hizo, no me lo creía. Vino el secretario a decírmelo”, rememora el fiscal. Esa maniobra derivó en un expediente en la Fiscalía General del Estado, que fue archivada. Pero Presencia volvió a la carga. Según ha considerado probado el Juzgado de lo Penal de Talavera y la Audiencia Provincial, siguió con su “plan” y, “con plena conciencia de su falsedad”, presentó una nueva querella contra el representante del ministerio público a través de Manos Limpias, que fue archivada por el TSJ por ser “un conjunto de especulaciones difusas carentes de apoyo y base objetiva y racionalmente accesible y comprobable”.
Los reveses no le frenaron. “Con el mismo ánimo difamatorio”, han concluido seis magistrados, envió escritos al Defensor del Pueblo, al presidente del CGPJ y a la fiscal General del Estado, que después publicitó en la prensa. También presentó otra querella ante el Supremo. “Actúa con temerario desprecio a la verdad [...] Realizaba imputaciones falsas a pesar de ser conocedor de las distintas resoluciones que archivaban sus querellas”, afirma Marta Vicente, la magistrada que le condenó en primera instancia a 34 meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal. A ella, por supuesto, también la ha acusado sin pruebas de formar parte de la “trama” y de recibir sobornos a través de cuentas en Andorra.
“El archivo de los delitos que imputa a [De la Cruz] es firme y reiterado hasta la sociedad”, resalta la Audiencia Provincial, que confirmó la pena de cárcel (recurrida actualmente al Supremo). Este órgano judicial detalla que Presencia comete “un verdadero fraude de ley”: “Presenta de modo recurrente denuncias idénticas ante diversas autoridades judiciales para que en todo momento existan unas diligencias vivas”.
“Presencia ha formado parte del sistema. Sabe cómo funciona y que es muy lento, y lo enreda todo”, incide Javier González de Rivera, abogado de De la Cruz. “He vivido un acoso y derribo desde 2015”, cuenta el fiscal, que se vio obligado a “desnudarse para probar su inocencia”. La carga de la prueba se invirtió: envió al TSJ toda la documentación (como la escritura de la compra de su vivienda e hipoteca) para desmontar las acusaciones. Pero el proceso duró un tiempo, en el que fue criminalizado. Uno de los episodios que más le dolió ocurrió cuando acudió a un juicio y dos mujeres lo señalaron al grito de: “¡Mira, ahí está el corrupto!”. “Él estaba en boca de todo el mundo, y más en una ciudad pequeña como Talavera. La gente decía: ‘Algo habrá”, apostilla su letrado, que añade: “Nadie de la judicatura, ni de la Fiscalía General del Estado hizo nada. Nadie le amparó ni movió un dedo por él, pese a que le estaban atacando por su condición de fiscal”.
Capítulo 4: las condenas
En febrero de 2016, el CGPJ aparta definitivamente a Presencia de su juzgado —al que nunca volverá— después de que el TSJ le abriese el primer juicio por favorecer a sus amigos. Dejó así de ocupar el sillón de titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, donde se resolvían miles de procedimientos al año, en una ciudad de 80.000 habitantes. A partir de ese momento, se suceden las resoluciones en su contra. En mayo de ese año, el TSJ le impone la primera condena por prevaricación y le inhabilita. La segunda llegará en julio de 2017. Ambas fueron confirmadas por el Supremo. En el Poder Judicial repiten que está expulsado de la carrera, pero él dice que sigue siendo juez. Su argumento: “El Rey no quiso ejecutarla”.
En julio de 2019, otro Juzgado lo castigó con siete meses de prisión por calumnias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, Vicente Rouco, al que acusó de “negociar” con el presidente de Manos Limpias la retirada del procedimiento contra el fiscal De la Cruz. Sin embargo, en 2020, la Audiencia Provincial revocó este castigo: pese a que confirmó que sus afirmaciones eran “falsas”, “impertinentes” y “lamentables”; se hicieron “utilizando unos términos ambiguos” que impiden que tengan la “carga ofensiva, insultante o vejatoria” necesaria para considerarse delito.
Capítulo 5: el Supremo, en el punto de mira
Las resoluciones contra Presencia han seguido acumulándose, pero una de ellas resulta clave para entender sus siguientes movimientos: la condena a 34 meses de cárcel que le impuso el Juzgado a finales de 2020, ratificada por la Audiencia Provincial en 2021. El exjuez decidió recurrir al Supremo, que aún debe pronunciarse sobre si la confirma o no. Y, desde entonces, el magistrado ha activado dos frentes. Por un lado, ha desplegado un plan de “recusaciones en cadena” de forma “indiscriminada” y “abusiva” contra los magistrados que deben abordar el asunto, según recalca el alto tribunal en un auto del 1 de junio de 2022.
Por otra parte, ha publicado en la web de su asociación toda una batería de supuestas informaciones sobre cuentas en paraísos fiscales: “¡Escándalo en el Supremo! Pillados con cuentas en paraísos fiscales 9 de los 16 magistrados de su Sala de lo Penal”, reza una de ellas. No aporta pruebas. Según dice, las acusaciones se basan en denuncias que recibe en un buzón informático que mantiene para combatir la corrupción.
—¿No se plantea que esté publicitando denuncias que sean falsas? —pregunta EL PAÍS a Presencia.
—Pero tendrán que demostrarlo [que sean falsas] —responde él.
Esta forma de actuar no resulta baladí. Presencia anima a sus seguidores a difundir sus publicaciones para que se “posicionen mejor en Google” y tengan la mayor visibilidad posible. En un vídeo en YouTube, él mismo reconoce que busca que los jueces le denuncien: “Porque así, ellos mismos se obligar a apartarse”, dice en referencia a la causa que tiene pendiente en el Supremo. Según explica uno de los magistrados del alto tribunal, los coloca así en una disyuntiva endiablada: si no lo denuncian, parece que le dan la razón; pero, si lo hacen, deben excluirse del proceso y él, por tanto, consigue su objetivo y la causa se dilata.
Varios magistrados del Supremo decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió también un escrito al presidente del CGPJ, donde decía: “Se está ocasionando un irreversible daño a la credibilidad del Supremo. Se resiente, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no solo está en juego la honorabilidad de unos magistrados”. El ministerio público movió ficha y presentó entonces una denuncia en la Audiencia Nacional, que recayó en el instructor Joaquín Gadea, quien ya había ordenado en abril investigar a Presencia para averiguar si había fabricado “ex profeso” documentación para incorporarla a una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado.
Capítulo 6: en busca del dinero
En 2018, Presencia inscribió la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) en el registro del Ministerio del Interior. Esta jugará un papel clave a partir de entonces. Según el antiguo juez, a través de ella recibe las supuestas denuncias que después difunde —redes sociales y canales conspiracionistas se han convertido en sus grandes aliados— y, en su nombre, acude a los tribunales. También la utiliza para pedir dinero: “Acodap necesita financiación para seguir. El desgaste judicial para luchar es caro, así como la compra de información a nuestras fuentes (que también hacen un arduo trabajo y se someten a altos riesgos). Contribuye con nosotros. Tu apoyo es la diferencia entre seguir o no”, tuiteó.
Ese afán recaudatorio preocupa a la justicia. Así lo advertía Marchena en el escrito enviado al CGPJ: “Todo apunta a que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la [supuesta] corrupción de los magistrados de esta Sala”. De hecho, el juez Gadea ha ordenado a la Guardia Civil que investigue sus cuentas bancarias y productos financieros. “¿Cómo puede estar de presidente, de una asociación que dice luchar contra la corrupción, una persona con dos condenas firmes por prevaricación? La prevaricación es una forma de corrupción”, se pregunta el fiscal De la Cruz: “Es el mundo al revés”.
