El Supremo confirma que el desdoblamiento de la M-501 fue ilegal
El alto tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Madrid a la sentencia que le obliga a restituir la zona al estado en el que estaba antes de las obras
SARA ESPAÑA - Madrid - 18/02/2011
Nuevo varapalo judicial, esta vez el último, a las obras de desdoblamiento de la M-501, conocida como carretera de los pantanos. Según ha informado en rueda de prensa Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró nulo el acuerdo del Gobierno regional que aprobó la obra y que obliga al Gobierno regional a restituir la zona afectada por las obras a su estado original. La autovía, que el Gobierno justifica para reducir el número de muertes que se registraba antes de las obras, atraviesa el parque regional del río Guadarrama y la zona de especial protección de aves de los ríos Cofio y Alberche. Contra la sentencia no cabe recurso, aunque la lentitud de la justicia hace que sea de difícil aplicación.
Ecologistas pide ahora la ejecución de la sentencia, de 16 páginas y dictada por la Sección Tercera, al tiempo que ha anunciado que estudia demandar por prevaricación a los consejeros de Transporte implicados: Francisco Granados, María Dolores de Cospedal (que autorizo el desdoblamiento cuando pertenecía al Gobierno regional) y Elvira Rodríguez, así como a la presidenta, Esperanza Aguirre. A juicio de Ecologistas, los cuatro "tomaron una decisión ilegal a sabiendas" y "son ellos los que tienen que pagar". Durante la rueda de prensa en la que la asociación ha dado a conocer la sentencia, el portavoz Santiago Martin Barajas ha criticado la "soberbia prepotencia y falta de respeto a las leyes y a la justicia" del Gobierno de Madrid. La sentencia, además de declarar la obra ilegal y de obligar a deshacer lo hecho, condena al Gobierno de Madrid a pagar las costas del proceso, 100.000 euros. También considera ilegales las expropiaciones de terreno que se llevaron a cabo para convertir en autovía la carretera y, lo más importante, la sentencia es firme y no cabe recurso alguno. "Ha acabado aquí, el Supremo nos ha dado la razón", ha subrayado Barajas.
La M-501 une la periferia de la capital con la provincia de Ávila (70 kilómetros) y gran parte -hasta San Martín de Valdeiglesias- es ya autovía, aunque falta un tramo hasta el límite con la provincia de Ávila que no está previsto para esta legislatura. Desde que se inició el proyecto, los ecologistas denuncian que se trata de un "atentado ecológico", mientras el Gobierno regional de Madrid esgrime la siniestralidad de la carretera y los atascos. Primero se acometió la ampliación desde la M-40 a Quijorna (22 kilómetros), atravesando el parque regional del río Guadarrama. En 2006 se duplicaron los 18 kilómetros de Quijorna a Navas del Rey, la actuación declarada nula porque se llevó a cabo sin la preceptiva declaración de impacto ambiental -el informe que evalúa los posibles daños al entorno o a la población de un proyecto-.
El Gobierno regional sorteó el problema esgrimiendo que la obra era de interés general. Contaba con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, incluidos los socialistas. Pero no con el de Ecologistas en Acción, que denunció las obras ante el TSJM y la Unión Europea. "En la zona se encuentra la zona de especial protección de aves de los ríos Cofio y Alberche y existían alternativas para mejorar el trazado sin aumentar los carriles", explica la asociación. Además, el proyecto había sido descartado en 1998 por Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad madrileña). Tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente, además de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo desaconsejaba por los daños ambientales.
En febrero de 2008, con las obras muy avanzadas (empezaron en julio de 2006), el TSJM anuló los acuerdos de la Comunidad que aprobaba el desdoblamiento. En su sentencia, los magistrados declararon "la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones, reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictados con, en su caso, la restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto al que se refieren los actos nulos". Sin embargo, para que se hiciera efectiva la sentencia los jueces pedían a los ecologistas un aval de 490.000 euros que no lograron reunir. Además, la Comunidad de Madrid recurrió esta sentencia ante el Supremo, que ahora no ha admitido el recurso. La carretera también está pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo.
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