VOX (Posible H.O.) "Hay un camino a la derecha"
La vida al margen del deporte (la hay)
Lol.
garba4ever escribió: Todo lo que te quejas de Xavi y tú haces lo mismo pero 40 veces peor y encima a ti no te quiere ni te respeta nadie aquí
Es imposible verlo sin que te salga una sonrisa.el mulas escribió: Lol.
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nurito
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Un ratero a sueldo, lo peor de lo peor
"Estos son mis principios, si al PP no le gustan tengo otros."
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ministryOFsound
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El mejor cómico de a actualidad, no sé cómo se puede escuchar a Herrera o LaSer
Vox suprime el organismo de mediación laboral en Castilla y León y ataca a los sindicatos
La comunidad autónoma sería la primera sin este sistema de negociación extrajudicial de conflictos individuales o colectivos
Vox ha anunciado la supresión del Servicio de relaciones laborales de Castilla y León (Serla), encargado de mediar en conflictos del ámbito del empleo, y ha provocado la reacción del Ministerio de Trabajo. El consejero regional de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha tomado esta decisión por el “endeudamiento actual y la falta de financiación”. No obstante, este recorte de los fondos públicos responde a que los Presupuestos de la coalición PP-Vox, que gobierna la comunidad, han eliminado este apoyo. La patronal y los sindicatos han criticado lo ocurrido y han pedido la intervención de Trabajo, cuya responsable, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta medida es “gravísima”. Díaz ha señalado que a la extrema derecha “le molestan los derechos laborales y los sindicatos”.
El principal cometido de este servicio, respaldado por la patronal, consiste en la mediación en conflictos laborales individuales o colectivos para evitar que se judicialicen. Sin la ayuda de este organismo se produciría una ralentización de la justicia, mayores gastos y una mayor saturación de los procesos judiciales. El presupuesto retirado ascendía a casi un millón de euros anuales. La consejería ha atribuido esta decisión a motivos económicos. Vox lleva desde que entró en el Gobierno autonómico, en abril del año pasado, cargando contra los sindicatos. En verano anunció un recorte de 20 millones de euros a los sindicatos, lo cual no llegó a producirse, pero finalmente se ha traducido en menos apoyo laboral para las mujeres víctimas de violencia machista o reducciones presupuestarias en la prevención de riesgos. Fuentes sindicales afirman que tras ese anuncio sorpresivo hubo consejerías del PP que trataron de tranquilizarles.
El Serla tramitó en 2022 hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra más alta de sus 25 años de historia, un 30% más que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% más que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. CC OO y UGT han escrito una carta al Ministerio de Trabajo censurando que esta actuación podría contravenir jurisprudencia del Tribunal Supremo e incumplir normas esenciales de la Constitución y del Estatuto de los trabajadores. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, acusó así a Vox al conocer lo ocurrido: “A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”. Díaz ha tildado lo sucedido de “gravísimo”. También espera una respuesta del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, pues de mantenerse esta supresión “se verían vulnerados en el caso de la inaplicación de una parte de la legislación que es competencia del Estado”.
Portavoces de la Junta de Castilla y León remiten al consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a finales de 2022 aseguró que el servicio seguirá realizándose con “medios internos o se puede externalizar” y prometió que seguiría existiendo este año, aunque los sindicatos lo cuestionan por carecer de fondos. El pasado jueves se le volvió a preguntar por ello y, como sostiene la gerencia de Vox, garantizó el cumplimiento de estas prestaciones, aunque no precisó cómo se llevarían a cabo.
Pérdida de inversiones
El secretario general de la patronal en la comunidad, David Esteban, atribuye la iniciativa a la voluntad política contra el Serla: “Un acuerdo entre patronal y sindicatos para mediar, algo que hay en todas las comunidades, no es un chiringuito o capricho de los sindicatos, como dice Vox”. Esteban afirma que esta medida “puede ocasionar pérdida de inversión” porque las empresas evitarían una autonomía sin la paz y diálogo social que históricamente la abanderaban: “¿Dónde voy a instalar mi empresa si se están cargando las relaciones laborales? Las empresas no son tontas”. El director general de Trabajo de la Junta, Fernando de la Parte, insiste en que “el servicio queda garantizado si se extingue el Serla”, al que achaca un “alto sobrecoste, quejas de usuarios y déficit de 71.000 euros”. Según el alto cargo, estas mediaciones las realizará la “ágil y eficaz” Administración contra los sindicatos, “acostumbrados a recibir financiación pública a paladas”. Este argumento lo critica Esteban, que ensalza la eficacia del órgano porque “acorta los tiempos y los funcionarios pueden conciliar pero no mediar ni acudir a reuniones hasta muy tarde”.
Los planes contra el Serla indignan a los sindicatos. Raúl Santa Eufemia, encargado de acción sindical y Diálogo Social de UGT en la comunidad, explica que la gran virtud de este mecanismo consiste en “bajar al mismo grado a las partes para que negocien el tiempo pertinente para resolver conflictos”. El sindicalista valora que el Serla busque “salidas extrajudiciales para evitar huelgas, reducir costes y ganar rapidez” y evitar los tribunales y la “saturación de la justicia”. Los sindicatos aseguran que hay 13 mediadores que no saben si van a cobrar el próximo mes y que quedan más de 300 casos “pendientes de resolución, de cerrar el servicio tendrían que judicializarse y saturar los juzgados de lo social”.
Santa Eufemia reprocha que la iniciativa de Vox suponga “salirse de la norma europea”, ya que existen entes como la Organización Internacional del Trabajo que reivindican este mecanismo. “Los mediadores trabajan bien, se entra con el DNI entre los dientes y bajan las fuerzas al mismo nivel”, añade. Fernando Frailes, secretario de acción sindical de CC OO, tilda esta iniciativa de la extrema derecha como “medida sin precedentes en el panorama de solución de conflictos, una aberración que harán por las bravas” e insta a la Junta a “recuperar la cordura”. “Si hay que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos. Hemos escrito al Gobierno para que actúe con contundencia”, advierte, pues “ningún gobierno nacional o autonómico de cualquier color ha hecho nunca algo así”.
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La comunidad autónoma sería la primera sin este sistema de negociación extrajudicial de conflictos individuales o colectivos
Vox ha anunciado la supresión del Servicio de relaciones laborales de Castilla y León (Serla), encargado de mediar en conflictos del ámbito del empleo, y ha provocado la reacción del Ministerio de Trabajo. El consejero regional de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha tomado esta decisión por el “endeudamiento actual y la falta de financiación”. No obstante, este recorte de los fondos públicos responde a que los Presupuestos de la coalición PP-Vox, que gobierna la comunidad, han eliminado este apoyo. La patronal y los sindicatos han criticado lo ocurrido y han pedido la intervención de Trabajo, cuya responsable, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta medida es “gravísima”. Díaz ha señalado que a la extrema derecha “le molestan los derechos laborales y los sindicatos”.