"Especulaciones" e imputaciones falsas
Margarita Robles, ministra de Defensa, ha sido uno de los objetivos de Presencia. En conversación con EL PAÍS, al igual que en una intervención en un programa de Cuatro, el antiguo juez afirma que la política "se llevó dinero" al extranjero procedente de "sobornos". Para sostenerlo, añade que su fuente de información es el CNI y que la Audiencia Nacional "dice que es cierto". Según él, tres magistrados de la Sala de lo Penal lo confirmaron en un auto del 24 de marzo, pero concluyeron que no podían investigarlo por estar prescrito. Sin embargo, esa resolución no da por probada esa acusación: dicho dictamen, consultado por este periódico, ratifica el archivo de la causa ordenado por el Juzgado Central de Instrucción 3, que calificó la redacción de la denuncia de "incoherente e inconexa". Es más, la Sala de lo Penal ahonda en que Acodap utiliza "términos especulativos" y no proporciona "ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado". Al insistirle sobre esta contradicción, Presencia alega entonces que también ha denunciado a los tres jueces de la Sala de lo Penal.
Esta no es la única interpretación errónea que ha difundido sobre resoluciones judiciales. En abril, Acodap también mantuvo que Zapatero y Delgado habían sido imputados por la Audiencia Nacional. Tampoco es así. Esas supuestas imputaciones nunca se produjeron. Tras recibir la denuncia de Presencia, el juez simplemente abrió "diligencias". Es decir, ante el relato de los hechos descritos, le puso un número al caso para poder tramitarlo y pedir su opinión a la Fiscalía. Es la práctica más habitual y no implica la imputación de nadie.
https://elpais.com/espana/2022-08-01/co ... cador.html
—¿No se plantea que esté publicitando denuncias que sean falsas? —pregunta EL PAÍS a Presencia.
—Pero tendrán que demostrarlo [que sean falsas] —responde él.
Todo un hito conceptual.
LA JUDICATURA; ESA GENTE
La vida al margen del deporte (la hay)
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laguntzailefs
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Pero es fatxa, no?
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¿Acaso importa?laguntzailefs escribió:Pero es fatxa, no?
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Menudo personaje, y por desgracia habrá más como el.
Como:
La Justicia no logra meter en la cárcel al juez corrupto Salvador Alba 250 días después de su condena
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sigue sin resolver la última escaramuza del penado y su abogado, Nicolás González-Cuéllar: la recusación de su presidente presentada a principios de junio
Han pasado 250 días desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que dos años antes, en septiembre de 2019, había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenando severamente al entonces juez Salvador Alba Mesa. La sentencia le impuso seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 250 días después de que la condena se convirtiera en firme en noviembre de 2021, la justicia sigue sin poder meter en prisión al penado, que disfruta de plena libertad en su casa costera del municipio de Telde, donde hace vida absolutamente normal, la que corresponde a un ciudadano libre.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la que lo condenó en 2019, no ha sido capaz de meterlo en la cárcel desde que en noviembre de 2021 su sentencia adquirió firmeza. Y esto ha sido así, como explicó ante el Parlamento su presidente Juan Luis Lorenzo Bragado, porque los jueces que la componen están siendo exquisitos en las respuestas a cada una de las escaramuzas legales que presenta el penado y su abogado, el madrileño Nicolás González-Cuéllar Serrano. La última de esas escaramuzas tiene fecha 7 de junio pasado, cuando se interpuso un incidente de recusación precisamente contra Lorenzo Bragado por haber dicho en el Parlamento de Canarias que se estaban observando todas las prevenciones frente a las peticiones de Salvador Alba para que jamás pueda alegar indefensión en alguna instancia posterior.
Nicolás González-Cuéllar, el letrado, firmó entonces una alambicada recusación consistente en acusar al presidente del tribunal de una suerte de pérdida de independencia por haberse expresado así en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias en un acto formal de la Cámara regional. La pérdida de independencia alegada por parte del condenado vendría dada por que el partido político Podemos se encuentra aún personado como acusación popular en la causa que condujo a la condena.
La recusación tenía tan poco sentido que no solo las partes la rechazaron, sino que el Ministerio Fiscal, representado en esta causa por quien fuera su máximo responsable en el Archipiélago, Vicente Garrido, calificó tal intento de “abusivo” por estar únicamente encaminado a continuar dilatando la ejecución plena de la sentencia, a la que solo le falta la entrada en prisión del penado, una vez se ha tornado firme la expulsión de Alba de la carrera judicial, que también recurrió dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ
Pese a la oposición del fiscal y de las partes, el TSJC admitió a trámite el incidente de recusación contra Lorenzo Bragado, lo que obliga a la formación de un nuevo tribunal que lo resuelva en unos meses complicados por las fechas veraniegas que se le han venido encima al proceso, lo cual conduce a pensar que es más que probable que Salvador Alba llegará a septiembre todavía disfrutando de libertad. En septiembre se cumplirán tres años exactos desde que se dictó la sentencia del TSJC que ratificó el Supremo en 2021.
Como ha venido informando este periódico, Salvador Alba y su abogado han desplegado un incesante catálogo de obstáculos ante el tribunal para esquivar el ingreso en prisión. Tras los consabidos recursos a la sentencia del Supremo, incluido uno especial de nulidad por vulneración de derechos y otro al Constitucional en amparo, vino una solicitud de indulto al Gobierno firmada por su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, siempre con la solicitud expresa de suspensión de la condena.
En medio, Alba ha alegado dos enfermedades distintas y por separado, una de ellas con imposibilidad inicial para viajar en avión, lo que le privaría en aquellos primeros momentos de la ejecución de la sentencia presentarse voluntariamente en alguna de las cinco cárceles españolas (todas en la Península) habilitadas para acoger presos de esta categoría, es decir, delincuentes relacionados con la lucha contra la delincuencia.
Todas y cada una de las dolencias alegadas por Alba y su abogado fueron rechazadas por los médicos forenses que las han analizado, no sin antes sufrir tres de las facultativas designadas por el tribunal las correspondientes recusaciones por haber conocido en el desempeño de su profesión a la víctima de los delitos de Alba, Victoria Rosell. En ninguna de esas recusaciones se hizo constar que, por los mismos motivos, todas las profesionales recusadas conocen al autor de aquellas.
Ninguna de las enfermedades que presenta Salvador Alba le impiden en estos momentos ingresar en prisión, según los dictámenes de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, a donde fueron a parar tras esas recusaciones.
En cuanto el tribunal resuelva la última de las recusaciones, la de su presidente, si es que no hay más y si no aparece otra carambola, al penado Salvador Alba Mesa le quedará un día para ingresar voluntariamente en prisión. Es el margen que resta del plazo de diez días que le fue concedido y que se paralizó cuando empezaron a aparecer sus enfermedades.
https://www.eldiario.es/canariasahora/t ... 02384.html
El juez corrupto Salvador Alba dice a la Policía que ahora es abogado
Declaró en la Comisaría de Telde en el marco de su expediente de petición de indulto y dijo que trabaja en el despacho del ex senador y ex dirigente del PP Jorge Rodríguez, quien ya le lleva algunos asuntos. No figura dado de alta en el Colegio de Abogados
El ex juez Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de 250 días, trabaja como abogado en el despacho de un ex dirigente del Partido Popular de Canarias. Al menos eso es lo que ha sostenido en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad grancanaria de Telde adonde fue citado para prestar declaración en el marco del expediente promovido a raíz de la petición de indulto que cursó su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier.
https://www.eldiario.es/canariasahora/t ... 13537.html
Como:
La Justicia no logra meter en la cárcel al juez corrupto Salvador Alba 250 días después de su condena
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sigue sin resolver la última escaramuza del penado y su abogado, Nicolás González-Cuéllar: la recusación de su presidente presentada a principios de junio
Han pasado 250 días desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que dos años antes, en septiembre de 2019, había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenando severamente al entonces juez Salvador Alba Mesa. La sentencia le impuso seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 250 días después de que la condena se convirtiera en firme en noviembre de 2021, la justicia sigue sin poder meter en prisión al penado, que disfruta de plena libertad en su casa costera del municipio de Telde, donde hace vida absolutamente normal, la que corresponde a un ciudadano libre.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la que lo condenó en 2019, no ha sido capaz de meterlo en la cárcel desde que en noviembre de 2021 su sentencia adquirió firmeza. Y esto ha sido así, como explicó ante el Parlamento su presidente Juan Luis Lorenzo Bragado, porque los jueces que la componen están siendo exquisitos en las respuestas a cada una de las escaramuzas legales que presenta el penado y su abogado, el madrileño Nicolás González-Cuéllar Serrano. La última de esas escaramuzas tiene fecha 7 de junio pasado, cuando se interpuso un incidente de recusación precisamente contra Lorenzo Bragado por haber dicho en el Parlamento de Canarias que se estaban observando todas las prevenciones frente a las peticiones de Salvador Alba para que jamás pueda alegar indefensión en alguna instancia posterior.
