El debate político ya es delitoHay_sinla escribió:No hay color.KingK escribió:yo, para referentes, barbi.Hay_sinla escribió:¿Skibinski? En todas partes.
Ignacio Paredero
El 12 de julio de 2016, Nina Parrón, directora de igualdad del Consell de Mallorca, presentó una denuncia ante Fiscalía, para responder a una carta pública de Jorge Skibinsky. La carta, titulada No fue una agresión machista, negaba que el asesinato de Xue Sandra Saura, de 23 años, quemada viva por su pareja, fuese un asesinato “machista”. A su juicio, era un “crimen pasional”.
La directora de Igualdad consideró que dicha carta constituía delito de odio contra las mujeres al dar cobertura ideológica a un delito de género y presentó denuncia ante fiscalía, citando los artículos 510.2.a y 510.2.b del Código Penal, que persiguen a quienes “lesionen la dignidad de las personas” y a quienes “enaltezcan o justifiquen (…) los delitos cometidos contra un grupo”, entre otras cosas, por motivo de sexo y género. En la presentación de la denuncia, Nina Parrón afirmó que “lo que ha hecho el señor Skibinsky es un delito, y si no lo es, tendría que serlo”, algo de lo que discrepo, pero que forma parte de la libertad de expresión política de Nina Parrón.
El sistema judicial no consideró como delito de odio la expresión pública de Skibinsky. Tampoco consideró, a diferencia de casos como el de César Strawberry o Valtonyc, que el discurso de Skibinsky fuese “enaltecimiento” o legitimación del delito, de la violencia de género contra las mujeres. El fiscal general del Estado defendió que debía primar la libertad de expresión, aunque las ideas “resulten rechazables y molestas para las personas”. Y aunque rechazo lo que dijo Skibinsky, coincido en que debe poder decirlo sin persecución legal.
Pero cuando Skibinsky presentó una denuncia contra la directora de Igualdad del Consell por injurias y calumnias, por sus declaraciones durante la presentación de la denuncia, la libertad de expresión no primó y el juzgado de Instrucción 8 de Palma entendió que había motivos para la imputación y la imposición de una fianza de 30.000 euros a la directora de igualdad, que está a la espera de juicio. Tras conocerse la imposición de la fianza, Nina Parrón afirmó con certeza que “Yo soy un cargo político. Esto es un aviso a navegantes. (…) Si un cargo político no puede hacer declaraciones sobre su área de trabajo, apaga y vámonos”.