El principal cometido de este servicio, respaldado por la patronal, consiste en la mediación en conflictos laborales individuales o colectivos para evitar que se judicialicen. Sin la ayuda de este organismo se produciría una ralentización de la justicia, mayores gastos y una mayor saturación de los procesos judiciales. El presupuesto retirado ascendía a casi un millón de euros anuales. La consejería ha atribuido esta decisión a motivos económicos. Vox lleva desde que entró en el Gobierno autonómico, en abril del año pasado, cargando contra los sindicatos. En verano anunció un recorte de 20 millones de euros a los sindicatos, lo cual no llegó a producirse, pero finalmente se ha traducido en menos apoyo laboral para las mujeres víctimas de violencia machista o reducciones presupuestarias en la prevención de riesgos. Fuentes sindicales afirman que tras ese anuncio sorpresivo hubo consejerías del PP que trataron de tranquilizarles.
El Serla tramitó en 2022 hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra más alta de sus 25 años de historia, un 30% más que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% más que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. CC OO y UGT han escrito una carta al Ministerio de Trabajo censurando que esta actuación podría contravenir jurisprudencia del Tribunal Supremo e incumplir normas esenciales de la Constitución y del Estatuto de los trabajadores. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, acusó así a Vox al conocer lo ocurrido: “A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”. Díaz ha tildado lo sucedido de “gravísimo”. También espera una respuesta del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, pues de mantenerse esta supresión “se verían vulnerados en el caso de la inaplicación de una parte de la legislación que es competencia del Estado”.
Portavoces de la Junta de Castilla y León remiten al consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a finales de 2022 aseguró que el servicio seguirá realizándose con “medios internos o se puede externalizar” y prometió que seguiría existiendo este año, aunque los sindicatos lo cuestionan por carecer de fondos. El pasado jueves se le volvió a preguntar por ello y, como sostiene la gerencia de Vox, garantizó el cumplimiento de estas prestaciones, aunque no precisó cómo se llevarían a cabo.
Pérdida de inversiones
El secretario general de la patronal en la comunidad, David Esteban, atribuye la iniciativa a la voluntad política contra el Serla: “Un acuerdo entre patronal y sindicatos para mediar, algo que hay en todas las comunidades, no es un chiringuito o capricho de los sindicatos, como dice Vox”. Esteban afirma que esta medida “puede ocasionar pérdida de inversión” porque las empresas evitarían una autonomía sin la paz y diálogo social que históricamente la abanderaban: “¿Dónde voy a instalar mi empresa si se están cargando las relaciones laborales? Las empresas no son tontas”. El director general de Trabajo de la Junta, Fernando de la Parte, insiste en que “el servicio queda garantizado si se extingue el Serla”, al que achaca un “alto sobrecoste, quejas de usuarios y déficit de 71.000 euros”. Según el alto cargo, estas mediaciones las realizará la “ágil y eficaz” Administración contra los sindicatos, “acostumbrados a recibir financiación pública a paladas”. Este argumento lo critica Esteban, que ensalza la eficacia del órgano porque “acorta los tiempos y los funcionarios pueden conciliar pero no mediar ni acudir a reuniones hasta muy tarde”.
Los planes contra el Serla indignan a los sindicatos. Raúl Santa Eufemia, encargado de acción sindical y Diálogo Social de UGT en la comunidad, explica que la gran virtud de este mecanismo consiste en “bajar al mismo grado a las partes para que negocien el tiempo pertinente para resolver conflictos”. El sindicalista valora que el Serla busque “salidas extrajudiciales para evitar huelgas, reducir costes y ganar rapidez” y evitar los tribunales y la “saturación de la justicia”. Los sindicatos aseguran que hay 13 mediadores que no saben si van a cobrar el próximo mes y que quedan más de 300 casos “pendientes de resolución, de cerrar el servicio tendrían que judicializarse y saturar los juzgados de lo social”.
Santa Eufemia reprocha que la iniciativa de Vox suponga “salirse de la norma europea”, ya que existen entes como la Organización Internacional del Trabajo que reivindican este mecanismo. “Los mediadores trabajan bien, se entra con el DNI entre los dientes y bajan las fuerzas al mismo nivel”, añade. Fernando Frailes, secretario de acción sindical de CC OO, tilda esta iniciativa de la extrema derecha como “medida sin precedentes en el panorama de solución de conflictos, una aberración que harán por las bravas” e insta a la Junta a “recuperar la cordura”. “Si hay que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos. Hemos escrito al Gobierno para que actúe con contundencia”, advierte, pues “ningún gobierno nacional o autonómico de cualquier color ha hecho nunca algo así”.
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Una alhaja profesional Doña Pellizquitos:
Rocío Monasterio, condenada por la obra ilegal en el ‘loft’ del presentador Arturo Valls
La Audiencia Provincial de Madrid considera que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”
La Audiencia Provincia de Madrid ha condenado a Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid y candidata de la formación a las próximas elecciones autonómicas en esta comunidad, por la “obra ilegal” que realizó en 2005 en un local del centro de Madrid para convertirlo en una vivienda sin contar con la licencia necesaria, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y ha adelantado la Cadena SER. En este caso, desvelado por EL PAÍS en 2019, el cliente y demandante es el actor y presentador Arturo Valls, que denunció a la empresa de Monasterio por un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ya consideró ilegal.
La sentencia, que confirma el fallo del juzgado de primera instancia de 2021, es contundente al considerar que la empresa de Monasterio hizo la obra siendo “consciente de su ilegalidad”: “Toda la obra se ha ejecutado y abonado sin disponer de los correspondientes permisos municipales, tratándose de una obra ilegal en su origen por carecer de la correspondiente licencia”. Por ello, el tribunal la condena, junto a la firma constructora, a pagar un total de 8.043 euros como resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es la suma de una sanción administrativa de 3.838,49 euros y el coste de la demolición para restituir la legalidad del inmueble, que asciende a 4.205 euros.
El actor, contactado por este diario, no desea hacer comentarios sobre la resolución. En realidad, él reclamaba la devolución de los 116.000 euros que pagó por el proyecto y de 129.000 más que invirtió después en legalizarlo, pero en este punto los jueces no le dan la razón, pues consideran que “aunque la obra proyectada ejecutada no es legal (...), ha redundado en beneficio de la propiedad”, pues la reforma dio mayor valor al inmueble y Valls luego obtuvo ingresos de alquilarlo.