Nicolás González-Cuéllar, el letrado, firmó entonces una alambicada recusación consistente en acusar al presidente del tribunal de una suerte de pérdida de independencia por haberse expresado así en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias en un acto formal de la Cámara regional. La pérdida de independencia alegada por parte del condenado vendría dada por que el partido político Podemos se encuentra aún personado como acusación popular en la causa que condujo a la condena.
La recusación tenía tan poco sentido que no solo las partes la rechazaron, sino que el Ministerio Fiscal, representado en esta causa por quien fuera su máximo responsable en el Archipiélago, Vicente Garrido, calificó tal intento de “abusivo” por estar únicamente encaminado a continuar dilatando la ejecución plena de la sentencia, a la que solo le falta la entrada en prisión del penado, una vez se ha tornado firme la expulsión de Alba de la carrera judicial, que también recurrió dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ
Pese a la oposición del fiscal y de las partes, el TSJC admitió a trámite el incidente de recusación contra Lorenzo Bragado, lo que obliga a la formación de un nuevo tribunal que lo resuelva en unos meses complicados por las fechas veraniegas que se le han venido encima al proceso, lo cual conduce a pensar que es más que probable que Salvador Alba llegará a septiembre todavía disfrutando de libertad. En septiembre se cumplirán tres años exactos desde que se dictó la sentencia del TSJC que ratificó el Supremo en 2021.
Como ha venido informando este periódico, Salvador Alba y su abogado han desplegado un incesante catálogo de obstáculos ante el tribunal para esquivar el ingreso en prisión. Tras los consabidos recursos a la sentencia del Supremo, incluido uno especial de nulidad por vulneración de derechos y otro al Constitucional en amparo, vino una solicitud de indulto al Gobierno firmada por su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, siempre con la solicitud expresa de suspensión de la condena.
En medio, Alba ha alegado dos enfermedades distintas y por separado, una de ellas con imposibilidad inicial para viajar en avión, lo que le privaría en aquellos primeros momentos de la ejecución de la sentencia presentarse voluntariamente en alguna de las cinco cárceles españolas (todas en la Península) habilitadas para acoger presos de esta categoría, es decir, delincuentes relacionados con la lucha contra la delincuencia.
Todas y cada una de las dolencias alegadas por Alba y su abogado fueron rechazadas por los médicos forenses que las han analizado, no sin antes sufrir tres de las facultativas designadas por el tribunal las correspondientes recusaciones por haber conocido en el desempeño de su profesión a la víctima de los delitos de Alba, Victoria Rosell. En ninguna de esas recusaciones se hizo constar que, por los mismos motivos, todas las profesionales recusadas conocen al autor de aquellas.
Ninguna de las enfermedades que presenta Salvador Alba le impiden en estos momentos ingresar en prisión, según los dictámenes de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, a donde fueron a parar tras esas recusaciones.
En cuanto el tribunal resuelva la última de las recusaciones, la de su presidente, si es que no hay más y si no aparece otra carambola, al penado Salvador Alba Mesa le quedará un día para ingresar voluntariamente en prisión. Es el margen que resta del plazo de diez días que le fue concedido y que se paralizó cuando empezaron a aparecer sus enfermedades.
https://www.eldiario.es/canariasahora/t ... 02384.html
El juez corrupto Salvador Alba dice a la Policía que ahora es abogado
Declaró en la Comisaría de Telde en el marco de su expediente de petición de indulto y dijo que trabaja en el despacho del ex senador y ex dirigente del PP Jorge Rodríguez, quien ya le lleva algunos asuntos. No figura dado de alta en el Colegio de Abogados
El ex juez Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de 250 días, trabaja como abogado en el despacho de un ex dirigente del Partido Popular de Canarias. Al menos eso es lo que ha sostenido en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad grancanaria de Telde adonde fue citado para prestar declaración en el marco del expediente promovido a raíz de la petición de indulto que cursó su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier.
https://www.eldiario.es/canariasahora/t ... 13537.html
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laguntzailefs
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Yo diría que es lo que más importa.RED RONIN escribió:¿Acaso importa?laguntzailefs escribió:Pero es fatxa, no?
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Si no fuese fatxa no podría actuar así.
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Más que la ideología, que muy probablemente no tenga ninguna más allá de su propio egotismo y beneficio, lo que de verdad importa, o yo así me lo planteo, es la cuestión de los abusos de poder derivados de detentar este tipo de posiciones.laguntzailefs escribió:Yo diría que es lo que más importa.RED RONIN escribió:¿Acaso importa?laguntzailefs escribió:Pero es fatxa, no?
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laguntzailefs
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Bueno, son jueces, no seres de luz, y como personas que son, los habrá buenos, malos, y delincuentes, como en todas las profesiones, no?RED RONIN escribió:Más que la ideología, que muy probablemente no tenga ninguna más allá de su propio egotismo y beneficio, lo que de verdad importa, o yo así me lo planteo, es la cuestión de los abusos de poder derivados de detentar este tipo de posiciones.laguntzailefs escribió:Yo diría que es lo que más importa.RED RONIN escribió:
¿Acaso importa?
Si no fuese fatxa no podría actuar así.
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Te estás luciendo, majo. Debes estar aburridillo para estar gastando tiempo en escribir estas simplezas.laguntzailefs escribió:Bueno, son jueces, no seres de luz, y como personas que son, los habrá buenos, malos, y delincuentes, como en todas las profesiones, no?RED RONIN escribió:Más que la ideología, que muy probablemente no tenga ninguna más allá de su propio egotismo y beneficio, lo que de verdad importa, o yo así me lo planteo, es la cuestión de los abusos de poder derivados de detentar este tipo de posiciones.laguntzailefs escribió:Yo diría que es lo que más importa.
Si no fuese fatxa no podría actuar así.
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laguntzailefs
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No sé...RED RONIN escribió:Te estás luciendo, majo. Debes estar aburridillo para estar gastando tiempo en escribir estas simplezas.laguntzailefs escribió:Bueno, son jueces, no seres de luz, y como personas que son, los habrá buenos, malos, y delincuentes, como en todas las profesiones, no?RED RONIN escribió:Más que la ideología, que muy probablemente no tenga ninguna más allá de su propio egotismo y beneficio, lo que de verdad importa, o yo así me lo planteo, es la cuestión de los abusos de poder derivados de detentar este tipo de posiciones.
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Es que abres un hilo donde nos muestras las andanzas de un delincuente que resulta que es juez, como si fuese algo..... extraordinario?.
O a donde quieres llegar?
Igual si lo dices de primeras atajamos.
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Igual si tu pretensión no fuese buscarles las vueltas a los temas para ir haciendo comulgar a la gente con ruedas de molino no habríamos llegado hasta aquí.laguntzailefs escribió:No sé...RED RONIN escribió:Te estás luciendo, majo. Debes estar aburridillo para estar gastando tiempo en escribir estas simplezas.laguntzailefs escribió:Bueno, son jueces, no seres de luz, y como personas que son, los habrá buenos, malos, y delincuentes, como en todas las profesiones, no?
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Es que abres un hilo donde nos muestras las andanzas de un delincuente que resulta que es juez, como si fuese algo..... extraordinario?.
O a donde quieres llegar?
Igual si lo dices de primeras atajamos.