Vox Madrid ha emitido un comunicado este mediodía en el que indica que la sentencia “solo condena al pago de unas simples tasas administrativas, mientras que niega al cliente de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) el pago de hasta 250.000 euros que él demandaba”. Añade, además, que el pago de esas tasas ha sido recurrido, “por lo que la sentencia no es firme”. La formación asegura que “RMA ejerció labores de consultoría en las que informó a su cliente de todo lo que necesitaba para legalizar su obra. Fue el cliente el que, tras ser informado, tomó sus propias decisiones”.
Al margen de esta demanda, ya quedó acreditado que en algunos de los trámites municipales de la obra, Monasterio falsificó incluso el sello del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos con un simple corta y pega. Según la Fiscalía, incluyó “una fotocopia en blanco y negro del sello (…) de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005″, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones, en 2011 y 2016.
No obstante, en junio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la querella de la Fiscalía con el argumento de que el falso visado era tan “burdo y grosero” que no podía “pasar inadvertido”, y esto privaba al fraude de tener un efecto jurídico.
Esta es solo una de las 18 obras con algún tipo de anomalía o irregularidad, desveladas por EL PAÍS desde 2019, que realizó Rocío Monasterio, en algunos casos con la intervención de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, entonces promotor inmobiliario y actual portavoz de Vox en el Congreso. Se llevaron a cabo entre 2001 y 2010. En 14 de ellas, como en este caso, se trató de locales que transformaron en vivienda sin la licencia correspondiente y en otras cuatro, aparecía el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el título de arquitecta, que obtuvo solo en 2009. De hecho, en un juicio en 2008 por otro caso, tuvo que admitir que no era arquitecta ante la juez, perpleja por el hecho de que firmara documentos sin serlo.
Ante la polémica, la entonces decana del colegio de arquitectos de Madrid, Belén Hermida, afirmó en 2020 que la práctica de Monasterio de firmar planos cuando no podía hacerlo era asimilable a “un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. No obstante, el colegio archivó una denuncia de intrusismo contra la dirigente de extrema derecha. Al menos desde 2003, seis años antes de obtener su título, Monasterio se presentaba como arquitecta en artículos de prensa —este diario localizó al menos 11 reportajes—, especializada en la construcción de lofts, que se pusieron de moda en los años del auge inmobiliario.
El patrón de conducta solía repetirse: Monasterio y Espinosa de los Monteros encontraban locales comerciales en zonas céntricas de Madrid y ella acometía las obras para convertirlos en vivienda, pero se limitaba a enviar al Ayuntamiento la solicitud inicial de licencia, que en muchos casos nunca iba a ser concedida. Luego se desentendía del procedimiento, entretanto terminaba los trabajos y vendía el local ya como residencia. Todos los casos están prescritos.
Tras las informaciones de este diario, el Ayuntamiento de Madrid fue abriendo inspecciones de cada una de las obras, y aunque en estos tres años se ha resistido a desvelar su resultado, en al menos tres casos ya confirmó que se trató de obras ilegales. Una de ellas es precisamente la del loft de Arturo Valls, por el que ahora la Audiencia Provincial ha condenado a Monasterio. En 2020, el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, lamentó “el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la Administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística”.
Las otras dos obras donde los inspectores municipales confirmaron las irregularidades de Monasterio y Espinosa de los Monteros fue en los ocho lofts construidos en la calle de Pedro Heredia, 6; y otros tres en la de Villafranca, 6, viejas fábricas donde el único uso legal era industrial. Es decir, no eran aptos para viviendas, pero el matrimonio los reformó de forma ilegal. En los dos casos varios de los afectados aseguran que les prometieron que les conseguirían cédulas de habitabilidad que en realidad nunca gestionaron y, además, eran en todo caso muy difíciles o imposibles de obtener. Los dos políticos de ultraderecha niegan haber hecho tales promesas.
https://elpais.com/espana/2023-01-26/ro ... utType=amp
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Rocío Monasterio, condenada por la obra ilegal en el ‘loft’ del presentador Arturo Valls
La Audiencia Provincial de Madrid considera que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”
La Audiencia Provincia de Madrid ha condenado a Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid y candidata de la formación a las próximas elecciones autonómicas en esta comunidad, por la “obra ilegal” que realizó en 2005 en un local del centro de Madrid para convertirlo en una vivienda sin contar con la licencia necesaria, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y ha adelantado la Cadena SER. En este caso, desvelado por EL PAÍS en 2019, el cliente y demandante es el actor y presentador Arturo Valls, que denunció a la empresa de Monasterio por un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ya consideró ilegal.
La sentencia, que confirma el fallo del juzgado de primera instancia de 2021, es contundente al considerar que la empresa de Monasterio hizo la obra siendo “consciente de su ilegalidad”: “Toda la obra se ha ejecutado y abonado sin disponer de los correspondientes permisos municipales, tratándose de una obra ilegal en su origen por carecer de la correspondiente licencia”. Por ello, el tribunal la condena, junto a la firma constructora, a pagar un total de 8.043 euros como resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es la suma de una sanción administrativa de 3.838,49 euros y el coste de la demolición para restituir la legalidad del inmueble, que asciende a 4.205 euros.
El actor, contactado por este diario, no desea hacer comentarios sobre la resolución. En realidad, él reclamaba la devolución de los 116.000 euros que pagó por el proyecto y de 129.000 más que invirtió después en legalizarlo, pero en este punto los jueces no le dan la razón, pues consideran que “aunque la obra proyectada ejecutada no es legal (...), ha redundado en beneficio de la propiedad”, pues la reforma dio mayor valor al inmueble y Valls luego obtuvo ingresos de alquilarlo.
Vox Madrid ha emitido un comunicado este mediodía en el que indica que la sentencia “solo condena al pago de unas simples tasas administrativas, mientras que niega al cliente de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) el pago de hasta 250.000 euros que él demandaba”. Añade, además, que el pago de esas tasas ha sido recurrido, “por lo que la sentencia no es firme”. La formación asegura que “RMA ejerció labores de consultoría en las que informó a su cliente de todo lo que necesitaba para legalizar su obra. Fue el cliente el que, tras ser informado, tomó sus propias decisiones”.
Al margen de esta demanda, ya quedó acreditado que en algunos de los trámites municipales de la obra, Monasterio falsificó incluso el sello del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos con un simple corta y pega. Según la Fiscalía, incluyó “una fotocopia en blanco y negro del sello (…) de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005″, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones, en 2011 y 2016.
No obstante, en junio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la querella de la Fiscalía con el argumento de que el falso visado era tan “burdo y grosero” que no podía “pasar inadvertido”, y esto privaba al fraude de tener un efecto jurídico.
Esta es solo una de las 18 obras con algún tipo de anomalía o irregularidad, desveladas por EL PAÍS desde 2019, que realizó Rocío Monasterio, en algunos casos con la intervención de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, entonces promotor inmobiliario y actual portavoz de Vox en el Congreso. Se llevaron a cabo entre 2001 y 2010. En 14 de ellas, como en este caso, se trató de locales que transformaron en vivienda sin la licencia correspondiente y en otras cuatro, aparecía el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el título de arquitecta, que obtuvo solo en 2009. De hecho, en un juicio en 2008 por otro caso, tuvo que admitir que no era arquitecta ante la juez, perpleja por el hecho de que firmara documentos sin serlo.
Ante la polémica, la entonces decana del colegio de arquitectos de Madrid, Belén Hermida, afirmó en 2020 que la práctica de Monasterio de firmar planos cuando no podía hacerlo era asimilable a “un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. No obstante, el colegio archivó una denuncia de intrusismo contra la dirigente de extrema derecha. Al menos desde 2003, seis años antes de obtener su título, Monasterio se presentaba como arquitecta en artículos de prensa —este diario localizó al menos 11 reportajes—, especializada en la construcción de lofts, que se pusieron de moda en los años del auge inmobiliario.
El patrón de conducta solía repetirse: Monasterio y Espinosa de los Monteros encontraban locales comerciales en zonas céntricas de Madrid y ella acometía las obras para convertirlos en vivienda, pero se limitaba a enviar al Ayuntamiento la solicitud inicial de licencia, que en muchos casos nunca iba a ser concedida. Luego se desentendía del procedimiento, entretanto terminaba los trabajos y vendía el local ya como residencia. Todos los casos están prescritos.
Tras las informaciones de este diario, el Ayuntamiento de Madrid fue abriendo inspecciones de cada una de las obras, y aunque en estos tres años se ha resistido a desvelar su resultado, en al menos tres casos ya confirmó que se trató de obras ilegales. Una de ellas es precisamente la del loft de Arturo Valls, por el que ahora la Audiencia Provincial ha condenado a Monasterio. En 2020, el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, lamentó “el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la Administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística”.
Las otras dos obras donde los inspectores municipales confirmaron las irregularidades de Monasterio y Espinosa de los Monteros fue en los ocho lofts construidos en la calle de Pedro Heredia, 6; y otros tres en la de Villafranca, 6, viejas fábricas donde el único uso legal era industrial. Es decir, no eran aptos para viviendas, pero el matrimonio los reformó de forma ilegal. En los dos casos varios de los afectados aseguran que les prometieron que les conseguirían cédulas de habitabilidad que en realidad nunca gestionaron y, además, eran en todo caso muy difíciles o imposibles de obtener. Los dos políticos de ultraderecha niegan haber hecho tales promesas.
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elmascrack
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Yo, cuando escuchaba la radio por la mañana, me ponía a Herrera. La Ser no que son unos muermos. Y Federico ni me lo había planteado. Pero me parece demasiado para todos los días.ministryOFsound escribió:El mejor cómico de a actualidad, no sé cómo se puede escuchar a Herrera o LaSer
[url=http://www.acb.com/redaccion.php?id=23214]Mis quince minutos de gloria[/url]
Vox trasvasó dos millones de euros más a la fundación que preside Abascal sin informar a sus afiliados
El traspaso de fondos desde el partido a Disenso suma 4,9 millones en menos de dos años
Vox donó en febrero del año pasado dos millones de euros a su fundación Disenso, según fuentes conocedoras de la operación. El partido ultra ha convertido a Disenso en una potente plataforma para su desembarco en América Latina. Casi dos meses después de aquel traspaso de fondos, el 1 de abril, el partido que preside Santiago Abascal celebró su asamblea anual, en la que el tesorero, Pablo Sáez, no dijo una palabra de esta generosa donación, que suponía casi el 20% del dinero que había en la caja: 10,2 millones. La aportación tampoco figuraba en las cuentas anuales de 2021, que fueron aprobadas por los afiliados en votación telemática. Solo una alusión de pasada en el último párrafo que citaba, entre los objetivos para 2022, “consolidar el gasto en la promoción de principios y valores a través de la Fundación Disenso”.
El informe de auditoría adjunto a las cuentas, fechado el 1 de marzo, un mes después de que se aprobara la donación, aseguraba que no se habían producido “hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio” el 31 de diciembre anterior; a pesar de que, según la propia auditoría, había obligación de incluir en la memoria económica todos aquellos hechos acaecidos después de dicha fecha que “sean de tal importancia que, si no se facilitara información al respecto, podría distorsionarse la capacidad de evaluación […] de las cuentas anuales”. El superávit del partido en 2021 fue de solo 187.679 euros, frente a los 5,9 millones del año anterior. Cuatro meses después de la asamblea, en pleno verano, Vox subió a su web los presupuestos de 2022, en los que figura una partida de gasto de 2,5 millones como “aportación a entidades vinculadas”, sin especificar. Para saber de qué se trata, los afiliados de Vox tendrán que esperar a la asamblea anual prevista para abril, si no se retrasa a causa de la campaña electoral.
Lo que sí explicó Pablo Sáez en la asamblea del 1 de abril del año pasado es que Vox ya había donado 2,5 millones a Disenso en 2021. Si esta cifra se suma a los 370.000 euros entregados en 2020 y a los 30.000 de la dotación fundacional, el trasvase de fondos desde el partido a la fundación alcanza la suma de 4,9 millones en menos de dos años, incluyendo los dos millones ya mencionados.
El traspaso de dinero desde Vox (que se financia en un 65% con subvenciones públicas) a la fundación parecería un mero cambio de sitio. Los dos persiguen los mismos fines y tienen a las mismas personas al frente. Las cuentas de ambos son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Pero tienen personalidad jurídica diferente y, aunque Santiago Abascal es el presidente de Vox y el presidente de Disenso, estatutariamente el presidente de Vox no tiene por qué ser el presidente de Disenso. Es decir, Abascal preside Disenso a título personal y lo seguiría presidiendo aunque dejara de ser presidente de Vox.