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Como la explicación ya ha sido dada aunque no tendría que haber habido necesidad para comprender el perjuicio que pueden causar malos profesionales o directamente delincuentes en el ejercicio de uno de los principales poderes del estado a modo de testimoniarlo con ejemplos notorios, en comparación con casi todos los demás cargos que se puedan traer a colación para dar fe de la obviedad que en todas las profesiones hay de todo.
De todas maneras el hilo sigue abierto por si quieres traer tus ejemplos de jueces fachas, ejemplares o las tipologias que eches en falta o hasta si quieres tratar de la posible relación que hubiera con el tema de las gasolineras.
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laguntzailefs
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Bueno, pues te voy a dar mi opinión sobre la justicia en este pais.
El principal problema de la justicia de este país no es si hay o no jueces delincuentes, que los habrá, y habrá que hacer como con todos los delincuentes, que es investigarlos, condenarlos, y que paguen.
El principal problema de este país es la falta de fondos que se destina a los juzgados, la falta de personal, la falta de digitalización, la falta de todo, siendo una pvta odisea hacer que se ejecute una sentencia en este país si es que lo consigues, si es que consigues antes que eche antes a andar el procedimiento, que esa es otra.
Hablo de los juzgados de la calle, donde va la gente de a pie y que está desamparada ante los profesionales del chanchullo que se aprovechan de la situación que expongo en el párrafo anterior.
Así que, como comprobarás, que los juzgados del telediario, o si este tipo que sacas aquí es un pvto sinvergüenzaza, me preocupa entre poco o nada, porque de esto no trata la JUSTICIA.
Y me sorprende que la gente tan formada, tan leída y tan inmanipulable como vosotros piqueis el anzuelo de esta forma para hablar de estas noticias propias de El Caso para por supuesto no solucionar el problema de la JUSTICIA en este país, que a ningún gobierno le ha interesado, a este tampoco.
He dicho.
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El principal problema de la justicia de este país no es si hay o no jueces delincuentes, que los habrá, y habrá que hacer como con todos los delincuentes, que es investigarlos, condenarlos, y que paguen.
El principal problema de este país es la falta de fondos que se destina a los juzgados, la falta de personal, la falta de digitalización, la falta de todo, siendo una pvta odisea hacer que se ejecute una sentencia en este país si es que lo consigues, si es que consigues antes que eche antes a andar el procedimiento, que esa es otra.
Hablo de los juzgados de la calle, donde va la gente de a pie y que está desamparada ante los profesionales del chanchullo que se aprovechan de la situación que expongo en el párrafo anterior.
Así que, como comprobarás, que los juzgados del telediario, o si este tipo que sacas aquí es un pvto sinvergüenzaza, me preocupa entre poco o nada, porque de esto no trata la JUSTICIA.
Y me sorprende que la gente tan formada, tan leída y tan inmanipulable como vosotros piqueis el anzuelo de esta forma para hablar de estas noticias propias de El Caso para por supuesto no solucionar el problema de la JUSTICIA en este país, que a ningún gobierno le ha interesado, a este tampoco.
He dicho.
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Y todo esto que cuentas, presupones que no se sabe o no importa, como si sacándolo tú a colación fuese a resolver un problema más viejo que nosotros, en cualquier caso no invalida que se trate también de los casos de este hilo en cuestión.laguntzailefs escribió:Bueno, pues te voy a dar mi opinión sobre la justicia en este pais.
El principal problema de la justicia de este país no es si hay o no jueces delincuentes, que los habrá, y habrá que hacer como con todos los delincuentes, que es investigarlos, condenarlos, y que paguen.
El principal problema de este país es la falta de fondos que se destina a los juzgados, la falta de personal, la falta de digitalización, la falta de todo, siendo una pvta odisea hacer que se ejecute una sentencia en este país si es que lo consigues, si es que consigues antes que eche antes a andar el procedimiento, que esa es otra.
Hablo de los juzgados de la calle, donde va la gente de a pie y que está desamparada ante los profesionales del chanchullo que se aprovechan de la situación que expongo en el párrafo anterior.
Así que, como comprobarás, que los juzgados del telediario, o si este tipo que sacas aquí es un pvto sinvergüenzaza, me preocupa entre poco o nada, porque de esto no trata la JUSTICIA.
Y me sorprende que la gente tan formada, tan leída y tan inmanipulable como vosotros piqueis el anzuelo de esta forma para hablar de estas noticias propias de El Caso para por supuesto no solucionar el problema de la JUSTICIA en este país, que a ningún gobierno le ha interesado, a este tampoco.
He dicho.
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Muestras una actitud muy absolutista frecuentemente, dictaminando acerca de lo que se debe tratar o con que prioridad hacerlo, como si quisieras desligitimar lo que no sea de tu interés.
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Un Poder Judicial sin frenos
Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo
Hace algunos años visitó Sevilla un juez de circuito norteamericano -juez de una corte de apelación-. Un grupo de amigos del mundillo del derecho asistimos a un encuentro con él para intercambiar opiniones y curiosidades. En un momento de la conversación colectiva, el juez estadounidense nos interpeló: ¿hay algún juez español en la cárcel? Nos cogió a todos de sorpresa. Después de una pensada colectiva recordamos que en aquel momento había uno, que no era de carrera, con algún problema; pero en la cárcel cárcel, ninguno.
Entonces, el americano dijo: la justicia española no funciona. Naturalmente que aquel venerable señor no quería meter a los jueces en la cárcel sino que lo que quería decir es que un sistema judicial en democracia no funciona si los jueces son impunes.
Antes de los democráticamente luctuosos últimos acontecimientos que acontecen en torno al CGPJ, conversé con un amigo, eminente jurista y magistrado del ala demócrata, quien puso sobre la mesa el sistema de sorteo para configurar la composición del CGPJ y así salir del atasco, político se entiende, entre en serio y broma. Se remontaba al sistema de designación de los jueces en tiempos de la democracia griega. Le respondí, en el mismo tono, que sí, pero con la condición de que instaurara también el ostrakismos, es decir, la posibilidad de que el pueblo expulsara de la vida pública a aquellos que atentaran gravemente contra la democracia. Nos reímos muchísimo.
En Grecia, los jueces se elegían por sorteo, pero de entre todos los ciudadanos con derechos políticos. Era de forma temporal, a saber, rotatorio. Los griegos llegaron a la conclusión de que, primero, todos los ciudadanos deberían poder ser jueces; segundo, que debía ser un cargo rotatorio. En ambos casos, lo que se pretendía evitar era la posibilidad muy probable y experimentada de que los jueces pudieran ser corrompidos.
Además, los jueces griegos estaban sometidos a dos procedimientos: el primero, la dokimasia, consistente en un examen del pueblo para comprobar las aptitudes democráticas de los candidatos. Y el otro, la euthinai, es decir, la exigencia de cuentas. No se podía ser juez por la cara, y mucho menos, se pasaba por tan alta magistratura yéndose de rositas. La responsabilidad es parte imprescindible de la democracia. No puede haber espacios de impunidad, como ocurre en el Poder Judicial en España.
Una parte muy importante de España, jueces demócratas incluidos, miles de años después, está perpleja antes la impunidad con la que se desenvuelven los miembros del CGPJ. Todo ello por la ausencia de responsabilidad de los miembros filibusteros del CGPJ que se niegan a cumplir la ley, porque la Constitución ya la incumplen desde hace años.
Alberto Núñez Feijóo, líder temporal de la oposición derechista, ha llegado incluso a afirmar que el CGPJ no incumple porque la ley, es decir, lo que emana del poder legislativo, es anticonstitucional, dándole el marchamo a los miembros del CGPJ de intérpretes de la Constitución en detrimento del Tribunal Constitucional. El juez Lesmes, presidente del órgano insurrecto y del Supremo, reparte las culpas entre partidos, sin asumir la suya propia como parte de la insumisión al orden democrático del órgano que preside.
Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo. Podríamos seguir enumerando una a una cada una de las bravuconadas de unos jueces y juristas de reconocido prestigio como activistas políticos contra el poder ejecutivo y el poder legislativo.