Al contrario de lo que sucede con la fundación Pablo Iglesias, en cuyo patronato se sienta el secretario general del PSOE, se llame este como se llame, y otros nueve miembros de la Ejecutiva socialista, Vox, partido fundador de Disenso, nombró a Abascal, al asesor de este, Kiko Méndez Monasterio y al eurodiputado Hermann Tertsch como patronos con carácter vitalicio. Una vez nombrados, son los miembros del patronato los que designan a los nuevos patronos, eligen al presidente entre ellos y pueden reelegirse a sí mismos por tiempo indefinido. Según los estatutos, que no están accesibles en la página web de la fundación, Abascal podría ser destituido como presidente de Vox y su sucesor no tendría forma de relevarlo al frente de Disenso si él no dimitiera.
Los patronos no reciben un sueldo, pero tienen derecho a cobrar por los gastos y a prestar servicios retribuidos a la fundación (diferentes a su labor como patrones) con autorización del Protectorado de Fundaciones; es decir, de la Administración. La mayor partida de gastos de Disenso corresponde precisamente al pago de servicios contratados en el exterior: 1,5 millones de euros en 2021.
Uno de los contratistas de Disenso es Gabriel Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza, antiguo dueño de Intereconomía TV, el canal de televisión que tuteló y apadrinó el lanzamiento de Vox y que, tras su quiebra, sigue dirigiendo rebautizado ahora como El Toro TV. Gabriel Ariza tiene alquilado a Disenso el dominio gaceta.es, que sirve de soporte a La Gaceta de la Iberosfera, el altavoz de la fundación; y es socio de Kiko Méndez Monasterio, a quien Abascal se refiere públicamente como su “gurú”, en Tizona Comunicación, la empresa que ha dirigido todas las campañas electorales de Vox.
Para tener las manos libres, según fuentes del partido, Méndez Monasterio cesó como secretario de Disenso en febrero de 2021, solo siete meses después de acceder al cargo. En esa fecha también cesó Tertsch y ambos fueron sustituidos por Enrique Cabanas, jefe de gabinete de Abascal, y el diputado Julio Utrilla, mientras que Pablo Sáez, el tesorero de Vox, se incorporó al patronato por un año, coincidiendo con el periodo en que se ejecutó el trasvase de fondos.
Meses después, Kiko Méndez Monasterio dejó de ser también asesor del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Pero eso no significa, agregan las mismas fuentes, que haya perdido poder, sino que lo ejerce sin ocupar ningún cargo sujeto a incompatibilidades y escrutinio público. Las empresas de Gabriel Ariza y Méndez Monasterio tejen una tupida red que conecta el entramado de empresas y organizaciones que orbitan en torno al partido de Abascal. Ariza es el dueño del dominio en Internet de Solidaridad, el sindicato de Vox, cuya sede era antes el domicilio de la compañía que comparte con Méndez Monasterio, Tizona Comunicación. A su vez, el actual domicilio de esta firma es la antigua sede de Vox en el barrio madrileño de Chamberí.
Lo sucedido con el local de la calle de Nicasio Gallego, donde Vox se trasladó cuando empezó a crecer, en octubre de 2018, ilustra el modus operandi del equipo de Abascal. Pocas semanas antes de que lo alquilara el partido, el inmueble había sido comprado por una sociedad (Coravest), propiedad de una firma domiciliada en Luxemburgo, cuyo apoderado era el propio vicepresidente de Vox y responsable de captar recursos para la formación, Víctor González Coello de Portugal. Antes de instalarse, el partido tuvo que acondicionar el lugar y acometer obras por valor de 132.600 euros. La reforma se encargó a la presidenta de Vox en Madrid, la arquitecta Rocío Monasterio. Menos de dos años después, Vox se mudó a su actual sede, más amplia, en el distrito de Chamartín. El local de Nicasio Gallego, remodelado con cargo al presupuesto de Vox, se lo quedó su entonces vicepresidente, pero quienes lo ocuparon fueron la empresa de Ariza y la escuela para jóvenes líderes ultras de la sobrina del patriarca de la extrema derecha francesa Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, donde Méndez Monasterio es profesor. Con la operación, todos salieron ganando salvo, quizá, las finanzas de Vox.
https://elpais.com/espana/2023-02-18/vo ... iados.html
Negocietes.
Los antichiringuitos financiandose en un 65% con subvenciones públicas.
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El traspaso de fondos desde el partido a Disenso suma 4,9 millones en menos de dos años
Vox donó en febrero del año pasado dos millones de euros a su fundación Disenso, según fuentes conocedoras de la operación. El partido ultra ha convertido a Disenso en una potente plataforma para su desembarco en América Latina. Casi dos meses después de aquel traspaso de fondos, el 1 de abril, el partido que preside Santiago Abascal celebró su asamblea anual, en la que el tesorero, Pablo Sáez, no dijo una palabra de esta generosa donación, que suponía casi el 20% del dinero que había en la caja: 10,2 millones. La aportación tampoco figuraba en las cuentas anuales de 2021, que fueron aprobadas por los afiliados en votación telemática. Solo una alusión de pasada en el último párrafo que citaba, entre los objetivos para 2022, “consolidar el gasto en la promoción de principios y valores a través de la Fundación Disenso”.
El informe de auditoría adjunto a las cuentas, fechado el 1 de marzo, un mes después de que se aprobara la donación, aseguraba que no se habían producido “hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio” el 31 de diciembre anterior; a pesar de que, según la propia auditoría, había obligación de incluir en la memoria económica todos aquellos hechos acaecidos después de dicha fecha que “sean de tal importancia que, si no se facilitara información al respecto, podría distorsionarse la capacidad de evaluación […] de las cuentas anuales”. El superávit del partido en 2021 fue de solo 187.679 euros, frente a los 5,9 millones del año anterior. Cuatro meses después de la asamblea, en pleno verano, Vox subió a su web los presupuestos de 2022, en los que figura una partida de gasto de 2,5 millones como “aportación a entidades vinculadas”, sin especificar. Para saber de qué se trata, los afiliados de Vox tendrán que esperar a la asamblea anual prevista para abril, si no se retrasa a causa de la campaña electoral.
Lo que sí explicó Pablo Sáez en la asamblea del 1 de abril del año pasado es que Vox ya había donado 2,5 millones a Disenso en 2021. Si esta cifra se suma a los 370.000 euros entregados en 2020 y a los 30.000 de la dotación fundacional, el trasvase de fondos desde el partido a la fundación alcanza la suma de 4,9 millones en menos de dos años, incluyendo los dos millones ya mencionados.
El traspaso de dinero desde Vox (que se financia en un 65% con subvenciones públicas) a la fundación parecería un mero cambio de sitio. Los dos persiguen los mismos fines y tienen a las mismas personas al frente. Las cuentas de ambos son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Pero tienen personalidad jurídica diferente y, aunque Santiago Abascal es el presidente de Vox y el presidente de Disenso, estatutariamente el presidente de Vox no tiene por qué ser el presidente de Disenso. Es decir, Abascal preside Disenso a título personal y lo seguiría presidiendo aunque dejara de ser presidente de Vox.
Al contrario de lo que sucede con la fundación Pablo Iglesias, en cuyo patronato se sienta el secretario general del PSOE, se llame este como se llame, y otros nueve miembros de la Ejecutiva socialista, Vox, partido fundador de Disenso, nombró a Abascal, al asesor de este, Kiko Méndez Monasterio y al eurodiputado Hermann Tertsch como patronos con carácter vitalicio. Una vez nombrados, son los miembros del patronato los que designan a los nuevos patronos, eligen al presidente entre ellos y pueden reelegirse a sí mismos por tiempo indefinido. Según los estatutos, que no están accesibles en la página web de la fundación, Abascal podría ser destituido como presidente de Vox y su sucesor no tendría forma de relevarlo al frente de Disenso si él no dimitiera.
Los patronos no reciben un sueldo, pero tienen derecho a cobrar por los gastos y a prestar servicios retribuidos a la fundación (diferentes a su labor como patrones) con autorización del Protectorado de Fundaciones; es decir, de la Administración. La mayor partida de gastos de Disenso corresponde precisamente al pago de servicios contratados en el exterior: 1,5 millones de euros en 2021.
Uno de los contratistas de Disenso es Gabriel Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza, antiguo dueño de Intereconomía TV, el canal de televisión que tuteló y apadrinó el lanzamiento de Vox y que, tras su quiebra, sigue dirigiendo rebautizado ahora como El Toro TV. Gabriel Ariza tiene alquilado a Disenso el dominio gaceta.es, que sirve de soporte a La Gaceta de la Iberosfera, el altavoz de la fundación; y es socio de Kiko Méndez Monasterio, a quien Abascal se refiere públicamente como su “gurú”, en Tizona Comunicación, la empresa que ha dirigido todas las campañas electorales de Vox.
Para tener las manos libres, según fuentes del partido, Méndez Monasterio cesó como secretario de Disenso en febrero de 2021, solo siete meses después de acceder al cargo. En esa fecha también cesó Tertsch y ambos fueron sustituidos por Enrique Cabanas, jefe de gabinete de Abascal, y el diputado Julio Utrilla, mientras que Pablo Sáez, el tesorero de Vox, se incorporó al patronato por un año, coincidiendo con el periodo en que se ejecutó el trasvase de fondos.
Meses después, Kiko Méndez Monasterio dejó de ser también asesor del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Pero eso no significa, agregan las mismas fuentes, que haya perdido poder, sino que lo ejerce sin ocupar ningún cargo sujeto a incompatibilidades y escrutinio público. Las empresas de Gabriel Ariza y Méndez Monasterio tejen una tupida red que conecta el entramado de empresas y organizaciones que orbitan en torno al partido de Abascal. Ariza es el dueño del dominio en Internet de Solidaridad, el sindicato de Vox, cuya sede era antes el domicilio de la compañía que comparte con Méndez Monasterio, Tizona Comunicación. A su vez, el actual domicilio de esta firma es la antigua sede de Vox en el barrio madrileño de Chamberí.
Lo sucedido con el local de la calle de Nicasio Gallego, donde Vox se trasladó cuando empezó a crecer, en octubre de 2018, ilustra el modus operandi del equipo de Abascal. Pocas semanas antes de que lo alquilara el partido, el inmueble había sido comprado por una sociedad (Coravest), propiedad de una firma domiciliada en Luxemburgo, cuyo apoderado era el propio vicepresidente de Vox y responsable de captar recursos para la formación, Víctor González Coello de Portugal. Antes de instalarse, el partido tuvo que acondicionar el lugar y acometer obras por valor de 132.600 euros. La reforma se encargó a la presidenta de Vox en Madrid, la arquitecta Rocío Monasterio. Menos de dos años después, Vox se mudó a su actual sede, más amplia, en el distrito de Chamartín. El local de Nicasio Gallego, remodelado con cargo al presupuesto de Vox, se lo quedó su entonces vicepresidente, pero quienes lo ocuparon fueron la empresa de Ariza y la escuela para jóvenes líderes ultras de la sobrina del patriarca de la extrema derecha francesa Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, donde Méndez Monasterio es profesor. Con la operación, todos salieron ganando salvo, quizá, las finanzas de Vox.
https://elpais.com/espana/2023-02-18/vo ... iados.html
Negocietes.
Los antichiringuitos financiandose en un 65% con subvenciones públicas.
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Governor of Burgos
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El sindicato de Vox oculta sus cuentas incumpliendo la Ley de Transparencia
Solidaridad no ha hecho públicos sus gastos ni fuentes de financiación desde que se fundó, en 2020
El brazo sindical de Vox, Solidaridad, no ha hecho públicas sus cuentas desde que se fundó, en 2020, incumpliendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley de 2013 obliga a las organizaciones sindicales a publicar en su página web sus presupuestos y cuentas anuales, lo que Solidaridad no hizo en el ejercicio de 2021 ni tampoco en el de 2022. La obligación, aseguran fuentes jurídicas, es independiente de que el sindicato reciba o no subvenciones públicas, ya que sus afiliados pueden desgravarse la cuota sindical en la declaración de la renta, por lo que siempre existe una financiación pública, aunque sea indirecta.
La financiación del brazo sindical de Vox constituye un misterio. Cuando anunció su creación en un mitin de la campaña electoral al Parlamento gallego, en julio de 2020, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, aseguró que la nueva organización sindical se financiaría solo con las cuotas de sus afiliados.
Sin embargo, según fuentes próximas a Vox, el partido habría realizado el pasado año una importante donación económica al sindicato, aunque este trasvase no podrá confirmarse hasta que se conozcan sus cuentas de 2022, en la asamblea anual de primavera, si no se retrasa a causa de las elecciones.
Pero Vox también financia a Solidaridad por otras vías. El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, cobra como diputado del partido ultra en el Parlamento autonómico andaluz; y su cara visible en Valencia, David Gomis, ocupa un escaño en las Cortes valencianas. La opacidad de las cuentas del sindicato impide saber si también recibe financiación de particulares, asociaciones o empresas.
Cuando anunció su creación, Abascal presentó Solidaridad como la única organización sindical capaz de “proteger a los trabajadores de los sindicatos subvencionados, ideológicos y corruptos”, en alusión a Comisiones Obreras y UGT.