No es verdad lo que dicen los jueces sobre lo que dice Europa sobre la manera de elegirlos. Sin embargo, lo que sí dicen algunas Constituciones democráticas europeas es que no es necesario un CGPJ como el que tiene España y mucho menos unos jueces que se puedan declarar insurrectos e impunes. Quizá en España tampoco necesitemos un CGPJ como éste, ni unos jueces que por encima de sus legítimas convicciones políticas no cumplan la ley y el orden constitucional y democrático. Quizá deberíamos caminar hacia un modelo alemán o austriaco, más propio de un Estado compuesto como el español. Y en todo caso, si hay que sortear, mejor sortear entre jueces demócratas, pero en ningún un caso dejar al azar, al albur de un juego de dados, el papel de unos jueces y sus organizaciones que están lacrando la viabilidad democrática de España.
https://www.eldiario.es/andalucia/desde ... 4.amp.html
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Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo
Hace algunos años visitó Sevilla un juez de circuito norteamericano -juez de una corte de apelación-. Un grupo de amigos del mundillo del derecho asistimos a un encuentro con él para intercambiar opiniones y curiosidades. En un momento de la conversación colectiva, el juez estadounidense nos interpeló: ¿hay algún juez español en la cárcel? Nos cogió a todos de sorpresa. Después de una pensada colectiva recordamos que en aquel momento había uno, que no era de carrera, con algún problema; pero en la cárcel cárcel, ninguno.
Entonces, el americano dijo: la justicia española no funciona. Naturalmente que aquel venerable señor no quería meter a los jueces en la cárcel sino que lo que quería decir es que un sistema judicial en democracia no funciona si los jueces son impunes.
Antes de los democráticamente luctuosos últimos acontecimientos que acontecen en torno al CGPJ, conversé con un amigo, eminente jurista y magistrado del ala demócrata, quien puso sobre la mesa el sistema de sorteo para configurar la composición del CGPJ y así salir del atasco, político se entiende, entre en serio y broma. Se remontaba al sistema de designación de los jueces en tiempos de la democracia griega. Le respondí, en el mismo tono, que sí, pero con la condición de que instaurara también el ostrakismos, es decir, la posibilidad de que el pueblo expulsara de la vida pública a aquellos que atentaran gravemente contra la democracia. Nos reímos muchísimo.
En Grecia, los jueces se elegían por sorteo, pero de entre todos los ciudadanos con derechos políticos. Era de forma temporal, a saber, rotatorio. Los griegos llegaron a la conclusión de que, primero, todos los ciudadanos deberían poder ser jueces; segundo, que debía ser un cargo rotatorio. En ambos casos, lo que se pretendía evitar era la posibilidad muy probable y experimentada de que los jueces pudieran ser corrompidos.
Además, los jueces griegos estaban sometidos a dos procedimientos: el primero, la dokimasia, consistente en un examen del pueblo para comprobar las aptitudes democráticas de los candidatos. Y el otro, la euthinai, es decir, la exigencia de cuentas. No se podía ser juez por la cara, y mucho menos, se pasaba por tan alta magistratura yéndose de rositas. La responsabilidad es parte imprescindible de la democracia. No puede haber espacios de impunidad, como ocurre en el Poder Judicial en España.
Una parte muy importante de España, jueces demócratas incluidos, miles de años después, está perpleja antes la impunidad con la que se desenvuelven los miembros del CGPJ. Todo ello por la ausencia de responsabilidad de los miembros filibusteros del CGPJ que se niegan a cumplir la ley, porque la Constitución ya la incumplen desde hace años.
Alberto Núñez Feijóo, líder temporal de la oposición derechista, ha llegado incluso a afirmar que el CGPJ no incumple porque la ley, es decir, lo que emana del poder legislativo, es anticonstitucional, dándole el marchamo a los miembros del CGPJ de intérpretes de la Constitución en detrimento del Tribunal Constitucional. El juez Lesmes, presidente del órgano insurrecto y del Supremo, reparte las culpas entre partidos, sin asumir la suya propia como parte de la insumisión al orden democrático del órgano que preside.
Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo. Podríamos seguir enumerando una a una cada una de las bravuconadas de unos jueces y juristas de reconocido prestigio como activistas políticos contra el poder ejecutivo y el poder legislativo.
No es verdad lo que dicen los jueces sobre lo que dice Europa sobre la manera de elegirlos. Sin embargo, lo que sí dicen algunas Constituciones democráticas europeas es que no es necesario un CGPJ como el que tiene España y mucho menos unos jueces que se puedan declarar insurrectos e impunes. Quizá en España tampoco necesitemos un CGPJ como éste, ni unos jueces que por encima de sus legítimas convicciones políticas no cumplan la ley y el orden constitucional y democrático. Quizá deberíamos caminar hacia un modelo alemán o austriaco, más propio de un Estado compuesto como el español. Y en todo caso, si hay que sortear, mejor sortear entre jueces demócratas, pero en ningún un caso dejar al azar, al albur de un juego de dados, el papel de unos jueces y sus organizaciones que están lacrando la viabilidad democrática de España.
https://www.eldiario.es/andalucia/desde ... 4.amp.html
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Vengo aqui a darte bastante razón. El problema de los jueces delincuentes en España es insignificante con respecto a los problema de la judicatura entera.laguntzailefs escribió:
El principal problema de la justicia de este país no es si hay o no jueces delincuentes, que los habrá, y habrá que hacer como con todos los delincuentes, que es investigarlos, condenarlos, y que paguen.
Mira, se me ocurre un ejemplo para compararlo que creo que viene muy a cuenta. El problema global de la vivienda con respecto a los okupas, que en global, tambien es muy tangencial.
Martín Pallín: “La Fiscalía archivó lo del rey emérito por servilismo”
El exmagistrado del Supremo asegura que el problema de la judicatura no es su ideología, sino sus intereses: “He conocido magníficos jueces conservadores, hasta de la División Azul”
José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 86 años) quería ser ingeniero de caminos, pero se le atragantaron las matemáticas. Hijo de “un golpista”, teniente coronel de la Guardia Civil del que pese a todo, destaca su “ejemplar sentido ético”, se matriculó en Derecho “con poco entusiasmo” y terminó descubriendo su “verdadera vocación”. Acumula “6.000 juicios orales como fiscal y unas 2.000 sentencias como magistrado del Supremo”. En 2011 se retiró en el alto tribunal, pero sigue en activo, ahora asesorando a un bufete de abogados, como representante español en la Comisión Internacional de Juristas y escribiendo libros. El último se titula Los derechos de la Tierra.
Pregunta. En una reciente entrevista en este diario, Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, dijo: “Los juristas somos casi todos gente conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora”. ¿Lo comparte?
Respuesta. El derecho no es una ciencia exacta, está más cerca de la filosofía o las humanidades. Me parece inaudito que un presidente del Constitucional diga eso. ¿Acaso un Parlamento democrático solo puede hacer leyes conservadoras? En cuanto a los jueces conservadores, efectivamente hay razones de origen, familias pudientes que pueden permitirse esas oposiciones que son una aberración tal y como están concebidas ahora, y luego es fácil que después de ese esfuerzo haya quien diga: “Ya soy funcionario, voy a meterme en pocas complicaciones”. Pero en el derecho también hay gente que vemos las cosas de otra manera.
P. ¿Cuál sería el mejor método para llegar a juez?
R. En Francia, los aspirantes a jueces tienen que pasar, además, un examen de cultura general. A un amigo íntimo, el jurista Philippe Texier, le preguntaron qué era la nouvelle vague. También hay países que hacen exámenes de tipo psicológico. Encontrar el sistema perfecto es difícil, pero quizá el más razonable sea el inglés. Allí necesitas diez años de ejercicio del derecho y unos informes favorables. Solían decirme: “En tu país puedes ser juez con veintipocos años ¡Estáis locos!”. En el sistema alemán también hay prácticas, pasas por todo el circuito judicial. Aquí falta eso, práctica.
Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral
P. Admite que el sistema español favorece una mayoría conservadora entre los jueces, pero es partidario de cambiar el método en el Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. ¿No restaría eso pluralidad teniendo en cuenta que la mayoría de jueces asociados pertenecen a asociaciones conservadoras?