Solidaridad se presenta públicamente como el azote de la supuesta corrupción de los sindicatos de clase, que se han convertido en el principal objetivo de sus campañas, con acciones propagandísticas ante sus sedes, intentos de reventar sus actos y denuncias judiciales, incluida la personación como acusación popular en el caso por el desvío de fondos del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).
El pasado viernes, el sindicato ultra llegó a pedir que el juicio por el fraude de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en Andalucía culmine con la ilegalización de CC OO, UGT y del PSOE andaluz; lo que se sumaría a la ilegalización de los partidos nacionalistas (PNV, Bildu, ERC o Junts) queya reclama Abascal.
Donaciones a Disenso
Vox respondió este sábado a la información de EL PAÍS que revelaba que su Comité Ejecutivo Nacional aprobó en febrero de 2022 el trasvase de dos millones de euros a la fundación Disenso, sin informar de esta decisión en la asamblea celebrada dos meses después, el 1 de abril, alegando, en comunicaciones internas a sus afiliados, que sí se había informado de este trasvase de fondos. Para ello, utilizó las referencias que hizo en la asamblea el tesorero Pablo Sáez a la donación de 2,5 millones realizada en 2021 a la misma fundación, obviado que se trata de un traspaso de fondos diferente del aprobado en febrero de 2022. Finalmente, Vox argumentó que de esta última decisión se informará en la próxima asamblea del partido; es decir, al menos 14 meses después de haberla adoptado.
Vox no respondió, en cambio, al hecho de que Abascal figure como patrono con carácter vitalicio de Disenso y que, según los estatutos de la fundación, no pueda ser destituido de su cúpula directiva cuando cese como presidente del partido, salvo que dimita voluntariamente. La formación se limitó a asegurar, a través de un tuit, que “Vox y su Fundación Disenso son el partido y la fundación más transparentes de España”. Sin embargo, Disenso no tiene sus estatutos accesibles en la web, como las fundaciones similares.
Vox defiende la supresión de las subvenciones públicas a los sindicatos y presume de haberlas recortado en Castilla y León —donde gobierna en coalición con el PP—, pero ya no defiende, como en 2018, que se eliminen las ayudas a fundaciones como Disenso.
https://elpais.com/espana/2023-02-19/el ... encia.html
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Solidaridad no ha hecho públicos sus gastos ni fuentes de financiación desde que se fundó, en 2020
El brazo sindical de Vox, Solidaridad, no ha hecho públicas sus cuentas desde que se fundó, en 2020, incumpliendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley de 2013 obliga a las organizaciones sindicales a publicar en su página web sus presupuestos y cuentas anuales, lo que Solidaridad no hizo en el ejercicio de 2021 ni tampoco en el de 2022. La obligación, aseguran fuentes jurídicas, es independiente de que el sindicato reciba o no subvenciones públicas, ya que sus afiliados pueden desgravarse la cuota sindical en la declaración de la renta, por lo que siempre existe una financiación pública, aunque sea indirecta.
La financiación del brazo sindical de Vox constituye un misterio. Cuando anunció su creación en un mitin de la campaña electoral al Parlamento gallego, en julio de 2020, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, aseguró que la nueva organización sindical se financiaría solo con las cuotas de sus afiliados.
Sin embargo, según fuentes próximas a Vox, el partido habría realizado el pasado año una importante donación económica al sindicato, aunque este trasvase no podrá confirmarse hasta que se conozcan sus cuentas de 2022, en la asamblea anual de primavera, si no se retrasa a causa de las elecciones.
Pero Vox también financia a Solidaridad por otras vías. El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, cobra como diputado del partido ultra en el Parlamento autonómico andaluz; y su cara visible en Valencia, David Gomis, ocupa un escaño en las Cortes valencianas. La opacidad de las cuentas del sindicato impide saber si también recibe financiación de particulares, asociaciones o empresas.
Cuando anunció su creación, Abascal presentó Solidaridad como la única organización sindical capaz de “proteger a los trabajadores de los sindicatos subvencionados, ideológicos y corruptos”, en alusión a Comisiones Obreras y UGT.
Solidaridad se presenta públicamente como el azote de la supuesta corrupción de los sindicatos de clase, que se han convertido en el principal objetivo de sus campañas, con acciones propagandísticas ante sus sedes, intentos de reventar sus actos y denuncias judiciales, incluida la personación como acusación popular en el caso por el desvío de fondos del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).
El pasado viernes, el sindicato ultra llegó a pedir que el juicio por el fraude de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en Andalucía culmine con la ilegalización de CC OO, UGT y del PSOE andaluz; lo que se sumaría a la ilegalización de los partidos nacionalistas (PNV, Bildu, ERC o Junts) queya reclama Abascal.
Donaciones a Disenso
Vox respondió este sábado a la información de EL PAÍS que revelaba que su Comité Ejecutivo Nacional aprobó en febrero de 2022 el trasvase de dos millones de euros a la fundación Disenso, sin informar de esta decisión en la asamblea celebrada dos meses después, el 1 de abril, alegando, en comunicaciones internas a sus afiliados, que sí se había informado de este trasvase de fondos. Para ello, utilizó las referencias que hizo en la asamblea el tesorero Pablo Sáez a la donación de 2,5 millones realizada en 2021 a la misma fundación, obviado que se trata de un traspaso de fondos diferente del aprobado en febrero de 2022. Finalmente, Vox argumentó que de esta última decisión se informará en la próxima asamblea del partido; es decir, al menos 14 meses después de haberla adoptado.
Vox no respondió, en cambio, al hecho de que Abascal figure como patrono con carácter vitalicio de Disenso y que, según los estatutos de la fundación, no pueda ser destituido de su cúpula directiva cuando cese como presidente del partido, salvo que dimita voluntariamente. La formación se limitó a asegurar, a través de un tuit, que “Vox y su Fundación Disenso son el partido y la fundación más transparentes de España”. Sin embargo, Disenso no tiene sus estatutos accesibles en la web, como las fundaciones similares.
Vox defiende la supresión de las subvenciones públicas a los sindicatos y presume de haberlas recortado en Castilla y León —donde gobierna en coalición con el PP—, pero ya no defiende, como en 2018, que se eliminen las ayudas a fundaciones como Disenso.
https://elpais.com/espana/2023-02-19/el ... encia.html
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Se nos pasó esta genialidad.