R. Los jueces que están elegidos por el Parlamento cuando gana el PP también son de mayoría conservadora. Le he dado muchas vueltas a este asunto. El problema no es que sean conservadores. He trabajado con jueces conservadores que eran magníficos juristas, como Luis Vivas, que había estado en la División Azul [los españoles que lucharon del lado de los alemanes de Hitler en la II Guerra Mundial]. El problema es que sean trepas, que cedan su independencia a intereses partidistas.
P. ¿Podría terminar ocurriendo aquí algo parecido a lo que ha pasado en EE UU, con el Supremo restringiendo derechos adquiridos, como el aborto?
R. El Supremo de EEUU no ha anulado el aborto, ha hecho una interpretación por la cual cada Estado puede regularlo como estime conveniente, como hizo con la pena de muerte. Aquí, con la actual composición del Constitucional creo que lo de abortar a los 16 años sin consentimiento de tus padres no pasa de ninguna de las maneras. La modificación ad hoc que se introdujo en la ley de autonomía del paciente [en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy] para que a los 16 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno es un ejemplo de cómo el derecho se pone a veces al servicio del conservadurismo. En todo esto hay que recordar lo obvio: solo las mujeres se quedan embarazadas y nadie puede decidir por ellas. Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral. Con el tema de la eutanasia ocurre igual.
P. En El Gobierno de las togas critica la judicialización de la política. Llega a decir que está en peligro la separación de poderes. ¿Es partidario de limitar la acción popular de los partidos políticos?
R. Los partidos políticos tienen un escenario acotado, el Parlamento. No suprimiría la acción popular, pero habría que acotarla, aunque en la práctica cualquier diputado “a título personal” o tres militantes de un partido podrían ejercer la acción penal porque la ley dice que “los ciudadanos españoles” podrán ejercitarla.
P. Entonces, ¿cómo se acota?
R. Limitándola a los ciudadanos. Y si versa sobre asuntos con un claro matiz político, la norma ya permite a los jueces rechazar de plano cualquier querella cuyos hechos no sean manifiestamente constitutivos de delito.
P. ¿Cómo le explicaría a un profano las consecuencias del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional?
R. En su vida diaria, no le afecta. No impide su divorcio, su desahucio, su testamento, su reclamación de cantidad.. Pero es un órgano constitucional y como tal, tiene que ajustarse a las normas constitucionales. Imaginemos que el Gobierno dijese que no convoca elecciones, que sigue otros cuatro años, y en el poder legislativo igual... sería un golpe institucional. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es una anomalía constitucional. Es inconcebible que no se disuelva automáticamente.
P. ¿Deberían haber dimitido?
R. Eso por un lado. La ley dice que, transcurridos los cuatro años, el presidente del Tribunal Supremo convocará elecciones entre los jueces para presentar sus candidaturas. Esto se hizo a finales de 2018. Te puedes presentar con 25 avales y resultaron preelegidos 51. Es un proceso institucional que ya está abierto. ¿Por qué no se completa? El Gobierno dice que estando en funciones no pueden hacer nombramientos y se monta un gran escándalo por las vacantes, pero es que cuando el Gobierno está en funciones también está limitado: no puede presentar proyectos de ley, por ejemplo, y en el poder legislativo, igual cuando pasa a ser la diputación permanente. ¿Por qué va a poder hacer el Poder Judicial lo que le dé la gana?
P. ¿Se le ocurre algún método para impedir que ese bloqueo vuelva a repetirse?
Soy partidario de anular la sentencia de los ERE. Hay una responsabilidad política, no penal, y ya la han pagado
R. Una modificación de la ley de forma que, transcurrido el mandato, se convocan elecciones a jueces y dimiten todos los vocales salvo los necesarios para que siga en funcionamiento la comisión disciplinaria... lo fundamental. No podrían hacer nombramientos y las vacantes que se fueran produciendo las cubrirían magistrados suplentes: catedráticos, juristas de reconocido prestigio...
P. ¿Quiénes son los principales culpables de la situación actual?
R. ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? Incuestionablemtente, al PP.
P. Ha sido muy crítico con la sentencia del caso de los ERE. ¿Es partidario del indulto?
R. Soy partidario de anular la sentencia. Eso no es delito. El derecho penal no puede juzgar una política emanada de un Gobierno, aprobada por un Parlamento, con el apoyo en su día del PP, que llegó a pedir aumentar la partida. El clientelismo no sale en el Código Penal. Hay una responsabilidad política, pero no penal, y esa ya la han pagado perdiendo el Gobierno andaluz.
P. ¿Existen casos parecidos que no hayan tenido sanción penal?
R. Lo que está haciendo el juez García Castellón con los audios que hablan de Aguirre o la conversación de Ignacio González con Zaplana... eso sí es un cáncer para la justicia y no el Poder Judicial. El tipo que se hizo pasar por cura... que no se haya investigado... Son resoluciones arbitrarias injustas.
P. ¿Puede la justicia ser incoherente?
R. No. La justicia tiene que ser coherente. Estos casos son de libro: si cambias los nombres en una facultad como ejercicio práctico y un alumno me dice que eso no hay que investigarlo le suspendo. Lo que influye en que unas cosas se investiguen y otras no es el factor humano. Y el que tenga alguna duda de por qué está pasando esto que repase la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana.
P. También ha sido muy crítico con la sentencia del procés, pero al contrario que en la de los ERE, ahí todos los magistrados estaban de acuerdo.
R. Yo creo que tenían el esquema de la querella ya preparado porque en tres días presentaron una de 103 páginas. Yo he sido fiscal, he hecho querellas y sé lo que cuestan. Aquí se hizo la ley del referéndum y el Constitucional la declaró inconstitucional. Perfecto, impecablemente democrático. Con la ley de transitoriedad, lo mismo. Luego se abrió el procedimiento. La sedición se basa en lo que ocurrió en la consellería y la sentencia dice en un momento dado que en los alrededores se concentró gente entre gritos reivindicativos y actos lúdicos consistentes en actuaciones musicales y reparto de bocadillos. Menuda sedición. Y en lo del 1 de octubre el propio Marchena reconoce que todo quedó abortado en cuanto se publicó en el BOE la aplicación del 155. Lo que se ha hecho es una perversión y una utilización fraudulenta del derecho penal y no lo digo yo, lo ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, el comité de derechos humanos de la ONU y jueces de Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza…
P. ¿Dejaría el delito de sedición tal y como está en el Código Penal?
R. Lo de alzamiento público y tumultuario podría cambiarse a actuaciones que causen una grave alteración del orden público. Aplicando la doctrina Marchena, que cree que no hace falta violencia, los del Consejo serían sediciosos.
P. En Los derechos de la tierra se plantea si el derecho puede “proporcionar instrumentos para ordenar y controlar el cese de la sangría de la Tierra”. ¿Puede?
R. Puede y debe porque en ello nos va la vida de las futuras generaciones. A partir de la explosión de la fábrica de fertilizantes de Bhopal, en la India, en la que murieron cerca de 30.000 personas, se empezó a hablar del delito medioambiental. El derecho ya tiene instrumentos, pero yo doy un paso más, de la mano de cerca de 400 científicos, juristas, filósofos.. que llevan tiempo trabajando en una utópica Constitución de la Tierra.
P. ¿Una especie de declaración de los derechos del niño pero para el planeta?
R. Sería la carta de los derechos fundamentales de la naturaleza. Luigi Ferrajoli, que es un mangnífico jurista, tiene un libro en el que desarrolla hasta 100 artículos de esa constitución. Yo soy un poco más modesto. La Universidad Libre de Bogotá tiene un mamometro de muchos autores, entre ellos un constitucionalista español buenísimo, Marco Aparicio, en el que plantea esa idea revolucionaria, que un árbol puede tener derechos. Yo lo sostengo.
P. En España ni siquiera la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono ha animado a los grupos políticos a cambiar la Constitución. Nadie quiere abrir el melón de la ley de leyes.
R. Esto es una patología preocupante. Alemania ha modificado más de 20 veces su constitución y no ha pasado nada. En una sociedad sana, madura, no hay problema. ¿Por qué se pudo hacer lo del 135 y hoy no se puede cambiar disminuídos por discapacitados?
P. Usted restringe la interpretación sobre la inviolabilidad del Rey. ¿Podría haber hecho otra cosa la Fiscalía distinta al archivo?
R. Negar la inviolabilidad del Rey fuera de los actos propios de sus funciones es el derecho internacional de todos los países civilizados. La Constitución habla de que será inviolable y “sus actos refrendados por los ministros”, es decir, está hablando de actos en el ejercicio de su cargo. Esto lo solucionó de manera magistral Lord Nichols en el caso Pinochet: no dudaba de la inviolabilidad de los reyes y jefes de Estado por los actos desempeñados en el ejercicio de su cargo, pero explicó que no es una función propia de un jefe de Estado torturar y hacer desaparecer personas, por lo que accedió a su entrega a España. La Fiscalía ha hecho lo que ha hecho con el rey emérito por servilismo, por no atraverse a crear un conflicto político para el que quizá la sociedad española no estaba preparada.
P. Las exhumaciones de los republicanos enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos están paradas porque, pese que el TSJ de Madrid levantó las cautelares, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se niega a conceder de nuevo la licencia de obra y un juzgado de Madrid les ampara. ¿Qué le parece?
R. Ciertos jueces han tenido una actitud de rechazo general ante todo lo relacionado con la memoria histórica porque detectan que tienen a su favor a la opinión mediática y a la derecha. Esto del Valle de los Caídos me parece una medida arbitraria e injusta porque no hay ningún invonveniente para seguir adelante con las actuaciones. Se ha hecho una interpretación mecanicista e ideológica del derecho. Una sentencia vale siempre lo que valen sus razonamientos.
P. ¿Tiene alguna sentencia de la que se arrepienta, algún caso que le persiga?
R. Arrepentirme no. Mi preocupación siempre ha sido que mis argumentos se entendieran. El derecho no es una técnica, es la aplicación de la razón a los hechos y en donde nos podemos confundir a veces es en los hechos. Ese es el peligro, pero para eso también hay una máxima que nos libera y es la de in dubio, pro reo. El que me persigue, pero porque él lo recuerda siempre, es Mario Conde, que entró en el Supremo con 10 años de condena y salió con 20.
https://elpais.com/espana/2022-09-21/ma ... lismo.html
El exmagistrado del Supremo asegura que el problema de la judicatura no es su ideología, sino sus intereses: “He conocido magníficos jueces conservadores, hasta de la División Azul”
José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 86 años) quería ser ingeniero de caminos, pero se le atragantaron las matemáticas. Hijo de “un golpista”, teniente coronel de la Guardia Civil del que pese a todo, destaca su “ejemplar sentido ético”, se matriculó en Derecho “con poco entusiasmo” y terminó descubriendo su “verdadera vocación”. Acumula “6.000 juicios orales como fiscal y unas 2.000 sentencias como magistrado del Supremo”. En 2011 se retiró en el alto tribunal, pero sigue en activo, ahora asesorando a un bufete de abogados, como representante español en la Comisión Internacional de Juristas y escribiendo libros. El último se titula Los derechos de la Tierra.
Pregunta. En una reciente entrevista en este diario, Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, dijo: “Los juristas somos casi todos gente conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora”. ¿Lo comparte?
Respuesta. El derecho no es una ciencia exacta, está más cerca de la filosofía o las humanidades. Me parece inaudito que un presidente del Constitucional diga eso. ¿Acaso un Parlamento democrático solo puede hacer leyes conservadoras? En cuanto a los jueces conservadores, efectivamente hay razones de origen, familias pudientes que pueden permitirse esas oposiciones que son una aberración tal y como están concebidas ahora, y luego es fácil que después de ese esfuerzo haya quien diga: “Ya soy funcionario, voy a meterme en pocas complicaciones”. Pero en el derecho también hay gente que vemos las cosas de otra manera.
P. ¿Cuál sería el mejor método para llegar a juez?
R. En Francia, los aspirantes a jueces tienen que pasar, además, un examen de cultura general. A un amigo íntimo, el jurista Philippe Texier, le preguntaron qué era la nouvelle vague. También hay países que hacen exámenes de tipo psicológico. Encontrar el sistema perfecto es difícil, pero quizá el más razonable sea el inglés. Allí necesitas diez años de ejercicio del derecho y unos informes favorables. Solían decirme: “En tu país puedes ser juez con veintipocos años ¡Estáis locos!”. En el sistema alemán también hay prácticas, pasas por todo el circuito judicial. Aquí falta eso, práctica.
Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral
P. Admite que el sistema español favorece una mayoría conservadora entre los jueces, pero es partidario de cambiar el método en el Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. ¿No restaría eso pluralidad teniendo en cuenta que la mayoría de jueces asociados pertenecen a asociaciones conservadoras?
R. Los jueces que están elegidos por el Parlamento cuando gana el PP también son de mayoría conservadora. Le he dado muchas vueltas a este asunto. El problema no es que sean conservadores. He trabajado con jueces conservadores que eran magníficos juristas, como Luis Vivas, que había estado en la División Azul [los españoles que lucharon del lado de los alemanes de Hitler en la II Guerra Mundial]. El problema es que sean trepas, que cedan su independencia a intereses partidistas.
P. ¿Podría terminar ocurriendo aquí algo parecido a lo que ha pasado en EE UU, con el Supremo restringiendo derechos adquiridos, como el aborto?
R. El Supremo de EEUU no ha anulado el aborto, ha hecho una interpretación por la cual cada Estado puede regularlo como estime conveniente, como hizo con la pena de muerte. Aquí, con la actual composición del Constitucional creo que lo de abortar a los 16 años sin consentimiento de tus padres no pasa de ninguna de las maneras. La modificación ad hoc que se introdujo en la ley de autonomía del paciente [en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy] para que a los 16 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno es un ejemplo de cómo el derecho se pone a veces al servicio del conservadurismo. En todo esto hay que recordar lo obvio: solo las mujeres se quedan embarazadas y nadie puede decidir por ellas. Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral. Con el tema de la eutanasia ocurre igual.
P. En El Gobierno de las togas critica la judicialización de la política. Llega a decir que está en peligro la separación de poderes. ¿Es partidario de limitar la acción popular de los partidos políticos?
R. Los partidos políticos tienen un escenario acotado, el Parlamento. No suprimiría la acción popular, pero habría que acotarla, aunque en la práctica cualquier diputado “a título personal” o tres militantes de un partido podrían ejercer la acción penal porque la ley dice que “los ciudadanos españoles” podrán ejercitarla.
P. Entonces, ¿cómo se acota?
R. Limitándola a los ciudadanos. Y si versa sobre asuntos con un claro matiz político, la norma ya permite a los jueces rechazar de plano cualquier querella cuyos hechos no sean manifiestamente constitutivos de delito.
P. ¿Cómo le explicaría a un profano las consecuencias del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional?
R. En su vida diaria, no le afecta. No impide su divorcio, su desahucio, su testamento, su reclamación de cantidad.. Pero es un órgano constitucional y como tal, tiene que ajustarse a las normas constitucionales. Imaginemos que el Gobierno dijese que no convoca elecciones, que sigue otros cuatro años, y en el poder legislativo igual... sería un golpe institucional. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es una anomalía constitucional. Es inconcebible que no se disuelva automáticamente.
P. ¿Deberían haber dimitido?
R. Eso por un lado. La ley dice que, transcurridos los cuatro años, el presidente del Tribunal Supremo convocará elecciones entre los jueces para presentar sus candidaturas. Esto se hizo a finales de 2018. Te puedes presentar con 25 avales y resultaron preelegidos 51. Es un proceso institucional que ya está abierto. ¿Por qué no se completa? El Gobierno dice que estando en funciones no pueden hacer nombramientos y se monta un gran escándalo por las vacantes, pero es que cuando el Gobierno está en funciones también está limitado: no puede presentar proyectos de ley, por ejemplo, y en el poder legislativo, igual cuando pasa a ser la diputación permanente. ¿Por qué va a poder hacer el Poder Judicial lo que le dé la gana?