Que quede testimonio;
Gallardo pide a los jóvenes meditar sobre si la Segunda República era un “régimen democrático” o si el CO2 contamina
El vicepresidente de Castilla y León pregona sus tesis negacionistas durante un encuentro con adolescentes
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha llevado el negacionismo de Vox, que lleva un año gobernando en coalición con el PP en esta Comunidad Autónoma, a un colegio de Salamanca. El alto cargo ha pedido a los jóvenes, en un encuentro ante una audiencia de entre 15 y 17 años, que mediten sobre “si la Segunda República era un régimen plenamente democrático” o “si el CO2 (dióxido de carbono) es un gas contaminante”. Ambas tesis quedan desmontadas por la historia y por la ciencia, pero la extrema derecha defiende un revisionismo contra el que clama la comunidad de expertos o científicos. El dirigente, de 32 años, ha pedido que los jóvenes tengan “mentalidad crítica” y que del mismo modo que deben “respetar lo que digan los mayores” han de ser “escépticos” y se atrevan a adoptar la responsabilidad de encontrar “respuestas propias”.
Gallardo tenía este lunes como acto oficial una cita en un colegio de Salamanca en el que ha recordado sus años como estudiante. El vicepresidente ha instado a la audiencia a hacerles “muchas preguntas” a los docentes en busca de la verdad y ha asegurado que “algunos” intentan ofrecer en las aulas “mercancía averiada que quieren vender en un pack”. Este discurso de Gallardo en favor de la autonomía de los estudiantes para que cuestionen hasta aquello sobre lo que existen marcados consensos choca con el pin parental que el partido ultra reivindica para que los padres controlen determinados aspectos de la educación que se les dispensa a sus hijos en los colegios.
El mensaje del vicepresidente de Castilla y León ha puesto lo que considera ejemplos de preguntas que él no formuló en sus años en los pupitres. Para ello ha citado “si la Segunda república era un régimen totalmente democrático”; “cuál es la religión más perseguida del mundo”; “si la leyenda negra sobre la conquista de América es cierta o no”; o “si el CO2 es o no un gas contaminante”. Para Gallardo, esta “muy estimulante búsqueda de la verdad” le da “sentido a la vida” en un periodo vital sinónimo de “valentía, audacia e inconformismo”. Ejecutar esta “mentalidad crítica”, ha añadido, puede alejarlos de la senda convencional: “Os invito a que sigáis por el camino menos transitado. Muchas veces, el camino más difícil es el más duro, pero merece mucho más la pena”. Gallardo ha insistido ante el auditorio que se debe “respetar lo que digan los mayores, los profesores, pero sin dejar de ser escépticos”.
Estas palabras encajan en el programa ideológico que esgrime Vox, que desde que llegó al Gobierno de coalición con el PP en Castilla y León ha tratado de dejar su impronta en políticas como la Memoria Histórica. El PP, antes de la irrupción ultra, aprobó un decreto en este sentido que los de Gallardo tratan de eliminar en favor de un decreto de “concordia” que pone por igual a los alzados que al bando republicano en la Guerra Civil.
https://elpais.com/espana/2023-04-10/ga ... utType=amp
Que se ponga a respirar CO2.
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Gallardo pide a los jóvenes meditar sobre si la Segunda República era un “régimen democrático” o si el CO2 contamina
El vicepresidente de Castilla y León pregona sus tesis negacionistas durante un encuentro con adolescentes
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha llevado el negacionismo de Vox, que lleva un año gobernando en coalición con el PP en esta Comunidad Autónoma, a un colegio de Salamanca. El alto cargo ha pedido a los jóvenes, en un encuentro ante una audiencia de entre 15 y 17 años, que mediten sobre “si la Segunda República era un régimen plenamente democrático” o “si el CO2 (dióxido de carbono) es un gas contaminante”. Ambas tesis quedan desmontadas por la historia y por la ciencia, pero la extrema derecha defiende un revisionismo contra el que clama la comunidad de expertos o científicos. El dirigente, de 32 años, ha pedido que los jóvenes tengan “mentalidad crítica” y que del mismo modo que deben “respetar lo que digan los mayores” han de ser “escépticos” y se atrevan a adoptar la responsabilidad de encontrar “respuestas propias”.
Gallardo tenía este lunes como acto oficial una cita en un colegio de Salamanca en el que ha recordado sus años como estudiante. El vicepresidente ha instado a la audiencia a hacerles “muchas preguntas” a los docentes en busca de la verdad y ha asegurado que “algunos” intentan ofrecer en las aulas “mercancía averiada que quieren vender en un pack”. Este discurso de Gallardo en favor de la autonomía de los estudiantes para que cuestionen hasta aquello sobre lo que existen marcados consensos choca con el pin parental que el partido ultra reivindica para que los padres controlen determinados aspectos de la educación que se les dispensa a sus hijos en los colegios.
El mensaje del vicepresidente de Castilla y León ha puesto lo que considera ejemplos de preguntas que él no formuló en sus años en los pupitres. Para ello ha citado “si la Segunda república era un régimen totalmente democrático”; “cuál es la religión más perseguida del mundo”; “si la leyenda negra sobre la conquista de América es cierta o no”; o “si el CO2 es o no un gas contaminante”. Para Gallardo, esta “muy estimulante búsqueda de la verdad” le da “sentido a la vida” en un periodo vital sinónimo de “valentía, audacia e inconformismo”. Ejecutar esta “mentalidad crítica”, ha añadido, puede alejarlos de la senda convencional: “Os invito a que sigáis por el camino menos transitado. Muchas veces, el camino más difícil es el más duro, pero merece mucho más la pena”. Gallardo ha insistido ante el auditorio que se debe “respetar lo que digan los mayores, los profesores, pero sin dejar de ser escépticos”.
Estas palabras encajan en el programa ideológico que esgrime Vox, que desde que llegó al Gobierno de coalición con el PP en Castilla y León ha tratado de dejar su impronta en políticas como la Memoria Histórica. El PP, antes de la irrupción ultra, aprobó un decreto en este sentido que los de Gallardo tratan de eliminar en favor de un decreto de “concordia” que pone por igual a los alzados que al bando republicano en la Guerra Civil.
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Que se ponga a respirar CO2.
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Lo triste no es que un payaso diga payasadas, es que mas de dos millones voten a un partido politico para dirigir un pais que acepta por validas semejantes payasadas.
Y bueno, los qe se ponen de lado
Y bueno, los qe se ponen de lado
-
Michael Dudikoff
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- Registrado: 10 Ene 2013, 13:05
Si le llega a decir que arriba tiene fiesta blanca sube fijo....
Me han nombrado Comandante General.
Conozco sobre el mundo vegetal,mineral y animal.
Me sé los reyes de Inglaterra y puedo citar todos los hechos de la tierra.
Además de teoremas manejo muchos otros temas.
Solo la mente obtusa calcula mal la hipotenusa.
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Fecha actual 27 Abr 2024, 14:33