P. ¿Se le ocurre algún método para impedir que ese bloqueo vuelva a repetirse?
Soy partidario de anular la sentencia de los ERE. Hay una responsabilidad política, no penal, y ya la han pagado
R. Una modificación de la ley de forma que, transcurrido el mandato, se convocan elecciones a jueces y dimiten todos los vocales salvo los necesarios para que siga en funcionamiento la comisión disciplinaria... lo fundamental. No podrían hacer nombramientos y las vacantes que se fueran produciendo las cubrirían magistrados suplentes: catedráticos, juristas de reconocido prestigio...
P. ¿Quiénes son los principales culpables de la situación actual?
R. ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? Incuestionablemtente, al PP.
P. Ha sido muy crítico con la sentencia del caso de los ERE. ¿Es partidario del indulto?
R. Soy partidario de anular la sentencia. Eso no es delito. El derecho penal no puede juzgar una política emanada de un Gobierno, aprobada por un Parlamento, con el apoyo en su día del PP, que llegó a pedir aumentar la partida. El clientelismo no sale en el Código Penal. Hay una responsabilidad política, pero no penal, y esa ya la han pagado perdiendo el Gobierno andaluz.
P. ¿Existen casos parecidos que no hayan tenido sanción penal?
R. Lo que está haciendo el juez García Castellón con los audios que hablan de Aguirre o la conversación de Ignacio González con Zaplana... eso sí es un cáncer para la justicia y no el Poder Judicial. El tipo que se hizo pasar por cura... que no se haya investigado... Son resoluciones arbitrarias injustas.
P. ¿Puede la justicia ser incoherente?
R. No. La justicia tiene que ser coherente. Estos casos son de libro: si cambias los nombres en una facultad como ejercicio práctico y un alumno me dice que eso no hay que investigarlo le suspendo. Lo que influye en que unas cosas se investiguen y otras no es el factor humano. Y el que tenga alguna duda de por qué está pasando esto que repase la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana.
P. También ha sido muy crítico con la sentencia del procés, pero al contrario que en la de los ERE, ahí todos los magistrados estaban de acuerdo.
R. Yo creo que tenían el esquema de la querella ya preparado porque en tres días presentaron una de 103 páginas. Yo he sido fiscal, he hecho querellas y sé lo que cuestan. Aquí se hizo la ley del referéndum y el Constitucional la declaró inconstitucional. Perfecto, impecablemente democrático. Con la ley de transitoriedad, lo mismo. Luego se abrió el procedimiento. La sedición se basa en lo que ocurrió en la consellería y la sentencia dice en un momento dado que en los alrededores se concentró gente entre gritos reivindicativos y actos lúdicos consistentes en actuaciones musicales y reparto de bocadillos. Menuda sedición. Y en lo del 1 de octubre el propio Marchena reconoce que todo quedó abortado en cuanto se publicó en el BOE la aplicación del 155. Lo que se ha hecho es una perversión y una utilización fraudulenta del derecho penal y no lo digo yo, lo ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, el comité de derechos humanos de la ONU y jueces de Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza…
P. ¿Dejaría el delito de sedición tal y como está en el Código Penal?
R. Lo de alzamiento público y tumultuario podría cambiarse a actuaciones que causen una grave alteración del orden público. Aplicando la doctrina Marchena, que cree que no hace falta violencia, los del Consejo serían sediciosos.
P. En Los derechos de la tierra se plantea si el derecho puede “proporcionar instrumentos para ordenar y controlar el cese de la sangría de la Tierra”. ¿Puede?
R. Puede y debe porque en ello nos va la vida de las futuras generaciones. A partir de la explosión de la fábrica de fertilizantes de Bhopal, en la India, en la que murieron cerca de 30.000 personas, se empezó a hablar del delito medioambiental. El derecho ya tiene instrumentos, pero yo doy un paso más, de la mano de cerca de 400 científicos, juristas, filósofos.. que llevan tiempo trabajando en una utópica Constitución de la Tierra.
P. ¿Una especie de declaración de los derechos del niño pero para el planeta?
R. Sería la carta de los derechos fundamentales de la naturaleza. Luigi Ferrajoli, que es un mangnífico jurista, tiene un libro en el que desarrolla hasta 100 artículos de esa constitución. Yo soy un poco más modesto. La Universidad Libre de Bogotá tiene un mamometro de muchos autores, entre ellos un constitucionalista español buenísimo, Marco Aparicio, en el que plantea esa idea revolucionaria, que un árbol puede tener derechos. Yo lo sostengo.
P. En España ni siquiera la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono ha animado a los grupos políticos a cambiar la Constitución. Nadie quiere abrir el melón de la ley de leyes.
R. Esto es una patología preocupante. Alemania ha modificado más de 20 veces su constitución y no ha pasado nada. En una sociedad sana, madura, no hay problema. ¿Por qué se pudo hacer lo del 135 y hoy no se puede cambiar disminuídos por discapacitados?
P. Usted restringe la interpretación sobre la inviolabilidad del Rey. ¿Podría haber hecho otra cosa la Fiscalía distinta al archivo?
R. Negar la inviolabilidad del Rey fuera de los actos propios de sus funciones es el derecho internacional de todos los países civilizados. La Constitución habla de que será inviolable y “sus actos refrendados por los ministros”, es decir, está hablando de actos en el ejercicio de su cargo. Esto lo solucionó de manera magistral Lord Nichols en el caso Pinochet: no dudaba de la inviolabilidad de los reyes y jefes de Estado por los actos desempeñados en el ejercicio de su cargo, pero explicó que no es una función propia de un jefe de Estado torturar y hacer desaparecer personas, por lo que accedió a su entrega a España. La Fiscalía ha hecho lo que ha hecho con el rey emérito por servilismo, por no atraverse a crear un conflicto político para el que quizá la sociedad española no estaba preparada.
P. Las exhumaciones de los republicanos enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos están paradas porque, pese que el TSJ de Madrid levantó las cautelares, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se niega a conceder de nuevo la licencia de obra y un juzgado de Madrid les ampara. ¿Qué le parece?
R. Ciertos jueces han tenido una actitud de rechazo general ante todo lo relacionado con la memoria histórica porque detectan que tienen a su favor a la opinión mediática y a la derecha. Esto del Valle de los Caídos me parece una medida arbitraria e injusta porque no hay ningún invonveniente para seguir adelante con las actuaciones. Se ha hecho una interpretación mecanicista e ideológica del derecho. Una sentencia vale siempre lo que valen sus razonamientos.
P. ¿Tiene alguna sentencia de la que se arrepienta, algún caso que le persiga?
R. Arrepentirme no. Mi preocupación siempre ha sido que mis argumentos se entendieran. El derecho no es una técnica, es la aplicación de la razón a los hechos y en donde nos podemos confundir a veces es en los hechos. Ese es el peligro, pero para eso también hay una máxima que nos libera y es la de in dubio, pro reo. El que me persigue, pero porque él lo recuerda siempre, es Mario Conde, que entró en el Supremo con 10 años de condena y salió con 20.
https://elpais.com/espana/2022-09-21/ma ... lismo.html
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nurito
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Este hilo te lo firmaba el polaco PiS, Red... ¿Qué coño te ha pasado?RED RONIN escribió:Un Poder Judicial sin frenos
Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo
No sé quién es ese polaco, en cuanto al artículo puede ser exagerado pero estoy bastante de acuerdo en el fondo de la cuestión.nurito escribió:Este hilo te lo firmaba el polaco PiS, Red... ¿Qué coño te ha pasado?RED RONIN escribió:Un Poder Judicial sin frenos
Los jueces dicen que no quieren ser controlados, quieren ser impunes, poseedores del Poder Judicial, como si uno de los poderes del Estado fuera suyo
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